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Modo: Corpus Pro

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 1o.-A, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR EN LA BASE PARA SU CÁLCULO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LAS DEMÁS CONTRIBUCIONES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2004).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1860/2004. · Registro digital (IUS): 19132
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ROMEO CORTÉS CASTELLANOS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 1722.

AMPARO EN REVISIÓN 1860/2004. ROMEO CORTÉS CASTELLANOS.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: MARCIA NAVA AGUILAR.

CONSIDERANDO:

CUARTO. En dichos agravios la parte recurrente manifiesta, en síntesis, lo siguiente.

A. Segundo agravio.

A.1 Hace valer la violación a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, por indebida interpretación y análisis de lo dispuesto por el numeral 1o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, al resolver el Juez que dicho precepto viola la garantía de proporcionalidad tributaria por introducir a la base gravable elementos ajenos a la capacidad económica del sujeto pasivo, como son las contribuciones causadas por la enajenación o importación del vehículo, analizando por ello indebidamente la controversia planteada pues niega la recurrente que se transgreda la garantía de proporcionalidad dado que el legislador federal, acatando las normas constitucionales, estableció la base para el pago del impuesto.

A.2 Se está en presencia de un impuesto real el cual atiende a las características del bien, prescindiendo de las condiciones personales del contribuyente y del total de su patrimonio o renta, para gravar una manifestación objetiva o aislada de riqueza o capacidad contributiva, en el caso la tenencia o uso de vehículos, por lo que dependiendo del valor total del mismo y atendiendo al año y modelo, se debe pagar el impuesto.

A.3 A través de la conjunción de los artículos 5o. y 15-C de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se puede determinar la forma del impuesto y se obtiene el precio promedio de enajenación por cada versión de vehículos, lo que significa un trato equitativo para todos aquellos tenedores o usuarios de vehículos y el pago resulta ser en relación con el valor de éstos, constituido por el precio promedio de enajenación al consumidor, por el fabricante o sus distribuidores autorizados, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificación, adicionado, en todo caso con los impuestos pagados por su adquisición o importación y con el impuesto al valor agregado.

A.4 Si en la especie son múltiples los factores que se toman en cuenta para establecer el impuesto, como lo es la capacidad contributiva, las necesidades colectivas que deben satisfacerse, la distribución de la riqueza, la actualización, la depreciación, etcétera, por ello es que el impuesto en cuestión no es desproporcional, pues ha sido establecido tomando en cuenta todos esos elementos.

A.5 Resulta contradictorio decir que el impuesto en cuestión es desproporcional bajo el argumento de que no se toma en cuenta la capacidad del sujeto, ello en virtud de que no grava los ingresos del contribuyente sino la posesión o tenencia del vehículo, dependiendo del valor total del mismo y atendiendo al año y modelo, inclusive la circunstancia de que el monto a pagar se tenga que actualizar, no revela que el tributo sea oneroso o desproporcional, pues no deben pasarse por alto las necesidades colectivas que tienen que satisfacerse, la captación de dicho impuesto, la redistribución de la riqueza, etcétera.

A.6 La mecánica de determinación del impuesto atiende al valor total del vehículo, el cual constituye el indicativo de la capacidad económica del contribuyente, con lo cual se vislumbra que el mismo se establece tomando en cuenta dicha capacidad, no resultando entonces desproporcional pues se atiende al bien que grava, recae sobre manifestaciones de una capacidad contributiva (adquisición de un automóvil) y se establece en relación con el valor del bien.

A.7 Agrega que el hecho de que para calcular el impuesto deba incluirse el equipo opcional, común o de lujo, así como el impuesto al valor agregado y demás contribuciones generadas con motivo de la adquisición de un vehículo, no significa que se deje de atender a la capacidad contributiva del particular, toda vez que el valor que el mismo esté dispuesto a erogar, refleja su capacidad adquisitiva y, por ende, su capacidad contributiva. En esa virtud, si un contribuyente tiene la capacidad de adquirir un vehículo de lujo cuyo costo sea elevado y respecto del cual tiene pleno conocimiento de los elementos incluidos en el costo, debe entenderse que su capacidad adquisitiva va en función del precio que esté dispuesto a pagar, de tal suerte que ello refleja en sí la capacidad económica y contributiva de un particular.

B. Tercer agravio.

B.1 Aduce que el juzgador hace suyos los argumentos vertidos en la tesis de la Primera Sala de esta Suprema Corte y que no realizó un verdadero estudio del artículo 1o. A, pues consideró que se transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria en virtud de que en la base del impuesto se consideran elementos ajenos al valor del vehículo, dejándose al arbitrio de la autoridad fiscal el cobro de cualquier impuesto que a título personal se le ocurra recaudar.

B.2 Contrariamente a lo señalado por el a quo, destaca la autoridad recurrente que el valor total del vehículo, incluyendo el impuesto al valor agregado y demás contribuciones causadas, constituyen el valor real del automóvil, es decir, el objeto del impuesto, y este total constituye la manifestación objetiva de riqueza, no únicamente el valor del mercado.

B.3 Si el legislador señaló que en la base del gravamen se incluiría la cantidad pagada por otros impuestos, fue con el propósito de que la tasa prevista en ley se aplique tomando en cuenta las condiciones objetivas del valor real del vehículo y que no se viola el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque constituyen uno de los múltiples factores que determinan el valor total del vehículo, por lo que se hace necesaria su inclusión en la base del impuesto cuestionado.

B.4 El hecho de que el impuesto se calcule aplicando la tarifa prevista en la ley al valor total del automóvil, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones e incluyendo el impuesto al valor agregado causado por la enajenación, y en su caso adicionado el impuesto general de importación, se entiende que dicho valor es el valor real del automóvil, consignado en la factura, es decir, el precio que realmente se tuvo que pagar para adquirirlo y no el precio de mercado, lo cual aduce la recurrente que ha sido criterio reiterado por esta Suprema Corte.

B.5 Señala que de lo anterior se desprende que existe uniformidad en cuanto a que la inclusión de contribuciones como el impuesto al valor agregado y otras, constituyen la manifestación real de riqueza o forman el valor real de los bienes.

B.6 Concluye que es el del valor real de la operación consignado en la factura, es decir, el precio que realmente el consumidor tuvo que pagar para adquirir el automóvil, y no el precio de lista, por lo que se puede afirmar que el valor real de los automóviles es aquel que se calcula incluyendo las contribuciones causadas por su adquisición, en su caso importación y que no resulta desproporcional considerar esos elementos para el cálculo del impuesto de referencia pues constituyen la manifestación real de la riqueza, lo que no significa que se deje de atender a la capacidad contributiva del particular, toda vez que el valor que el mismo esté dispuesto a erogar, es decir, el sacrificio económico que realiza para la adquisición de un bien, refleja su capacidad adquisitiva y, por tanto, su capacidad contributiva.

QUINTO. Los agravios anteriormente sintetizados, dirigidos fundamentalmente a demostrar que el artículo 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia, vigente en dos mil tres y dos mil cuatro, no transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria, son fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, por las razones que a continuación se exponen.

El Juez de Distrito resolvió conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados en contra del artículo 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en dos mil tres y dos mil cuatro, por considerar que dicho precepto transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria en cuanto que establece un mecanismo para la determinación de la base gravable, el cual no guarda relación con la capacidad contributiva y el grado de riqueza de los sujetos pasivos, al incluir dentro de la base gravable del tributo, elementos ajenos a dicha capacidad contributiva, como son el impuesto al valor agregado y demás contribuciones causadas con motivo de la adquisición de un vehículo o su importación, lo cual hace que el impuesto se torne inconstitucional al no atender a la real y verdadera capacidad económica de los sujetos pasivos del impuesto, por incluirse dentro del precio total de la unidad, el impuesto al valor agregado y demás contribuciones causadas por la adquisición de un vehículo nuevo.

Contra tales consideraciones, la autoridad recurrente señala que el Juez Federal dejó de considerar que el valor total del vehículo, incluyendo el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se hayan causado, constituyen el valor real del automóvil, es decir, el objeto del impuesto y este total constituye la manifestación objetiva de riqueza, no únicamente el valor del mercado, de tal manera que si el legislador señaló que en la base del gravamen también se incluiría la cantidad pagada por otros impuestos, fue con el propósito de que la tasa prevista en la ley se aplique tomando en cuenta las condiciones objetivas del valor real del vehículo, argumentando además de que el valor del vehículo en el que se incluyen impuestos y contribuciones, es un valor que refleja una manifestación de riqueza, un valor real y no resulta desproporcional si sobre éste se le aplica la tasa referida en la ley en cuestión; de modo que si un contribuyente tiene la capacidad de adquirir un vehículo de lujo cuyo costo sea elevado, y respecto del cual tiene pleno conocimiento de los elementos que son incluidos en el precio como lo son el pago de contribuciones, debe entenderse que la capacidad adquisitiva de tal persona va en función del precio que esté dispuesto a pagar, de tal suerte que ello refleja en sí la capacidad económica y contributiva de un particular.

En esencia, la garantía de proporcionalidad implica que los sujetos pasivos de la relación tributaria deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, aportando a la hacienda pública una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos.

Al respecto, este Alto Tribunal ha establecido que la citada garantía consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Dichas consideraciones se desprenden, entre otras, de la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno número P./J. 109/99, que se cita a continuación:

"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 22).

A fin de abordar el estudio de los referidos agravios planteados por la autoridad recurrente, esta Segunda Sala estima necesario precisar que las consideraciones vertidas en la presente resolución, únicamente cobran aplicación respecto de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, destacándose a continuación algunos aspectos generales relativos a dicho impuesto.

Con ese propósito, debe resaltarse que el artículo 1o., párrafos primero y segundo, de la Ley Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos vigente en dos mil tres y dos mil cuatro, dispone:

"Artículo 1o. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley, las personas físicas y las morales, tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la misma.

"Para los efectos de esta ley, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehículo. ... ."

Los párrafos transcritos del referido precepto legal permiten advertir que los sujetos pasivos del impuesto son las personas físicas y morales tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere la ley y que el objeto del tributo consiste en gravar la tenencia o uso de dichos vehículos.

El artículo 1o. A, fracción II, del mismo ordenamiento vigente en dos mil tres, que constituye el precepto reclamado, establece lo siguiente:

"Artículo 1o. A. Para efectos de esta ley, se entiende por:

"...

"II. Valor total del vehículo, el precio de enajenación del fabricante, ensamblador o distribuidor al consumidor, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se deban cubrir por la enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones.

"En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo."

Cabe aclarar que para dos mil cuatro, el texto del referido precepto es esencialmente el mismo pues sólo se adicionó a la fracción II, la expresión, "o comerciantes en el ramo de vehículos", quedando en los términos siguientes:

"... distribuidor o comerciantes en el ramo de vehículos, ..."

Por su parte, el tercer párrafo del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente en dos mil tres y dos mil cuatro, señala lo siguiente:

"Artículo 11. No procederá la devolución ni compensación del impuesto establecido en esta ley, aun cuando el automóvil se devuelva al enajenante.

"...

"Los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles, no harán la separación expresa del monto de este impuesto en el documento que ampare la enajenación."

De los artículos transcritos se desprende que tanto el impuesto al valor agregado como el impuesto sobre la adquisición de automóviles nuevos, por disposición del legislador, forman parte del "precio de enajenación" de los vehículos, el que en todo caso, será el que tendrá que pagar el adquirente de cualquier unidad automotriz.

Así, si el precio de enajenación constituye indefectiblemente el valor comercial o de mercado de un vehículo, no se contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria al considerarse para el cálculo del tributo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se cubran por la enajenación o importación de automotores, pues la capacidad económica para adquirir un vehículo refleja capacidad contributiva.

Ahora bien, si se atiende a la naturaleza jurídica del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, cuyo hecho generador lo constituye la tenencia o uso del automóvil, que recae sobre un objeto determinado y cuya base para el tributo lo es el valor neto de la unidad que se contiene en la factura o carta factura, que se integra con el precio de enajenación, accesorios, más los impuestos correspondientes, se tiene, en esa medida, que un contribuyente que tiene capacidad económica para adquirir un vehículo, respecto del cual tiene conocimiento pleno de los diversos elementos que conforman su costo, como son accesorios, impuestos, etcétera, tiene capacidad económica para contribuir al gasto público en esos términos porque la capacidad adquisitiva de esa persona va en función del precio que está pagando por la unidad.

Por tanto, no puede afirmarse que el artículo 1o. A, fracción II, de la ley en cita transgrede el principio de proporcionalidad tributaria porque considere el valor total del automóvil para determinar la base del tributo, ya que ello tiene como propósito que el impuesto se aplique tomando en cuenta las condiciones objetivas en que el sujeto pasivo del tributo adquiere los bienes materia de la imposición, y un sujeto que tiene capacidad económica para adquirir un automóvil, tiene capacidad para contribuir al gasto público en esa medida.

En efecto, el artículo 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, proporciona la definición de "valor total de vehículo", la cual cobra relevancia al relacionarse con otros preceptos del mismo ordenamiento que indican la base sobre la que debe determinarse el tributo. En el caso, según quedó demostrado en los autos del juicio de amparo de origen, el quejoso acreditó tener el carácter de contribuyente del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos por ser propietario de un automóvil marca Fiat, línea Paliq Adventure, modelo 2004, que tiene una capacidad menor a quince pasajeros, de modo que el tributo a su cargo por lo que hace al ejercicio fiscal dos mil cuatro, fue determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 5o., fracción I, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en dicho ejercicio, el cual a la letra establece:

"Artículo 5o. Tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, el impuesto se calculará como a continuación se indica:

"I. En el caso de automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la siguiente:

Ver tarifa

El precepto reproducido fija la base sobre la cual debe calcularse el impuesto en cuestión y para ello, se toma en consideración el valor total del automóvil el cual aparece consignado en la factura y como se mencionó con antelación, lo define el artículo combatido 1o. A, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Luego, si el valor total del vehículo que se define en el precepto reclamado es el elemento para determinar la base del impuesto mencionado, resulta inconcuso que dicha definición conforma también la referida base del tributo, pues sirve para establecer la cuantía respecto de la cual se determina la contribución a cargo del sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria.

Como quedó reseñado al inicio del presente considerando, el problema de constitucionalidad planteado consiste en determinar si en la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos pueden incluirse, además del precio de enajenación del fabricante, ensamblador o distribuidor al consumidor, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, otros elementos como el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se deban cubrir por la enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones.

Para dilucidar el referido planteamiento, es menester señalar que la base de un impuesto constituye un elemento cuantitativo pues es el hecho económico el que refleja o manifiesta la existencia de recursos que hacen recaudatoriamente viable el tributo. De esa manera, el impuesto se crea para aplicarse a una materia imponible, es decir, a una realidad económica que pone de manifiesto la existencia de recursos sobre los que el impuesto se pueda hacer efectivo.

Por ello, para hacer efectivo el impuesto a cobrar, se necesita comenzar por asignar a aquella materia imponible un valor, llamado base imponible, después establecer las reglas para fijar qué parte de ese valor va a exigir en concepto de impuesto y de ello, resulte el importe para proceder a recaudarlo.

Así, las situaciones de hecho a las que se ligan los impuestos en particular, deben ser valoradas de modo que pueda llevarse a cabo la determinación de la base imponible. Los criterios de valoración no sólo son necesariamente diversos para las distintas especies de objeto impositivos, sino que pueden también ser diversos para los de la misma especie, de tal suerte que la indicación legal del criterio de valoración sirve para integrar la definición del objeto y, consiguientemente, la estructura del impuesto.

En esa tesitura, la legislación tributaria ofrece una amplia variedad de presupuestos, a cada uno de los cuales corresponde de ordinario un determinado impuesto, sin que ello excluya la posibilidad de que el mismo presupuesto, definido ya para un determinado impuesto, constituya también en todo o en parte, el fundamento de un impuesto diverso.

Ello obedece a que la elección de los presupuestos, confiada al criterio discrecional del legislador, se determina por consideraciones económicas, políticas e inclusive extrañas al tributo y varía en los periodos históricos, según las estructuras económicas y las necesidades financieras o por cuestiones extrafiscales. De este modo, cualquier situación de hecho es, en principio, susceptible de imposición y el legislador se dirige preferentemente hacia aquellas situaciones económicas que por su generalidad y por su idoneidad para expresar la capacidad económica de los ciudadanos parecen ser las más indicadas para constituir el fundamento de la imposición.

Es menester resaltar que incumbe exclusivamente al legislador tributario determinar con toda la precisión posible el presupuesto material de los impuestos en particular, en todos sus elementos positivos, e incluso, a veces, en sus elementos negativos. Así, el hecho imponible concreta una capacidad económica general y abstracta que la base imponible individualiza y cuantifica para los contribuyentes en particular, de modo que la base tiene como propósito recoger con la máxima fidelidad la capacidad económica que es la manifestación de riqueza sujeta a una valoración política del legislador.

Como consecuencia de ello, la obligación tributaria que nace de la realización del hecho imponible, guarda con éste una relación o una proporción que estará dada por la parte alícuota del impuesto. En la generalidad de los casos, el impuesto es proporcional a la manifestación de riqueza evidenciada por el hecho imponible. Esta adecuación del monto del impuesto a la magnitud de los hechos económicos, que constituyen los supuestos legales de las obligaciones, implica necesariamente una medición de los hechos imponibles, es decir, la obligación de una unidad de medida que permita transformar esos hechos en cantidades, a las que se aplicarán las partes alícuotas correspondientes.

En los impuestos en general, esta unidad de medida o base de medición del hecho imponible se aplica directamente sobre el objeto material, esto es, sobre el aspecto objetivo del hecho imponible.

Es característica del impuesto esta adherencia entre la base de medición y el propio aspecto objetivo del hecho imponible; adherencia que en ciertos casos puede aparecer como confusión de los conceptos. Existen sin embargo, determinados casos en que la base de medición no se aplica directamente sobre el objeto del hecho imponible.

La base de medición puede consistir en cualquier unidad de medida, como peso, volumen, unidades o valor monetario. De esa manera, la unidad de medida adoptada por el legislador da como resultado una cantidad que podemos denominar base imponible, la cual refleja la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto.

Así, la capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de contribuciones, sea en su calidad de sujeto pasivo de ellas, o destinatario de las mismas, por traslación que deba hacérsele por disposición legal o por las características propias del tributo de que se trate.

En ese orden de ideas, no puede admitirse que exista obligación de contribuir si no existe capacidad contributiva, así como que debe pagar más quien tiene una capacidad contributiva mayor, y menos el que la tiene en menor proporción.

De lo anterior se sigue que para comprender cabalmente las notas distintivas de un tributo específico, debe desentrañarse en el sistema legal que lo rige, en donde radica la capacidad contributiva en la que descansa la obligación de tributar. En este aspecto conviene destacar que el legislador puede partir de diversos criterios.

En esa tesitura, existen impuestos en los que se prescinde de las condiciones personales del contribuyente y del total de su patrimonio o renta, aplicándose esa base imponible sólo sobre una manifestación objetiva y aislada de riqueza que refleja capacidad contributiva, como es el caso del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

En dicho tributo el aspecto materia de la hipótesis de incidencia se limita a describir un hecho, acontecimiento o cosa, independientemente de elementos personales, o sea es indiferente al sujeto pasivo y a sus cualidades, pues únicamente incide sobre la tenencia o uso de vehículos.

De esa manera, al incorporar el legislador a la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se cubran por la enajenación o importación, no quebranta el principio de proporcionalidad tributaria, habida cuenta que la base imponible puede válidamente fijarse sobre el valor que tenga el vehículo para efectos fiscales, aunque no sea el mismo que tenga real o comercialmente, de modo que si dicho valor está determinado también por lo que tenga que pagarse por el impuesto al valor agregado y demás contribuciones por su enajenación o importación, esa circunstancia no lo hace desproporcional.

Con base en las consideraciones expuestas, debe decirse que contra lo argumentado por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, sí se atiende a la naturaleza jurídica del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, cuyo hecho generador lo constituye la tenencia o uso del automóvil, que recae sobre un objeto determinado y cuya base para el tributo lo es el valor neto de la unidad que se contiene en la factura o carta factura, el cual se integra con el precio de enajenación, accesorios, más los impuestos correspondientes; se tiene en esa medida, que un contribuyente que tiene capacidad económica para adquirir un vehículo, respecto del cual tiene conocimiento pleno de los diversos elementos que conforman su costo, como son accesorios, impuestos, etcétera, tiene capacidad económica para contribuir al gasto público en esos términos, porque la capacidad adquisitiva de esta persona va en función del precio que está pagando por la unidad.

En ese sentido, si en el precepto legal reclamado se indica de manera general y objetiva cómo calcular el impuesto, según corresponda, al precio de enajenación del automóvil al consumidor por el fabricante, ensamblador o sus distribuidores autorizados, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, así como el impuesto al valor agregado y demás contribuciones que deban cubrirse por concepto de la adquisición o importación, no significa que deje de atender a la capacidad contributiva del particular, toda vez que el valor del mismo esté dispuesto a erogar, refleja la capacidad adquisitiva y, por tanto, la capacidad contributiva, ya que en principio la mecánica de determinación del impuesto atiende al valor de compra del vehículo, que es representativo de la capacidad económica del contribuyente, lo cual vislumbra en primera instancia que éste se establece tomando en cuenta la capacidad económica, lo cual refleja que no resulta desproporcional, ya que se trata de un tributo que atiende al bien que grava, es decir, al automóvil, que recae sobre manifestaciones de una capacidad contributiva (adquisición de un automóvil) y se establece en relación con el valor del bien.

Además, tampoco puede considerarse que exista una sobrecarga de elementos ajenos al objeto natural gravado por considerarse otros aspectos que no están directamente relacionados con el valor real que representa la tenencia o uso de un vehículo, toda vez que, como quedó anotado anteriormente, conforme al artículo 1o. de la ley que rige el impuesto combatido, el objeto imponible lo es la tenencia o uso de vehículos, de modo que si se atiende al objeto gravable del impuesto que se examina, se conoce que el indicador de riqueza o capacidad para contribuir al gasto público a que atiende el legislador, es el valor total de un automóvil y, por tanto, la base gravable a la que debe aplicarse la tarifa para obtener el monto del impuesto a pagar debe relacionarse con el valor real que representa la actividad gravada.

De esa guisa, al establecer el artículo combatido que el impuesto se calculará tomando en cuenta el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se deban cubrir por la enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones, además del precio de enajenación del fabricante, ensamblador o distribuidor al consumidor, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, no viola el principio de proporcionalidad tributaria porque lo que el legislador quiso gravar fue la tenencia o uso de un vehículo sobre una base real de la operación consignada en la factura, es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19132-269b2b0c/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-1o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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