SEGURO SOCIAL. EL APERCIBIMIENTO DE MULTA CONFORME AL REGLAMENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA LEY RELATIVA Y SUS REGLAMENTOS, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 1664/99. JOSÉ MANUEL BARCELATA RAMÓN.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIO: ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-El recurrente se inconforma con el sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito y del examen de su escrito de agravios se advierte que, esencialmente, argumenta que el oficio dictado por el titular de la Delegación Veracruz Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el que se le informó el inicio de un procedimiento de investigación en su contra por la probable comisión de una infracción a la Ley del Seguro Social y se le apercibe con una multa, sí afecta su interés jurídico y sí constituye un acto de aplicación del artículo 304 de la ley antes mencionada, así como del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos.
Esta Segunda Sala estima que el agravio antes indicado resulta parcialmente fundado, en virtud de que el oficio impugnado por el quejoso no constituye un acto de aplicación del artículo 304 de la Ley del Seguro Social, pero sí lo es del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, de acuerdo con las consideraciones siguientes:
Tratándose del amparo indirecto o ante Juez de Distrito, el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que procede contra leyes u ordenamientos generales que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación causen un agravio al quejoso. Dicho precepto dispone expresamente:
"114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso."
La diferencia que hace el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, antes transcrito, de las leyes o disposiciones generales desde el punto de vista de sus efectos, de individualización condicionada o incondicionada, en leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, explica el momento en que cada una de ellas causa un perjuicio a su destinatario y, por consiguiente, determina el momento oportuno para promover el juicio de garantías. Las normas heteroaplicativas no producen sus efectos en la esfera jurídica del particular por el solo hecho de entrar en vigor, sino que requieren de un acto posterior que las concrete, es decir, que las individualice. Por su parte, las normas autoaplicativas sí afectan a los particulares desde que cobran vigencia, pues tienen una aplicación que no se encuentra sujeta a condición alguna. La distinción apuntada se explica jurisprudencialmente en los términos siguientes:
"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.-Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." (Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, página cinco).
En el juicio de amparo contra leyes, para acreditar el interés jurídico del quejoso y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de una norma legal, es indispensable que la misma haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea por su sola vigencia o que se le aplique de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción; la ley, que es general, abstracta e impersonal, debe producir efectos en forma particular, concreta y personal en su destinatario.
La afectación sufrida por el gobernado, apta para motivar la promoción del juicio de amparo, debe ser objetiva y actual al momento de la presentación de la demanda, es decir, para que la constitucionalidad de una norma legal pueda ser analizada en el juicio de garantías, ésta debe incidir de manera directa en la esfera de derechos del gobernado, afectando una situación real. Las ideas vertidas con anterioridad tienen apoyo en diversas tesis de jurisprudencia, sustentadas por este tribunal, como las que se citan a continuación:
"INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE ‘INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA’ Y DE ‘RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA’.-Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la Justicia Federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." (Tesis de jurisprudencia de la anterior Tercera Sala publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo I, Materia Constitucional, página ciento setenta y ocho).
"INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.-A pesar de que al juicio de amparo pudiera llamársele el verdadero juicio popular, esto no significa que la acción de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o de actos, sea popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 107 constitucional y por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos indispensables para la procedencia de la acción sea la comprobación del interés jurídico del quejoso, el cual no puede tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantías, en atención a que tal proceder sólo implica la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, lo que es distinto a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus derechos; así que no demostrándose que el quejoso se encuentre dentro de los presupuestos procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese requisito procesal consistente en acreditar el interés jurídico." (Tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo I, Materia Constitucional, página ciento setenta y nueve).
"LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS SUPUESTOS.-La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo sus hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera, sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica." (Tesis de jurisprudencia de la anterior Tercera Sala, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo I, Materia Constitucional, página ciento noventa y seis).
Por lo que respecta al juicio de amparo contra leyes heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado jurisprudencialmente que aquél sólo procede con motivo de su primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso, según se puede constatar en la tesis siguiente:
"LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.-En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier ‘acto posterior’ de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal ‘acto posterior’ de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley a través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente." (Tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, página ciento sesenta y dos).
Por su parte, tratándose de la procedencia del juicio de amparo con motivo de un apercibimiento, esta Suprema Corte de Justicia ha establecido que el requerimiento con apercibimiento genérico de imponer las medidas de apremio correspondientes es un acto de aplicación de la ley reclamada que no afecta el interés jurídico para la procedencia del amparo, tal como se advierte de las siguientes tesis:
"MEDIOS DE APREMIO, APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN. SI ES GENÉRICO NO PUEDE CONSIDERARSE COMO ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY QUE LOS PREVÉ.-Si en una resolución jurisdiccional se ordena el acatamiento de una determinación a cargo de alguno de los sujetos que intervienen en el proceso, apercibiendo al obligado que en caso de incumplimiento le serán impuestas las medidas de apremio previstas legalmente, sin especificar cuál o cuáles de dichos medios coactivos le serán aplicados, al haber sido decretado el apercibimiento de una manera genérica, no puede considerarse, en rigor, como un acto de aplicación del precepto legal que regula el empleo de los medios de apremio por los Jueces, toda vez que al desconocer la medida coactiva específica que le será aplicada en caso de no cumplir con la orden judicial, el obligado no cuenta con los elementos de defensa necesarios para impugnar en el juicio de garantías, con motivo de su aplicación, la constitucionalidad de la norma que los regula." (Tesis P. XLIII/97 del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de mil novecientos noventa y siete, página doscientos cincuenta y dos).
"MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.-Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de una disposición que establece medidas de apremio de que el juzgador puede hacer uso para que se cumplan sus determinaciones, y de la resolución que se señala como acto de aplicación, se advierte que sólo contiene un requerimiento en el que de manera genérica y no específica se indica que, de no darse cumplimiento a lo ordenado en el proveído respectivo, se hará uso de las medidas de apremio a que se refiere la norma reclamada, de ello se deduce que no se ha actualizado, en perjuicio del requerido, alguna de las hipótesis previstas por el precepto legal, por lo que ninguna afectación ocasiona a su interés jurídico y, en tales condiciones, al operar la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III, del propio ordenamiento legal." (Tesis 2a./J. 36/97 de la Segunda Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, agosto de mil novecientos noventa y siete, página ciento cincuenta y seis).
En cambio, cuando el apercibimiento no es genérico, sino que en él se aplica específicamente la disposición que establece la sanción y se pormenorizan los elementos de la que corresponde a la conducta que se atribuye al gobernado, se considera que dicho precepto ya se aplicó en su perjuicio pues, cuando menos, ya se constituyó en un acto de molestia dentro de su esfera jurídica.
En esas condiciones, para determinar si el presente juicio es procedente, debe examinarse el apercibimiento de multa que se hizo al quejoso, para saber si se trata de un apercibimiento genérico o de uno concreto y, además, para saber si constituye un acto de aplicación de los preceptos legal y reglamentarios impugnados.
El oficio impugnado por el quejoso es el siguiente:
"Instituto Mexicano del Seguro Social.-Delegación Veracruz Sur.-Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos.-Departamento Consultivo y de Clasificación de Empresas.-C. Representante legal de la empresa.-Nombre o razón social: José Manuel Barcelata Ramón.-Domicilio: Vía Casa Redonda 101 a ASFZO Hnos. del Tr., Coatzacoalcos, Ver.-Número de Trabajadores expuestos al riesgo: 4.7.-Registro (s) patronal (es) F342817110.- Clase de riesgo: IV.-Fracción número: 711.-Actividad económica o giro: Autotransporte foráneo de pasaje y turis.-Me permito notificarle que de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de este instituto, se presume que usted (es) incurrió en violación a la Ley del Seguro Social y sus reglamentos.-El hecho u omisión que se le imputa consiste en ‘omitir presentar su declaración anual del grado de riesgo y prima’ a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, por el periodo del 2o. bimestre de cotizaciones de 1998 al 1er. bimestre de 1999, conforme a lo dispuesto en los artículos segundo y noveno transitorios de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, que entró en vigor el 1o. de julio de 1997, por cuyas disposiciones es aplicable el artículo 80 de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1973 y sus reformas del 28 de diciembre de 1984 y 20 de julio de 1993 y el artículo (ilegible) fracción VI del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, según consta en el dictamen de determinación del grado de riesgo con número de folio 98/3-02726 que involucra a 4.7 trabajadores promedio expuestos al riesgo, mediante el cual se le notificó el grado de riesgo 30 y prima 03.18550 por ciento que le corresponde cubrir por el periodo antes señalado, así como los artículos 1o., 3o., 6o., fracción XV, 15, 16, 18, fracción III, 20 y demás relativos del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos.-A fin de efectuar el pago correspondiente acuda al Departamento de Afiliación, Vigencia de Derechos ubicado en esta subdelegación.-Si no comparece dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al que reciba esta notificación, a efectuar el pago o a manifestar lo que a su derecho convenga, se tendrán por ciertos los hechos u omisiones que se le imputan y se le hará efectiva la multa correspondiente cuya cuantía oscilará entre ciento veintiséis a doscientas diez veces el importe del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al momento de su imposición, de conformidad a lo establecido en los artículos 15, 16 y 18 del reglamento de la materia.-Si realiza oportunamente el pago de la multa se le reducirá un 20% de su monto, de conformidad al artículo 19 del ordenamiento citado."
De la transcripción anterior se advierte que la autoridad responsable informó al quejoso que se le atribuyó una probable infracción a la Ley del Seguro Social, consistente en la omisión de presentar su declaración anual del grado de riesgo y prima por el seguro de riesgos de trabajo correspondiente al segundo bimestre de cotizaciones de mil novecientos noventa y ocho y al primero de mil novecientos noventa y nueve, y además lo apercibió que en caso de no cumplir con tal obligación se presumiría la existencia de los hechos constitutivos de la infracción que se le imputa y se le impondría la multa correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 3o., 6o., fracción XV, 15, 16, 18, fracción III y 20 del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos.
El artículo 304 de la Ley del Seguro Social, que la quejosa impugnó en este juicio, pero que no fue citado por la autoridad al dictar el oficio antes transcrito, establece lo siguiente:
"304. Cuando los actos u omisiones, que realicen los patrones y demás sujetos obligados, impliquen el incumplimiento del pago de los conceptos fiscales que establece el artículo 287, aquéllos se sancionarán con multa del setenta al cien por ciento del concepto omitido. Los demás actos u omisiones que perjudiquen a los trabajadores o al instituto se sancionarán con multa de cincuenta hasta trescientas cincuenta veces el importe del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Estas sanciones serán impuestas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el reglamento de la materia."
El precepto transcrito establece los límites superior e inferior que corresponde a los distintos tipos de infracciones cometidas a la Ley del Seguro Social, pero no indica cuál es aquella que corresponde a cada infracción en particular, aspecto que delega en el ordenamiento reglamentario correspondiente.
En esas condiciones, debe entenderse que si la autoridad responsable, para emitir el oficio impugnado, se apoyó en diversos preceptos del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, sólo éstos fueron aplicados en perjuicio del quejoso, y que el artículo 304 de la Ley del Seguro Social, como no fue citado expresamente ni el mandato que prevé se actualiza mediante el oficio en cuestión, no fue aplicado en perjuicio del promovente y, por consiguiente, el Juez de Distrito consideró, correctamente, que tal precepto legal no afecta su interés jurídico con su sola vigencia.
Debe señalarse que no obsta para llegar a la determinación anterior, relativa a que el artículo 304 de la Ley del Seguro Social no fue aplicado en perjuicio del quejoso, el argumento que hace valer en sus agravios consistente en que, como el Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos desarrolla el precepto legal referido, debe entenderse que éste también se le aplicó, aunque no haya sido citado expresamente por la autoridad responsable. Lo anterior en virtud de que, como se mencionó en párrafos precedentes, el artículo 304 de la Ley del Seguro Social establece los límites inferior y superior que corresponden a cada tipo de infracciones, pero no pormenoriza cada una de ellas; de manera que si al quejoso se le informó que, presumiblemente, había cometido una infracción y se le apercibió con una multa, sólo los preceptos que de manera específica contemplan la sanción que se le pretende imponer son aquellos que le fueron aplicados y que le pueden causar un perjuicio.
Ahora bien, los artículos 6o., 15 y 18 del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción a la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos que, entre otros, citó la autoridad responsable para fundar el oficio impugnado, son del tenor siguiente:
"6o. Se consideran infracciones a la ley y sus reglamentos los siguientes actos u omisiones de los patrones: I. No registrarse ante el instituto, o hacerlo fuera del plazo establecido en la ley; II. No inscribir a sus trabajadores ante el instituto o hacerlo en forma extemporánea; III. No comunicar al instituto o hacerlo extemporáneamente las modificaciones al salario base de cotización de sus trabajadores; IV. No determinar o determinar en forma extemporánea las cuotas obrero patronales legalmente a su cargo; V. No informar al trabajador o al sindicato de las aportaciones realizadas a la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; VI. Presentar al instituto los avisos afiliatorios, formularios, comprobantes de afiliación, registros de obras o cédulas de determinación de cuotas obrero patronales con datos falsos, salvo aquellos que por su naturaleza no sean de su responsabilidad; VII. No llevar los registros de nóminas o listas de raya, en los términos que señala la ley y el reglamento para el pago de cuotas del Seguro Social; VIII. No entregar a sus trabajadores la constancia semanal o quincenal de los días laborados, en caso de estar obligado a ello; IX. No proporcionar, cuando el instituto se lo requiera, los elementos necesarios para determinar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo o hacerlo con documentación alterada o falsa; X. Obstaculizar o impedir, por sí o por interpósita persona las inspecciones o visitas domiciliarias que ordene el instituto; XI. No cooperar con el instituto en los términos del artículo 83 de la ley, en la realización de estudios e investigaciones para determinar factores causales y medidas preventivas de riesgos de trabajo, en proporcionar datos e informes que permitan la elaboración de estadísticas de ocurrencias y en difundir, en el ámbito de sus empresas, las normas sobre prevención de riesgos de trabajo; XII. No dar aviso al instituto de los riesgos de trabajo, ocultar su ocurrencia en las instalaciones o fuera de ellas en el desarrollo de sus actividades, o no llevar los registros de los riesgos de trabajo o no mantenerlos actualizados; XIII. No conservar los documentos que estén siendo revisados durante una visita domiciliaria o los bienes muebles en los que se dejan depositados los mismos como consecuencia de su aseguramiento; XIV. Alterar, desprender o destruir, por sí o por interpósita persona, los documentos, sellos o marcas colocados por los visitadores del instituto con el fin de asegurar la contabilidad, en los sistemas, libros, registros y demás documentos que la integren, así como en los equipos, muebles u oficinas en que se encuentre depositada dicha contabilidad y que se le haya dejado en depósito como consecuencia del aseguramiento derivado de una visita domiciliaria; XV. Omitir, presentar, hacerlo extemporáneamente o con datos falsos o incompletos la declaración anual de la prima en el seguro de riesgos de trabajo; XVI. No dar aviso al instituto o hacerlo extemporáneamente del cambio de domicilio de una empresa o establecimiento, cuando se encuentre en alguno de los supuestos que señala el reglamento de afiliación; XVII. No retener las cuotas del Seguro Social a cargo de sus trabajadores cuando así le corresponda legalmente o no enterar al instituto las cuotas retenidas a éstos; XVIII. No comunicar al instituto por escrito sobre el estallamiento de huelga o terminación de la misma; la suspensión, cambio o término de actividades; la clausura; el cambio de nombre o razón social; la fusión o escisión, y XIX. Omitir o presentar extemporáneamente copia del informe sobre la situación fiscal del contribuyente y los anexos referidos a las contribuciones por concepto de cuotas obrero patronales en términos del artículo 16 de la ley."
"15. El instituto, impondrá las multas cuya cuantía por cada infracción oscilará entre cincuenta y trescientas cincuenta veces el importe del salario vigente al momento de su imposición, considerando la gravedad de la falta y, en su caso, la reincidencia del infractor.-Para efecto de considerar la gravedad de la falta en la imposición de la sanción respectiva, se tomarán en consideración los supuestos siguientes: I. La naturaleza propia del acto u omisión; II. El número de trabajadores involucrados por la acción u omisión; III. El importe del crédito fiscal omitido, y IV. La capacidad económica del infractor."
"18. Se sancionarán los actos u omisiones señalados en el artículo 6o. de este reglamento en la forma siguiente: I. Las previstas en las fracciones IV, V, VII, VIII, XI, XVI y XIX con multa equivalente al importe de cincuenta a setenta y cinco veces el salario; II. Las previstas en las fracciones III, X, XIII y XVIII con multa equivalente al importe de setenta y seis a ciento veinticinco veces el salario; III. Las previstas en las fracciones VI, IX y XV con multa equivalente al importe de ciento veintiséis a doscientas diez veces el salario, y IV. Las previstas en las fracciones I, II, XII, XIV y XVII con multa equivalente al importe de doscientas once a trescientas cincuenta veces el salario."
Como se ve, los preceptos antes transcritos, en que se apoyó la autoridad responsable para emitir el apercibimiento en contra del quejoso sí constituyen un acto de aplicación del Reglamento para la Imposición de Multas por Infracción de las Disposiciones de la Ley del Seguro Social y sus Reglamentos, pues revelan el inicio del procedimiento administrativo para la imposición de una multa, lo cual se corrobora con el contenido de los diversos artículos 10, 11 y 12, relativos al procedimiento previsto en el citado reglamento, que establecen:
"10. Cuando el instituto conozca de un acto u omisión de los que pudiera derivar una violación a la ley o a sus reglamentos o de ambos ordenamientos, se allegará de los elementos que permitan su esclarecimiento y llevará a cabo las diligencias que fueren necesarias.-Si de los elementos o diligencias a que se refiere el párrafo anterior, se presume una infracción, el instituto la notificará al patrón, haciéndole saber los hechos u omisiones que se le imputan, así como los artículos de la ley o de sus reglamentos que se consideren violados.-El patrón dispondrá de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, para que por escrito manifieste ante la autoridad emisora del acto lo que a su derecho convenga y exhiba pruebas."
"11. Podrán ofrecerse las p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6272-29803b8c/seguro-social-el-apercibimiento-de-multa-conforme-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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