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Modo: Corpus Pro

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXENTAR DE SU PAGO A LOS VEHÍCULOS IMPORTADOS TEMPORALMENTE EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN ADUANERA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003 Y 2004).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1904/2004. · Registro digital (IUS): 19121
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MIRIAM GORETHI PÉREZ PLASCENCIA.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 1738.

AMPARO EN REVISIÓN 1904/2004. MIRIAM GORETHI PÉREZ PLASCENCIA.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.

SECRETARIO: MARCO ANTONIO CEPEDA ANAYA.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. La parte quejosa alega, sustancialmente, que el artículo 8o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, es violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en virtud de que la exención establecida a favor de los poseedores de vehículos importados temporalmente en términos de la legislación aduanera otorga un trato discriminatorio a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias, sin que exista una causa objetiva o razón eficiente para justificarlo.

Son infundados los motivos de inconformidad antes sintetizados en atención a que, esta Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión número 632/2004, promovido por Georgina Rebolledo Benítez, en sesión de fecha 25 de junio de 2004, por unanimidad de cuatro votos, consideró que:

"SEXTO. Los agravios de la autoridad responsable son fundados.

"En efecto, el artículo 8o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil tres, a la letra dice:

"‘Artículo 8o. No se pagará el impuesto, en los términos de este capítulo, por la tenencia o uso de los siguientes vehículos: ... II. Los importados temporalmente en los términos de la legislación aduanera. ...’

"De igual forma, cabe precisar que el artículo 9o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil tres, a la letra dice:

"‘Artículo 9o. Los tenedores o usuarios de los vehículos a que se refieran las fracciones II y V del artículo anterior, para gozar del beneficio que el mismo establece, deberán comprobar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentran comprendidos en dichos supuestos.’

"Del análisis de los dispositivos legales reproducidos, se desprende que los tenedores o usuarios de automóviles importados temporalmente en territorio nacional previstos en la Ley Aduanera, están exentos de pagar el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, siempre y cuando tal eventualidad la demuestren ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Ahora bien, sostiene la quejosa, que el artículo 8o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para el ejercicio de dos mil tres, viola el principio de equidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, por exentar únicamente a los vehículos importados temporalmente, lo que se traduce en un trato desigual para con los demás vehículos, cuyos tenedores o usuarios se ubican en idéntica situación y están obligados a pagar la contribución correspondiente, en términos del artículo 1o. de la ley en cita, sin que exista una causa objetiva que justifique ese trato diferente. En tanto que, si el objeto del impuesto es gravar la tenencia o uso de vehículos, las diferencias que pueden motivar un tratamiento desigual, deben radicar en las características del automotor, o bien, el uso que se le dé y no sobre la calidad con la que se introduce un vehículo a territorio nacional, esto es, temporal o definitiva, lo cual no influye en el objeto del gravamen, que es la tenencia o uso de vehículos.

"Con el propósito de establecer si la exención de los automotores de importación temporal contemplados en la Ley Aduanera, prevista en la fracción II del numeral 8o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil tres, respeta o no la garantía de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, se estima de gran utilidad acudir a las tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: V, junio de 1997

"‘Tesis: P./J. 41/97

"‘Página: 43

"‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.’

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: V, junio de 1997

"‘Tesis: P./J. 42/97

"‘Página: 36

"‘EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.’

"‘Novena Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"‘Tomo: XI, marzo de 2000

"‘Tesis: P./J. 24/2000

"‘Página: 35

"‘IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.’

"‘Séptima Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘Volúmenes: 199-204, Primera Parte

"‘Página: 144

"‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.’

"Así, el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, descansa fundamentalmente, en que la igualdad ante la ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, implica que deben recibir un trato idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, según la capacidad económica de cada contribuyente, para que de esta manera se observe el principio de proporcionalidad. De ahí que la equidad tributaria significa que los sujetos de un mismo impuesto, deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que establece y regula dicho tributo, que contiene los rasgos esenciales siguientes:

"a) No toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción al artículo 31, fracción IV, de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, y que carece de una justificación objetiva y razonable.

"b) El principio de igualdad tributaria exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse desiguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional.

"c) El principio de igualdad no prohíbe al legislador ordinario cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.

"d) Para que la diferenciación tributaria resulte constitucionalmente lícita, no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable, además, que las consecuencias jurídicas que resultan de tal disposición sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.

"Dicho en otros términos, la equidad tributaria significa que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, resultando por consiguiente que, aunado al principio de proporcionalidad tributaria -en virtud del cual los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos- la justicia tributaria consagrada en la Constitución fija su razón de ser en las posibilidades económicas de cada contribuyente, debiéndose tratar por consiguiente igual a iguales condiciones de capacidad económica y, contrariamente, desigual a condiciones de capacidad económica disímiles.

"En ese contexto, si el hecho imponible del impuesto de marras lo constituye la tenencia o uso de los vehículos propiedad de los contribuyentes, entonces, de especial relevancia resulta establecer si en el caso, el tratamiento fiscal distinto inmerso en la norma reclamada, respeta el principio de equidad tributaria, para lo cual es necesario analizar si existen bases objetivas que justifiquen el por qué el legislador exento del pago de ese tributo, a las personas morales o físicas que usan o tienen vehículos de importación temporal a que se refiere la Ley Aduanera; por la cual, debe determinarse también si los tenedores o usuarios de vehículos nuevos o usados, importados definitivamente al país, se encuentran en la misma hipótesis de causación del impuesto que aquellos exentos; y, por tanto, si se ubican en un supuesto genérico igual, o por el contrario, guardan una situación distinta.

"Así las cosas, los artículos 62 y 106 de la Ley Aduanera, disponen lo siguiente:

"‘Artículo 62. Tratándose de importación de vehículos, la secretaría podrá:

"‘I. Autorizar, en los casos en que exista reciprocidad, la importación en franquicia cuando pertenezcan a:

"‘a) Gobiernos extranjeros, con los que el Gobierno Mexicano tenga relaciones diplomáticas.

"‘b) Embajadores extranjeros acreditados en el país.

"‘c) Miembros del personal diplomático y consular extranjero, que no sean nacionales.

"‘También podrá autorizarse la importación en franquicia a funcionarios y empleados del servicio exterior mexicano que hayan permanecido en el extranjero cuando menos dos años continuos en el desempeño de comisión oficial, de un vehículo de su propiedad que hayan usado durante su residencia en el extranjero, siempre que se cumpla con los requisitos y condiciones que señale la secretaría mediante reglas. Quedan comprendidos en lo previsto en este supuesto, los funcionarios mexicanos acreditados ante los organismos internacionales en los que el Gobierno Mexicano participe.

"‘II. Determinar, previo acuerdo con otras autoridades competentes, mediante reglas que al efecto expida:

"‘a) La naturaleza, cantidad y categoría de los vehículos que puedan importarse en franquicia, así como los requisitos necesarios para su enajenación libre del impuesto general de importación cuando hayan transcurrido los plazos correspondientes.

"‘b) Los requisitos para la importación de vehículos en franquicia, destinados a permanecer definitivamente en la franja o región fronteriza.

"‘En los casos a que se refiere este inciso, la propia secretaría podrá autorizar la internación temporal del vehículo de que se trate al resto del país, por un plazo improrrogable de cuatro meses, dentro de un periodo de doce, siempre que se cumplan los requisitos que establezca el reglamento. Los vehículos internados temporalmente no podrán prestar el servicio de autotransporte de carga, pasajeros o turismo y deberán ser conducidos en territorio nacional por el propietario, su cónyuge, sus hijos, padres o hermanos, o por cualquier otra persona siempre que en este último caso el importador se encuentre a bordo del vehículo. Cuando el propietario del vehículo sea una persona moral, deberá ser conducido por una persona que tenga relación laboral con el propietario.’

"‘Artículo 106. Se entiende por régimen de importación temporal, la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado, por los siguientes plazos:

"‘I. Hasta por un mes, las de remolques y semirremolques, incluyendo las plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclusivamente para el transporte de contenedores, siempre que transporten en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país o las que se conduzcan para su exportación.

"‘II. Hasta por seis meses, en los siguientes casos:

"‘a) Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados directamente por ellos o por personas con las que tengan relación laboral, excepto tratándose de vehículos.

"‘b) Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país.

"‘c) Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de las oficinas de sede o representación de organismos internacionales, así como de los funcionarios y empleados del servicio exterior mexicano, para su importación en franquicia diplomática, siempre que cumplan con los requisitos que señale la secretaría mediante reglas.

"‘d) Las de muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, siempre que cumplan con los requisitos que señale la secretaría mediante reglas.

"‘e) Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más, comprueben mediante documentación oficial su calidad migratoria que los autorice para tal fin y se trate de un solo vehículo en cada periodo de doce meses. En estos casos, los seis meses se computarán en entradas y salidas múltiples efectuadas dentro del periodo de doce meses contados a partir de la primera entrada. Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos siempre y cuando sean residentes permanentes en el extranjero, o por un extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso a) de la fracción IV de este artículo. Cuando sea conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá viajar a bordo el importador del vehículo. Los vehículos a que se refiere este inciso deberán cumplir con los requisitos que señale el reglamento.

"‘III. Hasta por un año, cuando no se trate de las señaladas en las fracciones I y IV de este artículo, y siempre que se reúnan las condiciones de control que establezca el reglamento, en los siguientes casos:

"‘a) Las destinadas a convenciones y congresos internacionales.

"‘b) Las destinadas a eventos culturales o deportivos, patrocinados por entidades públicas, nacionales o extranjeras, así como por universidades o entidades privadas, autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"‘c) Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su internación se efectúe por residentes en el extranjero. En este caso el plazo establecido se podrá ampliar por un año más.

"‘d) Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un fabricante autorizado, residente en México.

"‘e) Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de los que México sea parte, así como las que sean para uso oficial de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras cuando haya reciprocidad.

"‘IV. Por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, en los siguientes casos:

"‘a) Las de vehículos propiedad de extranjeros que se internen al país con calidad de inmigrantes rentistas o de no inmigrantes, excepto tratándose de refugiados y asilados políticos, siempre que se trate de un solo vehículo.

"‘Los vehículos que importen turistas y visitantes locales, incluso que no sean de su propiedad y se trate de un solo vehículo.

"‘Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, aun cuando éstos no sean extranjeros, por un extranjero que tenga alguna de las calidades migratorias a que se refiere este inciso, o por un nacional, siempre que en este último caso, viaje a bordo del mismo cualquiera de las personas autorizadas para conducir el vehículo y podrán efectuar entradas y salidas múltiples.

"‘Los vehículos a que se refiere este inciso, deberán cumplir con los requisitos que señale el reglamento.

"‘b) Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de visitantes, visitantes distinguidos, estudiantes e inmigrantes, siempre y cuando cumplan con los requisitos que señale el reglamento.

"‘V. Hasta por diez años, en los siguientes casos:

"‘a) Contenedores.

"‘b) Aviones y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con concesión o permiso para operar en el país, así como aquellos de transporte público de pasajeros, siempre que, en este último caso, proporcionen, en febrero de cada año y en medios magnéticos, la información que señale mediante reglas la secretaría.

"‘c) Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca comercial, las embarcaciones especiales y los artefactos navales, así como las de recreo y deportivas que sean lanchas, yates o veleros turísticos de más de cuatro y medio metros de eslora, incluyendo los remolques para su transporte, siempre que cumplan con los requisitos que establezca el reglamento.

"‘Las lanchas, yates o veleros turísticos a que se refiere este inciso, podrán ser objeto de explotación comercial, siempre que se registren ante una marina turística.

"‘d) Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanentes en el extranjero, siempre y cuando cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el reglamento.

"‘Las casas rodantes podrán ser conducidas o transportadas en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que sean residentes permanentes en el extranjero o por cualquier otra persona cuando viaje a bordo el importador.

"‘e) Carros de ferrocarril.

"‘La forma oficial que se utilice para efectuar importaciones temporales de las mercancías señaladas en esta fracción, amparará su permanencia en territorio nacional por el plazo autorizado, así como las entradas y salidas múltiples que efectúen durante dicho plazo. Los plazos a que se refiere esta fracción podrán prorrogarse mediante autorización, cuando existan causas debidamente justificadas.

"‘Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente conforme a este artículo, siempre que se incorporen a los mismos y no sean para automóviles o camiones, de conformidad con lo que establezca el reglamento.

"‘El reglamento establecerá los casos y condiciones en los que deba garantizarse el pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que las mercancías no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados por este artículo.

"‘Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo, deberán retornar al extranjero en los plazos previstos, en caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas.’

"De ese panorama general normativo, se derivan las siguientes conclusiones.

"1. Por régimen de importación temporal debe entenderse, la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado, conforme a los plazos establecidos en la normatividad aduanera.

"2. Los vehículos temporales a que se refiere el artículo 8o., fracción II, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para el ejercicio fiscal de dos mil tres, son aquellos que previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se internan en territorio nacional hasta por seis meses que se computarán en entradas y salidas múltiples efectuadas dentro del periodo de doce meses contados a partir de la primera entrada.

"Para el efecto de que los vehículos en cuestión transiten por el país, necesariamente, deben someterse a determinados requisitos, a saber:

"a) Los vehículos cuya importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más, deberán acreditar a través de la documentación oficial, su calidad migratoria que los autorice para tal fin y se trate de un solo vehículo en cada periodo de doce meses.

"b) Los vehículos sólo podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre y cuando sean residentes permanentes en el extranjero, o por un extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso a) de la fracción IV del artículo 106 de la Ley Aduanera.

"c) Cuando el automóvil sea conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá viajar a bordo el importador del vehículo.

"Dichos vehículos deberán cumplir con los requisitos que señale el Reglamento de la Ley Aduanera.

"En base a lo anterior, la exención establecida en la fracción II del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil tres, no transgrede el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, ya que no da un trato distinto a sujetos del tributo que se ubican en una misma situación, como a continuación se verá.

"Según se dejó precisado, la fracción II del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil tres, otorga una exención a los vehículos importados temporales contemplados por la Ley Aduanera, es decir, establece un régimen fiscal de exención distinto a favor de los tenedores o usuarios de vehículos de importación definitiva (nuevos o usados).

"Por consiguiente, para establecer si el tratamiento fiscal distinto inmerso en la norma reclamada, respeta el principio de equidad tributaria, es necesario analizar si existen bases objetivas que justifican esa desigualdad.

"Con relación al tema de la exención impositiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido las tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

"‘Octava Época

"‘Instancia: Pleno

"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"‘Tomo: VII, junio de 1991

"‘Tesis: P./J. 25/91

"‘Página: 54

"‘EXENCIÓN DE IMPUESTOS. SÓLO COMPETE ESTABLECERLA AL PODER LEGISLATIVO EN UNA LEY, NO AL EJECUTIVO EN USO DE LA FACULTAD REGLAMENTARIA. El establecimiento de exenciones fiscales, es facultad exclusiva del órgano legislativo, por lo que no cabe aceptar su ejercicio por parte del Ejecutivo a través de reglamentos, según se infiere del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto prohíbe «las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes», reserva que se confirma por la íntima conexión que la parte transcrita tiene con la fracción IV del artículo 31 constitucional, que al establecer la obligación de contribuir al gasto público, impone la condición de que ello se logre «de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes». Esta Suprema Corte siempre ha interpretado que en este aspecto, por ley debe entenderse un acto formal y materialmente legislativo, por lo cual ha de considerarse que si la creación de tributos, así como sus elementos fundamentales son atribuciones exclusivas del legislador, también lo es la de establecer exenciones impositivas, que guardan una conexión inseparable con los elementos tributarios de legalidad y equidad, sin que valga en contra de tales disposiciones constitucionales, ningún precepto legal.’

"‘Séptima Época

"‘Instancia: Plen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19121-3b67df36/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-8o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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