DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR CONTADOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, INCISO A), SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2006). DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR CONTADORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, INCISO A), SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16, 103, FRACCIÓN II, 122, BASE PRIMERA, FRACCIÓN V, INCISO H), Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 29 DE JUNIO DE 2006). DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO. EL ARTÍCULO 52, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA EMITIR AQUÉLLOS CON REPERCUSIONES FISCALES, NO VIOLA EL ARTÍCULO 9o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DE 2004).
AMPARO EN REVISIÓN 258/2007. ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PÚBLICOS, COLEGIO PROFESIONAL EN EL DISTRITO FEDERAL, A.C. Y OTROS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó como inconstitucional el artículo 52, fracción I, inciso a), segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el veintiocho de junio de dos mil seis.
SEGUNDO. No se realizará pronunciamiento acerca de la temporalidad del recurso, toda vez que fue analizado por el cuerpo colegiado del conocimiento.
TERCERO. Previo al estudio de los agravios hechos valer por la autoridad recurrente, se procede a delimitar la materia del recurso.
Como quedó precisado en los resultandos, el Juez de Distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio, por lo que se refiere a los artículos 32-A y 52 del Código Fiscal de la Federación, expedidos mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, así como en relación con la reforma a dichos preceptos, publicada el cinco de enero de dos mil cuatro, y la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil cinco, y sus anexos 1, 7 y 14, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil cinco, que contiene la regla 2.10.25.
Asimismo, sobreseyó en el juicio por lo que se refiere al artículo 45 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación y las Reglas 2.10.24 y 2.10.25 de la Resolución Miscelánea Fiscal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de abril de dos mil seis.
Por otro lado, el a quo advirtió que se actualizaba la causal de improcedencia, por lo que se refiere al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor el veintinueve de junio de dos mil seis.
Finalmente, el Juez de Distrito resolvió conceder el amparo al considerar inconstitucional el artículo 52, fracción I, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, publicado el veintiocho de junio de dos mil seis, por violar el artículo 5o. en relación con los diversos 14 y 16 de la Carta Magna.
Al conocer del recurso de revisión interpuesto por la autoridad recurrente, el Tribunal Colegiado estudió las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad recurrente y dejó a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal para el estudio de la constitucionalidad del artículo 52, fracción I, inciso a), segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del veintinueve de junio de dos mil seis.
Así las cosas, quedó firme el sobreseimiento decretado por el a quo, respecto de las resoluciones misceláneas y reglamento del Código Fiscal de la Federación, al no haber sido impugnados por la parte a quien le pudiera causar perjuicio.
Lo anterior se encuentra sustentado con la tesis de esta Primera Sala, que establece lo siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIX, junio de 2004
"Tesis: 1a. LXIV/2004
"Página: 241
"REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN LA SEGUNDA INSTANCIA, CONFORME AL ACUERDO PLENARIO 5/2001, CONSTITUYE UNA DECISIÓN DEFINITIVA. De conformidad con lo dispuesto en los puntos quinto, décimo, décimo primero y décimo segundo del Acuerdo General Plenario 5/2001, de 21 de junio de 2001, los recursos de revisión en amparo indirecto, competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán enviados por los Jueces de Distrito y, en su caso, por los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales Colegiados de Circuito para que verifiquen su procedencia y resuelvan, en su caso, sobre la caducidad, el desistimiento o la reposición del procedimiento, así como sobre la inconstitucionalidad de leyes locales o federales respecto de las cuales exista jurisprudencia aplicable de este Alto Tribunal; y que de resultar procedente el juicio, cuando el asunto no quede comprendido en tales hipótesis de competencia delegada, dejarán a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia y le remitirán los autos sin analizar los temas de su exclusiva competencia. En ese sentido, la resolución dictada en segunda instancia por el Tribunal Colegiado de Circuito constituye una decisión emitida por un tribunal terminal y, por tanto, adquiere características de definitividad, de manera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está jurídicamente facultada para modificarla.
"Amparo en revisión 712/2003. Beatriz de la Rosa Castro. 25 de febrero de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Emmanuel Rosales Guerrero."
CUARTO. Este Alto Tribunal advierte de oficio la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del artículo segundo transitorio, fracción XIII, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro.
El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218."
Por su parte, los artículos 21 y 22, fracción I, del mismo ordenamiento, señalan lo siguiente:
"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."
"Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
"I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días."
Ahora bien, los quejosos reclamaron la inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio, fracción XIII, por su naturaleza autoaplicativa, pues con su sola entrada en vigor les causó perjuicio en su esfera jurídica.
En tales términos, el referido precepto legal dispone lo siguiente:
"Artículo segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente:
"...
"XIII. Para los efectos del segundo párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, los contadores públicos registrados ante las autoridades fiscales, así como aquellos que soliciten su registro, contarán con un plazo de 2 años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para obtener y presentar, ante las autoridades fiscales, la certificación expedida por la agrupación profesional autorizada para ello a que se refiere el citado artículo; de no hacerlo, se les tendrá por cancelado el registro correspondiente."
Del texto del precepto transcrito se advierte que establece que para los efectos del segundo párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación (que señala que el contador público que dictamine adicionalmente deberá contar con certificación expedida por los colegios o asociaciones de contadores públicos registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública y contar con experiencia mínima de tres años participando en la elaboración de dictámenes fiscales), los contadores públicos, así como aquellos que soliciten su registro contarán con un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor de ese decreto para obtener y presentar, ante las autoridades fiscales, la certificación expedida por la agrupación profesional autorizada para ello a que se refiere el citado artículo; y que de no hacerlo se tendrá por cancelado el registro correspondiente.
Derivado de lo anterior, si los quejosos se colocaron dentro del supuesto previsto por la norma legal reclamada, la cual entró en vigor el primero de enero de dos mil cuatro, por disposición expresa del artículo primero transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, es inconcuso que el término de treinta días que establece el artículo 22 de la Ley de Amparo empezó a transcurrir a partir del día siguiente hábil de su entrada en vigor, es decir, el dos de enero de dos mil cuatro, y concluyó el doce de febrero de ese mismo año, descontándose los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de enero; uno, siete y ocho de febrero, por ser sábados y domingos; por lo que si la demanda de amparo se presentó hasta el día nueve de agosto de dos mil seis, es de concluirse que fue presentada de manera extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia en análisis.
Como consecuencia de lo anterior, lo procedente es sobreseer en el juicio con relación al artículo segundo transitorio, fracción XIII, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de dos mil cuatro, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
Así las cosas, se procede al estudio de la constitucionalidad planteada respecto del artículo 52, fracción I, inciso a), segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del veintinueve de junio de dos mil seis.
QUINTO. Las consideraciones necesarias para resolver el presente asunto son las siguientes:
I. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, en síntesis, fueron los siguientes:
1. Señalan los quejosos que el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, publicado el veintiocho de junio de dos mil seis, así como las Reglas Misceláneas 2.10.24 y 2.10.25 emitidas por el jefe del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas el veintiocho de abril del mismo año, violan la garantía de irretroactividad de la ley, así como la garantía de legalidad jurídica, ya que las mismas desconocen e invalidan las certificaciones profesionales obtenidas por los socios y asociados quejosos, con anterioridad a la entrada en vigor de los preceptos reclamados.
Que las certificaciones expedidas a favor de los quejosos con anterioridad a la entrada en vigor de los preceptos reclamados crearon una serie de derechos consistentes en un poder o facultad de formular y presentar ante las autoridades competentes dictámenes fiscales de los contribuyentes, así como obligaciones del contador público certificado, consistentes en formular dictámenes según los principios de contabilidad generalmente aceptados, de forma imparcial y profesional, reportando en los mismos a las autoridades fiscales las irregularidades detectadas de los contribuyentes.
Por su parte, las autoridades fiscales adquirieron el derecho a revisar y realizar observaciones a los dictámenes fiscales presentados por los contadores públicos certificados, teniendo el poder o facultad para amonestar, suspender y/o cancelar, según sea el caso, la actividad fiscalizadora de los contadores públicos certificados, y adquirieron la obligación de inscribir en el registro de contadores públicos, aquellos contadores que hubieran obtenido su certificación profesional y hayan solicitado su inscripción, así como recibir los dictámenes fiscales presentados por los mismos.
Que, por otro lado, la asociación o colegio de profesionistas adquirió el derecho de expedir certificaciones profesionales válidas a sus asociados, y de obtener reconocimiento oficial de las autoridades, y sus obligaciones consistieron en expedirlas de acuerdo con sus estatutos y reglamentación interna.
Los quejosos sostienen que la facultad de expedir la certificación profesional se ha otorgado a las asociaciones o colegios profesionales, reconocidos como tales por la Secretaría de Educación Pública, sin que en alguna ley se establezca la intervención de autoridad alguna, por lo que dichas certificaciones se apegan a lo señalado en los estatutos y reglamentaciones internas de cada colegio.
Arguyen que de lo dispuesto en las reglas misceláneas reclamadas en el sentido de que, "sólo serán válidas las certificaciones que emitan los colegios de profesionistas que cuenten con el reconocimiento de idoneidad que otorga la Secretaría de Educación Pública", se deriva que todas aquellas que no cuenten con dicho reconocimiento no lo serán, lo cual viola las garantías mencionadas.
Que lo anterior es así, ya que es contrario a derecho que mediante una nueva normatividad se invaliden las certificaciones que se habían adquirido en años anteriores a su vigencia, las cuales no exigían el reconocimiento de idoneidad expedido por la Secretaría de Educación Pública.
Sustentan sus argumentos en la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, cuyo rubro es: "MÉDICOS, CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE LOS TÍTULOS DE LOS."
Realizan algunas consideraciones que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha efectuado acerca de la teoría de los derechos adquiridos y de la diversa de los componentes de la norma.
Con base en lo anterior, señalan que ellos adquirieron el derecho establecido en el artículo 52, fracción I, inciso a), vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil tres, consistente en obtener una certificación profesional y posteriormente estar registrados y autorizados por las autoridades fiscales para dictaminar, desde aquel momento y hacia el futuro, en virtud de que cumplieron con los requisitos establecidos en dicho precepto, por lo que el hecho de que las autoridades responsables pretendan invalidar sus certificaciones viola el artículo 14 constitucional.
Señalan que se pretenden aplicar de manera retroactiva los preceptos reclamados al establecer nuevos requisitos, las certificaciones obtenidas serán inválidas y sus registros cancelados, por una circunstancia ajena a los contadores, como lo es que la asociación o colegio profesional cuente con un reconocimiento de idoneidad.
Que aunado a lo anterior, las Reglas Misceláneas 2.10.24 y 2.10.25 reclamadas tienen una función innovadora del ordenamiento jurídico, ya que se trata de una nueva norma general, imperativa y abstracta que impone restricciones y deberes a los particulares condicionando el ejercicio de sus derechos, ya que dichas resoluciones fueron publicadas con anterioridad al decreto por medio del cual se reforma el precepto impugnado, excediendo de tal forma lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.
2. Señalan los quejosos que los artículos 32-A y 52 del Código Fiscal de la Federación, así como las Reglas Misceláneas Fiscales 2.10.24 y 2.10.25 vigentes en el año dos mil seis, violan los artículos 122, base primera, inciso h), 124, 16 y 103, fracción II constitucionales, ya que tanto el Poder Legislativo como la Federación, a través del jefe del Servicio de Administración Tributaria, vulneran la libertad contractual y la libertad de asociación entre la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, Asociación Civil, previstas en los artículos 5o. y 13 de la Carta Magna, pues son autoridades incompetentes para invalidar actos jurídicos celebrados entre particulares, como lo son las certificaciones profesionales.
Arguyen que lo anterior es así, ya que los quejosos obtuvieron su certificación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y no así de alguna autoridad, por lo que se pretende invalidar las certificaciones profesionales expedidas, que son actos privados entre particulares expedidos conforme a la regulación interna de dicha asociación, sin que tengan competencia para realizarlo, ya que los supuestos de validez o invalidez son de la competencia exclusiva de la asociación que otorgó las mismas.
Que el Congreso de la Unión y el jefe del Servicio de Administración Tributaria pretenden limitar la libertad contractual y de asociación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y de sus asociados, al imponer una sanción de invalidez a las certificaciones otorgados con anterioridad al veintiocho de diciembre de dos mil cinco, cuestión que en todo caso corresponde a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ya que es la materia civil la que rige las relaciones contractuales y se encuentra reservada a la misma, según lo dispone el artículo 122, base primera, fracción V, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sustenta sus argumentos en la tesis sostenida por el Pleno de este Alto Tribunal, cuyo rubro es: "DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNIÓN LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Señalan que las certificaciones profesionales no son el registro fiscal que se debe obtener ante el Servicio de Administración Tributaria, competencia del Congreso de la Unión y del jefe de dicho servicio, sino que son actos internos, celebrados entre particulares, emitidos con base en los estatutos de la asociación civil, y que tienen su origen en los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Reglamento para la Certificación de la Calidad Profesional de los Contadores Públicos, aprobado mediante Asamblea General de Colegios, el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y ocho.
Sostienen que del texto de los preceptos reclamados se advierte que sanciona la certificación expedida por los colegios de profesionistas, y no el registro fiscal ante las autoridades fiscales, por lo que se viola la libertad de contratación y asociación.
Que derivado de lo anterior, el Poder Legislativo Federal y el jefe del Servicio de Administración Tributaria carecen de facultades para regular las certificaciones profesionales e invaden la esfera de competencias reservadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
3. Sostienen que en ninguna ley, reglamento o disposición reglamentaria se establecen los requisitos, criterios, directrices o lineamientos a los que debe ceñirse la autoridad administrativa para conceder o no el reconocimiento de idoneidad que exige el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.
Señalan que el reconocimiento de idoneidad que debe expresar la Secretaría de Educación Pública, a favor de los colegios de profesionistas es un acto administrativo proveniente de la misma.
Que todas las entidades y dependencias de la administración pública se encuentran obligadas a fundar y motivar la causa legal del procedimiento de emisión del "reconocimiento de idoneidad", en una ley formal y material.
Que en el caso se deja al arbitrio de la autoridad administrativa la decisión de conceder o no el reconocimiento de idoneidad previsto en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.
Se señala que la nulidad de un acto civil no puede estar prevista en una ley fiscal, como es el caso, ya que se trata de cuestiones totalmente distintas, y que tampoco puede preverse lo dicho en una regla miscelánea que es de observancia general.
Que además se les deja en estado de inseguridad jurídica, ya que se les priva de la certificación profesional obtenida sin haber sido oídos y vencidos en juicio ante un tribunal previamente establecido.
Arguyen que del texto del artículo 2226 del Código Civil para el Distrito Federal se desprende que para decretar la nulidad absoluta de un acto jurídico es necesario seguir un procedimiento judicial, ya que de no hacerlo se afecta la esfera jurídica de las personas sin darles oportunidad de una debida defensa, como sucede en el caso en estudio, violándose de tal manera las garantías de seguridad jurídica y audiencia.
4. Sostienen que el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación viola las garantías de libertad de trabajo, legalidad y seguridad jurídicas, al dejar al arbitrio de la Secretaría de Educación Pública y de la Dirección General de Profesiones la emisión o rechazo del reconocimiento de idoneidad, además de que se da facultad a los colegios de profesionistas de emitir la certificación profesional, sin que exista un ordenamiento donde se establezcan las directrices que deben seguirse para la emisión de dichos requisitos.
Señalan que se deja a cargo de una entidad privada la regulación de los requisitos.
Arguyen que no existe alguna disposición legal que establezca los requisitos que deben seguirse por la autoridad administrativa para emitir el reconocimiento de idoneidad, por lo que se deja al arbitrio de la Secretaría de Educación Pública la emisión o el rechazo del mismo.
Que lo anterior es así, ya que los colegios de profesionistas tienen la facultad de imponer las reglas que se deben cumplir para obtener la certificación, y el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación no establece elementos que informen a los contadores públicos de los criterios sobre los que van a ser evaluados para obtenerla.
Que en la actualidad la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal basa su método de certificación profesional en el Reglamento para la Certificación del Contador Público, y otorga el certificado a través de un examen de conocimientos, sin que se encuentre sujeto a alguna normatividad, lo que viola la garantía de legalidad y seguridad jurídica, ya que cada asociación usa sus propios criterios para conceder la certificación, y no existe la certeza de que la autorización para la certificación cumpla los mismos parámetros pedagógicos y técnicos.
Que de tal manera se obliga a los particulares a sujetarse a normas que no cumplen con las características de abstracción y generalidad, por lo que es inconstitucional la limitación del ejercicio de los derechos adquiridos de los quejosos, mediante la decisión unilateral de entes privados.
Que el hecho de que se haya establecido en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación un nuevo requisito consistente en un reconocimiento de idoneidad, sin que se hayan determinado en ley las formalidades que debe cumplir el particular, le otorga a la Secretaría de Educación Pública el arbitrio para conceder o negar el mismo, lo que viola las garantías de seguridad y certeza jurídicas.
5. Que se violan las garantías de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y orden jerárquico de las normas, al establecerse en las reglas 2.10.24 y 2.10.25, vigentes para el año dos mil seis, que sólo serán válidas las certificaciones de los contadores públicos registrados a que se refiere el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, las expedidas por los colegios o asociaciones de contadores públicos que al emitirlas hayan tenido vigente el reconocimiento de idoneidad, pues rebasan el nivel jerárquico que representa dicho código tributario, al establecer más requisitos.
6. Señalan que las reglas 2.10.24 y 2.10.25, vigentes para el año dos mil seis, violan las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, pues lesionan los derechos de los quejosos, ya que al emitirlas las autoridades responsables pretenden dejar sin efectos la regulación prevista en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, pues este precepto no prevé la invalidez de las certificaciones obtenidas por los contadores públicos y emitidas por los colegios de profesionistas.
7. Arguyen que el artículo 52, fracción I, inciso a), así como la regla 2.10.25 de la Octava Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal, para dos mil cinco y sus anexos 1, 7 y 14, violan el principio de libertad de trabajo y libre profesión establecido por el artículo 5o. constitucional.
Que lo anterior es así, ya que se coarta la posibilidad de ejercer la profesión de contador público libremente, pues antes de la entrada en vigor de dicha regla miscelánea podían dictaminar estados financieros conforme a lo dispuesto en el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, y con la expedición de la mencionada regla se priva de un derecho previamente adquirido, por lo que no pueden realizar dictámenes fiscales y ejercer su profesión plenamente.
Señalan los quejosos que es ilógica la imposición del requisito en la regla miscelánea fiscal impugnada, así como la sanción señalada en el artículo segundo transitorio, fracción XIII, del Código Fiscal de la Federación, consistente en que en caso de no obtener la certificación de una asociación que tenga el reconocimiento de idoneidad se cancelará su registro, ya que tal restricción no tiene razón de ser, pues basta con ser contador público titulado para ejercer libremente esa profesión, y que se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, y al imponer la regla miscelánea el requisito de constancia de idoneidad a los colegios de profesionistas se prevé un requerimiento adicional que es ilegal al restringir el derecho a la libre profesión, además de que dicha constancia no depende de los contadores públicos, sino de la asociación o colegio a la que estén afiliados.
II. Las consideraciones del Juez de Distrito, en síntesis, consistieron en las siguientes:
El a quo sostiene que es fundado el concepto de violación, por medio del cual los quejosos señalan que el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, publicado el veintiocho de junio de dos mil seis, vulnera las garantías de libertad de trabajo, legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 5o., 14 y 16 constitucionales, al dejarse al arbitrio de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos la emisión de la certificación profesional, sin sujetarla a alguna disposición legal que señale las directrices, procedimientos o criterios que deben seguirse para emitirlas, lo cual resulta arbitrario, pues el precepto reclamado no establece algún elemento que informe a los contadores públicos los criterios sobre los cuales van a ser evaluados para efecto de adquirirlas, ni se les asegura su obtención con base en una evolución de méritos.
El a quo se basó en las consideraciones que, respecto de la garantía de libertad de trabajo en relación con la seguridad y legalidad jurídica, pronunció esta Primera Sala al resolver el amparo en revisión 194/2006, contenidas en la tesis cuyo rubro es: "LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."
Señala que existen actividades de los particulares que conllevan el acceso de ciertos derechos de orden o interés público, por lo que se exigen mayores requisitos que el título profesional, como es el caso de los colegios de profesionistas, cuando se debe garantizar una capacitación y especialización mayor que la ordinaria.
Sostiene que las normas de la reglamentación establecen las modalidades en que debe ejercerse dicha libertad, disponiendo de las condiciones y requisitos necesarios para armonizar en beneficio de la colectividad el ejercicio de la garantía.
Que así las cosas, las limitaciones generales a la libertad de trabajo deben estar dispuestas en ley de forma fundada y motivada.
Considera que la afiliación obligatoria de los colegios o asociaciones de profesionistas no se traduce en una violación a la garantía de libertad de trabajo, siempre que los requisitos sean superables, pues lejos de ser un obstáculo regulan la actividad que por razones de interés social debe ejercerse de forma controlada.
Señala que la consecuencia de un registro como asociación o colegio de profesionistas ante la Dirección de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, es la atribución de ciertas facultades a su favor.
Que de lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se deriva que los colegios de profesionistas al constituirse y registrase como tales adquieren ciertas funciones de interés público.
Que así las cosas, si se supera el requerimiento establecido en la ley se pueden realizar las actividades reguladas, por lo que la libertad de trabajo no se limita, sino que su ejercicio se reglamenta por la norma ordinaria en aras de salvaguardar un bien colectivo.
Sostiene que, no obstante lo anterior, debe tenerse presente que cualquier limitación general o regulación de la libertad de trabajo en general que pueda impedir su desarrollo debe realizarse en una ley en sentido formal y material, y sólo en ese sentido no hay transgresión constitucional.
Considera que el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación vulnera la libertad de trabajo, en relación con los diversos 14 y 16 constitucionales, derivado de que autoriza a una entidad privada para regular el ejercicio de la profesión, dejándosele al particular en estado de indefensión, obligándolo a sujetarse a normas que pueden no cumplir con los requisitos de generalidad y abstracción.
Funda su criterio en lo resuelto por esta Primera Sala, en relación con que la limitación de la garantía de trabajo no puede depender de regulaciones emanadas de entidades privadas.
Sostiene que no es óbice a lo anterior el hecho de que el artículo reclamado establezca que sólo serán válidas las certificaciones exp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20744-5d3a865c/dictamenes-de-estados-financieros-emitidos-por-contador-publico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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