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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 85-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2006).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1537/2006. · Registro digital (IUS): 19900
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRUPO IUSACELL, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1549.

AMPARO EN REVISIÓN 1537/2006. GRUPO IUSACELL, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIO: ÓSCAR ZAMUDIO PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de los artículos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contenidos en el capítulo VII-A, adicionado a su título II mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de diciembre de dos mil cinco, sin que sea necesaria la intervención del Tribunal Pleno por existir precedentes que resultan aplicables.

SEGUNDO. El presente recurso de revisión fue interpuesto en tiempo y por parte legítima, en virtud de que así lo determinó el Tribunal Colegiado del conocimiento.

TERCERO. La parte recurrente expresó como agravios, en esencia, los siguientes:

1) Aduce la recurrente que el Juez a quo resolvió incorrectamente al declarar infundado el concepto de violación relativo a que las disposiciones legales impugnadas por la quejosa resultan contrarias a la garantía de equidad tributaria, argumentando que el trato inequitativo que otorgan dichas disposiciones a favor de las sociedades cooperativas de producción se encuentra justificado de manera objetiva y razonable, en virtud de que el legislador en la exposición de motivos precisó las razones que tomó en consideración para adicionar dichos numerales y, a su vez, que estas razones no vulneran los principios rectores de los tributos, por lo que el fin extrafiscal que adoptó en beneficio de dichas sociedades, consistente en generar una mayor recaudación y, por ende, beneficiar a la economía nacional a través de ella, no resulta inconstitucional.

2) Al respecto estima que los artículos 85-A y 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resultan violatorios de la garantía de equidad tributaria al otorgar ciertos beneficios a las sociedades cooperativas de producción, sin que las razones hechas valer por el legislador en la exposición de motivos que formaron parte del proceso legislativo de donde derivaron dichos numerales constituyan un fin extrafiscal cuya justificación responda a criterios objetivos y razonables para otorgar un tratamiento diferenciado.

3) Manifiesta que tanto el a quo como el legislador ordinario consideran que el aspecto fundamental de la finalidad extrafiscal es la obtención de una mayor recaudación fiscal, lo cual es incorrecto, ya que la recaudación no puede ser considerada como accesoria o secundaria, sino que es un aspecto fundamental de la política tributaria para allegarse de recursos con el objeto de sufragar el gasto público. Además de ello, también se consideró como finalidad extrafiscal el mejoramiento de la economía del país, lo que en estricto sentido, tampoco puede ser considerado así, puesto que existen otro tipo de figuras fiscales más convincentes para beneficiar en ese aspecto a las sociedades cooperativas de producción.

4) Asimismo, sostiene la recurrente que el Juez a quo aduce que la justificación adoptada por el legislador en la exposición de motivos adquiere mayor relevancia dada la naturaleza jurídica y objeto que persiguen las sociedades cooperativas de producción a diferencia de las demás sociedades mercantiles. Esto es, considera que a pesar de que las sociedades cooperativas de producción pertenecen al género de las sociedades mercantiles con finalidad de lucro, éstas se constituyen con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales o colectivas, mismos fines que en opinión del Juez a quo no se presentan en el resto de las sociedades mercantiles.

5) En este sentido, afirma que el Juez a quo concluyó que existen diferencias entre las sociedades cooperativas de producción y el resto de las sociedades mercantiles analizando aspectos atinentes a sujetos de derecho distintos a los entes societarios, como lo son los motivos que persiguen los integrantes al momento de la celebración del contrato de sociedad. En este sentido, resulta infundado el razonamiento del Juez a quo, pues para resolver que existen diferencias entre las sociedades cooperativas de producción y el resto de las sociedades mercantiles debió atender exclusivamente a elementos atinentes a las sociedades en tanto entidades con personalidad distinta a la de sus integrantes.

6) Señala además que si bien es cierto que las sociedades cooperativas de producción forman parte del "sector social", ello de ninguna manera justifica el tratamiento fiscal diferenciado creado por el legislador ordinario al adicionar los artículos impugnados, debido a que la garantía constitucional de equidad tributaria exige que el órgano de control constitucional realice un análisis comparativo a partir de la hipótesis de causación en la que se encuentran los sujetos, aunado a que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, precisó que el análisis comparativo debe realizarse a partir de categorías propias del derecho fiscal y no con base en categorías propias de otras ramas del derecho.

7) Por otra parte y en atención a las consideraciones formuladas por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1895/2004, afirma la recurrente que lo aseverado por el Juez a quo en el sentido de que las sociedades mercantiles distintas de las cooperativas únicamente buscan satisfacer los intereses económicos de sus accionistas constituye en el ordenamiento jurídico mexicano una proposición normativa falsa debido a que los trabajadores, al igual que los socios inversionistas, también participan de las utilidades generadas por las sociedades mercantiles. Luego entonces, es falsa la proposición que afirma que las únicas sociedades que buscan mejorar las aspiraciones económicas, sociales y culturales de la clase trabajadora, sean las sociedades cooperativas de producción.

8) Finalmente considera la recurrente que la proposición normativa de que las sociedades cooperativas son económicamente inferiores a las demás sociedades mercantiles es una proposición falsa, puesto que en el caso de la Cooperativa Cruz Azul y la Cooperativa Pascual Boing, dichas sociedades cooperativas son superiores, económicamente hablando, a muchas sociedades anónimas, sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera, por lo que no se justifica el trato diferenciado contenido en las disposiciones impugnadas.

CUARTO. Previamente al estudio de los agravios hechos valer por la parte recurrente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupa, de oficio, del estudio de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 en relación con la fracción V del artículo 116 ambos de la Ley de Amparo, la cual no advirtió el órgano colegiado que en primer término conoció del presente asunto, respecto del artículo impugnado 85-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Para ello, se hace necesario transcribir los preceptos reclamados, los que establecen lo siguiente:

"Artículo 85-A. Las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta que les corresponda por las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el título II de esta ley, podrán aplicar lo dispuesto en la sección I del capítulo II del título IV de la misma, considerando lo siguiente:

"I. Calcularán el impuesto del ejercicio de cada uno de sus socios, determinando la parte de la utilidad gravable del ejercicio que le corresponda a cada socio por su participación en la sociedad cooperativa de que se trate, aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 130 de esta ley.

"Las sociedades cooperativas de producción a que se refiere este capítulo, podrán diferir la totalidad del impuesto a que se refiere esta fracción, hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan a sus socios la utilidad gravable que les corresponda.

"Cuando la sociedad cooperativa de que se trate distribuya a sus socios utilidades provenientes de la cuenta de utilidad gravable, pagará el impuesto diferido aplicando al monto de la utilidad distribuida al socio de que se trate la tarifa a que se refiere el artículo 177 de esta ley.

"Para los efectos del párrafo anterior, se considerará que las primeras utilidades que se distribuyan son las primeras utilidades que se generaron.

"El impuesto que en los términos de esta fracción corresponda a cada uno de sus socios, se pagará mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas, a más tardar el 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que se pagaron las utilidades gravables, el socio de la cooperativa de que se trate podrá acreditar en su declaración anual del ejercicio que corresponda el impuesto que se pague en los términos de este párrafo.

"Para los efectos de este capítulo, se considerará que la sociedad cooperativa de producción distribuye utilidades a sus socios, cuando la utilidad gravable a que se refiere esta fracción se invierta en activos financieros diferentes a las cuentas por cobrar a clientes o en recursos necesarios para la operación normal de la sociedad de que se trate.

"Para los efectos de este capítulo las sociedades cooperativas de producción que no distribuyan rendimientos a sus socios, sólo podrán invertir dichos recursos en bienes que a su vez generan más empleos o socios cooperativistas;

"II. Las sociedades cooperativas de producción llevarán una cuenta de utilidad gravable. Esta cuenta se adicionará con la utilidad gravable del ejercicio y se disminuirá con el importe de la utilidad gravable pagada.

"El saldo de la cuenta prevista en esta fracción, que se tenga al último día de cada ejercicio, sin incluir la utilidad gravable del mismo, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el último mes del ejercicio de que se trate. Cuando se distribuyan utilidades provenientes de esta cuenta con posterioridad a la actualización prevista en este párrafo, el saldo de la cuenta que se tenga a la fecha de la distribución, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en el que se efectuó la última actualización y hasta el mes en el que se distribuyan dichas utilidades.

"El saldo de la cuenta de utilidad gravable deberá transmitirse a otra u otras sociedades en los casos de fusión o escisión. En este último caso, dicho saldo se dividirá entre la sociedad escindente y las sociedades escindidas, en la proporción en la que se efectúe la partición del capital contable del estado de posición financiera aprobado por la asamblea general extraordinaria y que haya servido de base para realizar la escisión.

"La utilidad gravable a que se refiere esta fracción, será la que determine la sociedad cooperativa de que se trate, en los términos del artículo 130 de esta ley, correspondiente a la totalidad de los socios que integran dicha sociedad;

"III. Por los ingresos que obtenga la sociedad cooperativa no se efectuarán pagos provisionales del impuesto sobre la renta, y

"IV. Los rendimientos y los anticipos que otorguen las sociedades cooperativas a sus socios, se considerarán como ingresos asimilados a los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y se aplicará lo dispuesto en los artículos 110 y 113 de esta ley."

"Artículo 85-B. Las sociedades cooperativas de producción que opten por aplicar lo dispuesto en el presente capítulo, no podrán variar su opción en ejercicios posteriores, salvo cuando se cumplan con los requisitos que se establezcan en el reglamento de esta ley. Cuando los contribuyentes dejen de pagar el impuesto en los términos de este capítulo, en ningún caso podrán volver a tributar en los términos del mismo."

El primero de los preceptos transcritos establece, entre otras cosas, una opción a las sociedades cooperativas de producción que únicamente se encuentren constituidas por socios personas físicas, para calcular el impuesto sobre la renta, aplicando lo dispuesto en la sección I del capítulo II del título IV de esa ley -régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales-, en lugar de aplicar el título II de la propia ley; diferir la totalidad del impuesto hasta el ejercicio fiscal en el que distribuyan sus socios la utilidad gravable que les corresponda y no efectuar pagos provisionales del impuesto de que se trata.

El segundo de los preceptos transcritos dispone que las sociedades cooperativas de producción que elijan la opción antes mencionada, no la podrán variar en ejercicios posteriores, salvo la hipótesis que establece y que si dejan de pagar el impuesto bajo esa opción, en ningún caso podrán acogerse a ella.

Ahora bien, de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, cuya síntesis se hizo en el resultando segundo de esta ejecutoria, se advierte que no formuló argumento alguno en contra del último precepto citado, a fin de demostrar su inconstitucionalidad, pues si bien en dichos conceptos se refiere de manera general a los dos numerales reclamados, sus argumentos los encamina a impugnar solamente el contenido del primero, esto es, del artículo 85-A.

En ese tenor, es evidente, como ya se precisó, que la quejosa no expresó argumento alguno en contra de las limitantes que establece el artículo 85-B a las sociedades cooperativas de producción que opten por tributar bajo el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, para que puedan variar su opción y continuar con ella, a fin de demostrar su inconstitucionalidad, razón por la que debe sobreseerse en el juicio respecto de dicho precepto.

Apoya la anterior decisión la jurisprudencia número 3a./J. 28/93, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO."(1)

En todo caso, dada la redacción del artículo en mención, su contenido no le causa prejuicio a la quejosa, pues debe recordarse que éste sólo prevé que las sociedades cooperativas de producción que elijan la opción señalada en el artículo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no la podrán variar en ejercicios posteriores, salvo la hipótesis que establece; y si dejan de pagar el impuesto bajo esa opción, en ningún caso podrán acogerse a ella, por lo cual en este aspecto también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.

QUINTO. La recurrente plantea en sus agravios, que el artículo 85-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta resulta violatorio de la garantía de equidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al otorgar un tratamiento distinto a las sociedades cooperativas de producción respecto de las demás personas morales, sin que exista una razón objetiva y razonable para ello, siendo que ambos sujetos de derecho se encuentran en igualdad de circunstancias puesto que se trata de personas morales con ánimo de lucro que realizan el mismo hecho imponible.

Para efecto de determinar lo conducente resulta necesario atender tanto a la naturaleza de las sociedades cooperativas como a su regulación dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

La doctrina señala como el origen de las cooperativas modernas a la llamada sociedad de Pioneros (equitable Pionners) de Rochdale, Inglaterra, fundada en mil ochocientos cuarenta y cuatro por veintiocho obreros textiles con el propósito de adquirir directamente, para su propio consumo, los artículos necesarios para su subsistencia y de esta manera eliminar tanto a los intermediarios como al incentivo del lucro, que elevaban considerablemente el precio de estos bienes. En otras palabras, la sociedad tenía como propósito que los socios se convirtieran en mercaderes y fabricantes, para proporcionarse, mutuamente, mercancías de la mejor calidad y al precio más bajo.

A la sociedad de Pioneros, que tuvo el carácter de lo que hoy se conoce como cooperativa de consumo, le siguieron diversas sociedades de este mismo tipo y, posteriormente, aparecerían las cooperativas de producción y las de crédito; las primeras en Francia y las segundas en Alemania.

En la exposición de motivos que dio origen a la actual Ley General de Sociedades Cooperativas, se señaló lo siguiente:

"El movimiento cooperativo a nivel mundial, ha demostrado fuera de toda duda ser una excelente figura de organización social para el trabajo. Entre otros, países como Alemania, Israel, Inglaterra, Suecia y Dinamarca, han alcanzado los niveles de desarrollo que actualmente tienen, gracias al impulso que sus gobiernos le han brindado al movimiento cooperativo. El cooperativismo permite que los hombres trabajen para sí mismos, al tener sus integrantes la dualidad de propietarios a la vez que aportan su fuerza de trabajo, al constituirse en la solución entre el capitalismo y socialismo a ultranza, al ser el mejor ejemplo de democracia en la toma de decisiones y en la elección de sus órganos de gobierno, así como la más eficiente forma de distribución de beneficios. La actitud de los diferentes gobiernos de nuestro país hacia el cooperativismo, ha sido, cuando menos variable. Desde un apoyo muy definido hasta prácticamente la indiferencia. Las actuales circunstancias económicas, sociales y políticas, hacen impostergable que el cooperativismo nacional reciba el apoyo y el impulso que merece. Estamos convencidos que este integrante del sector social, a través de las cooperativas de producción, consumo, servicios y ahorro y crédito, puede ser la palanca para elevar la producción de bienes y servicios, reducir el desempleo, abatir el alto costo de la vida y alcanzar el perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas, y el bienestar de la mayoría. Hacia estos objetivos está orientado el capítulo relativo a política social, del Plan Nacional de Desarrollo. Los suscritos consideramos que para el logro de los objetivos anteriores es imprescindible la actualización de la legislación en materia cooperativa. La Ley General de Sociedades Cooperativas actualmente en vigor, fue promulgada el 11 de enero de 1938, lo cual significa que está próxima a cumplir 53 años. Indudablemente que en su momento, constituyó un gran avance e impulsó al movimiento cooperativo nacional, pero también es indudable que las circunstancias nacionales han cambiado, y es evidente la necesidad de actualizar los ordenamientos que contiene. El proyecto de Ley General de Fomento Cooperativo que presentamos a su consideración, contiene, entre otras, las siguientes aportaciones: 1. Rescata de la legislación mercantil a la cooperativa para enmarcarla dentro del derecho social, y considera de esta forma a la propiedad cooperativa, como parte de la propiedad social. 2. Se buscó que la ley fuera ágil, para lo cual se reduce su articulado, se clarifican los conceptos y se enfatiza su objetivo de fomento y no únicamente de regulación o sanción. 3. Se tomó en cuenta el criterio general de que en adición a la iniciativa de ley que proponemos, se complementará con el reglamento respectivo. 4. Se reconoce por primera vez en nuestro país al derecho cooperativo como una rama del derecho social. 5. Por primera vez se habla del acto cooperativo, para diferenciarlo especialmente del acto civil y mercantil. 6. Se define por primera vez en América lo que es sistema cooperativo y movimiento cooperativo. 7. Se establecen como de observancia obligatoria los seis principios del cooperativismo universal. 8. Se dispone que las cooperativas y sus órganos superiores, puedan constituirse y operar en todos los campos de la economía nacional. 9. Por primera vez se establece que los organismos cooperativos adquieren su personalidad jurídica, desde el momento mismo de su constitución, para eliminar la desventaja en que se encuentran frente a las sociedades de capital. 10. Se consigna por primera vez la existencia de las cooperativas de ahorro y crédito, lo cual aunado a la incorporación de las mismas en el artículo 18 transitorio de la Ley de Instituciones de Crédito, viene a constituir el reconocimiento de una realidad imperante en México desde hace más de 50 años. 11. Por primera vez en nuestro país, se dispone en una ley cooperativa, que los organismos o instituciones que fomenten el cooperativismo, podrán ser miembros del movimiento cooperativo mexicano. 12. Se establece como obligatoria, respetando las facultades de la Secretaría de Educación Pública, la enseñanza del cooperativismo en las escuelas federales y en las de los Estados, en los grados de primaria, secundaria, técnica y superior, para abatir el número de fracasos de cooperativas, que se constituyen con esta modalidad, sin conocer la filosofía del cooperativismo. 13. Se establece que el Gobierno Federal y los de los Estados, deberán apoyar a todas las instituciones de vocación cooperativa. 14. Se establece como obligatorio la creación del Tribunal de lo Contencioso Cooperativo, para dirimir las querellas entre los socios de las cooperativas, entre éstas y sus socios, entre las propias cooperativas, y entre éstas y las autoridades. 15. Se establece la creación de un departamento de Estado de fomento cooperativo, para atender todo lo concerniente al apoyo, fomento y consolidación, de un movimiento cooperativo sano y libre. 16. Finalmente, se establecen dos capítulos relativos a los apoyos institucionales del gobierno, para los organismos cooperativos. Esta iniciativa de Ley General de Fomento Cooperativo, que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía, es el resultado de dos comparecencias de secretarios de Estado, de siete giras de trabajo que realizamos a diferentes partes de la República, de dos foros que se llevaron a cabo con la participación de los más notables pensadores del movimiento cooperativo, de las aportaciones que como consecuencia de la convocatoria nacional recibimos, de las opiniones que diversas secretarías del Ejecutivo Federal nos hicieron llegar, al poner a su consideración el anteproyecto de ley, y la comparación del mismo, con la ley marco de la Organización de Cooperativas de América, y de otros países. Todos sabemos que no es posible alcanzar la perfección en la elaboración de una ley, ya que el sujeto de su aplicación es precisamente el ser humano, diverso en su forma de pensar y de sentir. Sin embargo, creemos que para las actuales y futuras circunstancias de nuestra nación, nuestro proyecto de ley cumple con viejos anhelos del movimiento cooperativo."

Por su parte, los artículos 2o., 21, 22 y 27 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, a la letra disponen lo siguiente:

"Artículo 2o. La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios."

"Artículo 21. Forman parte del sistema cooperativo las siguientes clases de sociedades cooperativas:

"I. De consumidores de bienes y/o servicios, y

"II. De productores de bienes y/o servicios, y

"III. De ahorro y préstamo."

"Artículo 22. Son sociedades cooperativas de consumidores, aquellas cuyos miembros se asocien con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción."

"Artículo 27. Son sociedades cooperativas de productores, aquellas cuyos miembros se asocien para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas, estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos, actuando en los términos de esta ley."

El primero de los preceptos transcritos establece una definición genérica de las sociedades cooperativas, señalando que éstas constituyen una organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Deriva de la anterior definición legal que la razón de ser de estas sociedades es el servicio al socio, a la comunidad; su propósito fundamental es la satisfacción de necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales de los socios en común.

Es así que las sociedades cooperativas constituyen agrupaciones que ejercen una actividad económica, así como, al mismo tiempo, una solidaridad de grupo basada en principios cooperativos y se destaca su contribución a la apertura y al desarrollo económico, así como sus funciones sociales en beneficio de las capas más diversas de la población, mientras que las sociedades eminentemente capitalistas como la quejosa no tienen dichas características, por lo que se puede advertir claramente que no se trata de entes jurídicos con características similares.

Cabe señalar que la naturaleza de las sociedades cooperativas, así como su instrumentación como un medio para impulsar el desarrollo económico y la consecución de diversos fines sociales, tales como la solidaridad y el aumento de empleos, no fue establecido por el legislador ordinario, sino que, por el contrario, su fomento y protección existe a nivel constitucional en el artículo 25 de nuestra Ley Fundamental, que al respecto señala, en lo conducente, lo siguiente:

"Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

"Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.

"El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

"Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

"La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

"La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución."

De lo anterior se advierte que la protección, apoyo y fomento a las sociedades cooperativas, así como su relación con el desarrollo económico, no es una cuestión que se haya regulado exclusivamente por el legislador ordinario, sino que configura un principio protegido a nivel constitucional. Lo anterior se evidencia aún más si se atiende a lo señalado en la exposición de motivos de la reforma de siete de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, que culminó con la aprobación del séptimo párrafo del artículo 25 constitucional, en la que se manifestó lo siguiente:

"Los principios del proyecto nacional que contiene la Constitución de 1917 son síntesis de las aspiraciones que el pueblo ha planteado, ratificado y desarrollado en su trayectoria hacia la integración de su nacionalidad, organización política y afirmación soberana. La Revolución y su Constitución recogieron y proyectaron las aspiraciones de libertad, independencia, democracia e igualdad en un conjunto coherente del cual se derivan los ordenamientos constitucionales de un nuevo Estado, una nueva forma de relación de éste con la sociedad, y de la nación con el mundo. La Constitución estableció las b

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19900-b92dc849/renta-el-articulo-85-a-de-la-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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