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Modo: Corpus Pro

A) EXTRADICIÓN. DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO TANTO EN LO CONCERNIENTE AL TRATADO INTERNACIONAL CUYA CONSTITUCIONALIDAD SE CONTROVIERTE, COMO AL ACTO DE APLICACIÓN RELATIVO, CONSISTENTE EN LA DETENCIÓN PROVISIONAL, CUANDO EL QUEJOSO YA HA SIDO EXTRADITADO. B) TRATADO DE EXTRADICIÓN Y ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA, CELEBRADO EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO. NO ES INCONSTITUCIONAL POR HABER SIDO FIRMADO ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES, SI POSTERIORMENTE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LO RATIFICA PERSONALMENTE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 962/98. · Registro digital (IUS): 5679
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: DAVID HÉCTOR CANTÚ DÍAZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, , Pág. 379.

AMPARO EN REVISIÓN 962/98. DAVID HÉCTOR CANTÚ DÍAZ.

MINISTRO ENCARGADO DEL ENGROSE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO: GUILLERMO CAMPOS OSORIO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Juez responsable, el Ministerio Público adscrito al Juzgado de Distrito del conocimiento y el procurador general de la República, en sus respectivos recursos de revisión, expresan como agravio el consistente en que el a quo debió decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que toca a la orden de aprehensión que se reclama, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, en virtud de que dicho acto fue expresamente consentido por el quejoso, toda vez que al haber promovido un previo juicio de garantías en que lo señaló como acto reclamado, del cual desistió por así convenir a su interés, con tal manifestación produjo el consentimiento relativo.

El Juez de Distrito del conocimiento, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, desestimó la causal de consentimiento expreso de los actos reclamados planteada por las autoridades responsables, por considerar que la situación jurídica del quejoso en el presente juicio es diversa de la que tenía cuando promovió amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Nuevo León, pues en esa oportunidad aún no se encontraba detenido, siendo que en dicho juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia sin haberse rendido los informes justificados respectivos, por lo que no puede tenerse por consentida la orden de aprehensión con motivo del desistimiento correspondiente.

Con el propósito de determinar si se actualiza o no la causal de improcedencia que se plantea, se atiende a la tesis jurisprudencial 3/96, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que aparece en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, correspondiente a febrero de 1996, página 22, que literalmente expresa:

"DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquél del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados."

De acuerdo con los razonamientos que contiene el criterio transcrito, el desistimiento en el juicio de amparo implica el desistimiento de la acción, dada la conformidad del quejoso con la emisión de los actos reclamados, lo que deja a las autoridades responsables en plena aptitud de ejecutarlos o no, por lo que un posterior juicio de garantías que se promueva para impugnarlos resultará improcedente, al actualizarse la causal de consentimiento expreso prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo y, de satisfacerse los requisitos correspondientes, también la establecida en la fracción IV, de dicho numeral, por existir pronunciamiento judicial con carácter de cosa juzgada.

Sentado lo anterior, cabe destacar que en autos obran copias certificadas de la demanda de amparo fechada el siete de agosto de mil novecientos noventa y seis (fojas 558 a 561), en que el quejoso en el presente juicio de garantías señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes:

"Autoridades responsables. Ostentan ese carácter, como ordenadora: el C. Juez de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado; como ejecutoras: el C. Agente del Ministerio Público adscrito a la autoridad judicial mencionada con antelación y el C. Director de la Policía Judicial en el Estado. Todas las anteriores autoridades con domicilio conocido en sus respectivos recintos oficiales. Acto reclamado. Lo constituye la orden de aprehensión o detención que según he tenido conocimiento ha detectado (sic) en mi contra la autoridad judicial señalada como ordenadora, misma que pretende ser ejecutada por las últimas responsables. Se reclaman asimismo, las consecuencias y efectos legales que se deriven del anterior acto reclamado."

Asimismo, en los antecedentes 1 y 2 de dicha demanda, el quejoso expresó, bajo protesta de decir verdad, lo que se reproduce a continuación:

"1. El compareciente presté mis servicios al Gobierno del Estado como procurador general de Justicia, y con posterioridad a la renuncia de tal cargo, recibí cédula citatoria para investigar unos hechos supuestamente delictivos denunciados por la señora Victoria Khune de Morales, en la que se imputaba al suscrito el haber facilitado la integración de una averiguación en perjuicio de los intereses de la denunciante y de familiares de ésta, alegando inclusive la comisión de hechos delictivos como el de abuso de autoridad, chantaje y otros. 2. Habiendo comparecido ante el representante social y negado los hechos imputados, tuve conocimiento por la prensa de que el Ministerio Público ejercitó acción penal en contra del suscrito por los delitos de evasión de presos, abuso de autoridad, coalición y delitos cometidos en la administración de justicia, ante la hoy autoridad responsable señalada como ordenadora, quien al parecer obsequió de conformidad el libramiento del acto que se le reclama."

El informe justificado correspondiente fue requerido al Juez de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, por virtud de auto admisorio de catorce de agosto de mil novecientos noventa y seis, dictado en el expediente de amparo 829/96-I (foja 557), habiendo sido rendido por dicha autoridad el veintidós de dicho mes y año, en el sentido de reconocer como cierta la emisión de la orden de aprehensión en contra del quejoso, de veinte de junio de dicho año, por considerarlo probable responsable de los delitos de evasión de presos, abuso de autoridad, coalición y delitos cometidos en la administración de justicia, acompañando al aludido juicio de garantías copia certificada de todo lo actuado en la causa penal 290/96 (foja 562). El dieciocho de septiembre posterior, el Juez Tercero de Distrito de dicha entidad decretó el sobreseimiento en el juicio con base en el escrito de desistimiento presentado por el quejoso (foja 563), determinación que causó estado por virtud de auto de treinta y uno de octubre siguiente.

Los elementos que han sido reseñados permiten advertir que la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo 829/96-I y la descrita en el resultando primero del presente fallo son la misma, pues se refieren a la misma causa penal, autoridad responsable y delitos por los cuales se le consideró al quejoso como probable responsable de su comisión.

En tales condiciones, como en términos de la jurisprudencia transcrita con antelación, el desistimiento del quejoso en el previo juicio de garantías que promovió implica el consentimiento expreso con la orden de aprehensión reclamada, y al haberse atribuido su emisión a la misma autoridad responsable, en ambos juicios, se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones IV y XI, de la Ley de Amparo.

No impiden llegar a dicha conclusión los razonamientos del a quo en el sentido de que en el previo juicio de amparo la situación jurídica del quejoso no era la misma, porque no se rindieron informes justificados y por estar ahora detenido, porque, respecto de la primera cuestión, de los antecedentes señalados se aprecia, contrariamente a lo sostenido, que el desistimiento se produjo con posterioridad a la rendición del informe a cargo del Juez responsable y, en lo tocante a la libertad personal del quejoso, el hecho de que en el primer juicio estuviese sustraído a la acción de la justicia y ahora no, en nada modifica su relación con la norma, porque la eventual ejecución de la orden de aprehensión es una circunstancia de hecho que no releva al quejoso de ser considerado como probable responsable de los delitos que le son atribuidos por el Ministerio Público. Además, con independencia de lo anterior, si como ha quedado establecido, el desistimiento del juicio de amparo implica el desistimiento de la acción, resultan irrelevantes los motivos advertidos por el a quo para desestimar las causales de improcedencia cuya actualización ha sido patentizada.

Por todo lo expuesto en el presente considerando, al resultar fundados los agravios propuestos por las autoridades responsables, procede revocar la concesión del amparo determinada por el Juez de Distrito del conocimiento respecto de la orden de aprehensión de veinte de junio de mil novecientos noventa y seis, dictada en contra del quejoso por el Juez de lo Penal del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León, y decretar el sobreseimiento en el juicio por lo que toca a dicho acto y autoridad, con fundamento en el artículo 73, fracciones IV y XI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo.

QUINTO. En lo tocante al Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, la Secretaría de Relaciones Exteriores controvierte la consideración del Juez a quo, en el sentido de tener como cierta la celebración del tratado por la recurrente, aduciendo que se confunde la intervención y firma de los actos preparatorios con la celebración misma del tratado, siendo que dicha autoridad sólo intervino en el procedimiento de negociación del documento final.

Con el objeto de examinar el agravio propuesto, se atiende a lo dispuesto en los artículos 76, fracción I, 80, 89, fracciones I, II y X, 92 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido literal es el siguiente:

"Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes:

"I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia;

"II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho ...

"...

"X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado ..."

"Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmadas por el secretario de Estado o jefe de departamento administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos."

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

"Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:

"I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión."

Ahora bien, la disposición contenida en el citado artículo 133 de la Ley Fundamental, en el sentido de que los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión, no debe interpretarse con la limitación letrista de que en forma específica sea el titular del Poder Ejecutivo de la Unión quien necesariamente lo lleve a cabo en todas sus fases, pues los preceptos constitucionales transcritos permiten la actuación del titular del Ejecutivo a través del secretario de Estado correspondiente, siendo que el derecho interno de cada país determina la forma en que se estructura el órgano supremo representativo del Estado hacia el exterior y fija los procedimientos y límites de esa representación.

Por otro lado, la celebración de un tratado no se reduce a la firma del mismo, sino que se encuentra constituido por todo un procedimiento que se desarrolla en diversas etapas, en las cuales intervienen los secretarios de Estado que se ocupan de las materias específicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2o., 27, fracciones I, II, III y VII y 28, fracciones I y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el primero de los cuales establece:

"Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada:

"I. Secretarías de Estado ..."

"Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

"I. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley del Ejecutivo;

"II. Publicar las leyes y decretos que expidan el Congreso de la Unión, alguna de las dos Cámaras o el presidente de la República;

"III. Publicar el Diario Oficial de la Federación;

"...

"VII. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros Poderes de la Unión, con los Gobiernos de los Estados y con las autoridades municipales; ante estos dos últimos, impulsar y orientar la creación y el funcionamiento de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material."

"Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

"I. Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la administración pública federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte; ... XI. Intervenir, por conducto del procurador general de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados, y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes."

Los anteriores preceptos son acordes con lo dispuesto en el diverso artículo 90 de la Constitución Federal, cuyo tenor, es el siguiente:

"Artículo 90. La administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal o entre éstas y las secretarías de Estado y departamentos administrativos."

De lo anterior se concluye, como se apuntó previamente, que los secretarios de Estado actúan en los términos de la política y directrices que les fija el presidente de la República.

Al respecto esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el siguiente criterio, que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXV, página 1904:

"SECRETARÍAS DE ESTADO. Estas secretarías, como componentes del Poder Ejecutivo, aunque tienen facultades y atribuciones propias, no por eso dejan de obrar como órganos de ese poder, atendiendo al funcionamiento interior del mismo, esto es, representando sus propias funciones, ya que no sería posible que el presidente de la República interviniera personalmente en todos y cada uno de los actos de funcionamiento de dicho poder. En tal virtud, todo acto de una Secretaría de Estado, es acto de la responsabilidad del órgano mismo, y no independiente y propio sólo de uno de los componentes del Poder Ejecutivo; de modo que aunque una Secretaría de Estado, al rendir su informe, diga que no hubo acuerdo del presidente de la República, basta que acepte la existencia de los hechos que se reclaman, para que de ellos deba considerarse legalmente como responsable, al jefe del Poder Ejecutivo. Esto se desprende del contexto del artículo 90 constitucional, que dice: ‘Para el despacho de los negocios del orden administrativo de la Federación, habrá el número de secretarios que establezca el Congreso, por una ley, la que distribuirá los negocios que han de estar a cargo de cada secretaría."

En esa tesitura, no obstante ser verdad que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es una ley ordinaria o secundaria supeditada a la Constitución, no lo es menos que tiene el carácter de reglamentaria de un precepto constitucional, a saber, el artículo 90, sin que, como se ha visto, pugne con el texto de la Ley Fundamental.

Las conclusiones hasta aquí asentadas se corroboran con lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley sobre la Celebración de Tratados, en cuanto dispone que es al presidente de la República a quien corresponde otorgar plenos poderes, los cuales se encuentran definidos por el diverso artículo 2o., fracción VI, del propio ordenamiento legal que establece que para los efectos de esa ley se entenderá por: "VI. ‘Plenos poderes’: el documento mediante el cual se designa a una o varias personas para representar a los Estados Unidos Mexicanos en cualquier acto relativo a la celebración de tratados.".

Así las cosas, es evidente que si el Ejecutivo de la Unión tiene como titular al presidente de la República; que las Secretarías de Estado ejercen las funciones de su competencia legal por acuerdo del presidente de la República; que compete al secretario de Relaciones Exteriores, en términos del citado artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, intervenir en toda clase de tratados y convenciones en los que el país sea parte; y que el secretario de Gobernación es el encargado de conducir las relaciones del Ejecutivo con el Poder Legislativo y de publicar las leyes y decretos, es inconcuso que aquél tiene la capacidad legal para intervenir en la celebración de los tratados y convenios en que la República Mexicana sea parte integrante, y que éste tiene competencia para remitir el tratado al Senado y, en su caso, ordenar su publicación, siendo obvio, además, que ambos secretarios actúan por acuerdo del presidente de la República.

Además, debe tomarse en cuenta lo acordado en la Convención de Viena, que constituye Ley Suprema de la Unión en términos de lo previsto por el artículo 133 constitucional, de cuyo contenido destaca el artículo 7o., que dispone:

"Artículo 7o. Plenos poderes (este precepto se encuentra reproducido en lo esencial por el artículo 3o. de la Ley de Celebración de Tratados antes transcrita):

"1. Para la adopción o la autenticación del texto del tratado o para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considera que una persona representa a un Estado ...

"2. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representa a su Estado;

"a) Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales ..."

De la lectura del artículo antes transcrito se aprecia que en la Convención de Viena se reconoció capacidad expresa a los secretarios de Relaciones Exteriores para la ejecución de todos los actos relativos a la ejecución de un tratado, sin que sea óbice para tomar en consideración lo hasta aquí asentado, el hecho de que internacionalmente la convención no hubiera entrado en vigor a la fecha en que se celebró el tratado impugnado, ya que la vigencia se refiere únicamente a los recíprocos efectos vinculatorios entre los Estados que lo suscribieron, pero no impide que por medio de la incorporación voluntaria de un tratado al derecho doméstico, cobre inmediata vigencia para el Estado que lo decide, lo que sucede con la promulgación, acto por el que se incorpora al derecho interno.

Así las cosas, es inconcuso que la firma del Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, en la Ciudad de México, el veintiuno de noviembre de mil novecientos setenta y ocho (fojas 583 a 600), por el secretario de Relaciones Exteriores y el ministro de Asuntos Exteriores, respectivamente, no constituye propiamente su celebración, si se toma en cuenta que el objeto de la firma lo constituye la manifestación de voluntad por parte del Estado en cuanto a la celebración del acto, la cual quedó plenamente expresada por el presidente de la República al haber ratificado el multirreferido tratado internacional el quince de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.

Efectivamente, el aludido tratado internacional fue ratificado por el presidente de la República, lo que permite entender que ya lo había autorizado, dándole plena validez, con base en las facultades que le otorga la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, cabe destacar que la firma del tratado es un acto preparatorio a su aprobación, según deriva de lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución Federal antes transcrito, de lo que se sigue que la sola firma del tratado constituye sólo una de las fases del procedimiento para la celebración de los tratados internacionales, de tal manera que resulta inexacto afirmar que el tratado de extradición que se reclama en el presente juicio de garantías fue celebrado por el secretario de Relaciones Exteriores, puesto que como ya se indicó, se sujetó a la autorización del presidente y para su validez fue necesaria la aprobación del Senado de la República.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XLV/98, sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal y que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en la página 133, la cual dispone:

"TRATADO DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA EL CUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO. NO ES INCONSTITUCIONAL POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA NO LO HAYA SUSCRITO PERSONALMENTE, SI INSTRUYÓ AL SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA SU NEGOCIACIÓN, Y LUEGO LO RATIFICÓ PERSONALMENTE. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 76, fracción I, 80, 89, fracciones I, II y X, 92 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que la disposición contenida en el citado artículo 133, en el sentido de que los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión, no debe interpretarse con la limitación letrista de que en forma específica sea el titular del Poder Ejecutivo de la Unión quien necesariamente lo lleve a cabo en todas sus fases, incluyendo la suscripción personal, pues los preceptos constitucionales invocados permiten la actuación del jefe del Ejecutivo a través del secretario de Estado correspondiente, siendo nuestro derecho interno, como es aceptado internacionalmente, el que determina la forma en que se estructura el órgano supremo representativo del Estado hacia el exterior y fija los procedimientos y límites de esa representación; por otro lado, la celebración de un tratado no se reduce a la firma del mismo, la que puede provenir del presidente, del secretario relativo o del representante que aquél señale, sino que se encuentra constituido por todo un procedimiento que se desarrolla en diversas etapas, en las cuales interviene otro poder, además de los secretarios de Estado que se ocupan de las materias específicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 2o., 27, fracciones I, II, III y VII, y 28, fracciones I y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de los que deriva que corresponde al secretario de Relaciones Exteriores intervenir en toda clase de tratados y convenciones en los que el país sea parte, y al secretario de Gobernación, conducir las relaciones del Ejecutivo con el Poder Legislativo y publicar las leyes y decretos. En tales condiciones, basta con que el tratado internacional de que se trate haya sido negociado por el secretario de Relaciones Exteriores siguiendo las instrucciones del presidente de la República y luego ratificado por éste y aprobado por el Senado, como sucedió por parte de nuestro país en el tratado de mérito, para que tenga plena validez."

En las apuntadas condiciones, debe concluirse que, contrariamente a lo determinado por el a quo, resulta inexistente el acto reclamado del secretario de Relaciones Exteriores consistente en la celebración del tratado que se reclama, motivo por el cual procede declarar fundado el agravio propuesto por dicha autoridad y decretar el sobreseimiento en el juicio al respecto, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

SEXTO. Por otra parte, este Tribunal Pleno advierte que en la especie se actualiza la improcedencia del juicio por las razones que más adelante se precisan, en lo referente al Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España y su aplicación, cuyo examen oficioso es procedente realizar con fundamento en el último párrafo del citado artículo 73, así como en la tesis jurisprudencial 30/97, sustentada por este propio órgano colegiado, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente a julio de 1997, página 137, que a la letra dice:

"REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. Si se trata de una causal de improcedencia diferente a las ya estudiadas y declaradas inoperantes por el juzgador de primer grado, no existe obstáculo alguno para su estudio de oficio en la revisión, ya que en relación con ella sigue vigente el principio de que siendo la improcedencia una cuestión de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no ante el Juez de Distrito o ante el tribunal revisor, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."

Previamente a la demostración de la improcedencia advertida, se destaca que de la demanda de amparo presentada el catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, se observa que el quejoso precisó, en el capítulo respectivo, entre otros, los siguientes actos reclamados:

"... d) Del director general Jurídico y el director de la Consultoría Jurídica, dependientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se les reclama: Los actos diplomáticos, materiales y jurídicos realizados y que se pretendan realizar, tendientes a la detención y extradición del compareciente quejoso David Héctor Cantú Díaz, que se ejecutan en base al tratado cuya inconstitucionalidad se reclama; asimismo se reclaman las consecuencias y efectos legales que produzcan. e) Del procurador general de la República, del director de Asistencia Legal Internacional, del procurador general de Justicia en el Estado de Nuevo León, se les reclaman: Los actos materiales y jurídicos tendientes a la detención, extradición y traslado, del directamente quejoso en apoyo al Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal que se menciona y cuya inconstitucionalidad se reclama en esta vía; asimismo se reclaman las consecuencias y efectos legales que se deriven del mismo."

Asimismo, en el antecedente 4 de su escrito inicial, la parte demandante expresó lo siguiente:

"4. El Juez responsable obsequia de conformidad la orden de aprehensión en contra del compareciente, habiendo sido detenido en la ciudad de Madrid España, el día 17 de septiembre del año en curso, al parecer en base al Tratado de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España y por conducto de las diversas autoridades que como responsables también se señalan en esta demanda de garantías, tratado el mencionado (sic) que se estima es i

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5679-964b5983/a-extradicion-debe-decretarse-el-sobreseimiento-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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