TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 15-B DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO VIOLA LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE).
AMPARO EN REVISIÓN 1490/99. ÓSCAR J. ADAME GARZA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIA: MARTHA YOLANDA GARCÍA VERDUZCO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. A continuación se procede a analizar los argumentos contenidos en los restantes agravios, mismos que con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo serán estudiados en forma conjunta.
Argumenta el recurrente en sus agravios que el Juez de Distrito no tomó en consideración los avalúos que ofreció como pruebas para acreditar el valor real de sus vehículos, no obstante que se tuvieron por desahogadas atendiendo a su naturaleza, las cuales no fueron objetadas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados, además de que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas y las idóneas para acreditar el valor actual de sus vehículos, fueron las ofrecidas, por lo que considera que la inconstitucionalidad del impuesto contenido en el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se deriva del resultado de una mayor carga tributaria para quien tiene un vehículo usado, como el del quejoso que quien tiene un vehículo considerado por la ley como nuevo, violando en su perjuicio la garantía de proporcionalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, constitucional.
Argumento que resulta esencialmente fundado, como en seguida se señala.
El artículo 15-B del ordenamiento legal citado, literalmente establece:
"Artículo 15-B. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, excepto automóviles destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de ajuste. Dicho factor será el que resulte de multiplicar el factor de actualización por el factor que le corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente
Ver tabla 1
"El factor de actualización a que se refiere este artículo, será el correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de ajuste en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres primeros días de enero de cada año. Para efectos de este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo."
Así mismo el artículo décimo tercero del decreto de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho en su fracción II, señala:
"Artículo décimo tercero. En relación con las modificaciones al artículo décimo segundo de este decreto, se estará a lo siguiente: ... II. Los contribuyentes propietarios o poseedores de vehículos adquiridos como nuevos durante 1996, para calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos correspondiente al año de 1999, ubicarán el valor del vehículo en la categoría correspondiente a la tabla contenida en el inciso a) de esta fracción. En el caso de existir un cambio en la tasa respecto de aquella con la que se cubrió el impuesto en términos del artículo 5o., fracción I de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en la fecha en que debió haberse efectuado el pago, en lugar de aplicar lo dispuesto por el artículo 15-B de la citada ley, determinarán el impuesto para 1999, de conformidad con lo siguiente:
"a) Determinarán la categoría y tasa aplicable al vehículo de que se trate, de acuerdo con el valor total de factura, conforme a la siguiente tabla:
Ver tabla 2
"b) Al valor total establecido en la factura del vehículo se le aplicará la tasa determinada conforme al inciso anterior. La cantidad obtenida se multiplicará por el factor de 1.0470. c) Al resultado obtenido conforme al inciso anterior, se aplicará el factor de ajuste a que se refiere el artículo 15-B de la citada ley. El monto que resulte de esta operación será el impuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 1999. Los contribuyentes que ejerzan la opción establecida en esta fracción, para calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos correspondiente a los años subsecuentes, deberán tomar como monto del impuesto para el cálculo del mismo, el impuesto causado en 1999, de conformidad con el inciso anterior."
De la transcripción anterior se desprende que la fracción II del artículo décimo tercero del decreto de fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que modifica la base de tributación para vehículos usados, no le es aplicable al quejoso, toda vez que se refiere a vehículos adquiridos como nuevos durante 1996 y en el caso específico, los vehículos del quejoso fueron adquiridos el veintisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete y el catorce de febrero de mil novecientos noventa y ocho, sin embargo la fracción III de dicho artículo literalmente establece:
"Los contribuyentes propietarios o poseedores de vehículos adquiridos como nuevos durante 1997, para calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos correspondiente al año de 1999, ubicarán el valor del vehículo en la categoría correspondiente a la tabla contenida en el inciso a) de esta fracción. En el caso de existir un cambio en la tasa respecto de aquella con la que se cubrió el impuesto en términos del artículo 5o., fracción I de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en la fecha en que debió haberse efectuado el pago, en lugar de aplicar lo dispuesto por el artículo 15-B de la citada ley, determinarán el impuesto para 1999, de conformidad con lo siguiente:
"a) Determinarán la categoría y tasa aplicable al vehículo de que se trate, de acuerdo con el valor total de factura, conforme a la siguiente tabla:
Ver tabla 3
"b) Al valor establecido en la factura del vehículo se le aplicará la tasa determinada conforme al inciso anterior. La cantidad obtenida se multiplicará por el factor de 1.0599.
"c) Al resultado obtenido conforme al inciso anterior, se aplicará el factor de ajuste a que se refiere el artículo 15-B de la citada ley. El monto que resulte de esta operación será el impuesto correspondiente al ejercicio fiscal de 1999.
"Los contribuyentes que ejerzan la opción establecida en esta fracción, para calcular el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos correspondiente a los años subsecuentes, deberán tomar como monto del impuesto para el cálculo del mismo, el impuesto causado en 1999, de conformidad con el inciso anterior."
En efecto, el quejoso acreditó con la copia certificada de la factura correspondiente, que el vehículo Mercedes Benz E 420 Avantgrade, modelo 1998, lo adquirió el veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y siete, por lo que en el caso de la fracción III, sí le es aplicable la reforma referida al artículo 15-B del ordenamiento legal en comento.
Ahora bien, para resolver sobre la legalidad del fallo impugnado, se hace necesario determinar, en primer término, la naturaleza jurídica del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, debiendo atender a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 1o. de la ley que prevé dicho tributo, el cual expresamente señala:
"Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma."
De lo anterior se desprende que el hecho imponible lo constituye la tenencia o uso de los vehículos a que se refiere la misma, recayendo así el impuesto sobre un objeto determinado, sin hacer consideración alguna respecto a la persona titular de ese objeto, encuadrando así en la naturaleza de un impuesto sobre el patrimonio, en virtud de la titularidad que se tiene sobre dichos bienes, de lo que resulta que del carácter patrimonial del impuesto se desprende la presunción respecto a la capacidad económica del contribuyente tenedor o usuario del vehículo. En otras palabras, el valor del vehículo, determinado por sus características propias (estado de conservación, antigüedad, accesorios, etc.) permite gravar al bien como tal, es decir, como porción patrimonial que determina la capacidad económica de su tenedor o usuario.
Determinada así la naturaleza del impuesto en cuestión, procede establecer, con base en los criterios sustentados por este Alto Tribunal si la mecánica del tributo atiende o no, proporcional y equitativamente, a la capacidad económica de los tenedores o usuarios de los vehículos, porque en realidad no se está considerando el valor real de cada vehículo, al establecer factores de actualización preestablecidos para el cálculo de la tarifa que se va a pagar respecto de dicho impuesto.
Todo impuesto tiene como elementos un sujeto, un objeto, una base, una tasa y una tarifa, en el caso, resulta claro que la inconstitucionalidad del artículo 15-B de la ley en comento, radica en la incongruencia que existe entre el objeto del impuesto, y la base para calcularlo, esa incongruencia genera que la aplicación del artículo reclamado como inconstitucional, sea contrario a las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias.
Dicho lo anterior, es dable citar los criterios jurisprudenciales sustentados por esta Suprema Corte de Justicia, referentes a la proporcionalidad y equidad de los tributos, visibles en la compilación de 1995, Tomo I, tesis 275, página 256, y en el Informe correspondiente a 1969, Parte II, Sala Auxiliar, Séptima Época, página 52, que son del tenor siguiente:
"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."
"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. Es el caso insistir en que el impuesto es un fenómeno histórico del actual Estado constitucional, quien lo decreta mediante un acto legislativo en ejercicio de su soberanía, siendo propio de su naturaleza la transmisión de valores económicos, en servicio de los intereses sociales que le toca cumplir. El Estado, de consiguiente es el único titular de la soberanía fiscal, acreedor por antonomasia del impuesto, al través del pago de una prestación incondicionada. Todo impuesto afecta directa o indirectamente, la capacidad contributiva personal o real del deudor fiscal, mas para que el impuesto no sea un acto indebido, ni esté sujeto, por supuesto a arbitrariedades, es indispensable que sea proporcional y equitativo, con lo cual queda limitada la soberanía del Poder Legislativo de un Estado en la imposición de cargas fiscales. La fuente de toda imposición es el conjunto de bienes que constituyen el patrimonio del contribuyente y de los provenientes de productos de rendimientos del capital, del trabajo o de la unión de relación de uno y de otro, el límite constitucional, a la facultad del legislador para decretar un impuesto, a fin de que éste sea proporcional y equitativo, es no acabar, jamás destruir la fuente de la imposición fiscal, porque ello equivaldría a aniquilarse a sí mismo, junto con el sistema económico de un país, que debe estar percatado que la peor política financiera que puede adoptarse contra la sociedad moderna, es la existencia de un Estado con escasos recursos económicos para la satisfacción de sus gastos públicos estimados dentro de éstos los sociales, y para su cabal desarrollo económico. Corresponde apreciar ya, en cuanto a la función económica que cumple el impuesto en el seno de una sociedad, que si mayor es el potencial económico del contribuyente, mayor tendrá que ser el impuesto, aunque invariablemente, en proporción a una capacidad contributiva personal o real, pues la teoría del interés público en bien de la misma sociedad y esa capacidad contributiva, son las dos bases fundamentales para fijar el impuesto que encuentra, en el escalonamiento de la cuota tributaria, una proporción cuyos resultados deberán repercutir en la necesidad de una redistribución de la renta nacional; en el quehacer de procurar el desarrollo económico y constante del país; en la estabilidad de su moneda y en el empleo de sus miembros, única forma de lograr, para éstos, un mejor equilibrio social y un bienestar económico."
Ahora bien, conforme a la primera jurisprudencia en cita, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, capacidad que debe ser gravada diferencialmente para que en cada caso el impacto sea distinto respecto a la cantidad y respecto al mayor o menor sacrificio que se ve reflejado cuantitativamente en la disminución patrimonial que se produce, y en proporción a los ingresos obtenidos (tenencia de patrimonio o consumo realizado).
La segunda tesis establece que el principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto de manera que la participación de los contribuyentes al gasto público se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada por los mismos al realizar el hecho imponible (nivel de renta, cantidad y calidad del patrimonio o del consumo de ambos), por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer referencia al mismo, es decir, que sea la base gravable la que permita medir esa capacidad económica y la tarifa o tasa la que exprese la parte de la misma que corresponde al ente público acreedor del tributo, de lo que resulta que la capacidad económica no sólo marca el cauce lógico del tributo sino también lo legitima y explica su existencia, así como también condiciona toda su estructura y contenido.
Las anteriores conclusiones han sido recogidas en la tesis P. XXXI/96 de este Tribunal Pleno, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 437, en las siguientes palabras:
"IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, guarde relación con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, potencialidad esta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos tienen una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el objeto del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la obligación."
Ahora bien, respecto a la equidad tributaria son observables las tesis jurisprudenciales sostenidas por este Tribunal Pleno y publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, páginas 43 y 36, que respectivamente dicen:
"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional."
"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."
Así pues, la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, resultando por consiguiente que, aunado al principio de proporcionalidad tributaria -en virtud del cual los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos- la justicia tributaria consagrada en la Constitución fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada contribuyente, debiéndose tratar por consiguiente igual a iguales condiciones de capacidad económica y, contrariamente, desigual a condiciones de capacidad económica disímiles. De lo anterior resulta que la capacidad económica, consistente en la adecuación de la aptitud objetiva para concurrir a las cargas públicas, debe llevar a la igualdad en el tratamiento de los contribuyentes potenciales, es decir, a que la justicia se produzca en cada caso particular alcanzándose por antonomasia la equidad tributaria consagrada en el texto constitucional.
Con lo anterior, se puede estimar que los principios de equidad y capacidad económica no pueden ser dos principios autónomos contrapuestos, sino que ambos se complementan formando una unidad jurídica indisoluble, en virtud de que el principio de equidad sólo puede ser rectamente comprendido en el marco de la capacidad económica de los contribuyentes, es decir, si como ya se ha mencionado, los impuestos por imperativo constitucional deben ajustarse a la capacidad económica de quienes han de pagarlo, luego entonces, el principio de equidad tributaria ayuda a cumplir con esa exigencia, haciéndose al mismo tiempo efectivo, evitándose así discriminaciones y desigualdades que no estén justificadas en una distinta y desigual capacidad económica para contribuir al gasto público, por ello, el principio de capacidad económica, además de fundamentar la imposición y constituir el criterio de su medición, facilita la distribución de las cargas públicas en forma equitativa, es decir, mantiene las situaciones de igualdad contributiva preexistentes y evita situaciones discriminatorias.
En este orden de ideas, si bien es cierto que el principio de proporcionalidad es comprensible en sí mismo, al contemplarse en la comparación de diversos contribuyentes, se presenta como necesario, para poder determinar la equidad del tributo en estudio, es decir, para verificar la igualdad en los tributos es necesario determinar previamente quién tiene y quién no tiene capacidad económica -capacidad absoluta- y en segundo término, habrá de fijarse en qué medida ha de tributar cada contribuyente frente a un tributo en particular -capacidad económica relativa-.
En efecto, el hecho imponible del impuesto a examen lo constituye la tenencia o uso de los vehículos propiedad de los contribuyentes, de lo que resulta que el carácter real y patrimonial del multicitado impuesto determina la capacidad económica del contribuyente tenedor o usuario del vehículo en función del valor de éste, pues entre más valor tenga el vehículo, más capacidad económica tendrá entonces el tenedor o usuario del mismo. En otras palabras, el valor del vehículo, determinado por sus características propias (estado de conservación, procedencia, antigüedad, accesorios, etc.) permite gravar al bien como tal, o sea, como parte de la universalidad de bienes que determina la capacidad económica de su tenedor o usuario.
Ahora bien, el legislador, al regular lo que es la base del impuesto en análisis, se enfrenta a una problemática, pues resulta sumamente difícil que en una ley (cuya característica es la generalidad, la impersonalidad y la abstracción) se prevean todos los valores de todos los vehículos que poseen los causantes en México.
Ante esa eventualidad, y en una correcta técnica legislativa, es permisible el empleo de parámetros generalizados con el objeto de que, a priori, se establezca una hipótesis normativa inmediatamente aplicable, a través de la figura jurídica de la presunción legal, tal como se hizo por el legislador en el artículo impugnado, es decir, ante la imposibilidad de que el legislador establezca una ley para todos los casos concretos, es válido que se recurra al empleo de las presunciones legales y el resultado de la aplicación de ese mecanismo del que se habla, será de acuerdo a la ley, el precio del vehículo que debe ser gravado.
Luego entonces, ante la imposibilidad de que el legislador prevea una forma de cálculo de valor real de los vehículos aplicable a todos los casos, es correcto que la ley establezca una forma generalizada para el cálculo de dicho impuesto, cuyo resultado, constituye jurídicamente una presunción legal; sin embargo, si el objeto de prueba para determinar la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos está sentado sobre el "valor real" de esta clase de bienes, entonces debe darse oportunidad a los causantes de demostrar en todo caso, cuál es el valor real del vehículo que poseen o usan, máxime que el legislador no estableció la prohibición de prueba en forma expresa.
Toda vez que la naturaleza del hecho a aprobar está fundada en situaciones casuísticas, subjetivas y reales, pues el precio de varios vehículos de un mismo modelo, puede ser diferente de uno a otro, dados los diferentes aspectos fácticos que impactan su valor real, entonces debe establecerse en la ley un mecanismo de defensa para el particular, que permita destruir la presunción legal derivada de la aplicación abstracta, general e impersonal de la ley, máxime que el precio de un vehículo debe ser ponderado en forma precisa, particular y personal, para que de ese modo pueda establecerse una base del impuesto acorde al objeto o hecho imponible, y para que se pueda cumplir con las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias.
Además en el caso específico, el legislador únicamente prevé como aspecto que impacta el valor real del vehículo, la depreciación que repercute en este bien por el paso del tiempo y aspectos inflacionarios regulados por las tablas de factores de actualización, lo que como ya se dijo, es una presunción legal de lo que es el precio del vehículo, la cual puede estar apegada a la realidad, pero también puede no estarlo, por lo que el legislador debió establecer en la ley un mecanismo para que el contribuyente pueda contradecir la tarifa, por no estar ajustada a los valores reales del vehículo y al no establecer este artículo ni algún otro de la misma ley, ese mecanismo de prueba contradictoria, es claro que se violan las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias en la medida que la base del impuesto es incongruente con el objeto, toda vez que no se está permitiendo al contribuyente demostrar el valor real del vehículo para que pueda pagar un impuesto en forma acorde al objeto, es decir, no se establece con exactitud quién puede pagar más en función del objeto del impuesto y viceversa.
En las relatadas circunstancias, siendo fundado este agravio del recurrente, es suficiente para revocar la resolución del Juez de Distrito y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado.
Además, debe precisarse que, además, dicho precepto se estima inconstitucional, porque viola el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en nuestra Ley Suprema, como se demostrará enseguida.
En efecto, tratándose de vehículos usados (ya sean de fabricación nacional o extranjera) dicho impuesto se determinará actualizando o indexando la inflación al monto del impuesto pagado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, por los años de antigüedad del vehículo, es decir, cuando se trate de automóviles nuevos -con base en el artículo 5o. de la ley en cita- se debe atender al valor de adquisición de éstos al que se le aplicará la tarifa que el propio dispositivo establece. Asimismo, conforme al artículo 15-B de la propia ley, se observa que los propietarios de automóviles de un modelo anterior, para calcular el impuesto a pagar, deberán multiplicar al impuesto pagado en el ejercicio inmediato anterior por el factor de ajuste, el cual resultará de multiplicar el factor de actualización por el factor que le corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo.
De lo que resulta que, en el caso de automóviles nuevos, se calcula el impuesto a pagar aplicando al valor del mismo la tarifa prevista en el artículo 5o. de la ley, y a partir del siguiente año al de la adquisición del vehículo del fabricante o distribuidor, el impuesto ya no se calcula aplicando lo previsto en el artículo 5o. de la ley, sino multiplicando el impuesto pagado en el ejercicio inmediato anterior por el factor de ajuste que se establece en el artículo 15-B del mismo ordenamiento, debidamente actualizado.
Por lo que, resulta que paga un mayor tributo el que usa o tiene un vehículo usado que el usuario o tenedor de uno nuevo de las mismas características, conforme al siguiente cálculo:
Impuesto a pagar por un vehículo modelo 1998 para el ejercicio fiscal de 1999
impuesto del x factor de x factor de = impuesto
ejercicio 1998 actualización ajuste a pagar
Impuesto a pagar por un vehículo nuevo modelo 1999
valor del x tasa = impuesto a p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6910-01d98e34/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-15-b · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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