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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA INICIATIVA PRIVADA. RENTA. LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. SE ENCUENTRAN EN UN PLANO DE IGUALDAD LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SU SERVICIO A UN PATRÓN Y QUIENES LO HACEN AL ESTADO. RENTA. LOS TRABAJADORES TANTO DE LA INICIATIVA PRIVADA COMO DE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS SON SUJETOS DEL IMPUESTO RELATIVO, POR LOS INGRESOS OBTENIDOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO. RENTA. PRESUPUESTOS QUE DEBEN ACTUALIZARSE PARA COMBATIR, MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO, EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO. LEYES. EL LEGISLADOR TIENE FACULTAD PARA FIJAR EL DÍA EN QUE INICIA SU VIGENCIA, PUDIENDO SER, INCLUSO, EL DÍA DE SU PUBLICACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 442/2002. · Registro digital (IUS): 17500
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: LUIS ÁNGEL VILLA PIÑERA.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 626.

AMPARO EN REVISIÓN 442/2002. LUIS ÁNGEL VILLA PIÑERA.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIAS: GUADALUPE M. ORTIZ BLANCO Y LOURDES M. GARCÍA GALICIA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El primero de los agravios propuestos es infundado, porque contrariamente a lo que alega el inconforme, es correcta la determinación del Juez de Distrito en el sentido de que no vulnera ninguna disposición constitucional el hecho de que la ley impugnada haya entrado en vigor el mismo día de su publicación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece regla alguna sobre la vigencia de las leyes y de su articulado, que regula materias distintas de este tema, no puede deducirse ningún sistema sobre vigencia de leyes.

Así es, los artículos 71 y 72 de la Carta Magna "De la iniciativa y formación de las leyes" a la letra disponen:

"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

"I. Al presidente de la República;

"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión, y

"III. A las Legislaturas de los Estados.

"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados, o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates."

"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

"a) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente;

"b) Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles, a no ser que, corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.

"c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

"Las votaciones de ley o decreto serán nominales;

"d) Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a); pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

"e) Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado, o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción a). Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a). Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes:

"f) En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación;

"g) Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año;

"h) La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

"i) Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto, puede presentarse y discutirse en la otra Cámara; y

"j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

"Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente."

Como es de advertirse, la Constitución no dispone nada sobre el particular, de ahí que es incuestionable que la materia pueda ser regulada libremente por el legislador ordinario.

La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas, tanto en el lenguaje común como en el jurídico. La Constitución Federal emplea las dos palabras con el mismo significado, tal como puede corroborarse de la lectura de los artículos 70, 72, inciso a) y 89, fracción I.

La finalidad de la promulgación es lograr que las leyes sean conocidas por aquellos a quienes obligan y, naturalmente, los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que no han sido publicadas. Es así, que si bien el legislador ordinario cuenta con libertad para establecer el momento en que inicia la vigencia de una ley, es claro que jamás podrá determinar que su vigencia sea anterior a su promulgación; empero, ninguna disposición constitucional le impide establecer que el ordenamiento jurídico estará vigente a partir del día de su publicación oficial.

Si bien lo deseable es que una ley sea conocida por todos sus destinatarios cuando cobre vigencia, lo cierto es que el sistema que establece que las leyes entrarán en vigor el día de su publicación no transgrede ningún principio constitucional por más injusto que parezca al quejoso, pues de la lectura de los preceptos constitucionales transcritos lo único que se concluye es que su propósito es que las leyes sean obligatorias a partir de su promulgación.

Al revisar diversos ordenamientos secundarios, como el Código Fiscal de la Federación o el Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el legislador contempló sistemas de vigencia de leyes en los que media un plazo entre su publicación y su entrada en vigor; sin embargo, tales sistemas no lo obligan a establecer de ese mismo modo la vigencia de todas las leyes, pues es bien sabido que las distintas leyes que expide el legislador ordinario no tienen jerarquía unas sobre las otras; cada ley rige las situaciones jurídicas que prevé de una manera válida, eficaz y autónoma en relación con otras disposiciones de distintos cuerpos de leyes; de manera tal que no hay duda de que el legislador ordinario pudo apartarse de esos sistemas, ya que a lo único que está obligado es a sujetarse a las disposiciones constitucionales.

Consecuentemente, se debe concluir que es infundado el agravio propuesto, porque contrariamente a lo que alega el quejoso, es constitucional la disposición que establece que el ordenamiento jurídico en estudio entrará en vigor el mismo día de su publicación.

QUINTO. Con la finalidad de informar la decisión que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentará en el presente asunto, es conveniente hacer algunas consideraciones sobre aspectos generales de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del régimen de tributación de personas físicas que establece el título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta; una breve reseña del sistema que, al respecto, deben observar los contribuyentes que reciban ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado; y, por último, desentrañar el sentido y alcance que debe darse al artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto a la naturaleza jurídica de la previsión legal que en él se contiene y al contexto normativo al cual pertenece, para efectos de su impugnación mediante el juicio de garantías.

I. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en debida observancia de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, es el ordenamiento jurídico cuya finalidad consiste en establecer la obligación de las personas físicas y morales de contribuir para solventar los gastos públicos, de manera proporcional y equitativa, mediante el pago de un tributo que grava el ingreso o la renta que obtienen de manera personal y directa, es decir, los rendimientos que perciban de diversos orígenes y que se traducen en una variación positiva de su patrimonio.

La ley en comento, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, contiene siete títulos, así como disposiciones transitorias. Los títulos mencionados son:

Título I. Disposiciones generales

Título II. De las personas morales

Título III. Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos

Título IV. De las personas físicas

Título V. De los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional

Título VI. De los territorios con regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales

Título VII. De los estímulos fiscales

De manera general, en el título I se encuentran disposiciones aplicables tanto para personas morales como para personas físicas y, en forma concreta, prevé en sus diversos títulos reglas específicas para el sistema que deben observar los diversos sujetos pasivos obligados al pago del impuesto correspondiente, atendiendo tanto a las características especiales de cada una de estas categorías, como al tipo de renta o ingreso que perciben.

En el caso a estudio, especial importancia revisten aquellos ingresos sometidos a gravamen que establece el título IV de la ley en comento denominado "De las personas físicas", apartado que abarca de los artículos 106 a 176.

El sistema de tributación a que se ha hecho alusión contiene disposiciones generales y, a su vez, está dividido en once capítulos, mismos que se citan a continuación:

Capítulo I. De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado

Capítulo II. De los ingresos por actividades empresariales y profesionales

Capítulo III. De los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles

Capítulo IV. De los ingresos por enajenación de bienes

Capítulo V. De los ingresos por adquisición de bienes

Capítulo VI. De los ingresos por intereses

Capítulo VII. De los ingresos por la obtención de premios

Capítulo VIII. De los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales

Capítulo IX. De los demás ingresos que obtengan las personas físicas

Capítulo X. De los requisitos de las deducciones

Capítulo XI. De la declaración anual

En la parte relativa a las disposiciones generales, el artículo 106 establece quiénes son los sujetos pasivos obligados al pago del impuesto sobre la renta, dentro de los cuales se encuentran las personas físicas residentes en México; asimismo, dicha disposición jurídica prevé que la base de esta contribución serán los ingresos en efectivo, en bienes, en crédito y en servicios que obtengan dichos contribuyentes, los cuales, según se infiere del contenido del título IV, concretamente son nueve diferentes conceptos: salarios, actividades empresariales y servicios profesionales, arrendamiento de inmuebles, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, obtención de premios, dividendos y ganancias distribuidas por personas morales, y los demás ingresos que obtengan las personas físicas.

Sin embargo, no todos los ingresos de personas físicas se someten a tributación, puesto que algunos de ellos gozan del beneficio de exención total o parcialmente, tal como lo dispone el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que señala, entre otros, los siguientes:

1. Prestaciones a trabajadores de salario mínimo, cuando no excedan los límites señalados en la legislación laboral.

Para los demás trabajadores, los ingresos por tiempo extraordinario o de prestación de servicios en días de descanso que no excedan los límites de la legislación laboral estarán exentos hasta por el 50%, siempre y cuando la remuneración no exceda de cinco veces el salario mínimo por cada semana de servicio.

2. Indemnizaciones por riesgos o enfermedades.

3. Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro cuyo monto diario no exceda de nueve veces el salario mínimo.

4. Reembolso de gastos médicos.

5. Prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas.

6. Subsidios por incapacidad, becas y prestaciones de previsión social, la exención se limitará cuando la suma de los ingresos por salarios y el monto de prestaciones exceda de siete veces el salario mínimo, si excede sólo se considerará exento el equivalente a un salario mínimo anual o la cantidad que sumada a los ingresos por salarios sea igual a siete anualidades de salario mínimo.

7. Entrega de aportaciones y rendimientos de las subcuentas de vivienda.

8. Cajas y fondos de ahorro cuando reúnan los requisitos de deducibilidad.

9. Cuotas de seguridad social.

10. Ingresos por primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, así como los retiros a cargo de la subcuenta de retiro, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo.

11. Las gratificaciones que los trabajadores reciban durante el año hasta treinta días de salario mínimo, primas vacacionales hasta quince días de salario mínimo, participación de utilidades hasta quince días de salario mínimo y primas dominicales hasta un salario mínimo por cada domingo trabajado.

Las gratificaciones, primas vacacionales y aguinaldo de los trabajadores de la Federación y entidades federativas estarán exentos en su totalidad.

12. Viáticos cuando sean erogados en servicio del patrón y lo comprueben.

Por otra parte, en los artículos 172 a 174 se indica cuáles son los requisitos de deducción para las personas físicas que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, enajenación y adquisición de bienes.

Continuando con el plan expositivo, ahora procede examinar en particular una de las categorías de personas físicas, sujetos del impuesto que establece la ley, atendiendo además a la naturaleza de los ingresos que perciben y que son aquellos obtenidos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado.

II. El capítulo I del título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta versa sobre los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, dicho capítulo comprende de los artículos 110 a 119.

El artículo 110 del ordenamiento jurídico antes citado dice:

"Artículo 110. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes:

"I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los Municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas.

"II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles.

"III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales.

"IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. ..."

De lo precedente se desprende que el sujeto pasivo señalado como obligado al pago del impuesto es la persona física que presta un trabajo personal y la base imponible está constituida por el importe de los ingresos obtenidos durante el periodo de imposición, que provengan de toda contraprestación cualquiera que sea su denominación o naturaleza, pero que retribuya la prestación de un servicio personal como consecuencia de una relación laboral.

Asimismo, puede observarse que los ingresos que se perciben de la prestación de un servicio personal típicos son los sueldos y los salarios, que son a los que se refiere el párrafo primero del numeral en comento y fracción I, toda vez que en estos supuestos existe una relación de dependencia entre el titular de la retribución y el empleador, en tanto que en las diversas fracciones II, III y IV, se hace alusión a otros ingresos que se asimilan o pueden equipararse a aquellos supuestos señalados en primer término, pero que no existe propiamente una relación de dependencia laboral con el patrón.

En este tenor, por lo que hace a los trabajadores tanto de la iniciativa privada como de la Federación, entidades federativas y Municipios, es posible considerar que son sujetos del impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, pues aquéllos derivan de la relación laboral, luego, el régimen de tributación que en estos casos debe observarse es el comprendido en este apartado.

Por tanto, desde el punto de vista fiscal se considera que esta clase de ingresos sometidos a gravamen son los salarios y cada una de las partes que lo integran, tales como aguinaldo, ayuda para el transporte, bono de productividad, gratificaciones, entre otras, según se aprecia de las tesis de jurisprudencia cuyos rubros, textos y datos de identificación son:

"SALARIO. EL AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. De lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo de manera ordinaria y permanente, es decir, todo aquello que habitualmente se sume a la cuota diaria estipulada como consecuencia inmediata del servicio prestado, ya sea que derive del contrato individual de trabajo, del contrato colectivo o de cualquier otra convención e, incluso, de la costumbre. Ahora bien, si se toma en consideración que, por un lado, ante la necesidad de los trabajadores de hacer frente a los gastos de fin de año, en el artículo 87 de la ley citada se consagró el derecho de los trabajadores a percibir el aguinaldo anual o su parte proporcional, y se fijaron las condiciones mínimas para su otorgamiento, esto es, que se pague antes del veinte de diciembre de cada año una cantidad equivalente cuando menos a quince días de salario, la cual puede ser mayor si así lo acuerdan las partes y, por otro, que al ser una prestación creada por la ley y susceptible de ser aumentada en los contratos, su pago es un derecho de los trabajadores que, como tal, es irrenunciable, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el pago de esta percepción forma parte de las gratificaciones a que se refiere el artículo primeramente invocado y, por tanto, es computable para la integración del salario para efectos indemnizatorios provenientes de un reajuste de personal cuando existe convenio entre las partes. En consecuencia, las cláusulas de los convenios individuales o colectivos de trabajo que no respeten este derecho o cualquier otro beneficio que como mínimo establezca la Ley Federal del Trabajo en favor de los trabajadores, se entenderán sustituidas por lo previsto en este ordenamiento legal, por así disponerlo el primer párrafo de su artículo tercero transitorio, y sólo quedarán vigentes las cláusulas que superen esos mínimos, en términos del segundo párrafo de ese numeral."

(Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, mayo de 2002. Tesis: 2a./J. 33/2002. Página: 269).

"SALARIO. LA AYUDA PARA TRANSPORTE. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. La anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en diversas ocasiones que la ayuda para transporte no debía considerarse como parte integrante del salario, porque no se trataba de una cantidad entregada como contraprestación al servicio prestado por el trabajador, ni constituía una ventaja económica pactada en su favor, sino únicamente para resarcirlo de los gastos erogados por tal concepto; sin embargo, un nuevo análisis conduce a esta Segunda Sala a abandonar dicho criterio, en virtud de que si se toma en consideración, en primer término, que tal ayuda constituye una prestación de carácter convencional que puede derivar de un contrato individual o colectivo de trabajo, cuyo objeto consiste en proporcionar al trabajador cierta cantidad de dinero para cubrir los gastos que efectúa por el traslado a su trabajo y, en segundo, que el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por el servicio desempeñado, se concluye que, con independencia de que a través de la ayuda para transporte se pretendan resarcir gastos extraordinarios del trabajador, dicha prestación debe considerarse parte del salario, siempre que se entregue de manera ordinaria y permanente y no esté condicionada a que se efectúen los citados gastos, esto es, que la forma en que haya sido pactada tal prestación no impida su libre disposición, pues la mencionada percepción incrementa el salario y se entrega como una contraprestación al servicio desempeñado."

(Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, mayo de 2002. Tesis: 2a./J. 35/2002. Página: 270).

"SALARIO. EL PREMIO POR PRODUCTIVIDAD O BONO DE LOGRO DE OBJETIVO, ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. El premio por productividad o bono de logro de objetivo es un concepto integrador del salario, que a su vez sirve de base para cuantificar la indemnización a que se refiere el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, dado que conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de dicha ley 'el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo', e indudablemente al gozar el estímulo referido de la naturaleza de constituir una prestación que se entrega al trabajador a cambio de su trabajo, ya que su finalidad es incentivar la productividad laboral del trabajador, se constituye en una ventaja económica en favor de éste que debe ser considerada como integradora del salario, siempre que se perciba en forma ordinaria y permanente, sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que el estímulo en cuestión cuente con la característica de variabilidad, toda vez que este rasgo distintivo no es impedimento para considerarlo como parte del salario, pues el propio numeral 84 prevé como integrantes del mismo diversos conceptos que también son variables."

(Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, mayo de 2002. Tesis: 2a./J. 34/2002. Página: 270).

"NÓMINAS. LA INCLUSIÓN DE LAS GRATIFICACIONES EN LA BASE GRAVABLE DE ESE IMPUESTO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL UNO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De lo dispuesto en los artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que las 'gratificaciones' que el patrón entrega al trabajador a cambio de sus servicios forman parte integrante del salario y, por ende, constituyen retribuciones al trabajo personal subordinado. Atento lo anterior, se concluye que la inclusión de esa prestación en la base del impuesto sobre nóminas, en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 178 del Código Financiero del Distrito Federal, cuyo objeto son las erogaciones que realicen las personas físicas para remunerar el trabajo personal subordinado, no viola el principio de proporcionalidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser congruente dicho concepto con la normatividad laboral a que corresponde la institución señalada por el legislador como fuente de riqueza para efectos de ese tributo."

(Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, junio de 2002. Tesis: 2a./J. 44/2002. Página: 154).

Entonces, la fórmula general para obtener la base imponible de los trabajadores de mérito, conforme a lo expuesto en el punto que antecede y en el presente es:

Ingresos gravados (-) ingresos exentos (=) base del impuesto

Sobre la cantidad total que resulte de dicho cálculo aritmético se fijará el impuesto a retener para estos asalariados, aplicando las tarifas mensuales previstas en los artículos 113 (impuesto determinado), 114 (subsidio acreditable) y 115 (crédito al salario mensual), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las anuales previstas en los diversos 116, 117 y 118 del mismo ordenamiento jurídico.

Expuesto lo anterior, procede ahora desentrañar el sentido y alcance de la fracción XI del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto a la naturaleza jurídica de la previsión legal que en él se contiene y al contexto al cual pertenece, y para efectos de su impugnación mediante el juicio de garantías.

III. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionar mayores elementos que puedan considerarse al fijar su monto, surgen previsiones legales que son variables y que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo y sobre la renta.

Tratándose de la impugnación mediante el juicio de garantías de estas dos clases de normas tributarias, es decir, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquellas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales, es de suma importancia identificar a cuál clase pertenece aquella que se tilde como violatoria de preceptos constitucionales, en atención a que en el caso de las primeras, de concederse la protección de la Justicia Federal, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto de la concesión del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate, para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que afecte con ello a todo el sistema del impuesto de que se trate.

Ahora bien, el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece:

"Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:

"...

"XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17500-5ebeddde/renta-el-articulo-109-fraccion-xi-penultimo-parrafo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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