CAÑA DE AZÚCAR. CON LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA NO SE GENERA UN CONFLICTO DE LEYES CON LA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, NI SE VIOLAN LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS. CAÑA DE AZÚCAR. EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD CONTRACTUAL. CAÑA DE AZÚCAR. EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO. CAÑA DE AZÚCAR. EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA AL OBLIGAR A LOS INTERESADOS A SOMETERSE A LA JURISDICCIÓN DE LA JUNTA PERMANENTE AHÍ PREVISTA, TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA Y ACCESO A LA JUSTICIA. CAÑA DE AZÚCAR. LAS APORTACIONES PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA CAÑA DE AZÚCAR, NO SON OBLIGATORIAS PARA LOS INDUSTRIALES Y ORGANIZACIONES CAÑERAS. CAÑA DE AZÚCAR. LAS APORTACIONES PARA EL SOSTENIMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA CAÑA DE AZÚCAR, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO SON CONTRIBUCIONES. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN II, 6, 9 Y 12 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES IX Y X, Y 6 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, RESPETAN EL LIBRE EJERCICIO INDUSTRIAL Y COMERCIAL. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 3, 50, 55 Y 95 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD, LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, NI DE LIBERTAD DE INDUSTRIA O COMERCIO. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 5, 7, FRACCIÓN VII, 10, FRACCIÓN XI Y 58 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 28, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 22 A 29 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 23, 24 Y 26 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III Y 87 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICAS. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III Y 87 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 56, 66, 77 Y 87 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. CAÑA DE AZÚCAR. LOS ARTÍCULOS 57 A 66 DE LA LEY DE DESARROLLO SUSTENTABLE RELATIVA, NO VIOLAN LAS GARANTÍAS DE LIBRE COMERCIO Y DE LEGALIDAD JURÍDICA.
AMPARO EN REVISIÓN 1122/2006. PROMOTORA AZUCARERA, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, del Acuerdo General 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintinueve de junio de dos mil uno, toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de dos mil cinco, y si bien subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad planteado, no es necesario que su estudio sea abordado por el Tribunal Pleno.
SEGUNDO. Carece de sentido pronunciarse respecto a la oportunidad del recurso de revisión, en virtud de que el órgano colegiado se ocupó del punto, estimando que dicho medio de impugnación se interpuso dentro del término de diez días hábiles a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo.
TERCERO. Es innecesario transcribir los agravios de la parte recurrente, pues al estar dirigidos a combatir el sobreseimiento decretado por el Juez Federal, fueron ya examinados por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, el que, al estimarlos fundados, levantó el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida y reservó jurisdicción a esta Corte Suprema para conocer del problema de constitucionalidad.
CUARTO. La parte quejosa hizo valer, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:
Primero. Los actos reclamados violan los artículos 5o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación también con los numerales 1o., 14, 16, 17, 27, 28, 73, 131 y 133 del mismo ordenamiento, porque imponen a la quejosa obligaciones de hacer (contratar de determinada manera); de dar (aportaciones de dinero, entregar información industrial); de asumir obligaciones de terceros (retener pagos de créditos); así como de no hacer (celebrar contratos con abastecedores de caña ajenos a las organizaciones previstas en la ley).
La inconstitucionalidad se da por violación a los artículos 5o. y 9o. constitucionales conforme a las premisas siguientes: 1) La ley impone a la quejosa restricciones y limitaciones en sus derechos que, de hecho, se traducen en el condicionamiento del ejercicio de una actividad industrial y comercial lícita en términos del artículo 5o. constitucional, a la realización de determinados actos y contrataciones, así como a asumir obligaciones ilegales establecidas en dicha ley como requisito para el ejercicio de la actividad y de los supuestos derechos que dicha ley regula. 2) Los artículos 3o., fracciones I, VIII y XXII, 10, fracciones IV y XII, 33, 34, 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 118, 125 y transitorios quinto y octavo, son violatorios del artículo 9o. constitucional porque imponen a la quejosa la obligación velada en una redacción confusa de asociarse a una cámara industrial determinada como única, para poder participar en los diversos procesos que marca la ley, así como para participar en los organismos que crea ésta, imponiendo además a la quejosa la obligación de dejar su representación ante dichos organismos en manos de esa cámara industrial y además también en forma velada y artificiosa, viola las libertades de asociación y de contratación porque imponen a la quejosa la obligación de a) Sujetarse a un contrato único y específico de suscripción obligatoria; b) Condiciona su contratación a que la quejosa lo firme con organizaciones de abastecedores de caña locales y nacionales y c) Obliga a la quejosa a formar parte de estructuras organizativas con dichas organizaciones.
De la lectura del artículo 5o. de la Constitución Federal se desprende que la garantía de libertad de industria o comercio observan las siguientes condicionantes: a) que no se trate de una actividad ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se vulneren derechos de la sociedad. La primera violación de este precepto deviene del contenido del artículo 3o., fracciones IX y X, de la ley reclamada en relación con su propio artículo 6o., que imponen como condición para realizar actividades industriales, la sujeción a formas asociativas, procedimientos y contratos, y a la interacción con sujetos determinados por la propia ley, para la consecución de los fines agroindustriales, lo cual es absurdo y deviene inconstitucional, porque en el sistema jurídico mexicano existen múltiples formas de actividades y organizaciones lícitas para operar una fábrica de esta naturaleza.
La operación de los ingenios y del comercio de sus productos como actividad lícita, no se sigue perjuicio alguno en detrimento de terceros, por lo que se reúnen los tres presupuestos constitucionales necesarios para ser titular de la garantía de libertad de industria y comercio, que la ley reclamada pretende condicionar a modalidades inconstitucionales.
Tal inconstitucionalidad se da en virtud de que veladamente se condiciona su actividad agroindustrial a la celebración de contratos obligatorios para dedicarse a la actividad industrial y comercial que es lícita, y su ejercicio está garantizado por la Constitución, aunado a que la ley reclamada le impone la obligación de celebrar un "contrato uniforme", con cláusulas elaboradas y aprobadas sin su voluntad, por un ente paraestatal (el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar), tal como se desprende de los artículos 50, quinto transitorio y octavo transitorio, los cuales sujetan sus relaciones puramente comerciales con abastecedores de caña, a una contratación forzosa y, además, establecida y regida por una norma inexistente.
Se violenta la garantía de libre asociación al establecer para la quejosa, la obligación velada de pertenecer a la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera para acceder a los órganos y entes que crea la ley, además de que le imponen la obligación de entregar información económica e industrial a dicha cámara.
Son violatorios de la Constitución los artículos 12, fracción VI, 66 y 132 de la ley reclamada, porque contribuyen a generar una exigencia de pertenencia a una cámara industrial determinada por la ley, como único interlocutor y, consecuentemente, le causa agravio, pues en tales disposiciones se hace referencia a organismos colegiados de representación y a los entes que crea la ley; se otorga representación de la actividad industrial que ejerce la promovente, únicamente a una cámara industrial, lo que deviene inconstitucional porque la designación de su representación ante comités o cualquier organismo o autoridad, entraña necesariamente un acto de voluntad del representado, lo que no acontece en el caso.
Para contrastar las irregularidades de la ley que está dirigida a favorecer al sector de abastecedores de caña, se les permite la concurrencia de varias organizaciones supuestamente con carácter nacional, lo cual es un absurdo que crea situaciones y tratos diferenciados en casos que deberían ser tratadas analógicamente. Tampoco puede la ley reclamada imponer la obligación a particulares de entregar información forzosa a una cámara o asociación como si se tratase de una autoridad, tal como se desprende del artículo 66 de la ley que se combate, violando con ello las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que causan molestias a la quejosa en sus papeles, posesiones y derechos, tutelados por dichas garantías. Además, se le impone la obligación de contratar con abastecedores de caña que no forman parte de ninguna organización.
Segundo. Los actos reclamados violan lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en relación con los numerales 1o., 14, 16, 17, 73, 131 y 133, pues transgreden en perjuicio de la quejosa, las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y certeza, en virtud de que ésta tenía la certeza y seguridad jurídica que el desarrollo rural se llevaría a cabo en el marco normativo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; empero, las autoridades responsables han emitido la ley reclamada, que sólo contempla una actividad de la agricultura, sin tomar otras actividades y los distintos tipos de abastecedores de caña que existen en el país, así como la capacidad de producción. De esta manera, la promovente resulta agraviada, pues existen dos leyes del mismo rango, que reglamentan simultáneamente la fracción XX del artículo 27 constitucional, que dispone que el Congreso de la Unión debe expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria; generando incertidumbre e imprecisión acerca del marco normativo bajo el cual debe llevar a cabo sus operaciones mercantiles.
En otro aspecto, la ley reclamada fomenta la práctica de formas monopólicas prohibidas por el artículo 28 constitucional, ya que establece mecanismos y fórmulas para la fijación de precios de la caña de azúcar y del azúcar. En cuanto a las prácticas monopólicas prohibidas constitucionalmente, la ley que se impugna, en sus artículos 5o., 7o., fracción VII, 10, fracción XI y 58, fomenta tales prácticas, pretendiendo encubrirlas al amparo del artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, con el argumento de que es un producto de consumo necesario, estableciendo mecanismos para la fijación del precio de la caña en beneficio único de una parte de la agroindustria azucarera. Asimismo, la ley combatida determina una fijación indebida de precios, atento a que, contrario a su letra, el artículo 7o., fracción VII, otorga a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la facultad de proponer a la Secretaría de Economía las bases para la fijación de los precios máximos del azúcar, lo que es una facultad que el artículo 131 constitucional y la Ley Federal de Competencia Económica reservan al Ejecutivo mediante decreto. Todo lo expuesto genera a la quejosa un agravio personal y directo consistente en que se le sujeta a un régimen de precios de la caña de azúcar, no obstante que la libertad en el precio de los bienes y servicios con la que concurren en el mercado los diferentes agentes económicos, constituye uno de los elementos esenciales para que operen las garantías de libre concurrencia y competencia.
En forma contraria a la Ley Suprema, el artículo 10, fracción XI, del ordenamiento combatido, excede las prohibiciones del artículo 28 constitucional en su párrafo segundo, al grado de que faculta a un órgano del Estado para violentar el régimen constitucional, todo lo cual constituye un régimen de excepción a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica, lo que le causa agravio.
Tercero. Los actos reclamados violan las garantías de legalidad, seguridad jurídica y certeza, ya que el Congreso de la Unión es quien se encuentra facultado para legislar, en la inteligencia de que las leyes que emita deben ser generales, impersonales, abstractas y permanentes, pero la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar no reúne todos esos requisitos, en virtud de que impone a la quejosa cargas u obligaciones en beneficio de particulares a través de los artículos 53, 26, fracción III y 87, porque en su objeto social no se contempla que realice la actividad consistente en retener y enterar a las instituciones bancarias el dinero o crédito de sus abastecedores de caña, y se determina que la promovente debe cubrir los costos que genere la interrupción de la zafra, incluyendo los apoyos a cortadores y fleteros, esto es, impone una carga pecuniaria.
El artículo 87 de la ley reclamada determina una fórmula donde el 33% del valor en dinero que en ella se establece, deberá ser pagado por la inconforme en beneficio de los particulares abastecedores de caña que resulten afectados con la falta de industrialización de la caña ocasionada por caso fortuito o de fuerza mayor, con lo que se le impone una carga económica en beneficio de los particulares.
Cuarto. Los actos reclamados violan en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad y seguridad jurídicas. En el presente caso, los artículos 118 al 120; 125 al 130; 140 al 150 de la ley reclamada, someten de manera inconstitucional a la quejosa a la denominada Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, que no es una autoridad judicial porque carece de facultades jurisdiccionales otorgadas por el Constituyente, y porque su creación no está prevista en la Constitución General de la República; pero además, la sujetan a un arbitraje al margen del compromiso arbitral que prevé el Código de Comercio y que es el resultado de la voluntad de las partes.
Quinto. Los actos reclamados violan en perjuicio de la quejosa la garantía consagrada en el artículo 5o. constitucional, así como la garantía de legalidad contenida en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, ya que en los artículos 57 a 66 de la ley reclamada, se regula lo que las responsables han denominado "Del sistema de pago", el cual impone cargas y obligaciones que vulneran su libertad contractual e implican una privación de derechos de libre contratación, pues la someten a dicho sistema, a través de pagos anticipados en porcentajes y precios determinados, sin su consentimiento, hasta del 80% de la caña neta recibida. Asimismo, el artículo 57 establece un precio anual de la caña de azúcar, lo que viola la libertad de comercio, en virtud de que la inconforme tiene un objeto social que le permite la celebración de operaciones mercantiles de acuerdo a sus propósitos comerciales y acordes a su naturaleza jurídica de agentes mercantiles. Además, el mecanismo que prevé el artículo 58 de la ley reclamada tampoco responde al espíritu del artículo 27, fracción II, constitucional, que en ningún momento estableció la posibilidad de sujetar los precios de la producción agrícola a fórmulas diversas a la oferta-demanda del mercado. Situación igual se presenta con el artículo 59 del ordenamiento que se combate.
Los artículos 60 a 64 violan la libre concurrencia y competencia, así como la libertad contractual de comercio e industria.
Sexto. Los artículos 26, fracción III, 53 y 98 del ordenamiento legal impugnado, conculcan en perjuicio de la quejosa las garantías de audiencia y legalidad, pues sin ser oída en defensa de sus intereses, se le priva y molesta en diversos derechos de los cuales es titular, como lo es el caso de llevar únicamente las actividades contempladas en su objeto social. Pudiendo abstenerse de realizar aquellas ajenas a su voluntad como lo son: efectuar retenciones (en calidad de retenedor); absorber en beneficio de terceros una parte de las pérdidas ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor; financiar las investigaciones científicas y tecnológicas, y cubrir costos generados por causa de interrupciones en la zafra.
QUINTO. Antes de entrar en materia, este cuerpo colegiado estima necesario hacer algunas reflexiones en torno del marco constitucional y legal de la agroindustria de la caña de azúcar, a propósito de lo cual se transcribirán los siguientes preceptos de la Ley Fundamental:
"Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.
"Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación.
"El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.
"Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
"Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
"La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
"La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución."
"Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
"...
"La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación, se regirá por las siguientes prescripciones:
"...
"XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público."
"Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic) prohibiciones a título de protección a la industria.
"...
"Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.
"No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.
"El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado.
"El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.
"...
"No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata. ..."
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"...
"XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. ..."
El primero de los numerales constitucionales, que junto con los artículos 26, 27 y 28 forman parte de lo que se identifica como el capítulo económico de la Constitución Federal, establece lo que se denomina "rectoría del Estado" y "economía mixta", que operan mediante la planeación, conducción, coordinación y orientación de la actividad económica, así como la regulación y fomento de actividades de interés general, pudiendo concurrir al desarrollo nacional, los diferentes sectores público, privado y social.
Así, bajo los principios de equidad social y productividad dispuestos por el Poder Constituyente, el Estado tiene la función de apoyar e impulsar a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
Para tal efecto, la Carta Magna remite a la legislación especial, que establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, sean los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las cooperativas, comunidades, o las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.
Como se ve, el artículo 25 establece los fines de la rectoría del Estado que derivan del propósito de garantizar que el desarrollo sea integral, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuyo desarrollo y seguridad protege la Constitución Federal.
El artículo 27, por su parte, regula el derecho de propiedad, advirtiéndose, en su texto, el espíritu del Congreso Constituyente que, como producto del movimiento armado de mil novecientos diez, consideró que sobre los derechos individuales a la propiedad se encuentran los derechos superiores de la colectividad, de ahí la decisión sobre la necesidad de regular su repartición, uso y conservación, lo que justificó en la declaratoria de que la propiedad de las tierras y aguas ubicadas dentro del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, que ésta se reserva el derecho de transmitirla a los particulares para constituir la propiedad privada, a la que impondrá las modalidades que dicte el interés público, así como que podrá regular los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de su riqueza y cuidar su conservación.
En la fracción XX de tal precepto fundamental se previene el llamado "concepto de desarrollo rural integral", propuesto en la iniciativa del Ejecutivo Federal de tres de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, incorporado en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres que, en su momento, se entendió como "un desarrollo rural eficaz e integral que conlleva la justicia individual, social y nacional al campo en su más amplio sentido, que abarca desde el respeto a la tenencia de la tierra hasta desembocar en una más justa distribución del ingreso, del desarrollo y del bienestar nacional."(1)
La intención de tal implementación es lograr la organización productiva del campo, para cuyo efecto el Estado ha de promover las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, pero también habrá de fomentar, entre otras actividades, a la agropecuaria,(2) con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica, debiendo además expedir la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
El artículo 28 de la Constitución Federal, a su vez, establece la actuación del Estado mexicano como director del desarrollo económico nacional y su intervención en la regulación del fenómeno económico, con el propósito de proteger el interés social y de los consumidores.
Salvo por reformas publicadas el veinte de agosto de mil novecientos noventa y tres y el dos de marzo de mil novecientos noventa y cinco, cobra importancia para el caso la reforma de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, ya que el Órgano Reformador adicionó prevenciones importantes, entre las que se encuentran la definición de las áreas de la economía que se consideran estratégicas, incorporando nuevas áreas, así como la relativa a la fijación de los precios máximos de los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular y el otorgamiento de subsidios a actividades prioritarias.
Al respecto, destacan como atribuciones esenciales del Estado, que ejerce a través del Congreso de la Unión, las consistentes en adicionar actividades económicas a las áreas estratégicas que prevé, expedir leyes que fijen las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, para evitar concentraciones, fijar las bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideran necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos a fin de evitar intermediaciones innecesarias o excesivas que provoquen insuficiencia en el abasto o el alza de precios.
Por lo que hace al artículo 73, fracción XXIX-E, constitucional, se aprecia que las facultades atribuidas al Congreso de la Unión están vinculadas al concepto de rectoría económica del Estado, toda vez que su ejercicio implica una planeación de desarrollo económico y social. Así, se faculta al Poder Legislativo de la Federación a programar, promover, concertar y ejecutar acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios, todo ello a través del ejercicio de su atribución primordial, la expedición de leyes, lo que se traduce en que el Congreso de la Unión puede conducir las actividades económicas con la finalidad de proteger el abasto y producción de bienes y servicios de consumo necesario.
Al respecto, cabe precisar que la adición de la fracción XXIX-E al artículo 73 de la Constitución Federal fue producto de la reforma publicada el tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, en la cual se modificaron los artículos 25, 27, fracción XX y 28, bajo el concepto de la rectoría económica del Estado, en los que se destaca la responsabilidad del Congreso de la Unión para definir qué actividades por considerarlas prioritarias para el desarrollo nacional hay que impulsar y de qué manera se dará tal impulso.
Con apoyo en dicho marco constitucional y, particularmente, en los artículos 25 y 27, fracción XX, de la Carta Magna, el veintidós de agosto de dos mil cinco se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que es la reclamada en el presente asunto, cuyo proceso legislativo estuvo precedido por varias iniciativas (cuatro) presentadas al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Entre otros elementos del proceso legislativo, se estima conveniente reproducir parte del dictamen de quince de marzo de dos mil cinco, en el que s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20882-ffcec5c4/cana-de-azucar-con-la-expedicion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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