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Modo: Corpus Pro

AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. BOLETAS ELECTORALES. LA NORMA GENERAL QUE ORDENA SU DESTRUCCIÓN UNA VEZ CONCLUIDO EL PROCESO RELATIVO, ES DE NATURALEZA MATERIALMENTE ELECTORAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1043/2007. · Registro digital (IUS): 22719
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, , Pág. 1313.

AMPARO EN REVISIÓN 1043/2007. **********.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción III, de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se interpone en contra de un acuerdo por el que un Juez de Distrito desechó una demanda de amparo por notoriamente improcedente y al resolverse la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 43/2006-PL, en sesión de tres de septiembre de dos mil siete, se determinó ejercer tal facultad dada la importancia y trascendencia de su materia.

SEGUNDO. Acuerdo desechatorio de la demanda de amparo. Las consideraciones del acuerdo desechatorio de la demanda de amparo recurrido son las siguientes:

"Vista la demanda de garantías promovida por **********, por su propio derecho, contra actos del Instituto Federal Electoral y otras autoridades, regístrese en el libro de gobierno con el número 909/2006.

"Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VII, toda vez que el acto reclamado se emitió por una autoridad en materia electoral, atento a las consideraciones siguientes:

"El acto reclamado se hace consistir en: (lo reproduce).

"Ahora bien, el artículo 73, fracción VII, de la Ley de Amparo establece: (lo transcribe).

"Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de garantías se desprende que el quejoso reclama la resolución identificada bajo el rubro **********, emitida por el Comité de Información del Instituto Federal Electoral como consecuencia del derecho a la información, derecho fundamental consagrado en el artículo 6o. constitucional, cuya información (sic) se presentó a través del escrito de fecha veintiocho de julio del año en curso, ante las oficinas de la Unidad de Enlace del Instituto Federal Electoral, formulada por el ahora quejoso a la cual recayó la resolución que ahora se combate en la que se confirma la negativa de acceso establecida por el órgano responsable, en la que en el antecedente número 4, se asentó la respuesta dada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en el sentido de que: (la reproduce).

"De lo antes expuesto se desprende que el acto reclamado consiste en sí, en la negativa de acceso a la información solicitada por el quejoso mediante escrito de veintiocho de julio del año en curso, emitida por el Comité de Información del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el cinco de septiembre del año en curso y notificada al quejoso por conducto del titular de la unidad de enlace de dicho instituto, de ahí que se trata de un acto emitido por una autoridad en materia electoral y, por tanto, no constituye un acto de autoridad que pueda ser impugnado a través de la vía de amparo, sino una resolución emitida por una entidad especializada ya que el juicio de amparo se creó para proteger los derechos individuales o civiles de todo gobernado, mas no para atacar actos en materia electoral, pues existe la posibilidad de hacerlo a través de los medios de impugnación que contemplan las leyes que rigen el acto reclamado.

"En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada.

"Resulta aplicable al caso la tesis que aparece publicada en la página novecientos ochenta y cinco, Tomo XVII, febrero de dos mil tres, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"‘AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DE ORGANISMOS Y AUTORIDADES EN MATERIA ELECTORAL.’ (la reproduce).

"Por tanto, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías."

TERCERO. Agravio. En el agravio único hecho valer por el recurrente se argumentó, en esencia, lo siguiente:

a) Infracción a los artículos 73, fracción VII, 77, 79 y 145 de la Ley de Amparo 219, 220, 221 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles y de aplicación supletoria, dado que la causa de improcedencia contemplada en la primera disposición legal citada no resulta aplicable para desechar de plano la demanda de amparo, pues los actos reclamados no provienen de organismos y autoridades en materia electoral.

b) Las causas de improcedencia deben aplicarse sin olvidar que la regla general es la procedencia del juicio de amparo, mientras que aquéllas resultan excepcionales, pues si este principio se invirtiera, se disminuirían las posibilidades de defensa de los derechos de los particulares en la medida que aumentarían las oportunidades para que la autoridad actuara en forma inconstitucional.

Así, sólo puede permitirse la actualización de las causas de improcedencia expresamente establecidas en el Texto Fundacional, o de tratarse de causas legales o jurisprudenciales, éstas deben ser acordes con los mandatos del legislador constitucional.

De descuidarse la correcta interpretación de las causas de improcedencia, se contravendrían los artículos 103, 107 y 133 constitucionales, así como la garantía de acceso a la justicia plasmada en el artículo 17 de la Ley Suprema, así como la garantía a un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos establecida en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

c) La causa de improcedencia prevista en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo no puede interpretarse y aplicarse en forma literal, pues ello se traduciría en crear un fuero favorable a las autoridades electorales. Al interpretar la referida disposición legal, la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados han sustentado que la misma es aplicable cuando el asunto verse sobre la defensa de derechos político-electorales o actos que incumban a la materia electoral, y de los criterios establecidos por el Máximo Tribunal, para delimitar esos conceptos se advierte que debe resultar pacífica la apreciación tanto de los derechos políticos como de los derechos político-electorales, a la par de las garantías individuales, como especies del género de derechos fundamentales o humanos.

El legislador constitucional, en los artículos 41, fracción IV y 99, fracción V, de la Carta Magna, ha precisado que sólo es admisible considerar como derechos político-electorales los de votar, ser votado, asociación y afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país.

d) La a quo ignoró todo lo anterior, con lo cual no motivó adecuadamente el auto desechatorio de la demanda de amparo, incumpliendo con los principios de claridad y congruencia de las resoluciones judiciales, de debido proceso y de legalidad, este último en su modalidad de observar el derecho aplicable en la causa y razonar y motivar su aplicación, consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales.

En efecto, para que se actualice la causa de improcedencia invocada por la a quo deben concurrir dos condiciones, a saber, que los actos reclamados provengan de autoridades en materia electoral y se trate de actuaciones propias de dicha materia; esto es, la referida improcedencia es aplicable sólo cuando se busca la salvaguarda exclusiva de derechos político-electorales en contra de actos de autoridades electorales que actúan dentro del ámbito electoral, ya que la defensa en contra de esos actos procede por la vía de los medios de impugnación especializados en la materia propiamente electoral.

En el caso, no se está en presencia de actuaciones dentro de la órbita electoral, ni se pretende la protección de derechos político-electorales, ya que es notorio que el proceso electoral del que se solicitó la información a que se contrae la petición se encuentra concluido, por lo que el resultado del juicio de amparo no tendrá repercusión en aquel ámbito, además de que en dicho juicio se busca la defensa de derechos fundamentales, como son el de información, de libertad de investigación, de buscar y de recibir información y de acceso a la información en poder de las autoridades estatales.

Así, la a quo debió admitir la demanda de amparo por dos razones: la primera, por respeto a la jurisprudencia, y la segunda, por respeto al principio constitucional de seguridad jurídica y, no obstante ello, se aparta de los precedentes existentes sin expresar razonamiento alguno y violando los preceptos legales aplicables al desconocer que en el caso se involucran afectaciones al derecho a la información con motivo de la negativa a proporcionar la información solicitada y la destrucción de las boletas en que consta por ordenarlo una disposición inconstitucional.

e) La a quo aplicó ilegalmente la tesis intitulada: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DE ORGANISMOS Y AUTORIDADES EN MATERIA ELECTORAL.", ya que ésta hace referencia a un amparo en que el presidente del comité ejecutivo nacional de un partido político cuestionó una decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siendo que en el caso el quejoso es un particular y no un actor partidista; en el precedente se cuestionó la definitividad de las resoluciones de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, salvo las acciones de inconstitucionalidad, lo que resulta totalmente ajeno a lo que ahora se pretende, a saber, la defensa del derecho fundamental a la información.

f) La demanda de amparo no es, por tanto, notoriamente improcedente, por lo que la a quo violó los artículos 145 y 193 de la Ley de Amparo, lo que se advierte de la existencia de criterios jurisdiccionales encontrados en tanto a los alcances de la protección del juicio de garantías en asuntos sólo prima facie electorales.

El término notorio equivale a público y sabido por todos, claro y evidente, patente y sin duda, extremos que no aparecen en el caso por no existir una lectura irrebatible de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, lo que se traduce, además, en infracción a los múltiples criterios obligatorios para la Juez de Distrito que establecen que el desechamiento de la demanda resulta ilegal cuando existen motivos que ponen en duda la notoria improcedencia.

g) La a quo ignoró la argumentación hecha valer para evidenciar la procedencia de la demanda, lo que demuestra que el auto recurrido no precisa los argumentos que lo motivan, por lo que viola los artículos 219, 220, 221 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, así como los artículos 77 y 79 de la Ley de Amparo, máxime que en ese auto no se fijan en forma precisa los actos reclamados, ya que el amparo intentado también es contra el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin que se atienda a la inconstitucionalidad planteada, lo que constituye infracción a los principios de claridad y congruencia de las resoluciones, máxime que, sin desconocerse que el dictado de la suspensión de oficio debe acontecer después de admitido el juicio, es obvio que tampoco sobre este punto se pronunció la juzgadora.

h) No es obstáculo a lo razonado, los diferentes criterios en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un criterio garantista y un enfoque orientado a la obtención de una tutela judicial efectiva, ha ampliado el listado de derechos político-electorales plasmados en los artículos 41 y 99 constitucionales, a fin de que resulte procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales cuando se hagan valer violaciones a otros derechos fundamentales, si ello se encuentra estrechamente vinculado con el ejercicio de algún derecho político-electoral, ya que, en el caso, lo que se plantea es la defensa del derecho a la información en una faceta que no pertenece al ámbito electoral, además de que los precedentes existentes en torno al llamado derecho de acceso a la información pública en materia electoral, se originaron en causas en las que se involucró también algún derecho político-electoral y, en la especie, se cuestiona un artículo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuestión que no puede examinar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según lo ha determinado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máxime si la norma reclamada no es de naturaleza electoral.

CUARTO. Antecedentes del caso. Para una mejor comprensión del asunto, resulta pertinente, en primer término, hacer referencia a los antecedentes del caso:

1) **********, mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil seis, en la Unidad de Enlace de la Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación del Instituto Federal Electoral, solicitó, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo siguiente:

"Acceso al sobre con las boletas sobrantes, inutilizadas, los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del pasado 2 de julio de 2006 en todo el país, para la elección de presidente de la República.

"...

"En este sentido, requerimos acceso a las bodegas o a las instalaciones de los 300 distritos electorales en el país para contabilizar de nuevo las boletas sólo respecto a la elección de presidente de la República.

"Aunado a lo anterior, requerimos que esta documentación se ponga a nuestra disposición en forma ordenada por sección y casilla en cada distrito."

2) Por diversos escritos (dos) presentados también el veintiocho de julio de dos mil seis, en la Unidad de Enlace de la Unidad Técnica de Servicios de Información y Documentación del Instituto Federal Electoral, Rafael Rodríguez Castañeda solicitó, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las "actas de la jornada electoral de las 130 mil 477 casillas instaladas en todo el país"; el "acta final de escrutinio y cómputo de las 130 mil 477 casillas instaladas en todo el país sólo respecto a la elección de presidente de la República"; las "actas circunstanciadas de recepción del paquete electoral de los 300 distritos electorales"; el "acta circunstanciada de la sesión de cómputo en los 300 distritos electorales"; las "actas de cómputo de los 300 distritos electorales, sólo respecto a la elección de presidente de la República".

3) La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Federal Electoral, mediante resolución de primero de septiembre de dos mil seis, determinó la imposibilidad de otorgar el acceso a la información solicitada, lo que fue confirmado en sesión extraordinaria del día cinco del mismo mes y año, por el comité de información del instituto mencionado, mediante la diversa resolución número **********, en la que se razonó, en relación con la negativa referida, en esencia, lo siguiente:

a) Conforme al artículo 4, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, uno de los objetivos de ese ordenamiento es el de "contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado de derecho".

b) El artículo 41, párrafo segundo, base III, de la Constitución establece al Instituto Federal Electoral como el órgano responsable encargado de organizar los procesos electorales federales, atendiendo a los principios que en materia electoral mandata la propia Ley Suprema, a saber, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, a fin de mantener vigente el estado de derecho en los procesos democratizadores del país.

c) A los referidos principios, se suma el principio de definitividad, que conforme a los artículos 41, párrafo segundo, base IV y 99 de la Constitución, es garantizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante un sistema de medios de impugnación en materia electoral.

d) El principio de legalidad exige que la conducta de la autoridad electoral federal se ajuste estrictamente al orden jurídico, lo que supone que el Instituto Federal Electoral funde y motive debidamente todo acto que emita.

El principio de certeza implica que los procesos electorales sean completamente verificables, fidedignos y confiables.

El principio de definitividad expresa la necesidad de dar por concluida una etapa o todo un proceso respecto de los cuales transcurridos ciertos plazos o términos se asumen como verdad legal y, por tanto, inatacable. El proceso electoral se integra con una serie de actos sucesivos, por lo que para que pueda avanzar se requiere que exista definitividad en las diversas etapas para que en el plazo de ley se ejercite el derecho al sufragio. Este principio alcanza su máximo nivel cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve los medios de impugnación electoral que se hayan interpuesto contra cualquiera de las etapas del proceso electoral.

e) El derecho de acceso a la información es una garantía fundamental consagrada en el artículo 6o. de la Constitución, por la que cualquier individuo puede requerir al Estado la información documentada. La amplitud de este derecho está determinada por una serie de límites constitucionalmente establecidos para mantener un sistema ordenado y equilibrado. El propio artículo 6o. citado establece como límite al derecho de que se trata, el orden público, por lo que su ejercicio ante el Instituto Federal Electoral debe entenderse como libre en tanto no exceda las restricciones que derivan de la propia Constitución, lo que supone la observancia de los principios de legalidad, certeza y definitividad.

f) Las boletas electorales no se ajustan a la definición que los artículos 3, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XII, del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública dan de un documento, pues éste es cualquier registro que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración.

Las boletas electorales no registran las actividades o facultades del Instituto Federal Electoral ni de sus servidores públicos, por lo que no constituyen un acto de autoridad ni están sujetas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino que registran la expresión popular del voto. El contenido de las boletas electorales se vierte en las actas, por lo que éstas son los documentos sujetos a la ley y reglamento referidos.

Las boletas electorales son depositadas en las urnas por los ciudadanos, convirtiéndose en votos, los que quedan sujetos a un procedimiento previsto en el código comicial federal que garantice el respeto a los principios de legalidad y certeza, pues todas las acciones y actividades desarrolladas por la autoridad electoral son verificables, fidedignas y confiables al realizarse bajo la vigilancia, supervisión y presencia de ciudadanos nacionales y extranjeros, además de la representación de los partidos políticos que participan en la contienda electoral. Así, el desarrollo de los comicios y la seguridad jurídica de los participantes se consuma al concluir las etapas del proceso, ya que los actos y resoluciones ocurridos durante el mismo adquieren definitividad.

g) Respecto al régimen jurídico y a la tutela específica de las boletas electorales, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales regula la garantía de inviolabilidad de los votos (artículo 234, párrafo segundo); los casos excepcionales, extraordinarios y de último recurso de apertura de los sobres con los votos durante la sesión de cómputo distrital en los supuestos previstos y bajo las causas justificadas, así como los momentos procesales y las autoridades facultadas para hacerlo (artículos 247 y 253); y el destino final de los votos a la conclusión del proceso electoral, o sea, su destrucción (artículo 254). La destrucción de las boletas es el acto que por naturaleza explica y demuestra la definitividad de las etapas del proceso electoral que se lleva a cabo una vez que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve los diversos recursos hechos valer en el proceso electoral, dentro de los que se contempla el conteo de los votos que presentan dudas, esto es, cuando el proceso es definitivo.

h) En consecuencia, de la normatividad aplicable no es posible desprender que el Instituto Federal Electoral esté facultado para que a la conclusión del proceso electoral permita el acceso a las boletas electorales, ya que su obligación de resguardo e inviolabilidad no se interrumpe en ningún supuesto. Efectivamente, el instituto está obligado a acatar la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional, por lo que todo acto que emita debe estar debidamente fundado y motivado y sólo puede hacer aquello que le esté expresa o implícitamente concedido, de suerte tal que debe ceñir su actuación a las normas legales que lo obligan a mantener la inviolabilidad de los paquetes electorales; lo contrario, esto es, el permitir el acceso a las boletas, violentaría el principio de legalidad al darles un destino distinto y ajeno al previsto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tal como se advierte, además, de los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación intitulados: "PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL." y "APERTURA DE PAQUETES. REQUISITOS PARA SU PRÁCTICA POR ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DE VERACRUZ-LLAVE Y SIMILARES)."

i) En consecuencia, se concluye que la solicitud no es procedente, pues el Instituto Federal Electoral carece de facultades para atenderla positivamente, pues las boletas electorales no son susceptibles de conservación, y a fin de salvaguardar el principio de definitividad, el legislador confirió su resguardo e inviolabilidad a los Consejos Distritales y su consulta la reservó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es principio constitucional que el voto es secreto, por ello, se previó en la ley el aseguramiento de las boletas para no desvirtuar los resultados electorales, ni afectar la decisión ciudadana, al final de la jornada se inicia la salvaguarda de las boletas con los votos al integrarlas en sobres y asegurar su inviolabilidad, con el fin de garantizar la observancia de los principios de certeza y definitividad que constitucionalmente está obligado a acatar el Instituto Federal Electoral en el desempeño de sus actividades.

j) Así, se estima que el derecho de acceso a la información se satisface poniendo a disposición del solicitante las actas en las que se asientan las manifestaciones de voluntad del electorado, ya que el contenido de las boletas obra en las actas levantadas durante la jornada electoral hasta el cómputo distrital. La emisión de las actas constituye un acto jurídico por el que la ley delega a los ciudadanos la autoridad de la materia electoral y, por tanto, gozan de las mismas garantías y obligaciones que cualquier otro acto de autoridad, por lo que son las actas el acto revisable y respecto del que es válido solicitar el acceso a la información.

k) Se precisa respecto de las boletas sobrantes e inutilizadas, que si bien no constituyen votos, son parte integrante de los paquetes electorales y, por tanto, corren la misma suerte que las boletas utilizadas, esto es, se encuentran sujetas a la inviolabilidad y al resguardo, siendo aplicable el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el rubro: "INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CARECE DE FACULTADES PARA ORDENAR ESTUDIOS SOBRE DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN LOS PAQUETES ELECTORALES, DIVERSOS DE LOS LEGALMENTE PERMITIDOS.", así como lo determinado por dicho tribunal en el juicio para la protección de los derechos político-electorales, promovido por ********** en contra de la negativa a proporcionar de manera individualizada el número de votos que obtuvo en la jornada electoral del **********, en el sentido de que la satisfacción de esa pretensión implicaría el retorno a etapas del proceso que han adquirido definitividad.

l) El artículo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que sus disposiciones son de orden público y observancia general, por lo que no puede accederse a lo solicitado, pues el Instituto Federal Electoral carece de atribuciones para extraer las boletas electorales del resguardo a que están sujetas, ni siquiera por la vía del derecho a la información, ya que esas boletas no constituyen información pública, sino las actas de escrutinio y cómputo.

m) En conclusión, no es procedente jurídicamente el acceso de los ciudadanos a las boletas electorales, pues ello implicaría sujetar la observancia de disposiciones de orden público a la petición de los particulares y, en cambio, es procedente el acceso a las actas de escrutinio y cómputos de casilla y distrital una vez concluido el proceso electoral.

4) ********** promovió juicio de amparo en contra de la anterior resolución, así como de la parte final del segundo párrafo del artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en vigor hasta el catorce de enero de dos mil ocho, que establece que concluido el proceso electoral se procederá a la destrucción de los sobres que contengan la documentación que menciona el artículo 234 del mismo código, argumentando en sus conceptos de violación, en esencia, lo siguiente:

a) Tanto el precepto legal como la resolución reclamada violan los artículos 1o., 6o., 14, 16 y 133 de la Constitución, que consagran el derecho a la información y el principio de legalidad, así como los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

b) La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el derecho a la información, que en un principio se interpretó como una garantía electoral, constituye una garantía individual para conocer la verdad, que exige a las autoridades se abstengan de dar información manipulada, incompleta o falsa, y limitada sólo por los intereses nacionales y los de la sociedad, así como por el respeto a los derechos de terceros.

c) El artículo 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental impone a las autoridades el deber de favorecer en sus actuaciones el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en su custodia e interpretar el derecho a la información conforme a las normas constitucionales e internacionales, entre estas últimas se destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho a la información, con las únicas restricciones encaminadas a lograr el resguardo de los derechos de los demás, la seguridad nacional, el orden, la salud y la moral públicas. Asimismo, el derecho a la información debe interpretarse también a la luz de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, conforme a la cual el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas sin consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión.

d) La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública tienen por objeto garantizar el respeto al derecho a la información, que como todos los derechos humanos fundamentales está limitado en aras de respetar otros bienes de idéntica jerarquía, pero cualquier restricción a este derecho debe preverse en la ley, perseguir una finalidad legítima y resultar proporcionada al derecho limitado.

e) El artículo 254 reclamado, al ordenar la destrucción de los sobres que contienen las boletas sobrantes, inutilizadas y las que contengan los votos válidos y los nulos, contraviene el derecho a la información, pues la destrucción que permite imposibilita hacer efectiva la libertad de investigación, el derecho de buscar y recibir información, el derecho de acceso a esa documentación en poder de las autoridades y de consultarla.

Además, contraviene a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, contradicción que debe resolverse aplicando los principios que rezan que debe prevalecer la ley posterior a la anterior y la ley especial a la general, siendo que, en el caso, es la ley antes citada la especial, pues en el caso no se discute ninguna cuestión electoral.

La destrucción de la información de que se trata no encuentra justificación en las posibles limitantes del derecho a la información, pues no es necesaria para salvaguardar otros bienes de jerarquía constitucional, no pone en riesgo la seguridad nacional, no controvierte el orden público, la moral, la salud o la paz públicas y, en cambio, el acceso a esa información mejora la conciencia ciudadana, fomenta la participación libre e informada de las personas, consigue mayor transparencia de los actos de gobierno, afianza las instituciones democráticas, transparenta la gestión pública, favorece la rendición de cuentas y contribuye a la democratización de la sociedad.

f) Así, tanto la norma reclamada como su aplicación resultan inconstitucionales, debiéndose aclarar que la información s

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22719-43b5114c/amparo-es-improcedente-cuando-se-impugnan-normas-actos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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