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Modo: Corpus Pro

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PRONUNCIE EN LOS PROCEDIMIENTOS EN QUE SE APLIQUEN SANCIONES ADMINISTRATIVAS A LOS TITULARES DE TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1280/99. · Registro digital (IUS): 6652
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FRANCISCO SALVADOR PÉREZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 2000, , Pág. 187.

AMPARO EN REVISIÓN 1280/99. FRANCISCO SALVADOR PÉREZ.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.

SECRETARIA: MARTHA YOLANDA GARCÍA VERDUZCO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Asimismo, antes de entrar al estudio de fondo del presente asunto, es oportuno dejar precisado que el artículo 83, fracción I, de la Ley de Amparo establece:

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión: I. Contra las resoluciones de los Jueces de Distrito o del superior del tribunal responsable, en su caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo."

Asimismo, el artículo 85, fracción I, de la ley de la materia señala:

"Artículo 85. Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: I. Contra los autos y resoluciones que pronuncien los Jueces de Distrito o el superior del tribunal responsable, en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83."

Sin embargo el artículo 84, fracción III, de la Ley de Amparo literalmente dice:

"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: III. Cuando la Suprema Corte estime que un amparo en revisión, por sus características especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo al efecto de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del procurador general de la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 182 de esta ley. Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo cuyo conocimiento por ella hubiere propuesto el Tribunal Colegiado de Circuito o el procurador general de la República, no reviste características especiales para que se avoque a conocerlo, resolverá que sea el correspondiente Tribunal Colegiado el que lo conozca."

Por su parte el párrafo inicial del artículo 182 de la Ley de Amparo textualmente señala:

"Artículo 182. La Suprema Corte de Justicia podrá ejercitar la facultad de atracción contenida en el párrafo final de la fracción V del artículo 107 constitucional, para conocer de un amparo directo que originalmente correspondería resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad al siguiente procedimiento."

Además, el párrafo final de la fracción VIII el artículo 107 constitucional, establece:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: VIII. ... La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del procurador general de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así lo ameriten. ..."

Asimismo el artículo 10, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala:

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno: II. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, en los siguientes casos: b) Cuando se ejercite la facultad de atracción contenida en el segundo párrafo del inciso b) de la fracción VIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conocer de un amparo en revisión que por su interés y trascendencia así lo amerite."

De los preceptos transcritos se desprende que por regla general, contra las resoluciones de los Jueces de Distrito que desechen una demanda de amparo, como en el caso específico, procede el recurso de revisión y corresponde su conocimiento al Tribunal Colegiado de Circuito; sin embargo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que dicho recurso de revisión debe ser resuelto por ella, por sus características especiales, ejercerá las facultades de atracción.

TERCERO. Antes de indicar las razones que justifican la procedencia de la facultad de atracción, deben puntualizarse, de manera breve, cuáles son los antecedentes de tal facultad; surge, por una parte, como una atenuación a las medidas adoptadas para abatir y superar el gravísimo problema del rezago, impidiendo que ingrese a la Suprema Corte un número de asuntos superior al que puede desahogar en los términos que actualmente precisa el artículo 17 de la Constitución, a saber, de manera pronta, completa e imparcial, así como para lograr el mejoramiento del sistema de impartición de justicia, mediante la restricción del conocimiento de este Alto Tribunal, de asuntos en los que no fueran planteadas cuestiones estrictamente de constitucionalidad, tratando con ello de permitir a la Corte dedicar mayor tiempo a la atención de los asuntos jurisdiccionales de su competencia que naturalmente le corresponden.

Por otra parte, obedece a que los asuntos que reúnan características de importancia excepcional, lo que sólo podrá determinarse por la propia Suprema Corte, en cada caso, puedan ser conocidos por ella. La actual facultad de atracción tiene antecedentes diversos que, en algunos casos radicaron, como hoy, en la posibilidad de conocer o de dejar de conocer de asuntos de los que, concurrentemente, podían conocer los Tribunales Colegiados de Circuito o, incluso, como ocurrió con la revisión fiscal en contra de sentencias de tribunales administrativos, de considerar improcedente el recurso cuando no reunía los requisitos rigurosos que señalaba la ley.

Esos sistemas permitieron que la Suprema Corte, al ir aplicando las disposiciones genéricas relativas, fuera sustentando criterios que, en la actualidad, resultan ilustrativos para fijar el alcance y las características de la facultad de atracción, dadas las semejanzas que tiene con aquellos mecanismos. Conviene destacar, igualmente, que tanto el Poder Reformador de la Constitución como el legislador ordinario, han preferido recurrir a esos sistemas que adoptar la fórmula más sencilla, pero de más graves consecuencias, a saber, limitar el acceso al juicio de amparo, lo que, obviamente, supone condiciones difíciles de lograr y que, por lo pronto, conforme al criterio adoptado por esos recursos legislativos, no se han llegado a alcanzar.

Así, la tendencia del Constituyente Permanente y los cuerpos legislativos, a través de las diversas reformas constitucionales y legales, ha sido la de ampliar cada vez más la facultad inicialmente llamada discrecional, hasta llegar a la actual facultad denominada de atracción.

En efecto, mediante las diversas reformas constitucionales y legales se ha pretendido establecer una serie de directrices lo suficientemente genéricas, para que sea la propia Suprema Corte la que discrecionalmente pondere si determinados amparos directos o amparos en revisión que, debido precisamente a la restricción de su ámbito competencial, en principio podrían escapar de su conocimiento, por su interés y trascendencia se apartan de los demás asuntos de su género, haciendo patente la conveniencia de que, mediante el ejercicio de la facultad conferida, asuma su conocimiento, objetivo encomiable que se ha perseguido desde las reformas practicadas en el año mil novecientos sesenta y ocho, hasta llegar a las vigentes.

Idénticas consideraciones a las expuestas en este considerando, se externaron en la ejecutoria de fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, emitida por este Tribunal Pleno, al resolver el expediente varios 631/96, relativo a la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción solicitada por Manuel Camacho Solís.

CUARTO. Ahora bien, la facultad de atracción otorgada a la Suprema Corte debe entenderse referida a los amparos en revisión, en general, que por su interés y trascendencia así lo ameriten, no sólo a aquellos que se originen contra sentencias dictadas en amparo por los Jueces de Distrito, habida cuenta que tanto en las iniciativas como en los dictámenes de los proyectos de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Amparo, que han quedado mencionados, invariablemente se habló de los amparos en revisión, y en ningún momento se restringió, exclusivamente, a los amparos en revisión interpuestos contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito.

Por consiguiente, debe inferirse que también se encuentra referida a los recursos de revisión motivados por el auto desechatorio de una demanda de garantías, toda vez que de lo expresado en las iniciativas y dictámenes mencionados, para justificar las reformas aludidas, se desprende que la facultad de atracción debe ejercerse siempre que se trate de asuntos de interés, importancia, de especial entidad, de particular trascendencia para la vida jurídica de la nación, entre otras expresiones utilizadas, lo que constituye el espíritu de las reformas apuntadas, que va más allá de un simple matiz técnico, que lleve a distinguir entre amparos en revisión contra sentencias definitivas dictadas por los Jueces de Distrito y amparos en revisión contra las resoluciones que desechan la demanda de garantías, porque es lógico que esas características especiales, a las que se refiere el texto reformado del artículo 107 constitucional, no dependen de la naturaleza procesal de la resolución recurrida, esto es, si se trata de una sentencia o de un auto, sino de la naturaleza misma de la materia del amparo en cuestión. Tampoco puede hacerse esa determinación por las causas que lo conduzcan a la instancia de revisión, sino por la importancia intrínseca del asunto, lo cual debe ser el factor determinante para, en su caso, ejercer la facultad de atracción solicitada.

Lo anterior se corrobora, si tomamos en cuenta que la adición al artículo 84 de la Ley de Amparo, que dio origen a su texto actual, no fue en su fracción I, relativa a los amparos en revisión contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, sino que se creó una nueva fracción, la III, desligada de las dos que la preceden, relativa a la facultad de atracción de la Suprema Corte en amparos en revisión, entendidos éstos como género y no como una especie determinada, con el único requisito de que se distingan de cualquier otro asunto de su tipo, exclusivamente por sus características de interés y trascendencia, nada más. Debe interpretarse que el legislador ordinario, de acuerdo con todo el proceso legislativo, lo que buscó fue ajustarse a lo dispuesto en el texto constitucional y no entrar en contradicción con el mismo.

Precisado lo anterior, debe concluirse que compete a la Suprema Corte, funcionando en Pleno, conocer de los amparos en revisión, lato sensu, como lo es el originado con motivo del desechamiento de la demanda de garantías efectuado por un Juez de Distrito, cuando por su interés y trascendencia así lo amerite.

Es aplicable a este considerando la tesis siguiente:

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO PROCEDE RESPECTO DE RECURSOS DE REVISIÓN INTERPUESTOS EN CONTRA DE AUTOS POR LOS QUE SE DESECHA UNA DEMANDA. El examen de los antecedentes legislativos de la facultad de atracción conferida a la Suprema Corte de Justicia, revela que con relación a los amparos en revisión fue abierta a la generalidad de éstos, sin restricción alguna, por lo que deben considerarse comprendidos dentro de esa gama a los recursos de revisión interpuestos en contra de autos en los que se desecha una demanda de garantías, con el único requisito de que se distingan de cualquier otro asunto de su tipo por sus características de interés y trascendencia." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, diciembre de 1996. Tesis: P. CL/96. Página: 109).

QUINTO. Una vez que ha quedado demostrado que en un amparo en revisión originado por el desechamiento de la demanda de garantías, es constitucional y legalmente posible que este Alto Tribunal ejerza la facultad de atracción, que le confieren la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo procedente es analizar cuáles son las características especiales que reviste el amparo en revisión en cuestión, que justifican que esta Suprema Corte, funcionando en Pleno, decida hacer uso de dicha facultad.

En primer lugar, es necesario aclarar que para poder fundar y motivar la decisión apuntada, resulta imprescindible tomar en cuenta los actos reclamados, sus antecedentes y las garantías individuales que se señalan como violadas, a fin de poder contar con los elementos que se requieren, para estar en condiciones de determinar el porqué de su interés y trascendencia, en virtud de que sólo procediendo así es posible alcanzar dicha finalidad, por su íntima vinculación con la naturaleza misma del amparo promovido, sin que ello implique, desde luego, prejuzgar sobre el fondo del asunto, sino únicamente desentrañar su relevancia intrínseca, que genera la actualización de la hipótesis normativa que da lugar al ejercicio de la facultad de atracción.

Las anteriores consideraciones quedaron plasmadas en la tesis que a continuación se transcribe:

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, diciembre de 1996. Tesis: P. CLI/96. Página: 6).

Aunado a lo expuesto, se estima pertinente indicar que, a fin de determinar con toda exactitud si el asunto reviste importancia y trascendencia, debe considerarse lo realmente planteado por las partes, sin sujetarse para ello a reglas o formulismos estrictos o inflexibles, pues de lo contrario, el ejercicio de la facultad de atracción quedaría sujeto a interpretaciones letrísticas y rigurosas, lo cual propiciaría un menoscabo en esa facultad.

En efecto, de la lectura integral y de un profundo examen del escrito de expresión de agravios, cuya síntesis se efectuará en el siguiente considerando, se advierte que lo que realmente arguye el quejoso es que el Juez de Distrito interpretó, en forma indebida, el párrafo octavo del artículo 100 constitucional, que se aplicó en forma retroactiva el texto vigente de dicho precepto, el cual no preveía la improcedencia del juicio de amparo y que varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos eran inconstitucionales, porque violan sus garantías individuales.

Ahora bien, este Alto Tribunal oficiosamente, estima que debe ejercerse la facultad de atracción por los motivos que a continuación se exponen y que tornan manifiesto que el asunto reviste importancia y trascendencia.

Entre los rasgos sobresalientes que distinguen y, por ello, hacen especial el amparo cuyas características se analizan, tenemos que, como ya se indicó, en los agravios se adujo, en esencia, que fue errónea la aplicación efectuada por el Juez de Distrito del artículo 100 constitucional en su texto actual, ya que dicho texto al momento de la comisión del acto reclamado, no preveía una prohibición para que los Magistrados y Jueces de Distrito acudieran al juicio de amparo para combatir actos del Consejo de la Judicatura Federal diversos a la designación, adscripción, ratificación y remoción, que violen garantías individuales, puesto que la irrecurribilidad de las resoluciones de dicho consejo a que hacen referencia los preceptos citados, se refiere sólo en sede administrativa, ya que de lo contrario se deja sin posibilidad de revisión actos trascendentes de un órgano que emite resoluciones meramente administrativas lo cual, se insiste, resulta violatorio de las garantías de igualdad, seguridad jurídica y debido proceso legal, disposiciones constitucionales que en forma alguna deben ser violentadas como se pretende.

1. La revisión que se propone atraer, reviste características de importancia, por su especial entidad, al apartarse del común de los desechamientos, en virtud de que el Tribunal Pleno no tiene competencia original para conocer de los recursos de revisión contra autos desechatorios de demandas de amparo pues, en principio, esa facultad corresponde a los Tribunales Colegiados; sin embargo, dadas las reglas de distribución competencial, a dichos colegiados corresponde ocuparse de cuestiones de legalidad y, excepcionalmente de constitucionalidad, pero sólo al conocer de amparo directo, por tanto, ante un amparo en revisión, legalmente no podría pronunciarse sobre la interpretación directa de un precepto constitucional, lo cual corresponde en exclusiva a este Alto Tribunal.

Ilustra lo anterior, las tesis que enseguida se insertan, las cuales se estiman aplicables por su similitud jurídica:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE UN AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA Y EN EL ESCRITO DE AGRAVIOS SE PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UN PRECEPTO DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PUEDE, JUSTIFICADAMENTE, EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN, POR SU ESPECIAL ENTIDAD. Si bien el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia no tiene competencia original para conocer de recursos de revisión interpuestos en contra de autos desechatorios de demandas de amparo, correspondiéndole la facultad a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con el artículo 85 de la Ley de Amparo, en el caso de que se trata se plantea, en vía de agravios, la inconstitucionalidad de un precepto de dicho ordenamiento, por lo que el Tribunal Pleno puede, justificadamente, ejercer la facultad de atracción, pues de como está distribuida la competencia de los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación (artículos 94 y 107 constitucionales; 84 y 85 de la Ley de Amparo; 10, 21 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación), se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son, por regla general, tribunales de legalidad y, excepcionalmente, de constitucionalidad, al conocer de demandas de amparo directo; por ende, no podrían pronunciarse sobre la procedencia de los mencionados planteamientos de inconstitucionalidad, ni tampoco podrían examinar la constitucionalidad de un precepto de la Ley de Amparo; consiguientemente, sólo el Tribunal Pleno puede abordar ese estudio, por lo que puede, justificadamente, ejercer la facultad de atracción, dado que el planteamiento de que se trata hace que el asunto sea de especial entidad, pues ninguna otra vía existe para realizarlo." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, junio de 1997. Tesis: P. CV/97. Página: 145).

"INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO EN LA QUE HAGA DICHA INTERPRETACIÓN, SON COMPETENTES TANTO EL PLENO COMO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Los artículos 107, fracciones VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, establecen la competencia de la Suprema Corte de Justicia para conocer de los recursos de revisión en contra de sentencias en las que se haya efectuado la interpretación directa de un precepto constitucional. A su vez, los artículos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, indican que esa competencia corresponde a las Salas, tanto en amparo directo, como en amparo indirecto, pero tratándose del Tribunal Pleno se observa una disparidad porque, aparentemente, sólo es competente para pronunciarse sobre dicha materia en la resolución de revisiones en amparo directo, como señala la fracción III del citado artículo 10, pero no en la revisión de amparos indirectos, toda vez que ni la fracción II del mismo precepto, ni ninguna otra disposición, le otorgan competencia expresa. Esta interpretación letrista, que cercenaría al Pleno una de las atribuciones exegéticas más importantes, de las que le son propias, no es admisible, en virtud de que rompería el sistema de control de la constitucionalidad que, en la vía judicial, se encomienda a la Suprema Corte y, por antonomasia, al Pleno, a quien se le reserva, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales invocadas, la decisión de las cuestiones más trascendentes que pueden plantearse en amparo, tocándole conocer, así, del recurso de revisión en el juicio de amparo indirecto cuando se reclaman leyes federales, estatales o del Distrito Federal, o cuando se reclaman tratados internacionales por estimarlos directamente violatorios de algún precepto constitucional o cuando se alegan violaciones por las entidades federativas a la esfera de competencia que la Constitución reserva a la Federación, o viceversa, encomiendas mediante las cuales se reconoce al Pleno de este Alto Tribunal el carácter de máximo intérprete de la Constitución Política, que es acorde con la intención perseguida con el actual texto del comentado artículo 107 constitucional, de que a este órgano corresponda, principalmente, el control de la constitucionalidad y la tarea de fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, intención que aparece revelada en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que dio lugar a la reforma de ese artículo 107, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Las precisiones realizadas ponen de relieve que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia también tiene competencia para conocer, en definitiva, de amparos indirectos en los que tenga que determinarse la interpretación directa de un precepto constitucional, resultando así que en esta materia pueden válidamente conocer de las revisiones de amparos directos e indirectos, tanto el Pleno, como las Salas, conclusión que amplía la interpretación gramatical de los artículos 10, fracciones II y III y 21, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, diciembre de 1997. Tesis: P. CLXI/97. Página: 179).

2. La trascendencia de este asunto radica, precisamente, en:

a) Que si bien por disposición constitucional las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, son inimpugnables, salvo la excepción hecha por cuanto a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que pueden interponer el recurso de revisión administrativa en los casos previstos por el noveno párrafo del artículo 100 constitucional, pero para el resto de las sanciones impuestas por dicho consejo, esa regla sólo opera en el ámbito administrativo, mas no comprende, por tanto, al juicio de amparo.

b) Que el juicio de garantías se instituyó para enmendar todo tipo de violaciones a los derechos individuales cometidas por cualquier autoridad, pues tal derecho está consagrado por la Constitución; sostener lo contrario, equivaldría a dejar al arbitrio de un órgano netamente administrativo, en el caso, el Consejo de la Judicatura Federal que tiene la calidad de Juez y parte, la imposición de sanciones, sin que las personas sujetas al procedimiento administrativo tengan la más mínima posibilidad de inconformarse; además de quebrantarse el Estado de derecho en que vivimos. Luego, la interpretación del noveno párrafo invocado incuestionablemente que se refiere a la irrecurribilidad de las decisiones tomadas por el consejo, pero sólo en sede administrativa.

Decidir sobre los puntos anteriores, es de suma trascendencia no sólo para el Poder Judicial Federal, sino también para el Estado de derecho que debe imperar en nuestro país, toda vez que en primer lugar, se abrirían las posibilidades de todos los funcionarios de dicho poder, con excepción de los de la Suprema Corte, para combatir los actos del consejo que afecten sus prerrogativas como gobernados y como servidores públicos, así como para impugnar fallos en los que se impongan el tipo de sanción como la determinada en la especie; y, en segundo lugar, se definirá la postura del consejo respecto de las resoluciones que pronuncie que afecten los derechos de los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que no se refieran a designación, adscripción, ratificación y remoción y, por similitud jurídica, las reglas que deberán imperar hacia el futuro las que tendrán que respetar, tanto el personal como los titulares y el propio consejo, en tanto se resuelva si procede el amparo contra aquellos actos y, en su evento, cuando se dicte la resolución de fondo de este asunto.

Así las cosas, es incuestionable que la revisión planteada por el recurrente reviste características de importancia, en virtud de que se trata de un asunto que se aparta de la generalidad, porque su materia versa sobre la interpretación directa de un precepto constitucional, al desecharse una demanda de amparo, cuyo conocimiento corresponde, exclusivamente, a este Alto Tribunal y no a los Tribunales Colegiados de Circuito; además, la revisión es trascendente, en tanto versa sobre la inimpugnabilidad de las resoluciones del consejo.

De ahí se estima que debe ejercerse la facultad de atracción prevista por los artículos 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 84, fracción III, de la Ley de Amparo, haciendo suyas este Alto Tribunal las tesis de jurisprudencia sustentadas por la Tercera Sala de este órgano colegiado, publicadas con los números 43/91, 44/91, 45/91 y 46/91, en las páginas 34 a 37, del número 47 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno, cuyos textos, respectivamente, son los siguientes:

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES DISCRECIONAL. El ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, previsto en el artículo 107 de la Constitución, fracciones V, último párrafo, para los amparos directos, y VIII, para los amparos en revisión, procede cuando el propio órgano jurisdiccional estime que un asunto reviste características especiales que así lo ameriten, debiéndose entender que esa consideración es de carácter discrecional, toda vez que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo establecen regla alguna sobre el particular."

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. AL DECIDIR DISCRECIONALMENTE SOBRE SU EJERCICIO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA NO DEBE HACERLO EN FORMA ARBITRARIA O CAPRICHOSA. Al aplicar analógicamente la tesis de jurisprudencia publicada con el número 372 (página 628) de la Tercera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, que lleva por rubro ‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.’, y que se refiere a las autoridades administrativas, debe establecerse que la Suprema Corte de Justicia al decidir discrecionalmente si ejerce la facultad de atracción, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Constitución, en sus fracciones V, último párrafo y VIII, debe hacerlo no arbitraria o caprichosamente, sino invocando, sin alterar, las circunstancias que concretamente se refieran al caso de que se trate y sin apoyar la resolución en hechos inexactos, sino en razonamientos que estén de acuerdo con la lógica."

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO DEBE HACERSE RESTRICTIVAMENTE. La facultad de atracción que respecto de los asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito tiene la Suprema Corte de Justicia, en los términos de las fracciones V, último párrafo, y VIII, del artículo 107 de la Constitución, se debe ejercer restrictivamente, al hacer el análisis acerca de si se satisface el requisito de que se trate de un asunto que revista especiales características, lo que se infiere del nuevo sistema de competencias del Poder Judicial de la Federación, que ha sido establecido con el propósito fundamental de que la Suprema Corte de Justicia se consagre a la función de supremo intérprete de la Constitución, y los Tribunales Colegiados de Circuito al control de la legalidad, debiéndose limitar, por consiguiente, el ejercicio de la facultad de atracción a aquellos casos en los que notoriamente se justifique."

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SÓLO DEBE EJERCERSE CUANDO SE FUNDE EN RAZONES QUE NO PODRÍAN DARSE EN LA MAYORÍA NI EN LA TOTALIDAD DE LOS ASUNTOS. Para determinar si un asunto de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene características especiales que justifiquen el ejercicio de la facultad de atracción por parte de la Suprema Corte de Justicia, debe apreciarse si se trata de un asunto excepcional, lo que se advertirá cuando los argumentos relativos no puedan convenir a la mayoría ni a la totalidad de asuntos, debido a su importancia por su gran entidad o consecuencia."

Una vez resuelta la procedencia del ejercicio de la facultad de atracción del recurso a que este toca se refiere, procede examinar los agravios formulados contra el auto de desechamiento.

SEXTO. Los agravios hechos valer, por el recurrente, son en síntesis los siguientes:

Que el Juez de Distrito omitió analizar íntegramente su escrito de demanda, del que se desprende que reclama el procedimiento tramitado y resuelto en forma de jui

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6652-e03c899c/consejo-de-la-judicatura-federal-contra-las-resoluciones · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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