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RECARGOS FISCALES POR MORA. LOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 21 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1929/2008. · Registro digital (IUS): 21608
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Junio de 2009, , Pág. 637.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1929/2008. **********.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ARNULFO MORENO FLORES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, fracción II, 83, fracción V, 84, fracción II, 86 y 90 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a) y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en el punto primero, fracción I, inciso a), punto segundo, fracciones I y II y primero transitorio del Acuerdo Plenario 5/1999; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 5o. A y 13 de la Ley del Impuesto al Activo, en relación con el diverso artículo 5o. del propio ordenamiento. De igual manera se reclamó la inconstitucionalidad de los diversos artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación, sin que al efecto se haga necesaria la intervención del Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de un asunto en materia administrativa competencia de esta Segunda Sala y al efecto existen precedentes que pueden auxiliar la resolución del presente negocio.

SEGUNDO. La presentación del recurso de la parte quejosa resultó oportuna, ya que fue exhibido dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo.

En efecto, la notificación personal de la sentencia impugnada se realizó a la quejosa por conducto de su representante legal, el martes treinta de septiembre de dos mil ocho (fojas 315 y 316 del cuaderno de amparo), por lo que surtió sus efectos el día hábil siguiente; es decir, el miércoles primero de octubre y, por consecuencia, el plazo de diez días antes aludido transcurrió del jueves dos al miércoles quince de octubre de dos mil ocho, descontando de tal cómputo los días cuatro, cinco, once y doce del mismo mes y año por haber sido sábados y domingos respectivamente y, por consecuencia, inhábiles.

Luego entonces, si la presentación del recurso de revisión a que se alude tuvo verificativo el día catorce de octubre de dos mil ocho (foja 2 del toca), es decir, el penúltimo día del plazo, es inconcuso que tal presentación resultó oportuna.

TERCERO. De igual manera resulta oportuna la presentación de la revisión adhesiva, en virtud de que fue presentada dentro del término de cinco días posteriores a la fecha en que fue notificada la admisión de la revisión principal, conforme a lo dispuesto en el párrafo último del artículo 83 de la Ley de Amparo.

Efectivamente, la admisión de la revisión principal fue notificada a la parte tercero perjudicada mediante oficio número SSGA-A-VIII-34720/2008 de fecha catorce de noviembre de dos mil ocho (foja 214 del toca), por lo que tal notificación surtió sus efectos el día hábil siguiente; es decir, el martes dieciocho siguiente y, por consecuencia, el plazo de cinco días antes aludido transcurrió del miércoles diecinueve al martes veinticinco de noviembre de dos mil ocho, descontando de tal cómputo los días quince y dieciséis del mismo mes y año por haber sido sábado y domingo y el diecisiete por haber sido declarado día inhábil por acuerdo de Pleno.

Luego entonces, si la presentación del recurso de revisión adhesiva a que se alude tuvo verificativo el día veinticinco de noviembre de dos mil ocho (foja 229 vuelta del toca), es decir, el último día del plazo, es inconcuso que tal presentación resultó oportuna.

CUARTO. Los argumentos esgrimidos por la parte quejosa recurrente en calidad de agravios son del tenor siguiente:

"Primero. Omisión en el análisis del tribunal a quo en cuanto a la violación de los artículos 5o. A y 13 de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999, en relación con el diverso 5o. de ese mismo ordenamiento legal, a las garantías de legalidad, equidad y proporcionalidad tributaria previstas en los artículos 14, 16 y la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal. En el considerando octavo de la sentencia que ahora se recurre, el tribunal a quo omite entrar al estudio de los conceptos de violación quinto, sexto y séptimo planteados por la hoy recurrente en su demanda de amparo directo, relativo a que los artículos 5o. A y 13 de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999, en relación con el diverso 5o. de ese mismo ordenamiento legal, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributarias. En efecto, dicho Tribunal Colegiado consideró inoperantes los argumentos sostenidos en (sic) por mi mandante en los referidos conceptos de violación, al considerar que en el caso en concreto no se puede entrar al estudio de la inconstitucionalidad del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999, bajo el argumento de que en la sentencia emitida por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no hubo un acto de aplicación de dicha disposición reclamada. Lo anterior, al determinar que en la referida sentencia no se aplicó en contra de la hoy recurrente el contenido normativo de dichas disposiciones, así como que consintió dichos preceptos normativos, al no ser controvertidos a través del juicio de amparo indirecto y, de los recursos ordinarios procedentes, estima aplicable la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo. En estos términos, es que el Tribunal Colegiado indebidamente omite entrar al estudio de la inconstitucionalidad de los artículos 5o. A y 13, en relación con el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999, bajo el infundado argumento de que lo expuesto por mi mandante en los conceptos de violación de su demanda de amparo directo son inoperantes, siendo que en el presente caso procede la suplencia de la queja deficiente en términos de la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, al existir jurisprudencia que declara la inconstitucionalidad del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, por lo que lo procedente será conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Para efectos de que ese H. Máximo Tribunal se forme plena convicción en cuanto a la violación que por esta vía se reclama, solicito se analicen los argumentos que se plantean en los siguientes incisos de manera conjunta, pues los mismos, aun y cuando se presentan de manera separada para efectos de dar mayor claridad al recurso de revisión, constituyen un solo agravio. A. A fin de evidenciar la ilegalidad con la que se condujo el tribunal a quo, es menester transcribir la parte de la sentencia que por esta vía se recurre, misma que establece de fojas 180 a 193, lo siguiente: ‘OCTAVO.’ (se transcribe). De conformidad con lo antes transcrito, esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá observar que el Tribunal Colegiado omite entrar al estudio de la inconstitucionalidad de los artículos 5o. A y 13 de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999, en relación con el diverso 5o. de ese mismo ordenamiento legal, al considerar medularmente lo siguiente: a) Que la aplicación en la sentencia reclamada de los artículos 5o. A y 13 de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999, en relación con el diverso 5o. de ese mismo ordenamiento legal, no basta para abordar el estudio del problema de inconstitucionalidad planteado. Lo anterior, a partir de considerar que era básico que la quejosa no hubiera consentido la aplicación de esas normas antes del dictado de la resolución administrativa impugnada en el juicio de nulidad; b) Que la aplicación de los artículos 5o. A y 13, en relación con el 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, no aconteció en el juicio de nulidad; c) Que la prerrogativa prevista en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo requiere que la disposición aplicada sea la declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte, por lo que en el presente caso no se surte esa suplencia de la deficiencia de la queja. Esto, pues en su opinión no existió una aplicación del artículo 5o. del ordenamiento en cita; d) Que de tratarse de un juicio de amparo indirecto se actualizaría la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no haberse promovido la demanda de garantías en contra del acto de aplicación de dichos preceptos, dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo; e) Por tanto, el tribunal a quo concluye que los argumentos de la quejosa a través de los cuales controvierte la constitucionalidad de los artículos 5o. A y 13 en relación con el 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, son inoperantes. Sin embargo, lo argüido en la sentencia recurrida resulta a todas luces ilegal, pues en la misma se omite entrar al estudio de los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer por mi representada en contra de la inconstitucionalidad del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999, así como de los artículos 5o. A y 13 de ese mismo ordenamiento legal, no obstante el primero de éstos ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia, al considerar que contraviene la garantía de equidad tributaria y, por tanto, procede la suplencia de la queja. B. Previo evidenciar la ilegalidad de la sentencia dictada por el tribunal a quo en fecha 24 de septiembre de 2008, resulta pertinente realizar las siguientes manifestaciones en relación con la mecánica y determinación del impuesto al activo a nivel consolidado. El artículo 13 de la Ley del Impuesto al Activo establece la forma en que las sociedades que consolidan debe determinar la base del impuesto y sus pagos provisionales y del ejercicio, el cual establece textualmente lo siguiente: ‘Artículo 13.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo establece lo siguiente: ‘Artículo 5o. A.’ (se transcribe). Por su parte, los artículos 2o. y 5o. de la Ley del Impuesto al Activo establecen respecto al procedimiento de determinación del impuesto del ejercicio a que se refiere el artículo 5o. A, lo siguiente: ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 5o.’ (se transcribe). De lo anterior, podemos advertir que para la determinación y cálculo del impuesto al activo a nivel consolidado la sociedad controladora que consolide para efectos del impuesto sobre la renta calculará el valor del activo en el ejercicio, en forma consolidada, sumando el valor de su activo con el del activo de cada una de las controladas, en proporción a la participación accionaria promedio en que la controladora participe, directa o indirectamente, en su capital social. Una vez obtenido el valor del activo a nivel consolidado deberá deducir el valor de las deudas a que se refiere el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, que correspondan a la controladora y a cada una de las controladas que deben pagar dicho impuesto en proporción a la participación accionaria promedio por día en que la controladora participe, directa o indirectamente, en su capital social. Es decir, del valor total de los activos a nivel consolidado sólo se disminuirán las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero. A contrario sensu, podemos sostener que para la determinación del impuesto al activo no se podrán disminuir las deudas contratadas con el sistema financiero o su intermediación, así como las contratadas con residentes en el extranjero. Lo anterior es así, pues a fin de determinar el impuesto al activo correspondiente, el artículo 13 de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999 remite expresamente al diverso artículo 5o. de dicho ordenamiento. Sostener lo contrario, implicaría que en la propia mecánica del impuesto al activo del ejercicio a nivel consolidado, las sociedades controladoras no puedan reconocer los pasivos con que cuentan al momento de dicha determinación. En este sentido, resulta inexorable que el contenido normativo del artículo 13 de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999 remite de manera expresa al artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, el cual sólo permite la disminución de las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, es decir, sin razón válida que lo justifique, se prohíbe disminuir las deudas contratadas con el sistema financiero o su intermediación, así como las contratadas con residentes en el extranjero. C. Una vez precisado lo anterior, es importante señalar a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que la sentencia dictada por el tribunal a quo resulta del todo ilegal, pues contrario a lo resuelto en ésta, en el presente caso sí existió una aplicación directa del artículo 5o., derivada de la aplicación de los artículos 5o. A y 13, todos de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999. A fin de corroborar lo anterior, así como para evitar transcripciones innecesarias, solicito tenga por reproducidas las manifestaciones plasmadas en el apartado de procedencia del presente recurso de revisión, a través de los cuales se acredita que en la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen, la demanda de nulidad y la propia sentencia dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver el juicio fiscal No. 7649/06-17-05-2, se aplicó el contenido normativo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999, en relación con los diversos 5o. A y 13 de ese mismo ordenamiento legal. Esto es así, pues de la simple lectura que realice a la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen, la demanda de nulidad y la propia sentencia dictada por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver el ju

cio fiscal No. 7649/06-17-05-2, esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá verificar que para determinar la resolución impugnada en el juicio de nulidad se aplicó la norma declarada inconstitucional. En efecto, en los propios términos del artículo 13 de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999, para la determinación y cálculo del impuesto al activo a nivel consolidado, una vez obtenido el valor total del activo del ejercicio, deberá deducirse el valor de las deudas a que se refiere el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, que correspondan a la controladora y a cada una de las controladas. La única manera que podría haberse determinado para no aplicar una norma declarada inconstitucional, es que dicha determinación hubiera sido disminuyendo también las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero. En esta tesitura, si la determinación de las supuestas omisiones se sujetan a lo previsto en el artículo 5o. al momento de aplicar lo previsto en los artículos 5o. A y 13 es evidente que dichos dispositivos son igualmente inconstitucionales. En este sentido, lo aducido por el tribunal a quo en el sentido de que en el presente asunto no existe una aplicación del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, resulta por demás ilegal. Ahora bien, de un análisis concatenado a los anteriores incisos, ese H. Máximo Tribunal podrá corroborar que en el caso concreto la inconstitucionalidad argumentada en el juicio de amparo resulta de la aplicación conjunta e integral de los artículos 5o., 5o. A y 13 de la Ley del Impuesto al Activo. Esto es así, pues el procedimiento previsto en artículo 13 de la Ley del Impuesto al Activo establece explícitamente las mismas limitaciones previstas en el artículo 5o., pues su contenido reenvía a la aplicación de este último. Es decir, existe un mandato legal, por virtud del artículo 13 a que se aplique lo previsto en el artículo 5o.; es decir, no puede pensarse que se aplique el 13 de manera aislada pues no se trata de un contenido normativo similar de dos disposiciones diversas. Se trata de una remisión expresa de un artículo a otro artículo. En este orden de ideas, si el artículo 5o. es inconstitucional por no permitir la deducción de deudas, igualmente es inconstitucional el 13 porque vincula legalmente la aplicación del primero. En efecto, el artículo 13 de la Ley del Impuesto al Activo establece la forma en que las sociedades que consolidan debe determinar la base del impuesto y sus pagos provisionales y del ejercicio, siendo menester destacar que en términos de dicho numeral la sociedad controladora debe sumar al valor de sus activos, el valor de los activos que son propiedad de las sociedades controladas y restar sus deudas, este resultado, será la base imponible consolidada. Como ya se señaló, el mismo numeral señala que del valor del activo, se podrá deducir el valor de las deudas a que se refiere el artículo 5o. de esta ley, que correspondan a la controladora y a cada una de las controladas que deban pagar el impuesto a que se refiere esta ley, en proporción a la participación accionaria promedio por día en que la controladora participe, directa o indirectamente, en su capital social. Así, para efectos del impuesto al activo, la sociedad controladora debe tomar en consideración el valor del activo de todas las empresas que conforman el grupo en el ejercicio por el cual están calculando la base del impuesto y se le restan las deudas a que se refiere el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo. Es importante mencionar que el artículo 13 de la Ley del Impuesto al Activo, es la única disposición de esta ley que expresamente se refiere al régimen de consolidación para efectos del impuesto al activo; sin embargo, en términos de lo establecido en el artículo 1o. de la propia ley, tanto las sociedades controladoras como las controladas son sujetos del impuesto, por lo que consecuentemente deben serles aplicables todas las demás disposiciones de la ley en lo conducente como lo es el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo. Por tanto, es indiscutible que aun cuando el artículo 13 es el único artículo que se refiere expresamente a las sociedades que consolidan para efectos fiscales, es evidente que tanto las controladoras como las controladas deben aplicar no sólo este artículo sino también las demás disposiciones de la ley que delimitan el objeto, la base y la tasa para determinar la obligación a su cargo, lo que incluye necesariamente el tomar en consideración los acreditamientos, reducciones y exenciones del impuesto contenidos en diversos artículos de la propia ley y de su reglamento; salvo que exista una disposición que expresamente los excluya. Por su parte, el artículo 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo señala que los contribuyentes podrán determinar el impuesto del ejercicio, considerando el que resulte de actualizar el que les hubiera correspondiendo en el cuarto ejercicio inmediato anterior de haber estado obligados al pago del impuesto en dicho ejercicio. Es decir, el régimen opcional previsto en el artículo 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo permite a los contribuyentes determinar el impuesto del ejercicio, considerando el que resulte de actualizar por inflación el que les hubiera correspondido en el cuarto ejercicio inmediato anterior. Cabe destacar que es esta opción lo que utiliza es el impuesto que le hubiera correspondido al contribuyente en el cuarto ejercicio anterior. Para estos efectos, aplica en lo conducente, lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, respecto de los activos y deudas que tenía en dicho ejercicio. En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis 1a. XLVII/2007 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece lo siguiente: ‘ACTIVO. PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO RELATIVO, LAS PERSONAS MORALES QUE CONSOLIDAN ESTADOS FINANCIEROS PUEDEN ELEGIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5o. A DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (se transcribe). Por lo anterior, mi mandante argumentó que los (sic) 5o. A y 13 en relación con el 5o., todos de la Ley del Impuesto al Activo vigentes en 1999, contravienen la garantía de equidad tributaria. Esto es así, dichos preceptos llevan a la deducibilidad de las deudas de la base del impuestos, en los términos de lo previsto por el diverso artículo 5o. del mismo ordenamiento, mismo que además que al no establecer que la deducibilidad de las deudas contratados con residentes en el extranjero o con el sistema financiero, resulta violatorio del principio de equidad tributaria, contraviniendo así lo señalado en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (tesis de jurisprudencia 79/2004, tesis de jurisprudencia 150/2004). Asimismo, mi mandante sostuvo que el artículo 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999 viola las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, pues no determina con certeza uno de los elementos esenciales del impuesto, al dejar de definir lo que debe entenderse por el impuesto ‘que les hubiere correspondido en el cuarto ejercicio inmediato anterior de haber estado obligados al pago del impuesto en dicho ejercicio’, dejando al arbitrio de la autoridad el definir la determinación de la base de dicho impuesto. Finalmente, la ahora quejosa consideró que el artículo 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999 viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues considera que para determinar el impuesto que le hubiera correspondido a mi mandante en el cuarto ejercicio inmediato anterior, debe de incluir el valor de los activos y pasivos de aquellas sociedades controladas que precisamente en dicho ejercicio se encontraban exentas del pago de gravamen, por lo que se encontraría obligado a enterar cantidades superiores a las que reflejan su auténtica capacidad contributiva, lo cual resulta desproporcional. Por todo lo anterior, resulta evidente que en el caso concreto la inconstitucionalidad argumentada en el juicio de amparo citado al rubro: resultó de la aplicación de los artículos 5o., 5o. A y 13 de la Ley del Impuesto al Activo, pues en la determinación del impuesto al activo, considerando los activos y pasivos del cuarto ejercicio inmediato anterior, ésta se encontró imposibilitada para disminuir las deudas contratadas con el sistema financiero o su intermediación, así como las contratadas con residentes en el extranjero. E. Ahora bien, contrario a lo sostenido por el Tribunal Colegiado a quo, en el presente caso sí procede la suplencia de la queja de conformidad con la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, al encontrarse la determinación de la autoridad demandada en el juicio de origen así como la resolución de la Sala Fiscal, fundamentada en el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, precepto declarado inconstitucional por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ciertamente, el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente en 1999, prohibía para efectos de la determinación de la base del impuesto, la deducción de las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación así como con residentes en el extranjero. Al respecto, el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvieron en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2004 y P./J. 123/99 que el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, viola la garantía de equidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional. Esto, al no permitir la deducción de las deudas contratadas con el sistema financiero, así como con residentes en el extranjero, pues provoca una injustificada distinción entre las deudas que afecta el objeto del tributo, dándose un trato desigual a iguales, al permitirse a unos contribuyentes las deducciones de sus deudas y otros no, por situaciones ajenas a ellos y propias de los acreedores. Las citadas tesis de jurisprudencia establecen a la letra lo siguiente: ‘ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). ‘ACTIVO EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe). Ahora bien, como ha quedado demostrado a lo largo del presente recurso, no es posible aplicar lo previsto por los artículos 5o. A y 13 sin atender lo previsto por el artículo 5o.. Es decir, la aplicación de éstos implica necesariamente la aplicación del último pues se trata del mismo procedimiento, respecto del mismo elemento de la base imponible: La deducción de las deudas. Razón la anterior, por lo cual resulta incuestionable la aplicación artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, precepto declarado inconstitucional por las tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2004 y P123/1999 antes referidas. En esta tesitura, al estar impugnando los artículos 5o. A y 13 en relación con el artículo 5o., todos de la Ley del Impuesto al Activo, no puede aducirse consentimiento, pues lo que se e

tá cuestionando precisamente es la aplicación de las limitantes y condicionantes a que se refiere el artículo 5o. (declarado inconstitucional por jurisprudencia), pues se insiste, las disposiciones legales lo refieren expresamente (no se trata de contenidos semejantes, es la misma norma legal la que se aplica). Así las cosas, si el artículo 13 conlleva directamente la aplicación de una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia no puede considerarse que ya se consintió con la aplicación del artículo 13, porque se insiste, necesariamente (legalmente) implica aplicar el otro dispositivo. De otra manera, se perdería de vista que la aplicación de una disposición declarada inconstitucional, tiene por finalidad esencial la de garantizar el principio de supremacía de la Constitución, que es superior a cualquier interés particular, pues se busca evitar la aplicación de leyes contrarias a la Constitución; consecuentemente, ante el interés público, que como bien supremo del Estado, debe imperar en todo caso. Así, tratándose de leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el juicio de amparo cualquiera que sea el acto de aplicación para dar relevancia a la verdad jurídica sobre los tecnicismos del amparo, conforme a la jurisprudencia P./J. 8/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 37/99 que establece lo siguiente:--- ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE APLICAR LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY.’ (se transcribe). Ahora bien, no debe pasar desapercibido que en la especie procedía la suplencia de la deficiencia de la queja, por lo que era obligación del Tribunal Colegiado aplicar las tesis de jurisprudencia P./J. 123/1999 y 1a./J. 79/2004 emitidas por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las cuales se declaró la inconstitucionalidad del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, aun y cuando no se tratara del primer acto de aplicación de las disposiciones tachadas de inconstitucionales. Lo anterior, con fundamento en los artículos 76 Bis y 192 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 76, 77, 78 y 80 de dicho ordenamiento legal, mismos que se contravienen por parte del tribunal a quo. En efecto, la figura de la suplencia de la queja, prevista en la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, se refiere a los conceptos de violación y a las omisiones en que incurra el quejoso al enderezar su demanda contra actos fundados en una ley inconstitucional. Dicha suplencia de la queja tiene como finalidad hacer prevalecer el orden constitucional, lo que lleva a considerar que aun en la hipótesis de que hubiera operado el consentimiento tácito de una ley por falta de impugnación de primer acto de aplicación, no debe impedirse que ulteriores actos sean declarados insubsistentes, si la ley en que se fundan ya fue declarada inconstitucional por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, dicho precepto se instituyó con el propósito de lograr un eficaz control de la constitucionalidad de las leyes a fin de hacer prevalecer la Constitución como Ley Suprema, lo que implica la obligación para los juzgadores de amparo suplir en esos casos la deficiencia de la queja. Al respecto, resulta pertinente transcribir el contenido normativo del artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual establece a la letra lo siguiente: ‘Artículo 76 Bis.’ (se transcribe). Así pues, la suplencia de la queja implica que la jurisprudencia por la que se declara inconstitucional una ley o norma general pueda tener aplicación a casos diversos a los que motivaron su emisión, aun cuando no se haya invocado por el quejoso. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, sin que tal actuación signifique dar efectos generales a la declaración de inconstitucionalidad de la ley, dado que sólo producirá su inaplicación a los casos concretos que se controviertan. En este orden de ideas, resulta inconcuso que la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, pues lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, circunstancia que evidencia dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ult

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21608-cadfaa20/recargos-fiscales-por-mora-los-previstos-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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