Corpus
Modo: Corpus Pro

VALOR AGREGADO. PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. LOS COEFICIENTES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY RELATIVA, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004, NO VULNERAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD. VALOR AGREGADO. PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. SI ADUCEN DESTACADAMENTE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS COEFICIENTES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY RELATIVA, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004, PROCEDE EL ESTUDIO DE FONDO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1682/2004. · Registro digital (IUS): 19208
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, , Pág. 879.

AMPARO EN REVISIÓN 1682/2004. ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.

SECRETARIO: JUAN CARLOS ROA JACOBO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. En primer lugar, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación procede a corregir de oficio la incongruencia que detecta en la fijación del acto reclamado por parte del a quo.

En efecto, si bien es cierto que el quejoso señala como actos reclamados la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del decreto legislativo que contiene el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en vigor a partir del primero de enero de dos mil cuatro, así como el artículo segundo transitorio del decreto de reformas a dicha ley y el artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil cuatro, también lo es que de la lectura que se realice del capítulo de conceptos de violación de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso igualmente señaló como acto reclamado destacado la porción normativa que contiene los diversos coeficientes de valor agregado, motivo por el cual el Juez del conocimiento debió proceder al estudio respectivo, pronunciándose en relación con cada uno de estos aspectos en lo individual.

En lo conducente, resulta aplicable al presente caso la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, tesis P./J. 40/2000, página 32).

En tal virtud, se corrige la incongruencia en que incurre el a quo y se tiene como acto reclamado destacado la porción normativa del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece los diversos coeficientes de valor agregado.

Lo anterior, con apoyo en la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe:

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, cuyo rubro dice: ‘SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.’, en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, tesis P./J. 133/99, página 36).

TERCERO. Resulta innecesario realizar la síntesis y estudio de los argumentos jurídicos hechos valer por la quejosa tendentes a controvertir, de manera general, la constitucionalidad del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al advertirse actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 80 de la Ley de Amparo, respecto de dicho numeral de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente a partir del primero de enero de dos mil cuatro.

En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos amparos en revisión, en la sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil cuatro, emitió la siguiente tesis:

"VALOR AGREGADO. PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO SI SE RECLAMA LA FORMA DE CALCULAR EL TRIBUTO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. C DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004. El artículo citado prevé que los pequeños contribuyentes pagarán el impuesto correspondiente mediante estimativa del valor de las actividades que practiquen las autoridades fiscales, en lugar de hacerlo conforme al régimen general que la ley relativa dispone. En ese tenor, si la persona física que pertenece a dicho régimen especial impugna el artículo referido por considerar violatoria de garantías la forma de calcular el tributo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse, ya que siendo la naturaleza del precepto reclamado de carácter positivo, de resultar fundados los argumentos que plantea sobre el particular la quejosa, el efecto de una posible concesión sería el de restituirla en el pleno goce de la garantía violada, el cual no podría ser para que se le desvinculara de la obligación de pagar el impuesto, porque no es dicho precepto el que determina su calidad de causante y si bien incide en la determinación de la base que es uno de sus elementos esenciales, ello obedece a que establece una mecánica más sencilla de tributación para los pequeños contribuyentes; en consecuencia, si con motivo de la concesión del amparo se les obligara a tributar conforme al régimen general, que significa llevar contabilidad y determinar el impuesto acreditable, entre otras obligaciones fiscales complejas que no se establecen para el régimen de pequeños contribuyentes, es inconcuso que se les ocasionaría un perjuicio al incrementar sus cargas administrativas.

"Amparo en revisión 906/2004. Lidia Guadalupe Martínez Fabián. 26 de octubre de 2004. Mayoría de seis votos; votaron en contra Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo (ausente José Ramón Cossío Díaz). Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

"Amparo en revisión 918/2004. Guillermo David Estrada Bobadilla. 26 de octubre de 2004. Mayoría de seis votos; votaron en contra Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo (ausente José Ramón Cossío Díaz). Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

"Amparo en revisión 929/2004. José Pedro Díaz Ponce. 26 de octubre de 2004. Mayoría de seis votos; votaron en contra Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo (ausente José Ramón Cossío Díaz). Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

"Amparo en revisión 970/2004. Marisol Pinzón Tzompantzi. 26 de octubre de 2004. Mayoría de seis votos; votaron en contra Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo (ausente José Ramón Cossío Díaz). Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

"Amparo en revisión 1006/2004. Elvira López Gachuz. 26 de octubre de 2004. Mayoría de seis votos; votaron en contra Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo (ausente José Ramón Cossío Díaz). Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

"Amparo en revisión 1007/2004. Sergio Jaime García Santillán. 26 de octubre de 2004. Mayoría de seis votos; votaron en contra Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo (ausente José Ramón Cossío Díaz). Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

"Amparo en revisión 1051/2004. Josefina Hernández Alamilla. 26 de octubre de 2004. Mayoría de seis votos; votaron en contra Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo (ausente José Ramón Cossío Díaz). Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Luis Revilla de la Torre.

"Amparo en revisión 1062/2004. Guillermina Ruiz Álvarez. 26 de octubre de 2004. Mayoría de seis votos; votaron en contra Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo (ausente José Ramón Cossío Díaz). Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

"Amparo en revisión 1073/2004. María Candelaria Pérez Mera. 26 de octubre de 2004. Mayoría de seis votos; votaron en contra Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo (ausente José Ramón Cossío Díaz). Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

"Amparo en revisión 1100/2004. María de Lourdes Quintanilla Moctezuma. 26 de octubre de 2004. Mayoría de seis votos; votaron en contra Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y José de Jesús Gudiño Pelayo (ausente José Ramón Cossío Díaz). Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza."

En tal virtud, por actualizarse la causal de improcedencia que establece el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80 de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, con fundamento en el artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal en estudio, procede decretar el sobreseimiento en lo que concierne al acto reclamado consistente en el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado reclamado de manera general.

En efecto, cabe precisar que el presente sobreseimiento únicamente abarca aquellos actos y autoridades que reclamó el quejoso en relación con la forma de tributar establecida en el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, toda vez que el efecto del amparo sería el de obligarlo a tributar en el régimen general de ley, causándole un perjuicio y no así a la porción normativa relativa a los coeficientes de valor agregado que también fueron objeto de impugnación de manera destacada en los términos que quedaron precisados en el considerando segundo de esta ejecutoria.

CUARTO. Por otro lado, debe señalarse que la parte quejosa señaló como acto reclamado la emisión del artículo segundo transitorio del decreto de reformas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para dos mil cuatro.

Dicho precepto legal prevé:

"Segundo. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, los pagos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2004, se pagarán durante el mes de mayo de dicho año."

De la lectura de sus conceptos de violación no es posible desprender que haya emitido argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del contenido de dicho precepto.

Por tanto, también debe sobreseerse en el juicio con respecto a dicho numeral, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley.

Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." (Octava Época, Tercera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 72, diciembre de 1993, tesis 3a./J. 28/93, página 38).

QUINTO. Debe precisarse que no es materia del presente recurso de revisión el sobreseimiento que se decreta en el primer punto resolutivo, regido por el considerando segundo de la sentencia dictada por el Juez de Distrito, toda vez que no fue impugnado por la parte quejosa a quien hubiese podido causar perjuicio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 20/91 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de mil novecientos noventa y uno, página veintiséis, cuyo tenor es el siguiente:

"REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR. Si en una sentencia existe diverso resolutivo sustentado en las respectivas consideraciones que no afectan a la parte recurrente y no son combatidas por quien lo pudo afectar, debe precisarse que no son materia de la revisión dichas consideraciones y resolutivo."

Asimismo, se precisa que resulta innecesario realizar la síntesis y estudio del agravio hecho valer por la recurrente, en razón de que el mismo ya fue atendido por el Tribunal Colegiado, estimándolo fundado y suficiente para revocar el sobreseimiento decretado en el presente asunto por el Juez a quo.

En tal virtud, la materia de la revisión se constriñe al análisis de los argumentos planteados por la parte quejosa a través de los conceptos de violación constantes en la demanda de amparo, en los términos que se describen a continuación.

En su cuarto concepto de violación, la parte quejosa controvierte la constitucionalidad del decreto de reformas de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para dos mil cuatro, al señalar que transgrede el artículo 89, fracción I, de la Norma Suprema.

A ese respecto, la parte quejosa aduce que el decreto de reformas no está fundamentado, porque en él se indica que el presidente de la República "expide" el decreto en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución, siendo que el Ejecutivo sólo tiene facultades para promulgarlo.

Agrega la parte quejosa que "expedir" y "promulgar" son actos distintos y que, en todo caso, se debió indicar algo semejante a lo siguiente: "En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución General de la República, promulgo el presente decreto para su obediencia y observancia".

Asiste la razón a la parte quejosa en cuanto a que no es lo mismo expedir un decreto de reformas legales que promulgarlo: la promulgación guarda relación con el reconocimiento que el Ejecutivo hace de la existencia de una ley y la orden de que sea cumplida después de haber sido publicada.

Por el contrario, el verbo "expedir", en nuestro contexto constitucional, es utilizado por el Constituyente en el artículo 72 de la Norma Suprema para hacer referencia a la facultad del Congreso de la Unión de dictar leyes.

Sin embargo, lo trascendente a efectos de las formalidades constitucionales tendentes a garantizar el debido proceso para crear, configurar y expedir las normas que componen el ordenamiento jurídico secundario, son los hechos.

Presenta relevancia constitucional el hecho de que sea el presidente quien promulgue los decretos de reforma legislativos, y que sea el legislador democrático quien, de hecho, los expida.

Por el contrario, no es trascendente para efectos del análisis de una violación formal a la Constitución un error referente a la terminología contenida en las leyendas utilizadas por el Ejecutivo, al anunciar la realización de los actos que le corresponden en el proceso de desarrollo normativo.

El que el Ejecutivo diga que "expide" el decreto de reformas no es suficiente para demostrar que, de hecho, ese poder en realidad lo emitió usurpando las facultades del Congreso de la Unión, lo que da lugar a declarar inoperante, por insuficiente, el concepto de violación en análisis.

SEXTO. En su demanda de amparo, la parte quejosa señaló también como acto reclamado la emisión del artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil cuatro.

Dicho precepto legal prevé lo siguiente:

"Octavo. Las entidades federativas que celebren convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán destinar los recursos obtenidos por ese concepto a un programa de gasto social consistente en la protección para cada uno de los pequeños contribuyentes. Para este efecto, las entidades federativas podrán celebrar convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Los contribuyentes que por actos de autoridad les determinen omisión en el pago del impuesto mencionado, no serán beneficiarios de lo dispuesto en este artículo."

En su quinto concepto de violación, la parte quejosa cuestionó la constitucionalidad del primer párrafo de dicho precepto legal, al señalar, en esencia, que viola el principio constitucional de destino al gasto público de los impuestos, ya que el legislador dispuso que el monto derivado del pago de dicho tributo debe destinarse para beneficio de los propios pequeños contribuyentes y no para beneficio de la colectividad.

A juicio del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta infundado dicho concepto de violación.

Si bien es verdad que las normas tributarias, en principio, deben encontrarse ajustadas a los principios tributarios constitucionales derivados del artículo 31, fracción IV, del Pacto Federal, que incluye el principio de destino al gasto público de los impuestos, también lo es que una norma tributaria, en cuanto al destino de los recursos respectivos, puede contener finalidades especiales que pueden hallar sustento constitucional, siempre que resulten, al mismo tiempo, en beneficio de la colectividad.

Los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, han de servir como instrumentos de la política económica general, atender a las exigencias de estabilidad y progreso sociales, y procurar una mejor distribución de la renta nacional. Así lo ha determinado esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el siguiente criterio jurisprudencial:

"CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES. Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos." (Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, tesis P./J. 18/91, página 52).

En términos del artículo 25 constitucional, el Estado es un garante de la rectoría del desarrollo nacional y su función consiste en asegurar que aquél sea integral y sustentable. Lo que logra, según la propia Constitución, con el fomento de ciertas actividades para lograr un crecimiento económico, pero siempre respetando los derechos de las personas, las que en su totalidad son protegidas por el Estado en todos sus aspectos.

Dicho precepto constitucional también instituye un principio conforme al cual el Estado se encarga de planear, conducir, coordinar y orientar la economía nacional, mediando la utilización de criterios de equidad social y productividad, y de acuerdo a las modalidades que dicte el interés público.

La norma contenida en el precepto legal combatido, consistente en el deber de las entidades federativas que celebren convenio de coordinación para la administración del impuesto establecido en el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de destinar los recursos obtenidos por ese concepto a un programa de gasto social consistente en la protección para cada uno de los pequeños contribuyentes, encuentra fundamento en el artículo 25 de la Norma Suprema.

La generalidad de dicha norma legal, tendente a reforzar el universo que representan los pequeños contribuyentes, tiende a producir efectos positivos en el plano económico a nivel nacional, lo que resulta conforme a la necesidad de asegurar un desarrollo integral y sustentable en el país, según lo dispone el artículo 25 de la Norma Suprema.

El fomento de las actividades de los pequeños contribuyentes por parte del legislador constituye un gasto público especial que tiende a incidir en el desarrollo económico nacional, lo cual termina por presentar efectos positivos en el nivel de vida de la colectividad, lo cual hace que no sea inconstitucional el precepto legal combatido por los motivos planteados por la parte quejosa.

Al respecto, resulta aplicable el criterio jurisprudencial que a continuación se transcribe.

"CONTRIBUCIONES. LAS DESTINADAS AL PAGO DE UN GASTO PÚBLICO ESPECIAL NO VIOLAN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. Al establecer el precepto constitucional mencionado que los tributos deben destinarse al pago de los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que resida el contribuyente, no exige que el producto de la recaudación relativa deba ingresar a una caja común en la que se mezcle con el de los demás impuestos y se pierda su origen, sino la prohibición de que se destine al pago de gastos que no estén encaminados a satisfacer las funciones y servicios que el Estado debe prestar a la colectividad. Por tanto, si el producto de la recaudación es destinado al pago de un gasto público especial que beneficia en forma directa a la colectividad, no sólo no infringe, sino que acata fielmente lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, tesis P./J. 106/99, página 26).

Por otro lado, en su sexto concepto de violación, la parte quejosa cuestionó la constitucionalidad del segundo párrafo del artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil cuatro, al señalar que es contrario a la garantía de igualdad, ya que a su juicio:

"... establece un trato discriminatorio al pequeño contribuyente, en razón de que a éste se le suspenderán sus derechos de seguridad social que establece el ordenamiento tildado de inconstitucional si la autoridad fiscal le determina omisiones en el cumplimiento del impuesto a su cargo. Esta situación no sucede ni se encuentra estipulada en ninguna otra ley, y es obvio que muchos contribuyentes del impuesto de que se trate, que presenten adeudos u omisiones en los mismos, nunca pierden sus derechos como beneficiarios de los servicios de seguridad social o de los servicios que en general brinda el gobierno en beneficio de la población en general. Como ejemplo, se puede ver que cualquier persona, aunque tenga adeudos fiscales, jamás se le negará el derecho a la seguridad pública, la educación, la justicia u otros, tan cotidianos pero igual de importantes como el libre tránsito o la igualdad de géneros. ... Así las cosas, la reforma que se impugna ... otorga un trato diferente y desigual a los pequeños contribuyentes que tengan omisiones del impuesto que están obligados a pagar, en relación con los demás ciudadanos que se pueden encontrar en la misma situación deudora con el fisco, y que por esa omisión, no se les anulan sus derechos."

Es inoperante dicho concepto de violación, toda vez que los argumentos antes transcritos son ineficaces para demostrar la violación a la garantía de igualdad, habida cuenta que la quejosa parte de la falsa premisa consistente en que dicho artículo prevé la posibilidad de que "se pierdan los derechos como beneficiarios de los servicios de seguridad social o de los servicios que en general brinda el gobierno en beneficio de la población en general (como) el derecho a la seguridad pública, la educación, la justicia u otros, tan cotidianos pero igual de importantes, como el libre tránsito o la igualdad de géneros", lo cual es inexacto, ya que tal dispositivo dispone únicamente que a los contribuyentes que se les determine omisión en el pago del impuesto mencionado no serán beneficiados por el programa de gasto social que específicamente derive del caudal económico que resulte de dichas contribuciones.

Es decir, dicho artículo no prevé que se privará a los pequeños contribuyentes de sus derechos sociales previstos en la Constitución Federal.

Toda vez que los planteamientos esgrimidos por la parte quejosa parten de una interpretación incorrecta de dicho precepto legal, éstos resultan ineficaces para demostrar la inconstitucionalidad del dispositivo cuestionado.

A mayor abundamiento, los planteamientos formulados por la quejosa parten de una situación hipotética (como lo es la omisión del pago del impuesto), lo que deriva que el concepto de violación sea también en ese sentido inoperante:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, octubre de 2003, tesis 2a./J. 88/2003, página 43).

SÉPTIMO. Atendiendo a la salvedad efectuada en relación con el sobreseimiento decretado por lo que respecta a la norma genérica que prevé el sistema de tributación del impuesto al valor agregado contenida en el artículo 2o. C de la ley de mérito, es necesario examinar la constitucionalidad de la porción normativa específica en la que se contemplan los coeficientes de valor agregado, reclamada como acto destacado, que se encuentra también contenida en dicho precepto legal.

En su primer concepto de violación, la parte quejosa aduce que la norma que prevé los distintos coeficientes de valor agregado que deben aplicarse para el cálculo de dicho tributo, contenida en el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, transgrede la garantía reconocida en el artículo 31, fracción IV, de la Norma Suprema.

En ese sentido, la quejosa aduce que el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado otorga un trato desigual a los iguales, porque "... a todos los sujetos pasivos que está considerando como obligados al pago del impuesto y que son personas físicas que tributan en el régimen de pequeños contribuyentes para la determinación del impuesto a pagar, se les aplica un coeficiente de valor agregado diferente, dependiendo de su actividad, con lo cual, se pone indebidamente en diversa situación tributaria a quienes se encuentran en la misma situación fiscal, esto es, como pequeños contribu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19208-26751475/valor-agregado-pequenos-contribuyentes-los-coeficientes-previstos-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.