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Modo: Corpus Pro

DERECHOS DE AUTOR. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONÓ EL TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO AL LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, EN TANTO QUE PRETENDE SANCIONAR PENALMENTE LA CONDUCTA CONSIDERADA DELICTIVA, SÓLO HASTA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PROPIO DECRETO, EN EL ARTÍCULO 135, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL Y RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL INCULPADO, PROCESADO O SENTENCIADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 471/98. · Registro digital (IUS): 6605
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, , Pág. 385.

AMPARO EN REVISIÓN 471/98.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: EDUARDO FERRER MAC GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Son fundados los agravios que expresa la quejosa recurrente, para revocar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, atento a lo siguiente:

En primer término, debe decirse que tal como lo adujo la inconforme en su agravio, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, y que sirvió de apoyo al Juez de Distrito para decretar el sobreseimiento respecto de la ley, en virtud de que el supuesto que establece dicho precepto para su aplicación es que las leyes o actos materia del juicio de garantías, sean objeto de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, lo cual no se da porque en el juicio de amparo que se promovió en contra de la orden de aprehensión, librada por el Cuarto Tribunal Unitario del Primer Circuito, no se señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 2o. transitorio del decreto que modificó diversas disposiciones del Código Penal, relativas a la materia autoral.

Tiene razón la quejosa, al señalar que no existe identidad de actos y que por ello, no se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, en que se apoyó el Juez de Distrito para sobreseer en el asunto, ya que ese numeral se refiere a la improcedencia del juicio, cuando se promueva contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo, que se encuentre pendiente de resolución y que haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado.

Sin embargo, como ya se vio, este supuesto en la especie no acontece, porque el primer juicio de amparo se promovió en contra de la orden de aprehensión, y el acto que originó el presente juicio de amparo, lo fue el auto de formal prisión.

Por tanto, como con razón lo indica la disconforme, en el caso resulta equivocado que el Juez de Distrito, para decretar el sobreseimiento del juicio se haya apoyado en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Pero además, cabe mencionar lo siguiente:

1. De la sentencia recurrida se advierte que el a quo decretó el sobreseimiento del juicio, por estimar que el primer acto de aplicación del que ahora por esta vía se combate, lo fue el libramiento de la orden de aprehensión en contra de la ahora quejosa, por parte del Cuarto Tribunal Unitario del Primer Circuito, del cual tuvo conocimiento en atención a que según constancias la propia recurrente promovió demanda de garantías, en contra de dicha resolución de la cual correspondió conocer a la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Primer Circuito, por lo que el auto de formal prisión del que ahora se queja la peticionaria del amparo, no puede considerarse como el primer acto de aplicación de la ley que estima inconstitucional, toda vez que en su oportunidad fue combatido aquel primer acto de aplicación, resultando por ello improcedente el juicio de amparo por tratarse de su segunda aplicación.

2. Que además, aunque el decreto que ahora se califica de inconstitucional no fue señalado como acto reclamado, ello no quita que aquél haya sido el primer acto de aplicación, lo que se corrobora con el contenido de los conceptos de violación expresados en la demanda de garantías, en donde se hacen manifestaciones tendientes a combatir la inconstitucionalidad del decreto que ahora se reclama.

Por su parte, la disconforme adujo en una parte de sus agravios lo siguiente:

a) Que es incorrecto el sobreseimiento que decretó el a quo, ya que parte de una base errónea al considerar que el artículo 2o. transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, cuya inconstitucionalidad se reclama ya le había sido aplicado al librarse en su contra orden de aprehensión, porque contrario a ello en el juicio de garantías que se promovió en contra de dicha orden nunca fue señalado como acto reclamado la inconstitucionalidad del citado artículo 2o. transitorio, ni tampoco fueron señaladas como responsables las autoridades legislativas que hubieren intervenido en su aprobación y publicación, a diferencia del acto emitido por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, el cual al emitir la resolución reclamada (auto de formal prisión de treinta de julio de mil novecientos noventa y siete), sí aplicó en forma expresa lo dispuesto por el artículo transitorio en comento, por lo que resulta claro que el primer acto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional, se dio en el auto de formal prisión y no en la orden de aprehensión, apoyándose para ello en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del artículo 74 del mismo ordenamiento.

En relación con lo anterior, debe decirse que de las constancias de autos se observa que la disconforme promovió juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión en el cual expresó como actos reclamados y conceptos de violación los siguientes:

"Actos reclamados: A. De la autoridad responsable ordenadora, reclamo la resolución dictada en el toca 220/96, por la que determina girar la orden de aprehensión en mi contra, en virtud de revocar la resolución del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, dictada en la causa auxiliar número 41/96-I, en la cual se había negado la orden de aprehensión.-B. De las autoridades responsables ejecutoras, reclamo: B.1. Del Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, la ejecución de la resolución dictada por la autoridad responsable ordenadora.-B.2. De las demás autoridades ejecutoras, reclamo la ejecución de la orden de aprehensión librada en mi contra.

"Conceptos de violación: 1. Se viola en mi perjuicio el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez, que se está girando una orden de aprehensión por un delito que no existe jurídicamente, ya que el artículo 135 de la Ley Federal del Derecho de Autor, de mil novecientos cincuenta y seis y sus posteriores reformas, así como el cuerpo completo de ese mismo ordenamiento, fue abrogado por disposición del artículo 2o. transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, en el cual se indica que: ‘Segundo. Se abroga la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1956, sus reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1963 y sus posteriores reformas y adiciones.’. En consecuencia, no puede decirse que exista tipo penal alguno, toda vez, que la abrogación de una ley significa la abolición total de un ordenamiento legal. Por lo tanto, debe de aplicarse el principio nullum crimen sine lege.-Es decir, la resolución que se reclama es inconstitucional, ya que para que se libre una orden de aprehensión debe de tratarse de ‘un hecho determinado que la ley señale como delito’. Siendo que en el caso concreto el delito por el que se libra dicha orden ya no existe, pues la ley que lo contenía fue abrogada por el Congreso de la Unión, en el decreto aludido. 2.-Es de observarse que el artículo 2o. transitorio del decreto por el que se deroga la fracción XVI del artículo 387, se reforma el artículo 419 y se adiciona un título vigésimo sexto al libro segundo, todos ellos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, dispone que ‘A las personas que hubieren cometido delitos contemplados en la Ley Federal de Derechos de Autor publicada en el Diario Oficial el veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, les serán aplicables las sanciones vigentes al momento en que se hubieren realizado dichas conductas. ...’.-Es de precisarse que la Ley Federal del Derecho de Autor, no fue publicada en el Diario Oficial el veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis; debe indicarse que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y uno, se reformó el párrafo primero del artículo 135 de la Ley Federal del Derecho de Autor, señalando una sanción que no aparece en el decreto que se dice publicado el veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, es decir, la pena que corresponde al delito que se me pretende configurar no está contenida en el decreto que se dice publicado en la fecha antes referida.-Independientemente de lo anterior, basado en ese artículo 2o. transitorio no se puede decir que la suscrita, haya cometido delito alguno contemplado en la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, pues tengo entendido que en dicha fecha no se publicó esa ley.-En esas condiciones, se viola en mi perjuicio el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, porque en todo caso el juicio que se me deba seguir es conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que indebidamente se me atribuye y dicha ley se encuentra abrogada. No pudiendo ser aplicable el artículo 2o. transitorio del decreto por el que se deroga la fracción 16 del artículo 387 ... del Código Penal ... porque dicho decreto fue expedido con posterioridad a los hechos que indebidamente se me atribuyen, por lo cual su aplicación significaría la retroactividad en mi perjuicio, lo que está prohibido por el párrafo primero del artículo 14 de la Ley Suprema.-3. Se viola en mi perjuicio el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez, que el acto de autoridad, que reclamo en este juicio constitucional no está fundado ni motivado, ya que la autoridad responsable ordenadora, no puede señalar los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto, simple y sencillamente porque no existe tal precepto legal en virtud de que se abrogó la Ley Federal sobre el Derecho de Autor. Resultando también inaplicable por las razones ya expuestas el artículo 2o. transitorio del decreto antes expresado.-Asimismo, no señaló los demás preceptos jurídicos que pudiesen ser aplicables ni invocó los razonamientos jurídicos por los que considera que dichos preceptos legales pueden ser aplicables a la hipótesis concreta, por lo que no está motivada su resolución.-4. Suponiendo sin conceder que la autoridad de amparo considerase que no está abrogado el capítulo relativo a las sanciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, debe decirse que se viola en mi perjuicio lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución General de la República, al haber revocado la autoridad responsable ordenadora, la resolución dictada por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. Lo anterior, toda vez que los hechos que se me imputan no están señalados por la ley como delito, ya que el artículo 135 de la Ley Federal del Derecho de Autor abrogada, protegía las obras completas mas no los fragmentos.-Lo anterior, se demuestra tomando en consideración la evolución legislativa del ordenamiento en cita, ya que la Ley Federal sobre el Derecho del Autor, de mil novecientos cuarenta y ocho, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de fecha catorce de enero de mil novecientos cuarenta y ocho, establecía: ‘Artículo 113. Se impondrá multa de cincuenta a cien pesos y prisión de seis meses a seis años: I. Al que use, explote o aproveche, por cualquiera de los medios señalados en el artículo primero, en todo o en parte, una obra literaria, científica o artística protegida por esta ley, sin autorización ...’.-La Ley Federal del Derecho de Autor abrogada, que fue aplicada en mi contra, en su capítulo VIII denominado ‘De las sanciones’, sólo alude a la obra protegida como objeto material del delito, es decir, alude a la totalidad de la obra y no a partes o fragmentos.-Por no estar previstos por la ley como delito los hechos que se me atribuyen, debe otorgárseme la protección de la Justicia Federal, en virtud que la resolución reclamada y dictada por la ordenadora, así como la orden de aprehensión librada en mi contra, son violatorias del párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Federal, ya que no se actualizan los elementos de ningún tipo penal, menos del previsto en la fracción I del artículo 135 de la ley abrogada ya indicada.-4. Suponiendo sin conceder que su Señoría, desatendiera los anteriores argumentos, debe indicarse que en la especie no están acreditados los elementos del tipo penal que me atribuye la representación social, ni está acreditada mi probable responsabilidad, por lo que procede se me otorgue la protección federal, en virtud de que el derecho de autor no ampara los hechos que se me imputan, según se obtiene del artículo 18, inciso d), de la Ley Federal del Derecho de Autor abrogada, ni existe tipo penal alguno que proteja los fragmentos de obras."

Sólo como aclaración, cabe señalar que en dicho juicio se le concedió el amparo a la recurrente por cuestiones de legalidad, resolución que a su vez fue confirmada por resolución posterior a la interposición de este recurso de revisión, el cual fue presentado el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y siete, y la sentencia fue de diecisiete de abril de mil novecientos noventa y ocho, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal.

Ahora bien, para determinar si en el caso se surte la hipótesis en que el a quo, fundó el sobreseimiento en el juicio constitucional, consistente en que el acto de aplicación de la ley reclamada se dio por primera vez en la orden de aprehensión y no en el auto de formal prisión, es menester exponer algunas consideraciones respecto a las reglas que rigen para la presentación de la demanda, así como los casos en que se surten las hipótesis previstas en el artículo 73, fracciones XI y XII de la ley de la materia.

Los artículos 21, 22, 73, fracciones VI, XI y XII, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, regulan lo relativo a la procedencia del juicio de garantías contra leyes según su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, a fin de determinar el momento en que puede ejercitarse la acción constitucional por estimar que una norma jurídica lesiona los intereses particulares por contravenir principios establecidos en la Carta Magna.

El contenido de dichos preceptos es el siguiente:

"Art. 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."

"Art. 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

"I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días.

"II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales.

"En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo.

"En los casos en que el acto de autoridad combatible mediante demanda de amparo consista en acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores favorable a la extradición de alguna persona reclamada por un Estado extranjero, el término para interponerla será siempre de 15 días.

"III. Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término de noventa días para la interposición de la demanda, si residiera fuera del lugar del juicio, pero dentro de la República, y de ciento ochenta días, si residiere fuera de ella; contando en ambos casos, desde el siguiente al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado volviere al lugar en que se haya seguido dicho juicio quedará sujeto al término a que se refiere el artículo anterior.

"No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que tengan mandatarios que los representen en el lugar del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto reclamado."

"Art. 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio;

"...

"XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;

"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218.

"No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso.

"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.

"Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."

"Art. 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:

"I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso."

Como se desprende de los preceptos transcritos, las normas jurídicas pueden ser impugnadas a través del juicio de amparo en distintos momentos, según la naturaleza del acto de aplicación reclamado (actos que pongan en peligro la vida, la libertad personal, etc.) y de la propia ley, según se trate de normas que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, que requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular (heteroaplicativas).

En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que surja su derecho a solicitar el amparo, lo cual deberá realizar en el término de treinta días a partir de su entrada en vigor, de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I del artículo 22 de la Ley de Amparo.

En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término para promover el juicio de amparo es el de quince días, según la regla general establecida en el artículo 21 de la ley reglamentaria citada, la cual tiene entre otras excepciones, conforme a lo dispuesto en la fracción II del citado artículo 22, los actos que importen peligro de privación de la libertad.

Como ya se indicó, el Juez Federal, decretó el sobreseimiento en el juicio por estimar que el acto reclamado por la quejosa, auto de formal prisión, fue el segundo o ulterior acto de aplicación del artículo 2o. transitorio que califica de inconstitucional, ya que el primero se dio en la orden de aprehensión la cual en su oportunidad fue impugnada en un diverso juicio de amparo en el que hizo manifestaciones tendientes a combatir la inconstitucionalidad del decreto que ahora reclama, lo que a su criterio actualizó la improcedencia del juicio de garantías.

Este Alto Tribunal ha establecido que para que opere la causa de improcedencia precisada, es necesaria la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, según deriva de la tesis que se cita a continuación:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 217-228 Primera Parte

"Página: 9

"ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.-De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél."

Asimismo, ha sustentado que es cuando se está en presencia de materias en las que opera la suplencia de la queja deficiente y en las que se protegen derechos sociales, como la agraria. El criterio aludido se encuentra plasmado en la siguiente tesis:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 97-102 Primera Parte

"Página: 28

"AGRARIO. ACTOS CONSENTIDOS. SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE.-Al sentenciador le está prohibido, en los amparos agrarios, sobreseer el juicio por actos consentidos derivados de otros no impugnados, según los términos del artículo 231 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 225 y 226 del mismo ordenamiento, ya que tiene el deber de resolver con pleno conocimiento de los actos reclamados, apreciar éstos u otros que, aun cuando no estén señalados en la demanda, llegaren a comprobarse en vista de pruebas y datos obtenidos y que pudieran ser manifiestamente violatorios de los derechos agrarios que tengan los ejidatarios reclamantes."

El criterio anterior resulta también aplicable en la materia penal, ya que en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en ésta procede la suplencia de la queja, lo que en relación con lo dispuesto en el diverso artículo 22, fracción II, del propio ordenamiento, lleva a concluir que en dichos supuestos la demanda de garantías en contra de la ley, puede promoverse en cualquier momento.

Ciertamente, el artículo mencionado en segundo término, dispone:

"Art. 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior: ... II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales.-En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo."

En mérito de lo antes expuesto, es evidente que contrariamente a lo considerado por el Juez Federal, en la especie, no se actualiza la causa de improcedencia que invocó en virtud de que por una parte, se está en presencia de un asunto en el que no rige, para la presentación de la demanda de amparo contra leyes, el término de quince días siguientes a partir de que el quejoso tenga conocimiento del acto reclamado (art. 21), o el diverso de treinta días contados desde que inicie la vigencia de la ley (art. 22, fracción I); y, por otra, en el que la ley reclamada no puede tenerse como consentida porque su acto de aplicación involucra la libertad personal del agraviado.

La anterior conclusión, encuentra su apoyo en la tesis sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal cuyos datos de identificación y texto, se transcriben a continuación:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: 7 Primera Parte

"Página: 36

"LEYES, AMPARO CONTRA LAS. TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CUANDO LOS ACTOS DE APLICACIÓN ATACAN LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO.-Es indefinido el término para presentar la demanda de amparo en contra de una ley cuya aplicación ataca la libertad personal del quejoso, de acuerdo con el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, independientemente de que lo combatido sea la ley y no específicamente los actos que ataquen la libertad, pues éstos pueden reclamarse por ser una consecuencia de la ley inconstitucional. El término para pedir amparo lo estableció el legislador para no afectar la seguridad de las situaciones jurídicas derivadas de un acto de autoridad, pero en el caso del artículo 22, fracción II, primera parte, de la Ley de Amparo, prefirió la protección de la libertad a la satisfacción del interés de seguridad jurídica; si la ley es violatoria de garantías, su aplicación es la concretización de la violación y por tal motivo es indefinido el término para atacar el fundamento que es la ley estimada inconstitucional."

Por lo anterior, se debe concluir que lo relativo a la procedencia del amparo contra leyes heteroaplicativas presenta ciertas peculiaridades en la materia penal, dado que el cuestionamiento de la constitucionalidad de la norma legal que establece un tipo penal, puede plantearse con motivo de su acto de aplicación, susceptible de ocurrir, para efectos del amparo, al dictarse orden de aprehensión, auto de formal prisión y sentencia definitiva, resoluciones que ostentan características particulares que condicionan y restringen la libertad en distintas fases del procedimiento.

Esta última circunstancia propicia que quien se ubique en tales supuestos, esté en aptitud discrecional de impugnar la inconstitucionalidad del precepto relativo en cualquiera de esas etapas, inclusive con motivo del dictado de la sentencia definitiva, sin que pueda estimarse que se trata de un segundo o ulterior acto de aplicación; esto deriva de la naturaleza propia de los bienes que jurídicamente protege el derecho penal y que recoge la Ley de Amparo, entre otros, en sus artículos 16, 17, 22, fracción II, 37, 73, fracción X, 76 bis, fracción II, 160 y 161, por tanto, se debe revocar el sobreseimiento decretado por el a quo por las razones antes citadas.

Además, de los actos reclamados y conceptos de violación transcritos, se advierte que en el anterior amparo promovido contra la orden de aprehensión, no se planteó cuestión de constitucionalidad alguna, sino planteamientos de mera legalidad consistentes en la falta de motivación y fundamentación derivados de la indebida aplicación del artículo 135 de la Ley Federal del Derecho de Autor al estimar esencialmente que no se acreditaron los elementos del tipo penal, y que dicho precepto no puede aplicarse al quedar abrogado, por lo que tampoco puede aplicarse el decreto de reformas al Código Penal para el Distrito Federal y para toda la República en Materia de Fuero Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, planteamientos éstos exclusivamente de legalidad que se corroboran al no señalarse en la demanda de amparo relativa como autoridades responsables a las que intervinieron en el proceso legislativo de dicho decreto.

En consecuencia, este Tribunal Pleno considera que no se actualiza la causal de improcedencia invocada por el Juez de Distrito al no haberse juzgado previamente sobre la constitucionalidad del artículo 2o. transitorio del citado decreto, cuya inconstitucionalidad se reclama por primera vez en el presente juicio de garantías.

En virtud de lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación propuestos por la quejosa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.

OCTAVO.-Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, teniendo en consideración el criterio reiterado en el sentido de que tratándose del juicio de amparo en materia penal, como sucede en la especie, opera la suplencia de la queja aun ante la ausencia de conceptos de violación, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción II, de la Constitución Federal y 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, estima fundados los planteamientos expuestos por la quejosa en relación a que el artículo 2o. transitorio del decreto que deroga la fracción XVI del artículo 387, reforma el artículo 419 y adiciona un título vigésimo sexto al libro segundo, todos ellos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis, es violatorio del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Resulta aplicable al respecto el siguiente criterio:

"SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. OPERA RESPECTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN REFERIDOS A LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.-Los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, no hacen distinción alguna en relación a si la suplencia de la queja que prevén se debe aplicar a cuestiones de mera legalidad o de inc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6605-b00fb30c/derechos-de-autor-el-articulo-segundo-transitorio-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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