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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. EL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA QUE FACULTA AL PROMOVENTE PARA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SEÑALE QUE DESCONOCE EL DOMICILIO DEL DEMANDADO Y QUE POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 50 DEL MISMO ORDENAMIENTO SE LE EMPLACE POR ESE MEDIO, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 131/98. · Registro digital (IUS): 6548
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SOLEDAD ORTEGA FERNÁNDEZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, , Pág. 350.

AMPARO EN REVISIÓN 131/98. SOLEDAD ORTEGA FERNÁNDEZ.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La tesis de jurisprudencia número 286 del Tomo VI del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación establece:

"IMPROCEDENCIA ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISIÓN DE MOTIVOS DE, DIVERSOS A LOS ANALIZADOS POR EL INFERIOR. Si bien es cierto que cuando un Juez de Distrito desestima una causal de improcedencia al analizar motivos específicos, si en la revisión no se formula ningún agravio el pronunciamiento debe tenerse firme, ello no impide que al resolver el recurso se sobresea en el juicio por improcedente por motivos diferentes a los analizados por el inferior, pues las cuestiones de improcedencia son de orden público y deben estudiarse de oficio."

El criterio que informa la tesis precedentemente reproducida establece la obligación de esta Corte Constitucional de examinar, aun oficiosamente las causales de improcedencia del juicio de amparo. Se advierte que respecto al acto reclamado del Congreso, gobernador y secretario general de Gobierno del Estado de Puebla, consistente en la aprobación, promulgación, publicación y refrendo del artículo 1337 del Código de Procedimientos Civiles del Estado Libre y Soberano de Puebla se surte la causal de improcedencia derivada de la aplicación de la fracción XVIII del artículo 73 con la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo; los preceptos invocados establecen:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."

"Artículo 116. La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:

"...

"V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de esta ley."

La lectura relacionada de las fracciones anteriormente transcritas autoriza considerar que si no se expresan en la demanda de amparo los conceptos de violación debe sobreseerse en el juicio.

En el capítulo de actos reclamados de la demanda de amparo, la quejosa señaló con ese carácter el artículo 1337 del ordenamiento adjetivo civil poblano; sin embargo, de la revisión minuciosa de los conceptos de violación que quedaron incorporados en esta resolución en el resultando segundo permite establecer que respecto de este acto debe decretarse el sobreseimiento, en virtud de que no se expresan, aunque fuera indiciariamente las razones por las cuales se estima que ese precepto vulnera las garantías que se estimaron transgredidas en la especie, por lo que respecto a este acto debe decretarse el sobreseimiento con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la ley de la materia que ordena:

"Artículo 74. Procede el sobreseimiento:

"...

"III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 167 del Tomo VI del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación que establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO NO EXISTEN, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO Y NO NEGARLO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate la sentencia reclamada diciendo que es incorrecta, infundada, inmotivada, que no se cumplieron las formalidades del procedimiento u otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción VII del artículo 166 de la Ley de Amparo, y la Suprema Corte no puede analizar la sentencia combatida porque el amparo civil es de estricto derecho, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el 166, fracción VII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debe sobreseerse el juicio y no negar el amparo."

CUARTO. El primer agravio esgrimido por la quejosa es esencialmente fundado y suficiente para otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal.

En el agravio la quejosa se duele que el Juez de Distrito haya estimado que los conceptos de violación esgrimidos en contra del artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, modificado por el decreto de ocho de noviembre de mil novecientos noventa, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cuatro de diciembre de ese mismo año, que también derogó el artículo 51 del mismo ordenamiento, eran inoperantes. La recurrente sostiene en una parte que reclamó la inconstitucionalidad de dichos actos por contravenir los artículos 14 y 16 constitucionales al no permitir que se realice el emplazamiento de la demanda, generando que se simulen juicios fraudulentos.

En el considerando tercero de la sentencia que se revisa el Juez de Distrito estimó que los conceptos de violación esgrimidos en contra de los actos reclamados del Congreso, gobernador y secretario de Gobierno del Estado de Puebla eran inoperantes, en virtud de que estimó que la argumentación hacía consistir la inconstitucionalidad de los mismos en los vicios del acto de aplicación.

Se estima que el agravio es esencialmente fundado porque en una parte de su primer concepto de violación, la quejosa establece las razones por las cuales estima que los actos legislativos combatidos son inconstitucionales por violar las garantías de audiencia y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al afirmar:

"... Producen que el texto reformado del artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla con su redacción actual, resulte inconstitucional; pues da oportunidad al actor de emplazar a su contraria sin que acredite que efectivamente tenía un desconocimiento objetivo y general del domicilio del demandado y que no podía obtenerlo por medio legal alguno; siendo que es un principio bien conocido en derecho procesal que el emplazamiento a un juicio por medio de edictos, sólo debe realizarse cuando existe la certeza objetiva y general de que el actor ignora el domicilio de su contraparte sin que tenga la posibilidad de obtenerlo por algún medio, pues de no ser así se deja sin defensa a la emplazada, siguiéndose el juicio en su rebeldía sin que tenga oportunidad de comparecer al mismo a oponer y probar sus excepciones y defensas, con lo que se vulneran las garantías de seguridad jurídica, audiencia, debido proceso y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que se transgreden las formalidades esenciales de un debido proceso legal, al no poderse defender como consecuencia de la aplicación de una ley indebidamente motivada que sacrifica dichas garantías por el sólo hecho de evitar gastos onerosos al actor (como afirma el legislador en su exposición de motivos), siendo en consecuencia una reforma que también transgrede el principio de igualdad procesal."

Como se advierte de la transcripción vertida anteriormente, la quejosa expresó los razonamientos lógicos y jurídicos por los que estima que los preceptos que impugnó transgreden en su perjuicio las garantías individuales de legalidad, audiencia y seguridad jurídica, por lo que, contrariamente a lo sostenido por el Juez de Distrito, este concepto de violación no es inoperante.

Este Alto Tribunal estima que el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, incorporado por el decreto de ocho de noviembre de mil novecientos noventa, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el cuatro de diciembre de ese mismo año, que también derogó el artículo 51 del mismo ordenamiento es violatorio del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General de la República.

El precepto fundamental señalado establece:

"Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

El párrafo reproducido contiene la garantía de seguridad jurídica de audiencia, consistente en la limitación de procedimiento que se establece a la autoridad para extraer de forma definitiva un bien o un derecho de la esfera jurídica del gobernado. De esta forma, la autoridad que pretenda privar de los bienes jurídicos enumerados en el propio artículo 14 de la Constitución, debe llevar a cabo un procedimiento, seguido en forma de juicio, donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, previamente al acto privativo.

Cabe recordar los antecedentes constitucionales de la garantía de audiencia contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal que anteriormente quedó transcrito.

En el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el veintidós de octubre de mil ochocientos catorce, el cual aún cuando careció de vigencia práctica, por primera vez, en su artículo 31, se menciona la garantía de audiencia al señalar:

"Artículo 31. Ninguno debe ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído legalmente."

En el proyecto de Constitución de 1857, en su artículo 26, decía:

"Artículo 26. Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de la propiedad, sino por virtud de sentencia dictada por autoridad competente, y según las formas expresamente fijadas en la ley y exactamente aplicadas al caso."

El texto aprobado por el Congreso quedó contenido en el artículo 14 y redactado en la siguiente forma:

"Artículo 14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado; sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley."

La redacción entre el texto propuesto y el aprobado finalmente, varió sustancialmente, porque los Constituyentes consideraron que como se trataba de garantizar los derechos más importantes de toda persona (la vida, la libertad y sus propiedades), y si se aprobaba el texto original podría interpretarse en el sentido de que se permitía la pena de muerte, por lo cual, estimaron que con la redacción final, nadie puede ser juzgado ni sentenciado, se conservaba en el fondo la garantía de dichos derechos.

En el proyecto de Constitución de mil novecientos diecisiete, propuesto por Venustiano Carranza, el artículo 14 fue aprobado sin modificación alguna y el texto sigue vigente sin haberse modificado. La garantía de audiencia, como ya se mencionó, consiste en el principal instrumento de defensa que tiene el gobernado frente a actos de cualquier autoridad que pretendan privarlo de sus derechos más preciados, como lo son la vida, la libertad y sus propiedades y tiene como parte medular las formalidades esenciales del procedimiento, las que fueron definidas por este Alto Tribunal en la tesis de jurisprudencia obligatoria número 47/95 del Tribunal Pleno, publicada en el Tomo II, diciembre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, a fojas 59 que expresa:

"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Por otro lado, el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla establece:

"Artículo 52. El promovente que ignore el domicilio de la persona a quien ha de hacerse la primera notificación, bastará con que lo manifieste bajo protesta de decir verdad."

El precepto reproducido, tachado de inconstitucional, establece que el actor que desconozca el domicilio del demandado, basta que lo manifieste así, bajo protesta de decir verdad. Esto es, el artículo citado establece que para todos los efectos legales, es suficiente la manifestación del promovente en el sentido de que desconoce el domicilio del demandado para que así se tenga y se proceda en consecuencia. Destaca que el artículo hace referencia a la primera notificación.

Este Alto Tribunal estima que el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla resulta violatorio, como se adelantó, de la garantía de audiencia, toda vez que deja al arbitrio de la parte actora la forma de llevar a cabo la principal formalidad esencial del procedimiento que es el emplazamiento. Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 50 del mismo ordenamiento establece que en el supuesto de que se ignore el domicilio de persona que deba notificarse, la diligencia se hará por edictos; el precepto establece:

"Artículo 50. Cuando se ignore la casa en que deba notificarse, o con quién haya de entenderse la notificación, ésta se hará mediante tres edictos consecutivos, en el diario de mayor circulación que se publique en la entidad, a juicio del Juez. En igual forma se citará a quien deba absolver posiciones en el juicio seguido en rebeldía. Los edictos contendrán un extracto de la resolución que se notifique."

En efecto, se estima que el artículo 52 en relación con el 50 del mismo ordenamiento viola la garantía de audiencia por el hecho de permitir que la primera notificación con la que se inicia el juicio se lleve a cabo por edictos, bastando para ello la simple manifestación de la parte actora.

Los artículos 51 y 52 del mismo ordenamiento, el primero derogado y el segundo modificado por el decreto de ocho de noviembre de mil novecientos noventa, publicado el cuatro de diciembre del mismo año en el Periódico Oficial del Estado, establecían:

"51. El promovente que ignore el domicilio de la persona a quien ha de hacerse la primera notificación, debe justificar que hizo gestiones para averiguar dicho domicilio."

"52. Para satisfacer el requisito que exige el artículo anterior, bastará como principio de prueba, el certificado de las autoridades administrativas correspondientes y constancia de búsqueda por parte de la policía del lugar, o cualquier otro medio idóneo al efecto."

El texto anterior de los artículos 51 y 52 establecía los requisitos y el trámite que debía darse para que el Juez autorizara el emplazamiento por edictos, lo que evidencia que la reforma publicada el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa simplificó el trámite en perjuicio del demandado, ya que con anterioridad a la entrada en vigor del decreto que reformó el Código de Procedimientos Civiles era necesario que el actor acreditara que buscó el domicilio del demandado.

Este Alto Tribunal en su anterior conformación estableció la tesis de jurisprudencia número 786 de la Segunda Parte del Apéndice 1917-1988 al Semanario Judicial de la Federación, visible a fojas 1302 del Tomo D-O que dice:

"EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. No basta la afirmación del actor sobre la ignorancia del domicilio del demandado, para que el emplazamiento se haga por edictos, sino que es indispensable que ese desconocimiento, tanto del actor como de las personas de quienes se pudiera obtener información, haga imposible la localización del reo."

Asimismo, aprobó la tesis de jurisprudencia 251 del Tomo IV del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación visible a fojas 171 que dice:

"EMPLAZAMIENTO POR LA PRENSA. El objeto de la primera notificación en el juicio, es hacer saber al demandado los motivos de la demanda, y emplazarlo, para que pueda defenderse; por lo que el espíritu de la ley, en este caso, es que la susodicha demanda llegue al conocimiento del reo, y es nula, por lo tanto, la notificación hecha al mismo por medio de la prensa, si por los datos del expediente se llega a la conclusión de que el actor no ignoraba la residencia del demandado, por lo que no ajustándose el emplazamiento a las normas esenciales del procedimiento, no puede privarse al demandado de sus propiedades y derechos, mediante una sentencia dictada sin haber sido oído y vencido en el juicio respectivo."

Los criterios que informan las tesis precedentemente reproducidas, aunque en principio se refieren a cuestiones de legalidad, lo cierto es que permiten establecer que el emplazamiento por edictos debe ser exclusivamente un medio final para lograr la comparecencia del demandado al juicio y debe utilizarse después de haber agotado otros medios para lograr la localización del domicilio del demandado. De la misma forma, se considera que no es suficiente la manifestación bajo protesta de decir verdad del actor para que el emplazamiento se realice por la prensa, ya que la forma de realizar este acto procesal no debe quedar al arbitrio de la voluntad del actor, sino que debe generarse a partir del desconocimiento general y objetivo del domicilio del demandado y la imposibilidad de conocerlo agotando previamente las gestiones para realizar su localización, por lo que debe estimarse que los actos legislativos reclamados son violatorios de la garantía de audiencia, dado que dejan al demandado en estado de indefensión. De esta forma, los criterios expuestos evidencian que la fórmula contenida en el artículo 52 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en relación con el artículo 50 del mismo ordenamiento, implica una violación a una formalidad esencial del procedimiento, dificultando objetivamente que comparezca al proceso, impidiendo, en consecuencia, que oponga excepciones y defensas y que pruebe y alegue lo que a su derecho corresponda.

No obstante que la quejosa reclamó también la reforma que derogó el artículo 51 del ordenamiento adjetivo civil poblano, se estima innecesario el estudio de los conceptos de violación respectivos, en virtud de que el estudio respectivo no podría traer a la quejosa mayores beneficios. Sirve de fundamento a lo anteriormente considerado la tesis 168 del Tomo VI del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, visible a fojas 113, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."

Debe precisarse que al haberse otorgado el amparo respecto de los actos legislativos reclamados, debe hacerse extensiva la protección a los actos de aplicación y, por lo mismo, resulta innecesario también el estudio de los conceptos de violación respectivos. Es aplicable al caso, la jurisprudencia plenaria con el número 221 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que a la letra dice:

"LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también al acto de su aplicación."

Corolario de todo lo anteriormente expuesto es resolver que debe revocarse la sentencia recurrida y otorgar la protección constitucional a la quejosa para el efecto de que se reponga el procedimiento a partir de la diligencia de emplazamiento, debiendo ser notificada en forma personal en el domicilio que ya es conocido y que consta en autos.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio respecto al acto precisado en el considerando tercero de este fallo.

TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Soledad Ortega Fernández en contra de los actos de las autoridades que precisados quedaron en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; y con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno; por unanimidad de nueve votos se aprobaron los resolutivos primero y segundo; y por mayoría de cinco votos de los señores Ministros Azuela Güitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Gudiño Pelayo y Ortiz Mayagoitia se aprobó el resolutivo tercero; los señores Ministros Aguirre Anguiano, Aguinaco Alemán, Sánchez Cordero y presidente Góngora Pimentel votaron en contra y por la negativa del amparo a la quejosa, y manifestaron que formularán voto de minoría. No asistieron los señores Ministros Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza, por estar desempeñando una comisión de carácter oficial. Fue ponente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6548-03cd20be/emplazamiento-por-edictos-el-articulo-52-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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