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Modo: Corpus Pro

CLAUSURA COMO SANCIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 338 Y 339 DEL REGLAMENTO DECONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. NO VIOLA EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 3204/97. · Registro digital (IUS): 4725
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALBERTO SOLÓRZANO CÁRDENAS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, , Pág. 421.

AMPARO EN REVISIÓN 3204/97. ALBERTO SOLÓRZANO CÁRDENAS.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIA: ADRIANA CAMPUZANO GALLEGOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), de la Constitución Federal, 84, fracción III, de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, esta Segunda Sala decide ejercer la facultad de atracción para conocer del presente asunto que originariamente corresponde a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 83, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la ley orgánica antes citada, toda vez que estima que se reúnen el interés y la trascendencia requeridos para el caso, atento las razones expuestas en la tesis jurisprudencial publicada con el número 18/95 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, junio de mil novecientos noventa y cinco, página sesenta y nueve, que dice:

"ATRACCIÓN, FACULTAD DE. DEBE EJERCERLA LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE RESPECTO DE REGLAMENTOS EMITIDOS POR LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL.-Si bien es cierto que no hay disposición expresa para considerar que la Suprema Corte sea competente para conocer de un recurso de revisión en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional por un Juez de Distrito, en un juicio en el que se reclamó la inconstitucionalidad de un reglamento expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, pues tratándose de reglamentos sólo se incluyeron expresamente dentro de la competencia de sus Salas la de los emitidos por el presidente de la República y por los gobernadores de los Estados, debe considerarse que en tal supuesto debe ejercerse la facultad de atracción, ya que se dan las características establecidas por los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución General de la República y 24, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación porque lo justifican, a saber, la intención del Poder Revisor de la Constitución, de que la Suprema Corte de Justicia, como tribunal de constitucionalidad, conozca en última instancia de los ordenamientos de carácter general, así como que la asamblea mencionada, en su función reglamentaria, sustituyó al presidente de la República, lo que resulta más claro si en el reglamento emitido por ella se abroga uno emitido por aquél."

Es aplicable, en la especie, esta tesis que se funda en un precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior a la vigente, esencialmente similar al correlativo de la actual, toda vez que en el juicio se reclama el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con el cual se derogó el reglamento expedido sobre la materia por el presidente de la República.

SEGUNDO.-El quejoso expresa el siguiente agravio:

"Único.-El Juez de Distrito considera que carezco de interés jurídico y que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, hace extensivo el sobreseimiento a los actos legislativos y sobresee con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la misma ley. Sin embargo, pasa por alto que la sanción de clausura está dirigida de manera personal a mí, por lo que si se trata de una sanción, es evidente que tengo interés jurídico y se afectan mis derechos, de otra manera no aparecería como destinatario de esa clausura. No puede considerarse que carezco de interés jurídico y que no me afecta el acto reclamado, porque la clausura es una sanción y para aplicarse tiene como presupuesto que se cometa una falta por el gobernado y si en este caso consistió en la falta de planos y los presenté ante el Juez de Distrito, es evidente que no existió la falta y, por consecuencia, la sanción es arbitraria y anticonstitucional, menos aún se puede resolver que carezco de interés jurídico, si se toma en cuenta que la leyenda tomada en cuenta por el juzgador dice que es para efectos del impuesto predial y para pagar este impuesto no se requiere de planos, o bien, son los mismos planos con que se tramita la licencia que con los que se paga el impuesto predial, y no existen unos para un caso y otros para otros casos; por consiguiente, es fácil advertir que la colocación de esa leyenda en los planos obedeció a un abuso de la autoridad, legitimado por el Juez de Distrito, ya que es del dominio público que entre ellos mismos, es decir, entre los empleados de la delegación, se protegen y cuando uno acude a presentar los planos ponen muchos pretextos con el objeto de que el gobernado dé más vueltas y en cada una de ellas extorsionarlo, esta razón es más que suficiente para acreditar por válidos los planos y para concluir que no cometí la falta que provocó la sanción de clausura; es más, la arbitrariedad de la leyenda es tan ostentosa que se observa claramente con la sola cita del Reglamento de Construcciones y Servicios Urbanos. Por otra parte, con la documentación certificada es más que suficiente para advertir que cuento con la licencia de construcción y que, por esta razón, tengo interés jurídico para acudir en amparo para reclamar la abusiva clausura, pues basta su examen para llegar a tal conclusión y esto no lo hizo el juzgador, por ello su sentencia es violatoria de los artículos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues no apreció correctamente el acto reclamado ni las pruebas ofrecidas para acreditarlo. A mayor abundamiento, la construcción ya estaba hecha desde hace muchísimos años y lo que en realidad sucedió fue que se estaban remozando algunos materiales deteriorados de la construcción, y esto se prueba con los planos que ya son muy antiguos y la misma sanción de clausura; y en la actualidad esa renovación era indispensable por seguridad y esto es de orden público, por lo que no se debía de sancionarme (sic), ya que al clausurar sólo la parte que estimó la autoridad de manera ilegal construida, no afectó a toda la construcción donde se localizan los locales de zapatería, tienda de abarrotes, bar y venta de agua purificada, porque de haberlo hecho la autoridad, se hubiera exhibido como muy abusiva, pues existen decretos administrativos que eximen de la licencia de construcciones ya hechas y de giros mercantiles que ya estén funcionando, esto con el ánimo de no molestar al gobernado, pero no lo entienden las autoridades y es la tercera o cuarta ocasión que me clausuran para molestarme nada más, inclusive en el acto reclamado se asienta que está clausurado el bar y como no les he dado dinero y todo lo he regularizado conforme a derecho, me han molestado de manera permanente con clausuras; hoy en día estoy en litigio con la delegación para que me expida la licencia de funcionamiento para el bar, pero todo esto no lo toma en cuenta el Juez de Distrito y le sigue el juego de corrupción a la autoridad. Finalmente, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal no regula el derecho a la construcción, ya que éste, al ser accesorio de la propiedad, con tenerla se tiene derecho a construir (sic) y lo que se regula es la facultad de la autoridad para vigilar las construcciones que sean (sic) de orden público por su magnitud y pudiera afectar a terceros, pero en mi caso no es edificio, sino simplemente es una construcción modesta ya hecha desde hace años; por ello, ya tengo el derecho de construcción adquirido y sí se me afecta, y actuar con el rigor que lo hizo la autoridad y el Juez de Distrito, va a permitir que la delegación clausure las casitas de la gente humilde que no pide licencia de construcción y cada que les pudre (sic) las láminas de cartón las cambian; por todo ello, es claro que tengo interés jurídico y se debe revocar la sentencia, aunque cuando ello ocurra ya no existan los sellos de clausura por deterioro natural del intemperismo (sic) y ya no sea necesario retirarlos por virtud de la sentencia del amparo, pues la construcción ya está terminada y al referirse a un remozamiento en nada afecta el funcionamiento normal de los comercios, pero esto no lo advirtió el Juez y también pasó por alto el ánimo de venganza de la autoridad, ya que los he denunciado penalmente y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la forma abusiva con que se han conducido al imponerme cada clausura, inclusive esta misma que constituye el acto reclamado, si en realidad fuera ilegal la construcción, pues hubiera clausurado toda la construcción, pero como no es así, es sencillamente el ánimo de molestar de la autoridad; por todo esto pido se revoque la sentencia y se examine la constitucionalidad del reglamento y del acto de aplicación."

TERCERO.-Sostiene el quejoso en su único agravio que el sobreseimiento decretado en la primera instancia del juicio es ilegal, porque acreditó su interés jurídico para impugnar la clausura de que se trata con el documento que anexó a su demanda, en el cual consta que la orden de clausura se encuentra dirigida a él, además de que en su calidad de propietario tiene el derecho accesorio a construir, por lo cual el nacimiento de este derecho no puede ser regulado por el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, cuyo objeto es únicamente regular las facultades de la autoridad para vigilar las construcciones cuando puedan causar daños a terceros, lo que no acontece en el caso, pues el inmueble clausurado es una construcción modesta, concluida años atrás, que sólo está siendo remodelada por razones de seguridad.

Señala además que el Juez debió dar valor probatorio pleno a los planos que exhibió durante el juicio, con los cuales demuestra que no incurrió en irregularidad alguna, pues cuenta con la licencia de construcción correspondiente, sin que fueran obstáculo para ello las leyendas asentadas al reverso de dichos documentos, ya que basta su lectura para advertir que carecen totalmente de sentido y que derivan de la actuación arbitraria de la autoridad administrativa que trata de obstaculizar a aquellos particulares que, como el quejoso, se niegan a someterse a su voluntad caprichosa, o que mantienen otros litigios en su contra.

La lectura de los argumentos antes resumidos revela que en el caso se ha cometido en perjuicio del quejoso una violación manifiesta de los principios rectores del juicio de amparo que conduce a esta Sala a suplir la deficiencia de su queja con fundamento en el artículo 76 bis, fracción VI, del ordenamiento de la materia.

Como se desprende de resultando primero de esta ejecutoria, el quejoso acudió al juicio constitucional reclamando la orden de clausura del inmueble de su propiedad, dictada con fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis por el subdelegado de Desarrollo Urbano y Obras de la Delegación de Iztapalapa del Departamento del Distrito Federal, así como los artículos 338 al 340 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal que estimó aplicados en dicha orden.

Entre los conceptos de violación que adujo en contra de esos actos, que aparecen transcritos en el resultando tercero de esta resolución, el quejoso sostuvo que la orden de clausura es ilegal porque tiene la licencia de construcción y ha satisfecho los demás requisitos previstos por la ley aplicable a las construcciones.

De los términos en que se halla la litis planteada, aparece que la procedencia de la acción de amparo no puede quedar subordinada a que el quejoso acredite, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales invocados por el a quo, contar con la licencia de construcción que le concediera el derecho a realizar la obra clausurada, toda vez que, precisamente, la existencia o la inexistencia de esa licencia es una de las cuestiones sujetas a debate, de cuya resolución depende la declaración de constitucionalidad del acto de aplicación reclamado.

En este sentido, aun cuando sea exacto que para acudir al juicio de garantías el quejoso debe probar que le asiste un derecho subjetivo susceptible de ser violado por la autoridad, para dar por satisfecho el requisito de procedibilidad relativo al interés jurídico del reclamante, previsto en los artículos 4o. y 5o. de la Ley de Amparo, y que el criterio de los tribunales ha sido en el sentido de que tratándose de construcciones, ese derecho sólo puede acreditarse con la licencia respectiva, lo cierto es que tal regla no puede regir en el supuesto en que uno de los motivos de queja enderezada en contra del acto se relacione con la existencia de la citada licencia, pues ello significaría que so pretexto de decidir una cuestión de procedencia de la acción intentada, se juzgara sobre un tema de fondo que sólo puede ser materia de la sentencia que llegue a dictarse una vez comprobada la procedencia de la demanda, a la luz de los demás requisitos del caso.

En consecuencia, no es el caso de confirmar el sobreseimiento decretado con apoyo en los razonamientos que han quedado desvirtuados.

Al no aducirse por las partes en el juicio alguna otra causal de sobreseimiento, ni advertirse una diversa por este órgano, lo procedente es entrar al análisis del único concepto de violación orientado en contra de los artículos 338 y 339 del reglamento tantas veces mencionado.

CUARTO.-Afirma el quejoso, en su único concepto de violación, que el reglamento cuestionado vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, porque al prever a la clausura como sanción administrativa, excede claramente los límites dispuestos por aquel precepto de la Carta Fundamental, que únicamente autoriza a imponer multas o arrestos por infracciones a los reglamentos de naturaleza autónoma, como son los de policía y buen gobierno.

Resulta infundado este concepto, porque se apoya en una interpretación inexacta del artículo 21 constitucional, que en su texto vigente dice:

"Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

"Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con una multa mayor al importe de su jornal o salario de un día.

"Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

"Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establezca la ley.

"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

"La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública."

La concepción de las garantías individuales que tanto en el orden penal como en el administrativo se consagran en este precepto, es resultado de un largo proceso de elaboración constitucional cuyo propósito fundamental ha sido el de salvaguardar a los gobernados de los excesos y arbitrariedades en que pueden incurrir las autoridades al ejercer sus facultades sancionadoras.

Entre los antecedentes más remotos de esta disposición, pueden citarse el artículo 172 de la Constitución expedida por las Cortes de Cádiz, en vigor en nuestro país en los albores del siglo diecinueve, y el numeral 112 de la Constitución de mil ochocientos veinticuatro, que prevenían los límites del poder del rey, en la primera, y del presidente, en la segunda, en los siguientes términos:

"Artículo 172. Las restricciones de la autoridad del rey son las siguientes:

"...

"XI. No puede el rey privar a ningún individuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna. El secretario del despacho que firme la orden, y el Juez que la ejecute, serán responsables a la nación, y castigados como reos de atentado contra la libertad individual.

"Sólo en el caso de que el bien y seguridad del Estado exijan el arresto de alguna persona, podrá el rey expedir órdenes al efecto; pero con la condición de que dentro de cuarenta y ocho horas deberá hacerla entregar a disposición del tribunal o Juez competente."

"Artículo 112. Las restricciones de las facultades del presidente, son las siguientes:

"...

"II. No podrá el presidente privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena alguna; pero cuando lo exija el bien y la seguridad de la Federación, podrá arrestar, debiendo poner a las personas arrestadas, en el término de cuarenta y ocho horas, a disposición del tribunal o Juez competente."

En estas leyes fundamentales aparecen asociadas dos nociones que en el desarrollo constitucional posterior han merecido tratamientos diversos: la imposición de penas y la imposición de sanciones por faltas menores, tales como el arresto.

Es en la Constitución del año de mil ochocientos cincuenta y siete, cuyos autores se ocuparon de formular un catálogo de derechos individuales que garantizaran la dignidad y los demás valores de la persona humana, según se declara en el proyecto presentado por la comisión encargada de su elaboración, en donde se localiza el antecedente directo del texto que ha quedado reproducido, según se desprende de la transcripción del artículo relativo:

"Artículo 21. La aplicación de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autoridad judicial. La política o administrativa sólo podrá imponer, como corrección, hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusión, en los casos y modo que expresamente determine la ley."

El precepto en cita establece, en esencia, los principios recogidos por el texto actual del artículo que se examina: el primero, que corresponde en exclusiva a la autoridad judicial la imposición de las penas "propiamente tales" y a la autoridad administrativa la imposición de las "correcciones"; el segundo, que como correcciones pueden imponerse la multa y el arresto; y el tercero, que el monto de la multa y la duración del arresto están sujetos a los límites que el Constituyente establezca.

Estos principios fueron acogidos tanto por el proyecto de Constitución del presidente Venustiano Carranza como por la comisión encargada de su análisis en el seno del Congreso Constituyente del año de mil novecientos diecisiete. En el mensaje de aquél se asienta, en la parte que interesa:

"El artículo 21 de la Constitución de 1857 dio a la autoridad administrativa la facultad de imponer como corrección hasta quinientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusión en los casos y modos que expresamente determine la ley, reservando a la autoridad judicial la aplicación exclusiva de las penas propiamente tales.

"Este precepto abrió una anchísima puerta al abuso, pues la autoridad administrativa se consideró siempre en posibilidad de imponer sucesivamente y a su voluntad, por cualquier falta imaginaria, un mes de reclusión, mes que no terminaba en mucho tiempo.

"La reforma que sobre este particular se propone, a la vez que confirma a los Jueces la facultad exclusiva de imponer penas, sólo concede a la autoridad administrativa castigar la infracción de los reglamentos de policía, que por regla general sólo da lugar a penas pecuniarias y no a reclusión, la que únicamente se impone cuando el infractor no puede pagar la multa.

"Pero la reforma no se detiene allí, sino que propone una innovación que de seguro revolucionará completamente el sistema procesal que durante tanto tiempo ha regido en el país, no obstante todas sus imperfecciones y deficiencias.

"Las leyes vigentes, tanto en el orden federal como en el común han adoptado la institución del Ministerio Público ..."

Texto propuesto: "Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Sólo incumbe a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los reglamentos de policía y la persecución de los delitos, por medio del Ministerio Público y de la Policía Judicial que estará a disposición de éste."

Por su parte, en el dictamen de la comisión se dice, en lo conducente:

"La primera parte del artículo 21 del proyecto de Constitución puede considerarse como una transcripción del segundo párrafo del artículo 14, supuesto que en éste se declara que nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de la propiedad, sino mediante juicio seguido ante los tribunales y conforme a leyes expedidas de antemano, declaración que incluye la de que sólo la autoridad judicial puede imponer pena. Sin embargo, en el artículo 21 la declaración parece más circunscrita y terminante y colocada como para deslindar los respectivos campos de acción de las autoridades judicial y administrativa. Tanto por esta circunstancia, como por conservar el enlace histórico, creemos que debe conservarse la primera frase del artículo 21.

"En la Constitución de 1857 se limitan las facultades de la autoridad política o administrativa a la imposición de multa hasta de quinientos pesos y arresto hasta por treinta días; y en el proyecto se ha suprimido este límite. Es innecesario éste, ciertamente, en lo que se refiere al castigo pecuniario, supuesto que cualquier exceso de la autoridad a este respecto quedaría contenido por la prohibición que se establece en el artículo 22, de imponer multas excesivas; pero nos parece juicioso limitar las facultades de la autoridad administrativa, en lo relativo a la imposición de arresto, a lo puramente indispensable. Las infracciones de los bandos de policía son, en tesis general, de tal naturaleza, que no ameritan más castigo que una multa; pero hay casos en los que se hace forzoso detener al infractor cuando menos durante algunas horas. Creemos que a esto debe limitarse la facultad de arresto por mayor tiempo, cuando el infractor no puede o no quiere pagar la multa que se le hubiere impuesto; pero aun en este caso es conveniente también fijar un límite; estimaríamos justo que éste sea de quince días.

"La institución de la Policía Judicial ..."

La presentación del proyecto del presidente Carranza y del dictamen de la comisión respectiva dio lugar a debates entre los miembros del órgano constituyente; en la sesión del día cinco de enero de mil novecientos diecisiete se discutió por primera vez el texto del artículo y habiéndose retirado para hacerse algunas modificaciones, fue discutido y aprobado en la sesión del día trece de enero siguiente.

De la memoria del debate parlamentario interesa transcribir sólo algunos fragmentos en los que se analiza el tema que aquí se trata:

"El C. Múgica: ... La reforma que contiene el proyecto relativo a las facultades de la autoridad administrativa, es sin duda alguna, muy importante; se desprende de la exposición de motivos que la fundan, así como de la experiencia que todos tenemos con respecto a los procedimientos de las autoridades administrativas para castigar a los individuos que caen bajo su férula. La libertad que el proyecto mismo deja a las autoridades para imponer el arresto o la pena pecuniaria, es, como ya lo expresamos nosotros, consecuencia de las garantías que la misma Constitución establece en otro lugar, para corregir los abusos que pueden dimanarse de los fundamentos de esa facultad, porque efectivamente, a un individuo por ejemplo de nuestra categoría, que ganase los quince pesos que ganamos diariamente, una multa de quinientos pesos sería gravosa, sería excesiva. La Constitución lo prevé en el artículo 20, y desde luego tendríamos derecho de que se nos protegiera contra actos de esa naturaleza, de cualquier autoridad administrativa. En cambio, para algún adinerado que delinquiese, no sería capaz una multa, no digamos de quinientos pesos, sino hasta de mil, para que esa pena produjera algún resultado; es indudable que tienen que ser correlativas a los individuos a quienes se aplican; hay en este respecto un proverbio que dice: ‘según la urraca es la escopeta.’. Efectivamente, señores diputados, para un adinerado no sería absolutamente ninguna pena mil o dos mil pesos de multa, porque por el solo gusto de satisfacer su amor propio no respetando un bando de policía, lo estaría haciendo todos los días, y sería muy curioso que una autoridad municipal no tuviese facultades para imponerle una multa mayor de quinientos pesos, que, repito, para este individuo no sería una pena. En cuanto a la restricción de la pena corporal, la comisión tuvo en cuenta, para reducir el término a un mes, esta circunstancia que se ve en la vida práctica: un individuo de nuestra categoría social, se siente profundamente lastimado cuando se le mete a la cárcel; un momento que esté preso por infracción a algún reglamento de policía, es suficiente castigo para el individuo que tiene vergüenza, para el individuo que tras de tener vergüenza, tiene empeñado su amor propio en no penetrar a una prisión, es indudable que todavía será mayor castigo aunque ese castigo se reduzca sólo a unas cuantas horas de detención.

"Queda el castigo corporal. ¿Qué haríamos algunos de nosotros en el caso de estar en la disyuntiva de pagar una multa que no fuese excesiva o de entrar a la cárcel, aunque fuese por unas cuantas horas? Señores, pagar la multa, hacer el sacrificio. Es proverbio vulgar entre nosotros, decir: ‘yo daría todo lo que tengo, todo lo que poseo, por no sufrir una detención en la cárcel.’. Esto es cierto; es una herencia nuestra que no nos hemos de poder quitar en mucho tiempo. Queda, pues, la pena de prisión y de arresto ¿para quiénes? Para el individuo que no pueda pagar una multa y que en su costumbre ya ancestral de recibir todos los atropellos, no considera como pena la prisión. Pero aquí es precisamente donde surge el deber del legislador y de una manera especial de los constituyentes; porque ese individuo no tiene suficiente delicadeza para recibir un castigo por el acto mismo de la privación de su libertad. ¿Vamos a dejarlo en manos de la autoridad por un tiempo indefinido? La comisión ha creído que no, y esperamos que el Congreso opine que no, y por esa razón hemos restringido el arresto administrativo a sólo quince días. Con quince días de arresto, un individuo pobre que vive de su trabajo, sufre muchos perjuicios y, en cambio, la detención por sí misma constituye ya la pena impuesta por algún reglamento de policía. Éstas son las razones que la comisión ha tenido en cuenta para haber presentado el artículo 21 en la forma en que lo ha presentado."

"El C. Macías: El artículo en cuestión supone dos actos enteramente distintos: aquel en que se comete el delito y aquel en que se comete lo que se llama infracción de policía. Los delitos se distinguen de la infracción de policía, en que las infracciones de policía se castigan, sea que se cometan con dolo o con culpa o con negligencia, mientras que los delitos sólo se castigan cuando hay dolo o, por lo menos, falta, culpa o negligencia. Cuando se trata de delitos, el código supone ya un hecho de cierta gravedad, mientras que cuando se trata de infracciones de policía, de infracciones de reglamentos de policía o buen gobierno, lo único que se procura es que todas las cosas vayan en la ciudad en perfecto orden, con objeto de que no se causen molestias a nadie y que sí se eviten todos los males, que los reglamentos tratan de evitar. Por esta circunstancia, en todos los países civilizados de la tierra, los delitos que consisten en hechos violadores de una ley penal, son propios de la autoridad judicial y sólo la autoridad judicial puede castigar, porque entonces ella tiene que averiguar conforme lo establecen ya artículos aprobados; averiguar si se ha cometido ese hecho y si lo ha cometido la persona acusada y si esa persona obró con más o menos discernimiento y conocimiento de causa. Todo esto supone un conocimiento técnico, el conocimiento perfecto de la ley, con objeto de poder aplicar la pena con toda exactitud en el caso de que se trate que es lo que exige la ley que vosotros mismos aprobado; es decir, la ley penal debe ser aplicada con toda exactitud al hecho de que se trata. No pasa lo mismo con los reglamentos de policía, porque en los reglamentos de policía no se va a averiguar si hay o no hay un delincuente, si ha habido el propósito firme y deliberado de causar un mal, de infringir una disposición de la ley penal, y por eso, propiamente en el sistema exacto de los principios, hasta esto debía ser propio de la autoridad judicial; pero como dice muy bien el doctor Rodríguez, y como ha dicho muy bien la comisión, que tiene en esto entera razón, dejar estas funciones a la autoridad judicial, sería recargar las labores de la autoridad judicial y por eso en todos los países civilizados, queda el castigo de estas infracciones, a cargo de la autoridad administrativa, es decir, del Poder Ejecutivo, y al decir Poder Ejecutivo, se entiende, o el presidente de la República o el gobernador del Estado o los órganos inferiores dependientes de él, porque no es posible que un solo funcionario desempeñe todas estas funciones; tiene diversos órganos, los del poder público son los principales, siguen los secundarios y en estos secundarios todavía hay otra clase inferior, según la separación que el poder público necesite en su ejercicio. Ahora bien; tratándose de estos reglamentos administrativos, se deja siempre el castigo de las infracciones de ellas a la autoridad administrativa. Un reglamento de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/4725-29d22310/clausura-como-sancion-administrativa-prevista-en-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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