TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO SOBRE. LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN III, DE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 847/98. LUIS ORTIZ HIDALGO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIO: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Por no existir agravio de la parte a quien pudiera perjudicar, debe permanecer intocado el sobreseimiento decretado en el resolutivo primero de la sentencia recurrida; esa determinación está ligada a los considerandos primero y cuarto del fallo sujeto a revisión.
Por tanto, sólo es materia de este recurso el segundo resolutivo que concede la protección federal al quejoso respecto de los actos que reclamó del Congreso de la Unión, presidente de la República, secretario de Gobernación, director del Diario Oficial de la Federación y administrador tributario "Mina" del Distrito, consistentes en la expedición, promulgación, refrendo, publicación y aplicación de los artículos 8o., fracción III y 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, misma decisión que se rige por el considerando quinto de la sentencia recurrida.
SEXTO. Por razón de método se estudiarán primeramente los agravios relacionados con el otorgamiento del amparo respecto del artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
El primer agravio es infundado, pues en el caso no está acreditado en forma plena y con prueba suficiente, que el quejoso hubiera promovido el amparo contra leyes contra el segundo acto de aplicación del artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, ni tampoco está acreditado que la demanda de garantías sea extemporánea.
En principio, debe quedar claro que la improcedencia del amparo debe acreditarse plenamente con prueba directa y no inferirse a base de presunciones (jurisprudencia 284, página 191, Tomo VI, compilación de 1995).
El quejoso sostuvo en su demanda de amparo que el primer acto de aplicación de la ley reclamada tuvo lugar mediante el pago efectuado el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, mismo que está acreditado en autos con la copia certificada notarialmente del formato oficial de propuesta de declaración para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, visible en la foja 145 de autos.
Es conveniente agregar que en el caso no es posible aplicar el criterio que sostuvo la Segunda Sala en la tesis 2a. XXIII/97 de rubro: "TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS, IMPUESTO SOBRE. LA PROPUESTA DE PAGO REMITIDA POR LA AUTORIDAD FISCAL NO CONSTITUYE ACTO DE APLICACIÓN.", pues ahí se parte del supuesto en el cual el quejoso no ha efectuado pago del impuesto en cita, sino únicamente ha efectuado la "propuesta de pago" y, en la especie, el finiquito ya se efectuó, y tan es así, que las responsables presidente de la República y secretario de Hacienda y Crédito Público, al rendir su informe justificado por conducto del procurador fiscal de la Federación, reconocieron expresamente que el entero del tributo ya fue efectuado.
Para apreciar dicho pago, basta dar lectura al párrafo segundo de la página 7 de dicho informe (ver foja 108 de autos) en la que expresamente se dijo:
"... Ahora bien, si el quejoso efectuó el pago del impuesto correspondiente respecto del vehículo mencionado con fecha (sic) 20 de marzo de 1997 (sic)."
La anterior manifestación en unión a la afirmación del quejoso y a las documentales visibles en las fojas 59 y 60 de autos, son prueba del acto de pago.
Ahora bien, al rendir su informe justificado, el procurador fiscal de la Federación, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, y éste a su vez, en representación del presidente de la República, sostuvo reiteradamente que el amparo resultaba improcedente porque no fue intentado contra el primer acto de aplicación del artículo 15-B de la ley antes citada y, además, respecto del primer acto de aplicación, el amparo resultaba extemporáneo por estar presentada la demanda con posterioridad a los quince días a los que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo.
Esta alegación es reiterada en los agravios porque la Juez de Distrito, al dictar su fallo, no se pronunció congruentemente con ese planteamiento.
Para acreditar esas aseveraciones, el procurador fiscal de la Federación exhibió en el juicio, como pruebas, seis constancias de pago visibles de la foja 138 a la 140.
Entre las constancias remitidas por la autoridad destaca la visible en la parte inferior de la foja 140 relativa a un registro de pago elaborado en computadora respecto del impuesto por tenencia de vehículos de doce de mayo de mil novecientos noventa y siete, hecha a las trece horas con dieciocho minutos de aquel día, en la que consta que una persona llamada Luis Ortiz Hidalgo pagó el impuesto de tenencia de vehículos el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete con el folio 04537747, por el periodo 9700 respecto del vehículo Ford Ghia, modelo 1994, tipo sedán, serie 3MABM38UORM-602171, placas 366 GPT, en la caja 505174, bajo la partida 2186, por la cantidad de dos mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ($2,544.00). Al reverso de esta constancia obra una "certificación", cuyo texto es el siguiente:
"La ‘C. Lic.’ (sic) María de Lourdes Ramírez Vega, jefa del Departamento de Amparo contra Leyes ‘A’ de la Procuraduría Fiscal de la Federación, con fundamento en el artículo 108, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, certifica: Que la presente es copia fiel de las constancias que obran en el expediente de esta secretaría, relativo al juicio de amparo 235/97, promovido por Luis Ortiz Hidalgo, ante ‘el’ (sic) ‘C.’ (sic) Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, en el ‘D.F.’ (sic), y se expide en tres fojas útiles en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete." (ver foja 140 vuelta).
De resultar apta esta prueba, ofrecida con el objeto de acreditar que el quejoso pagó el impuesto sobre tenencia de vehículos en la fecha que ahí se indica, el amparo se volvería improcedente en la forma que indica la recurrente.
Por tanto, a continuación se procede a valorar este medio de convicción.
El contenido de la constancia exhibida por el procurador fiscal de la Federación, acredita que el doce de mayo de mil novecientos noventa y siete se elaboró en computadora un documento que acredita el pago del impuesto sobre tenencia de vehículo a cargo de una persona llamada Luis Ortiz Hidalgo, respecto del vehículo Ford Ghia antes descrito; sin embargo, a juicio de esta Sala, dicha prueba es ineficaz para acreditar los extremos pretendidos.
Lo único que podría demostrarse con la constancia de que se trata, es que una persona llamada Luis Ortiz Hidalgo compareció ante las oficinas recaudadoras el veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete a efectuar el pago del impuesto sobre tenencia de vehículos respecto del automóvil Ford Ghia, modelo 1994, que ahí se indica, pero no permite establecer con toda certeza si la persona que efectuó el pago de dicho impuesto es la misma que ahora promueve el amparo, es decir, el medio de convicción en análisis no excluye la posibilidad de homónimos.
Ante esa dubitabilidad o rebatibilidad de la prueba, se concluye que el medio de convicción valorado es insuficiente para acreditar, con plenitud, los extremos que pretenden las responsables, máxime que la improcedencia debe constar en forma indubitable, con prueba directa, sin presunciones y sin que la prueba pueda entrar en estado de indecisión.
Al margen de lo anterior, es conveniente agregar y destacar que en la constancia que se analiza, obra la intervención de un funcionario que intentó dar autenticidad a la copia fotostática del registro de pago en computadora, sin embargo, la certificación es irregular y, por tanto, no se está ante un documento público como se dice en los agravios.
Cuando se presenta una irregularidad en las formalidades de la certificación del documento, ese vicio acarrea la anulación del carácter "público" del acto jurídico de autentificación.
El vicio del que se habla es el siguiente:
El funcionario que certificó la constancia que se analiza, fue la jefa del Departamento de Amparo contra Leyes "A" de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El contenido del artículo 108, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, invocado como fundamento de la certificación efectuada, es insuficiente para dejar en claro que la intervención de la funcionaria que la practicó, actuó dentro de sus facultades, dicho numeral establece:
"Artículo 108. Los administradores regionales, los administradores locales y los coordinadores administrativos locales, los delegados, los administradores de las aduanas, los directores, los administradores, los subdirectores, los subadministradores, los subdelegados, los jefes de unidad, de departamento y de oficina, están facultados para:
"...
"II. Expedir certificados de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia."
Conforme al artículo transcrito, sólo pueden practicarse certificaciones por los jefes de departamento, siempre y cuando se trate de constancias de los expedientes relativos a los asuntos de su competencia, pero no indica cuáles son los asuntos de la competencia de la Jefatura de Amparo contra Leyes "A".
Además, en la certificación no se invocan los fundamentos de la competencia de dicho funcionario que permitan corroborar si efectivamente las constancias de pago del impuesto de tenencia de vehículos extractadas de registros de computadora fotocopiadas, pueden ser certificadas por la funcionaria que lo hizo, todo lo que revela que la certificación es irregular.
Por tanto, no ha lugar a considerar a la certificación practicada como tal, ni tampoco puede reputarse como un acto de autenticación que otorgue el carácter de público al medio de convicción analizado.
Sirve de fundamento a esta decisión el artículo 129, párrafo segundo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en la medida que ahí se establece que la calidad de los documentos públicos se demuestra con la existencia regular sobre los documentos de sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.
Por todo lo anterior, el primer agravio es infundado.
SÉPTIMO. A continuación se procede al análisis de los argumentos contenidos en el segundo agravio, mismos que, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, serán estudiados en forma conjunta.
Es verdad que la Juez de Distrito consideró que el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos viola las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias porque en realidad no se está considerando el valor real de cada vehículo en lo particular, al establecer factores de actualización preestablecidos para el cálculo de la tarifa que se va a pagar respecto de dicho impuesto.
Sin embargo, la decisión de la Juez Federal no es equivocada como enseguida se detalla.
Todo impuesto tiene como elementos un sujeto, un objeto, una base, una tasa y una tarifa.
En el caso, resulta claro que la inconstitucionalidad del artículos 15-B de la ley en comentario, radica en la incongruencia que existe entre el objeto del impuesto y la base para calcularlo.
Esa incongruencia genera que la aplicación del artículo reclamado como inconstitucional, sea contrario a las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias.
A continuación se procede a demostrar la existencia de la incongruencia referida.
Por objeto del impuesto o hecho imponible, debe entenderse al factor revelador de riqueza de los causantes, que es gravado por las leyes fiscales; es la cosa, acto o hecho que está prevista en las leyes fiscales como presupuesto para la causación de un impuesto.
Se considera que el hecho imponible debe ser un factor revelador de riqueza, pues está vinculado a la garantía de proporcionalidad tributaria, la que solamente puede ser apreciada a través de la determinación de la profusión, en la medida que debe contribuir, en mayor grado, el contribuyente que tenga más capacidad para ello.
Por otro lado, la base de un impuesto es la apreciación del factor revelador de riqueza, traducido en cantidad líquida, para que de esa forma se pase al tercer elemento del impuesto que es la tarifa en una forma simple y práctica, esto es, se traduce el objeto o hecho imponible en cantidad líquida, para que posteriormente sólo le sea aplicada la tasa del impuesto a través de una simple operación aritmética en la forma indicada por la ley.
Establecido lo que es el objeto y la base del impuesto, como elementos de toda contribución, a continuación se procede a la apreciación de estos elementos en la ley que se analiza, con el objeto de hacer clara la incongruencia que existe entre el objeto y la base, como antes se afirmó.
El objeto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos vigente en el año de mil novecientos noventa y siete, está previsto en el artículo 1o. que establece lo siguiente:
"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma.
"Para los efectos de esta ley, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo.
(Reformado, D.O. 30 de diciembre de 1996)
"Los contribuyentes pagarán el impuesto por año de calendario durante los tres primeros meses ante las oficinas autorizadas, salvo en el caso de vehículos nuevos o importados, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse a más tardar dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se adquirió o importó el vehículo. Se considerará que la adquisición se realiza en el momento en que se entregue el bien al adquirente. El impuesto se pagará en las oficinas de la entidad en que la autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito Federal autorice el registro de dicho vehículo. Los contribuyentes de este impuesto no están obligados a presentar por dicha contribución, la solicitud de inscripción ni los avisos del Registro Federal de Contribuyentes. No obstante lo dispuesto en este párrafo, los contribuyentes que se encuentren inscritos en el citado registro para efectos del pago de otras contribuciones, deberán anotar su clave correspondiente en los formatos de pago de este impuesto.
"Los importadores ocasionales efectuarán el pago del impuesto a que se refiere esta ley, correspondiente al primer año de calendario en la aduana respectiva en el momento en que los vehículos queden a su disposición en la aduana, recinto fiscal o fiscalizado o en el caso de importación temporal al convertirse en definitiva. Por el segundo y siguientes años de calendario se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior.
(Reformado, D.O. 30 de diciembre de 1996)
"Las personas físicas o morales cuya actividad sea la enajenación de vehículos nuevos o importados al público, que asignen dichos vehículos a su servicio o al de sus funcionarios o empleados, deberán pagar el impuesto a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se asignen.
(Reformado, D.O. 15 de diciembre de 1995)
"En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de aplicación de la ley, se pagará el impuesto correspondiente al año de calendario en que se enajene.
"Para los efectos de esta ley, también se consideran automóviles, a los ómnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda.
(Reformado, D.O. 15 de diciembre de 1995)
"En caso de que no puedan comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el impuesto a que se refiere esta ley, se pagará como si éste fuese nuevo.
(Adicionado, D.O. 15 de diciembre de 1995)
"Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del primer trimestre del año de calendario, el impuesto causado por dicho año se pagará en las siguientes proporciones:
(Adicionada, D.O. 15 de diciembre de 1995)
"I. El 75%, si la enajenación o importación se efectúa dentro del segundo trimestre del año.
(Adicionada, D.O. 15 de diciembre de 1995)
"II. El 50%, si la enajenación o importación se efectúa dentro del tercer trimestre del año.
(Adicionada, D.O. 15 de diciembre de 1995)
"III. El 25%, si la enajenación o importación se efectúa dentro del cuarto trimestre del año."
De la lectura de la anterior transcripción, se pone de relieve que el objeto del impuesto, en su forma más genérica, lo constituye el acto de tenencia o posesión de un vehículo, o bien, su uso.
Sin embargo, el legislador fue impreciso en definir con exactitud el hecho imponible del impuesto, pues en realidad este elemento tributario se conforma de la posesión o uso del vehículo, en unión al precio de éste, pues sólo considerando su precio o valor real, se puede palpar la capacidad económica de quien lo posee.
Para demostrar lo anterior es necesario analizar la voluntad del legislador a propósito de lo que grava este impuesto.
Para ello, basta dar lectura a la exposición de motivos de la ley que se comenta, la cual fue creada en el año de mil novecientos ochenta, a continuación se transcribe dicha exposición en la parte conducente:
"Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta. Fecha de promulgación diecinueve de diciembre de mil novecientos ochenta. Número de Diario Oficial: 40. Proceso Legislativo: Cámara de Origen: Diputados. Exposición de motivos. ... En el año de 1977 fue propuesta a esa soberanía una iniciativa de Ley del Registro Federal de Vehículos, en cuyo artículo 7o., se obliga a registrar a las aeronaves y embarcaciones; acorde con esto, en esta ocasión se presenta una iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que gravará, además de los automóviles, la tenencia o el uso de otros vehículos en razón a que manifiesta una mayor capacidad económica, como es el caso de motocicletas terrestres y acuáticas, veleros, embarcaciones, esquíes acuáticos motorizados, tablas de oleaje con motor y aeronaves, incluyendo helicópteros, considerando que estos bienes no siempre se fabrican en el país, tienen carácter suntuario y generalmente son adquiridos por personas de alto nivel económico."
Con base en lo anterior, ahora es claro que el objeto del impuesto se constituye por la tenencia o uso de vehículos en unión al valor de éstos.
Incluso en los agravios, y principalmente en el segundo, la parte recurrente acepta y confiesa que lo que grava el impuesto es el valor real de los vehículos.
Por tanto, siguiendo la lógica que se deduce de la naturaleza del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y sobre la premisa de que lo que grava esta contribución es la tenencia o uso de vehículos en unión a su valor, es claro que la base de esta contribución debe calcularse de acuerdo al valor real de los vehículos que son usados o poseídos por los causantes.
Ahora bien, el legislador, al regular lo que es la base del impuesto en análisis, se enfrenta a una problemática pues, como se alega en los agravios, resulta sumamente difícil que en una ley (cuya característica es la generalidad, la impersonalidad y la abstracción) se prevean todos los valores de todos los vehículos que poseen los causantes en México.
La problemática radica en que el valor de un vehículo es un accidente fáctico o de la realidad, pues la valía de esta clase de bienes muebles, es un aspecto casuístico y subjetivo que va cambiando en cada caso concreto, y de un contribuyente a otro.
Ante esa eventualidad, y en una correcta técnica legislativa, es permisible el empleo de parámetros generalizados con el objeto de que, a priori, se establezca una hipótesis normativa inmediatamente aplicable, a través de la figura jurídica de la presunción legal, tal como se hizo por el legislador en el artículo impugnado.
Esto es, ante la imposibilidad de que el legislador establezca una ley para todos los casos concretos, es válido que se recurra al empleo de las presunciones legales.
Trasladado esto al caso que se analiza y ante la imposibilidad de fijar en la ley una base del impuesto que sea aplicable a todos los casos concretos, entonces es válido para el legislador establecer en la ley un mecanismo abstracto para fijar, en una primera instancia de aplicación inmediata, una forma para determinar el valor del vehículo cuyo uso o tenencia será gravada por la ley; y el resultado de la aplicación de ese mecanismo del que se habla será, de acuerdo a la ley, el precio del vehículo que debe ser gravado.
En otro orden de ideas, el resultado que se determine por la aplicación del mecanismo general establecido por el legislador será "la presunción legal del precio del vehículo".
Pero las presunciones legales, lo único que logran es exonerar a la parte interesada y beneficiada con la presunción de la obligación de probar, con medios de convicción, un hecho determinado; en otras palabras, la presunción no es una prueba, sino una exención o dispensa de la prueba, debido a que la demostración del hecho es innecesaria.
Ahora bien, las presunciones legales pueden admitir o no pruebas en contrario, de tal suerte que hay presunciones que doctrinalmente se conocen como iuris et de iure y iuris tantum, donde las primeras no admiten prueba alguna en contrario, y las segundas sí.
Para establecer cuándo se está en presencia de una presunción que no admite prueba en contrario, basta leer el texto de la ley.
Esto es, la regla general es que exista prueba en contrario, la excepción es que no se permita; esta conclusión parte del principio general de derecho que dice que "lo que no está prohibido, está permitido".
Además, el legislador no debe establecer presunciones legales irrefutables en forma caprichosa, sino que debe ponderarse cada caso, cuando es correcto y jurídico establecerlas, y cuando no, adecuándose en todo momento a la realidad.
Para eso, hay que atender a la naturaleza del hecho o acto jurídico que pretende ser demostrado y a los factores de pertinencia, conducencia, relevancia o posibilidad que lo rodean.
Si la naturaleza del objeto de prueba permite la presunción irrebatible, el legislador actúa correctamente al establecerla en la ley, pero si el objeto a probar es casuístico y está fundado en situaciones reales que provocan que la prueba en contrario sea conducente, pertinente, relevante y posible, entonces no debe establecerse en la ley una presunción inatacable; y en estos casos, la ley debe prever el derecho de probar contra la prueba virtual de presunciones.
Al trasladar esto al caso concreto no encontramos que, si el objeto de prueba para determinar la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos está sentado sobre el "valor real" de esta clase de bienes, entonces debe darse oportunidad a los causantes de demostrar en todo caso, cuál es el valor real del vehículo que poseen o usan, máxime que el legislador no estableció la prohibición de prueba en forma expresa.
De todo lo anterior se obtiene que, ante la imposibilidad de que el legislador prevea una forma de cálculo del valor real de los vehículos aplicable a todos los casos, es correcto que la ley establezca una forma generalizada para el cálculo de dicho aspecto, cuyo resultado, constituye jurídicamente una presunción legal.
Pero como la naturaleza del hecho a probar está fundada en situaciones casuísticas, subjetivas y reales, pues el precio de varios vehículos de un mismo modelo, puede ser diferente de uno a otro dados los diferentes aspectos fácticos que impactan su valor real, entonces debe establecerse en la ley un mecanismo de defensa para el particular que permita destruir la presunción legal derivada de la aplicación abstracta, general e impersonal de la ley, máxime, que el precio de un vehículo debe ser ponderado en forma precisa, particular y personal, para que de ese modo pueda establecerse una base del impuesto acorde al objeto o hecho imponible, y para que se pueda cumplir con las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, esto último requiere mayor detalle.
La garantía de proporcionalidad tributaria deducida del artículo 31, fracción IV, constitucional, significa que las contribuciones deben estar en proporción con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, es decir, quien tiene una mayor capacidad económica, puede y debe contribuir en mayor medida que aquellas personas que tienen menor solvencia económica; y la garantía de equidad tributaria consiste en que los causantes reciban un trato igual en la medida que se encuentran en la misma situación que se prevé en la ley, lo que se traduce en que las leyes tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales.
Para ilustrar esta aseveración, es conveniente citar el criterio que sustenta el Tribunal Pleno en la jurisprudencia 170 que puede consultarse en la página 171 del Tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que contiene los fallos pronunciados de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, y que enseguida se transcribe:
"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."
Trasladado esto al análisis del objeto y la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se obtiene que en la medida que un causante tenga un vehículo de mayor valor que otro (objeto del impuesto), el precio de dicho vehículo impactará a la base que se funda precisamente en la valía del bien inmueble; y como consecuencia pagará una tarifa mayor, la que será derivada de la aplicación de la tasa que prevé la ley a la base del impuesto, es decir, pagará más quien tenga o use un vehículo más caro.
Así opera la proporcionalidad tributaria en el impuesto en análisis.
Por otro lado, como consecuencia de los factores que impactan el valor de los vehículos, no pueden estar en la misma situación todos los contribuyentes que posean el mismo modelo de vehículos, pues el precio de éstos puede variar; entonces sólo considerando la valía de dichos bienes se puede acatar la observancia de la garantía de equidad tributaria.
De los dos aspectos últimamente reseñados es claro que sólo considerando el valor real de cada vehículo, se pueden observar las garantías a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional.
Ahora bien, sentado todo lo anterior, a continuación se procede a analizar el contenido del artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos reclamado:
"Artículo 15-B. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de ajuste. Dicho factor será el que resulte de multiplicar el factor de actualización por el factor que le corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo a la siguiente
"Tabla
"Años de antigüedad Factor
"1 0.900
"2 0.889
"3 0.875
"4 0.857
"5 0.833
"6 0.800
"7 0.750
"8 0.667
"9 0.500
(Reformado, D.O. 30 de diciembre de 1996)
"El factor de actualización a que se refiere este artículo, será el correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de ajuste en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de enero de cada año. ..."
De la lectura de la anterior transcripción, se obtiene que para calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se debe tomar en cuenta, en primer lugar, el monto del impuesto enterado en el ejercicio inmediato anterior.
Una vez que se hace lo anterior, el legislador establece un mecanismo para actualizar esa cantidad a la fecha de pago, tomando en consideración la antigüedad del vehículo, y el resultado de esa actualiz
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17034-169ae039/tenencia-o-uso-de-vehiculos-impuesto-sobre-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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