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Modo: Corpus Pro

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PRONUNCIE EN LOS PROCEDIMIENTOS EN QUE SE APLIQUEN SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, CON EXCEPCIÓN DE SUS TITULARES, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1218/98. · Registro digital (IUS): 5337
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ARTURO VILLEGAS MÁRQUEZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Diciembre de 1998, , Pág. 515.

AMPARO EN REVISIÓN 1218/98. ARTURO VILLEGAS MÁRQUEZ.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver si ejerce o no la facultad de atracción respecto del recurso de revisión deducido en el cuaderno auxiliar de amparo número A-75/98 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Arturo Villegas Márquez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Previo al análisis de la cuestión central que constituye el tema materia del presente recurso de revisión es oportuno dejar precisado que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, constitucional, 84, fracción III y 182 de la Ley de Amparo, son dos las vías por las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede ejercer la facultad de atracción; una es de oficio, y la otra, a petición fundada del Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del asunto, o del procurador general de la República, excluyendo de manera deliberada a las partes que señala el artículo 5o. de la ley normativa del juicio de garantías.

En este contexto, si bien en el caso, quien solicita que este Alto Tribunal, ejerza la facultad de atracción, lo es la parte quejosa, Arturo Villegas Márquez, lo que necesariamente lleva a estimar improcedente su petición por carecer de legitimidad, lo cierto es que ello no impide que el Ministro ponente haga suya tal petición y ahora proponga que este Tribunal Pleno, ejerza dicha facultad de atracción, pues precisamente la solicitud del ponente constituye uno de los medios idóneos, para que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estén en posibilidad de determinar si se trata de un asunto de elevada entidad, que amerite su ejercicio desde luego, finalmente, corresponderá decidir a este órgano colegiado.

El segundo párrafo del artículo 94 constitucional, dispone que "la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o en Salas ...".

Por su parte, el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece que "el Pleno se compondrá de once Ministros, pero bastará la presencia de siete Ministros para que pueda funcionar ...".

De lo anterior, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno pueda ejercer las facultades que la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, le confieren, necesariamente requiere de un número mínimo de miembros, quienes son los que hacen posible, con su participación activa, que jurídica y materialmente la Suprema Corte actúe, pues sin su iniciativa e intervención decidida, aquélla se mantendría paralizada, sería incapaz de cumplir con las elevadas funciones que la Constitución y las leyes aludidas le tienen encomendadas, de aquí la importancia de la participación de sus integrantes, sobre quienes recae la responsabilidad de emprender todas aquellas iniciativas que conduzcan al puntual y un mejor desempeño de las facultades que la ley le otorga a este tribunal.

Consecuentemente de los preceptos transcritos se infiere que para que la Suprema Corte como órgano colegiado como es, ya sea funcionando en Pleno o en Salas pueda oficiosamente ejercer dicha facultad requiere que previamente, al menos uno de sus miembros formule la petición correspondiente de otra manera, sin su iniciativa, el ejercicio oficioso de la facultad de atracción de referencia jamás podría operar en la práctica, ni tendría razón de ser su existencia normativa, motivo por el cual lo dispuesto al respecto en la Constitución, Ley de Amparo y Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sería letra muerta, hecho que resulta inadmisible porque si en éstas se previó la hipótesis del ejercicio oficioso de la citada facultad, es porque puede y debe operar en los amparos directos y en los amparos en revisión cuyas características especiales así lo ameriten, y sólo a través de la participación activa de uno o varios de sus miembros, al solicitar que se ejerza esa facultad, la Suprema Corte puede estar en condiciones de decidir si lo hace o no.

TERCERO. Antes de analizar las razones que justifican la petición que ahora formula el Ministro ponente en este asunto de que se ejerza la facultad de atracción y que somete a consideración de este Tribunal Pleno, conviene determinar si se está en el caso de ejercerla respecto del recurso de revisión que se interpone en contra del auto de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho, por el que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, desechó la demanda promovida por el ahora recurrente Arturo Villegas Márquez, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal y otras autoridades.

Previo a exponer las razones que justifican la procedencia de la facultad de atracción, deben puntualizarse, de manera breve, cuáles son los antecedentes de tal facultad; la misma surge, por una parte, como una atenuación a las medidas adoptadas para abatir y superar el gravísimo problema del rezago, impidiendo que ingrese a la Suprema Corte un número de asuntos superior al que puede desahogar en los términos que actualmente precisa el artículo 17 de la Constitución, a saber, de manera pronta, completa e imparcial, así como para lograr el mejoramiento del sistema de impartición de justicia, mediante la restricción del conocimiento de este Alto Tribunal, de asuntos en los que no fueran planteadas cuestiones estrictamente de constitucionalidad, tratando con ello de permitir a la Corte dedicar mayor tiempo a la atención de los asuntos jurisdiccionales de su competencia que naturalmente le corresponden. Por otra parte, obedece a que los asuntos que reúnan características de importancia excepcional, lo que sólo podrá determinarse por la propia Suprema Corte, en cada caso. La actual facultad de atracción tiene antecedentes diversos que en algunos casos radicaron, como hoy, en la posibilidad de conocer o de dejar de conocer de asuntos de los que, concurrentemente, podían conocer los Tribunales Colegiados de Circuito o, incluso, como ocurrió con la revisión fiscal en contra de sentencias de tribunales administrativos, de considerar improcedente el recurso cuando no reunía los requisitos rigurosos que señalaba la ley.

Esos sistemas permitieron que la Suprema Corte, al ir aplicando las disposiciones genéricas relativas, fuera sustentando criterios que en la actualidad resultan ilustrativos para fijar el alcance y las características de la facultad de atracción, dadas las semejanzas que tiene con aquellos mecanismos. Conviene destacar, igualmente, que tanto el Poder Reformador de la Constitución como el legislador ordinario, han preferido recurrir a esos sistemas que adoptar la fórmula más sencilla pero de más graves consecuencias, a saber, limitar el acceso al juicio de amparo, lo que, obviamente, supone condiciones difíciles de lograr y que, por lo pronto, conforme al criterio adoptado por esos recursos legislativos, no se han llegado a alcanzar.

Así, la tendencia del Constituyente Permanente y los cuerpos legislativos a través de las diversas reformas constitucionales y legales ha sido la de ampliar cada vez más la facultad inicialmente llamada discrecional, hasta llegar a la actual facultad denominada de atracción.

En efecto, mediante las diversas reformas constitucionales y legales se ha pretendido establecer una serie de directrices lo suficientemente genéricas para que sea la propia Suprema Corte la que discrecionalmente pondere si determinados amparos directos o amparos en revisión que, debido precisamente a la restricción de su ámbito competencial, en principio podrían escapar de su conocimiento, por su interés y trascendencia se apartan de los demás asuntos de su género haciendo patente la conveniencia de que, mediante el ejercicio de la facultad conferida, asuma su conocimiento, objetivo encomiable que se ha perseguido desde las reformas practicadas en el año de mil novecientos sesenta y ocho, hasta llegar a las vigentes.

Idénticas consideraciones a las expuestas en este considerando se externaron en la ejecutoria de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis emitida por este Tribunal Pleno, al resolver el expediente varios 631/96, relativo a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción planteada por Manuel Camacho Solís.

CUARTO. Precisados los antecedentes de la facultad de atracción, procede exponer los motivos que justifican su ejercicio en el presente asunto promovido por Arturo Villegas Márquez, en atención al particular tipo de amparo en revisión de que se trata, originado por el desechamiento de la demanda de garantías, resulta necesario destacar que el penúltimo párrafo de la fracción VIII del artículo 107 constitucional, la fracción III del artículo 84 de la Ley de Amparo y, el artículo 10 fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deben interpretarse armónicamente, tomando en cuenta las consideraciones hasta aquí expuestas.

En el primero de tales preceptos, se dispone lo siguiente:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: ... VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o por el jefe del Distrito Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad; b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta Constitución. La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos en revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los Tribunales Colegiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno."

El segundo de los preceptos indicados, señala:

"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: ... III. Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por sus características especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del procurador general de la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 182 de esta ley. Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo cuyo conocimiento por ella hubiere propuesto el Tribunal Colegiado de Circuito o el procurador general de la República, no reviste características especiales para que se aboque a conocerlo, resolverá que sea el correspondiente Tribunal Colegiado el que lo conozca."

El último de los preceptos mencionados consigna:

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: ... II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos: ... b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite."

Como se advierte, tanto el primer párrafo de la fracción VIII del artículo 107 constitucional como el primero de la fracción II del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se refieren al recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en amparo por los Jueces de Distrito, y no obstante de que sus respectivos incisos a) y b) se relacionan con el mismo tema, la facultad de atracción otorgada a la Suprema Corte debe entenderse referida a "los amparos en revisión", en general, que por su interés y trascendencia así lo ameriten, no sólo a aquellos que se originen contra sentencias dictadas en amparo por los Jueces de Distrito, habida cuenta que tanto en las iniciativas como en los dictámenes de los proyectos de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley de Amparo, que han quedado mencionados, invariablemente se habló "de los amparos en revisión", y en ningún momento se restringió, exclusivamente, a los amparos en revisión interpuestos contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, por lo que debe inferirse que también se encuentra referida a los recursos de revisión motivados por el auto desechatorio de una demanda de garantías; toda vez que de lo expresado en las iniciativas y dictámenes mencionados, para justificar las reformas aludidas, se desprende que la facultad de atracción debe ejercerse siempre que se trate de asuntos de "interés", "importancia", de "especial entidad", de "particular trascendencia para la vida jurídica de la nación", entre otras expresiones utilizadas, lo que constituye el espíritu de las reformas apuntadas, que va más allá de un simple matiz técnico, que lleve a distinguir entre amparos en revisión contra sentencias definitivas dictadas por los Jueces de Distrito, y amparos en revisión contra las resoluciones que desechan la demanda de garantías, porque es lógico que esas características especiales, a las que se refiere el texto reformado del artículo 107 constitucional, no dependen de la naturaleza procesal de la resolución recurrida, esto es, si se trata de una sentencia o de un auto, sino de la naturaleza misma de la materia del amparo en cuestión. Tampoco puede hacerse esa determinación por las causas que lo conduzcan a la instancia de revisión, sino por la importancia intrínseca del asunto, lo cual debe ser el factor determinante para, en su caso, ejercer la facultad de atracción solicitada.

Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que la adición que se practicó al artículo 84 de la Ley de Amparo, que dio origen a su texto actual, no fue en su fracción I, relativa a los amparos en revisión contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, sino que se creó una nueva fracción, la III, desligada de las dos que la preceden, relativa a la facultad de atracción de la Suprema Corte en amparos en revisión, entendidos éstos como género y no como una especie determinada, con el único requisito de que se distingan de cualquier otro asunto de su tipo, exclusivamente por sus características de interés y trascendencia nada más. Debe interpretarse que el legislador ordinario, de acuerdo con todo el proceso legislativo, lo que buscó fue ajustarse a lo dispuesto en el texto constitucional y no entrar en contradicción con el mismo.

Precisado lo anterior, debe concluirse que compete a la Suprema Corte funcionando en Pleno, conocer de los amparos en revisión, lato sensu, como lo es el originado con motivo del desechamiento de la demanda de garantías efectuado por un Juez de Distrito, cuando por su interés y trascendencia así lo amerite.

Similares consideraciones a las expuestas en este considerando se externaron en la ejecutoria antes citada, de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, emitida por este Tribunal Pleno, al resolver el expediente varios 631/96, relativo a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción solicitada por Manuel Camacho Solís.

Es aplicable a lo antes considerado, la tesis P. CL/96, publicada en la página 109, Tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es como sigue:

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO PROCEDE RESPECTO DE RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE AUTOS POR LOS QUE SE DESECHA UNA DEMANDA. El examen de los antecedentes legislativos de la facultad de atracción conferida a la Suprema Corte de Justicia, revela que con relación a los amparos en revisión fue abierta a la generalidad de éstos, sin restricción alguna, por lo que deben considerarse comprendidos dentro de esa gama a los recursos de revisión interpuestos en contra de autos en los que se desecha una demanda de garantías, con el único requisito de que se distingan de cualquier otro asunto de su tipo por sus características de interés y trascendencia."

QUINTO. Una vez que ha quedado demostrado que en un amparo en revisión originado por el desechamiento de la demanda de garantías, es constitucional y legalmente posible que este Alto Tribunal ejerza la facultad de atracción, que le confieren la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo procedente es analizar cuáles son las características especiales que reviste el amparo en revisión en cuestión, que justifican que esta Suprema Corte, funcionando en Pleno, decida hacer uso de dicha facultad.

En primer lugar, es necesario aclarar que para poder fundar y motivar la decisión apuntada, resulta imprescindible tomar en cuenta los actos reclamados, sus antecedentes y las garantías individuales que se señalan como violadas a fin de poder contar con los elementos que se requieren, para estar en condiciones de determinar el porqué de su interés y trascendencia, en virtud de que sólo procediendo así es posible alcanzar dicha finalidad, por su íntima vinculación con la naturaleza misma del amparo interpuesto, sin que ello implique, desde luego, prejuzgar sobre el fondo del negocio, sino únicamente desentrañar su relevancia intrínseca, que genera la actualización de la hipótesis normativa que da lugar al ejercicio de la facultad de atracción.

Las anteriores consideraciones quedaron plasmadas en la tesis P. CLI/96, visible en la página 6, Tomo IV, diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es el siguiente:

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad."

Aunado a lo expuesto, se estima pertinente indicar que a fin de determinar con toda exactitud si el asunto reviste importancia y trascendencia, debe considerarse lo realmente planteado por las partes, sin sujetarse para ello a reglas o formulismos estrictos o inflexibles, pues de lo contrario el ejercicio de la facultad de atracción quedaría sujeto a interpretaciones letrísticas y rigurosas, lo cual propiciaría un menoscabo en dicha facultad.

Ahora bien, entre los rasgos sobresalientes que distinguen y, por ello, hacen especial el amparo cuyas características se analizan, tenemos por un lado que en la demanda de garantías desechada, el quejoso Arturo Villegas Márquez, señaló como actos reclamados, la promulgación y publicación del reformado artículo 100 constitucional y 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura Federal dentro de la queja administrativa número 144/97, en la que se impuso como sanción al promovente del amparo la destitución del cargo que desempeñaba como secretario de Tribunal Colegiado.

Pues bien, la problemática planteada tanto en la demanda de garantías como en los agravios, por sí sola distingue y hace especial el amparo cuyas características se analizan, haciendo necesaria la intervención de este cuerpo colegiado para decidir si el juicio de amparo es procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 103, fracción I de la Constitución Federal, para reclamar la inconstitucionalidad de un precepto de la propia Carta Magna.

Así, el rasgo distintivo en este aspecto, consiste en que el problema planteado, trasciende a la determinación de si dentro del sistema jurisdiccional de control constitucional establecido en el artículo 103, es posible el cuestionamiento de algún precepto de la Constitución Federal, o si por el contrario, queda eximido de ser impugnado, en virtud de que el juicio de amparo fue creado exclusivamente para vigilar la constitucionalidad de los ordenamientos legales secundarios y no los contenidos en la propia Ley Fundamental.

Este aspecto es crucial, porque incide en la esencia misma del sistema de control constitucional, que a partir del primero de mayo de mil novecientos diecisiete, fecha en la que entró en vigor la Constitución General de la República, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo de su artículo 1o. transitorio, se consagra en su artículo 103, precepto que a lo largo de su vigencia ha permanecido prácticamente inalterado, de no ser por las recientes reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, las cuales tuvieron por objeto solamente el adicionar en su fracciones I y II, respecto de las leyes o actos que vulneren, restrinjan o invadan la esfera de competencia, al Distrito Federal, cuyo texto vigente es el siguiente:

"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."

Luego, en el recurso de revisión que se propone atraer, deberá analizarse el origen y los alcances del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para esclarecer si es posible impugnar en amparo un precepto de la Constitución Federal de la República; problemática singular, de particular interés y trascendencia para la vida jurídica de la nación, por cuanto toca una cuestión medular para el orden constitucional del país, de evidentes repercusiones; lo cual exige la intervención de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución.

El diverso acto reclamado consistente en la resolución del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la que se destituyó al peticionario de garantías del cargo de secretario de tribunal que venía desempeñando, no es de menor trascendencia e importancia que el antes señalado, cuenta habida que de resultar fundado lo argüido, en primer lugar, se abrirían las posibilidades de todos aquellos funcionarios de dicho poder, con excepción de los de la Suprema Corte, para combatir los actos del Consejo que afecten sus relaciones con dicho Poder Judicial Federal y para impugnar fallos en los que se impongan determinado tipo de sanciones y, en segundo lugar, se definirían las atribuciones del Consejo, lo cual desde luego, trasciende hacia el futuro, pues las subsecuentes resoluciones referentes a quejas administrativas contra secretarios, y por similitud jurídica, actuarios y demás personal de apoyo, tendrán que ajustarse a lo que al respecto se resuelva en cuanto a la procedencia y, en su caso, respecto del fondo de este asunto.

Así las cosas, es incuestionable que la revisión planteada por el recurrente reviste características de importancia en virtud de que se trata de un asunto que se aparta de la generalidad porque su materia versa sobre la inconstitucionalidad de un precepto de la propia Ley Fundamental del país; y además, es trascendente también, en virtud de que versa sobre la inimpugnabilidad de las resoluciones del Consejo y de su ámbito competencial.

De ahí que se estima que debe ejercerse, como en efecto se ejerce la facultad de atracción prevista en los artículos 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 84 fracción III, de la Ley de Amparo, haciendo suyas este Alto Tribunal las tesis de jurisprudencia sustentadas por la Tercera Sala de este órgano colegiado, publicadas con los números 43/91, 44/91, 45/91 y 46/91, en las páginas 34 a 37, del número 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno, cuyos textos, respectivamente, son los siguientes:

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL. El ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, previsto en el artículo 107 de la Constitución, fracciones V, último párrafo, para los amparos directos, y VIII, para los amparos en revisión, procede cuando el propio órgano jurisdiccional estime que un asunto reviste características especiales que así lo ameriten, debiéndose entender que esa consideración es de carácter discrecional, toda vez que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen regla alguna sobre el particular."

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. AL DECIDIR DISCRECIONALMENTE SOBRE SU EJERCICIO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO DEBE HACERLO EN FORMA ARBITRARIA O CAPRICHOSA. Al aplicar analógicamente la tesis de jurisprudencia publicada con el número 372 (página 628) de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que lleva por rubro ‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.’, y que se refiere a las autoridades administrativas, debe establecerse que la Suprema Corte de Justicia al decidir discrecionalmente si ejerce la facultad de atracción, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución, en sus fracciones V, último párrafo y VIII, debe hacerlo no arbitrariamente o caprichosamente, sino invocando, sin alterar, las circunstancias que concretamente se refieran al caso de que se trate y sin apoyar la resolución en hechos inexactos, sino en razonamientos que estén de acuerdo con la lógica."

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO DEBE HACERSE RESTRICTIVAMENTE. La facultad de atracción que respecto de los asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito tiene la Suprema Corte de Justicia, en los términos de las fracciones V, último párrafo, y VIII, del artículo 107 de la Constitución, se debe ejercer restrictivamente, al hacer el análisis acerca de si se satisface el requisito de que se trate de un asunto que revista especiales características, lo que se infiere del nuevo sistema de competencias del Poder Judicial de la Federación, que ha sido establecido con el propósito fundamental de que la Suprema Corte de Justicia se consagre a la función de supremo intérprete de la Constitución, y los Tribunales Colegiados de Circuito al control de la legalidad, debiéndose limitar, por consiguiente, el ejercicio de la facultad de atracción a aquellos casos en los que notoriamente se justifique."

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SÓLO DEBE EJERCERSE CUANDO SE FUNDE EN RAZONES QUE NO PODRÍAN DARSE EN LA MAYORÍA NI EN LA TOTALIDAD DE LOS ASUNTOS. Para determinar si un asunto de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene características especiales que justifiquen el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, debe apreciarse si se trata de un asunto excepcional, lo que se advertirá cuando los argumentos relativos no puedan convenir a la mayoría ni a la totalidad de asuntos, debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia."

Una vez resuelta la procedencia del ejercicio de la facultad de atracción del recurso a que este toca se refiere, procede examinar los agravios formulados contra el auto de desechamiento.

SEXTO. La parte quejosa hace valer los agravios que a continuación se transcriben:

"Agravios: Causa agravio al promovente, la determinación de la Juez de Distrito, en el sentido de desechar la demanda interpuesta, en virtud de que la aludida determinación, la sustenta en primer término, en que en relación con el acto reclamado en mi solicitud de protección, consistente en la promulgación y publicación del artículo 100 constitucional ‘advierte que se actualiza la causal de la improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1o. fracción I, y 103 fracción I, constitucionales, en razón de las siguientes consideraciones: en el caso a estudio, cabe señalar que no afecta las garantías individuales del quejoso, ya que el juicio de amparo es el medio de defensa más eficaz para atacar las leyes o actos que sean contrarios a la Constitución y que a la vez transgredan las garantías individuales en perjuicio de un gobernado. Por ello no es posible que el medio de defensa se extienda al g

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5337-b93b6ee9/consejo-de-la-judicatura-federal-contra-las-resoluciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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