ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS. EL CÓDIGO REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN LA PARTE QUE LOS REGULA, NO ES INCONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE).
AMPARO EN REVISIÓN 259/2007. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA Y OTRO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los agravios que hacen valer las autoridades recurrentes son esencialmente fundados, por las razones que se pasan a exponer.
En efecto, por un lado, el Congreso del Estado argumenta en el único agravio que formula, que al conceder el Juez de Distrito a la quejosa el amparo, pasa inadvertido que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es enunciativo y no limitativo, y que de conformidad con su fracción III, inciso i), las Legislaturas de los Estados pueden conceder a los Municipios facultades o recursos distintos a los que expresamente les otorga la Constitución, o ampliar el ámbito de ellas pero sin contradecir el texto constitucional, y que se traduce en que permite a los Congresos asignar a los Municipios servicios adicionales a los que están facultados para prestar, de conformidad también con el artículo 124 constitucional, y atendiendo en el caso en particular al derecho de iniciativa que la Constitución Política del Estado de Puebla otorga a los Municipios, como aconteció con la reforma al Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, sin que se obligue a las legislaturas de los Estados a otorgar a todos los servicios públicos municipales rango constitucional; que tampoco es dable sostener que los servicios públicos deben estar comprendidos o enunciados en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, pues contrario a lo resuelto por el Juez federal, tal ley es la que tiene por objeto regular las bases para la integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la población y la administración pública municipal; que la competencia prevista en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal y 104 de la Constitución Local ya fue ejercida por el Congreso del Estado al reformar el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, emanado de dicho Congreso, que es un ordenamiento secundario de la misma jerarquía normativa que la Ley Orgánica Municipal, la cual no es el único cuerpo normativo que establece las bases para la integración y organización del territorio, la población y el gobierno del Municipio; que contrario a lo resuelto, el legislador no vulneró el artículo 16 constitucional al adicionar el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, pues el decreto respectivo es congruente con la Constitución General de la República (fojas 46 a 55).
Por otro lado, el Ayuntamiento de Puebla argumenta que es incorrecto lo resuelto por el Juez de Distrito, dado que realiza un análisis de las leyes en que se funda la emisión de las normas reglamentarias tachadas de inconstitucionales, no obstante que los requisitos de fundamentación y motivación de una ley formal o material se satisfacen cuando son expedidas por la autoridad competente y se refieren a relaciones sociales que requieren ser reguladas, sin que sea necesario que en el acto emisor de la norma se citen los preceptos legales que facultan al legislador para realizar el acto ni las razones que lo llevaron a concluirlo; que de igual forma, es incorrecto lo resuelto por el a quo en cuanto a que el Ayuntamiento para el Municipio de Puebla no está facultado para prestar el servicio de estacionamiento de vehículos, por haberse otorgado esa atribución al Municipio en el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla y no en la Constitución Local ni en la Ley Orgánica Municipal, pero que, afirma la autoridad, tal Constitución es el documento legal supremo que estructura y señala el funcionamiento de la vida del Estado y que a la vez debe ser congruente con los mandamientos de la Constitución Federal, esto es, que se trata de una norma básica y no reglamentaria, y que si es como lo pretende el Juez en el sentido de que debe ser en ésta donde se contenga la disposición expresa que conceda un nuevo servicio dentro del umbral de competencia municipal, entonces la Constitución dejaría de ser una norma básica, para convertirse en una disposición reglamentaria; que es la propia Constitución Federal la que establece la competencia de las legislaturas locales de dotar a un Municipio de la facultad de administrar un servicio público adicional a los ahí previstos, sin que condicione a que se encuentre dentro del cuerpo de la Constitución Local, sino sólo a que se trate de un ordenamiento emanado de la legislatura (fojas 11 a 22).
Asimismo, la citada autoridad recurrente argumenta que contrario a lo resuelto respecto de que debió haber sido en la Ley Orgánica Municipal donde se previera la competencia municipal para prestar el servicio de estacionamiento, el Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, en el que se establece esa facultad, fue expedido por el Congreso del Estado, que es una disposición secundaria de la misma jerarquía que aquélla, y de ser como lo resolvió el a quo, todo lo relativo al Municipio estaría reglamentado en la Ley Orgánica Municipal y serían inconstitucionales los diversos ordenamientos municipales; y además de que es dicha ley la que en su artículo 199 establece que serán otras disposiciones legislativas particulares las que agreguen nuevos servicios a Municipios en concreto; por tanto, aduce, para que el juzgador concluyera que el Congreso del Estado vulneró el artículo 16 constitucional al adicionar el citado código fiscal y agregar un capítulo para regular el denominado servicio público de estacionamiento y el estacionamiento en la vía pública y facultar al Municipio de Puebla para prestar ese servicio, debió corroborar si esa adición es o no congruente con los artículos 115 y 133 de la Constitución Federal (fojas 22 a 29).
Los anteriores agravios, los cuales se analizan de manera conjunta, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, por estar relacionados, son esencialmente fundados.
En efecto, de la demanda de amparo y de su ampliación se desprende que la quejosa reclama los siguientes actos:
a). Los artículos 274 ter 1, 274 ter 2, 274 ter 3, 274 quáter y 274 quinquies, los tres primeros contenidos en el capítulo XVIII del Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla, adicionados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de diciembre de dos mil seis, en vigor a partir del primero de enero de dos mil siete (foja 3).
b). Los artículos 299, 842, 1676, 1676 bis, 1677, 1677 bis, 1678, 1679, 1679 ter, 1680, 1680 bis, 1681, 1682 bis, 1682 ter, 1685, 1686, 1686 bis y 1687 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, reformados y adicionados por acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento de Puebla, de fecha veintinueve de enero de dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintiséis de febrero del año dos mil siete, mediante los cuales se reglamenta en parte lo relativo al servicio público de estacionamiento de vehículos (fojas 3 y 4).
c). Asimismo, reclamó del Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil siete, dictada en el recurso de inconformidad 44/2007, promovido por la quejosa en contra del requerimiento que se le hizo para canjear su licencia de funcionamiento de conformidad con los artículos reclamados (foja 4).
d). El acuerdo de Cabildo del Ayuntamiento del Municipio de Puebla de fecha veinticuatro de mayo de dos mil siete, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintidós de junio de dicho año, vigente al día siguiente, por el que se aprobaron las tarifas para los estacionamientos de vehículos de primera, segunda y tercera clase y se reformaron los artículos 1679 y 1680 del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (foja 79).
Ahora bien, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de veintinueve de diciembre de dos mil seis, el Congreso del Estado adicionó al Código Fiscal y Presupuestario para el Municipio de Puebla el capítulo XVIII, denominado ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, que contiene los artículos 274 ter 1, 274 ter 2 y 274 ter 3, cuya exposición de motivos es la siguiente:
"... 5.1.5. Se incorpora un nuevo capítulo al título tercero denominado DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES, en el que se regula la prestación del servicio público de estacionamiento, la recepción, custodia, protección y devolución de vehículos automotores y; en la vía pública, dentro de la circunscripción territorial del Municipio de Puebla. Esto permitirá, que se dé sustento legal a las disposiciones contenidas en el capítulo 24 del título único, del libro cuarto del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, en el que se norma lo relativo a estacionamientos, en observancia a lo establecido por el artículo 104 de la Constitución del Estado de Puebla, que establece que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteones, rastro, calles, parques y jardines y su equipamiento; y a lo dispuesto en su fracción I que establece que el Congreso del Estado, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de los Municipios, podrá encomendar a éstos la prestación de otros servicios públicos, distintos a los enumerados anteriormente; tomando en consideración, el aumento del parque vehicular y el auge en la actividad comercial en nuestra entidad, lo cual ha ocasionado la falta de espacios, teniendo como resultado congestionamientos viales, en virtud de que los propietarios de los vehículos automotores requieren de un lugar donde puedan resguardarlos durante el tiempo en que realizan sus actividades, y tener la tranquilidad de que se encuentra seguros. Esta propuesta encuentra sustento en el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que afirma que ‘De conformidad con los principios en que se inspira el artículo 115 de la Carta Federal, los Municipios gozan de una amplia autonomía política y administrativa, y están facultados para expedir reglamentos gubernativos y de policía, y en general, para emitir toda clase de disposiciones que, no contrariando en nada el contenido del propio Código Supremo, versen sobre problemas de carácter meramente urbanos y sean sin duda alguna, de índole local como innegablemente lo son los acuerdos relativos a la prestación del servicio público de estacionamiento y guarda de vehículos, dentro de los límites de la jurisdicción municipal ...’ que reconoce con esto la naturaleza del servicio público de estacionamiento y guarda de vehículos."
El contenido de los citados artículos 274 ter 1, 274 ter 2 y 274 ter 3, que entraron en vigor el primero de enero de dos mil siete, es el siguiente:
"Artículo 274 ter 1. Es objeto del presente capítulo normar el servicio público de estacionamiento, la recepción, custodia, protección y devolución de vehículos automotores, y regular el estacionamiento en la vía pública del Municipio."
"Artículo 274 ter 2. El servicio de estacionamiento y guarda de vehículos en el Municipio de Puebla, podrá ser prestado directamente por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla, y por los particulares que obtengan del mismo, la licencia correspondiente."
"Artículo 274 ter 3. Para la obtención de las licencias que autoricen la prestación del servicio público de estacionamiento y guarda de vehículos, así como su regulación, se estará a lo dispuesto en el capítulo 24 denominado ESTACIONAMIENTOS, del título único, del libro cuarto del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla."
Por otro lado, el artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:
"Artículo. 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes: ...
"III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
"a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
"b). Alumbrado público.
"c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
"d). Mercados y centrales de abasto.
"e). Panteones.
"f). Rastro.
"g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
"h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e
"i). Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
"Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
"Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;
"Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley."
Por otra parte, los artículos 103, primer párrafo, 104, fracción I, y 105, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Puebla, establecen lo siguiente:
"Artículo 103. Los Municipios tienen personalidad jurídica, patrimonio propio que los ayuntamientos manejarán conforme a la ley, y administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la legislatura del Estado establezca a favor de aquéllos ..."
"Artículo 104. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b). Alumbrado público; c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d). Mercados y centrales de abasto; e). Panteones; f). Rastro; g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; y h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de sus funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. I. El Congreso del Estado, tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas de los Municipios, podrá encomendar a éstos la prestación de otros servicios públicos distintos a los antes enumerados, cuando a juicio del propio Congreso tengan aquéllos capacidad administrativa y financiera."
"Artículo 105. La administración pública municipal será centralizada y descentralizada, con sujeción a las siguientes disposiciones: ... III. Los Ayuntamientos tendrán facultades para expedir de acuerdo con las leyes en materia municipal que emita el Congreso del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal."
Ahora bien, cabe precisar que respecto al tema de competencia de los Municipios en materia de tránsito y transporte público, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 2/98, promovida por el Procurador General de Justicia y representante legal del Gobierno del Estado de Oaxaca, contra el Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, el Presidente y el Secretario Municipal de dicho Ayuntamiento, ha determinado, en lo conducente que resulta de utilidad para el presente asunto, lo siguiente:
"... QUINTO ... Con la finalidad de analizar los conceptos de violación que se han sintetizado precedentemente es indispensable fijar en primer lugar los conceptos de tránsito y transporte. Ante todo debe destacarse que ni en el texto constitucional ni en sus antecedentes existen elementos para determinar si existe diferencia entre los conceptos de tránsito y transporte y, en su caso, en qué consiste. Esto permite inferir que tanto el Constituyente como el Poder Reformador de la Constitución al utilizar en diferentes preceptos los dos vocablos estimó que se trataba de conceptos distintos y que estos correspondían a su contenido gramatical y a la propia naturaleza de los servicios que dichos vocablos comprenden. Para determinar lo anterior resulta ilustrativo atender a la doctrina, la cual en términos generales no se ha ocupado de estudiar en detalle los conceptos de tránsito y transporte. En el estudio realizado por el investigador Jorge Fernández Ruiz sobre los servicios públicos referidos en la obra ‘Derecho Administrativo (Servicios Públicos)’, publicado en México por la Editorial Porrúa en mil novecientos noventa y cinco sostiene a fojas trescientos cincuenta y siete y siguientes lo que a continuación se transcribe:
"‘El servicio público de tránsito. Uno de los servicios públicos más complejos es sin duda el de tránsito, dadas sus imbricaciones con otros servicios, programas o actividades, tales como el transporte, la seguridad pública, la vialidad pública, la protección del medio ambiente, y el ahorro de energéticos, entre otros, que viene a complicar más aún el ya de por sí complejo servicio de tránsito, permanentemente amenazado, especialmente en las grandes urbes, por el congestionamiento vehicular cuyo aspecto medular lo expone H. Buchanan en los siguientes términos: «Los problemas del movimiento en las ciudades nos resultan tan familiares que no es necesario insistir en las frustraciones e irritaciones que provocan los embotellamientos, en el derroche de carburante y en los enormes y básicamente inútiles esfuerzos de la policía, de los agentes de tráfico y de todos los miembros de los numerosos cuerpos que se encargan de regular el tráfico. Un vehículo de motor, incluso el más pesado e imperfecto, es capaz de desplazarse a 1.5 kilómetros por minuto, mientras que la velocidad media del tráfico en las grandes ciudades es aproximadamente de 18 kilómetros por hora (Buchanan, H., El tráfico en las ciudades, Madrid, Tecnos, 1978, p.9.)». A. CONCEPTO DE TRÁNSITO. Tránsito es la acción y efecto de transitar que, a su vez, según la Real Academia Española, significa ir o pasar de un punto a otro por vías o parajes públicos (Real Academia Española, op.cit.). Tránsito es, pues, el desplazamiento, el ir y venir, el movimiento de personas y vehículos en la vía pública. El tránsito es un derecho humano reconocido como tal en las declaraciones internacionales de derechos humanos y en los textos constitucionales de la mayoría de los países del mundo contemporáneo y, como observan Jorge Mossett Iturraspe y Horacio D. Rosatti: «En el derecho a transitar interesa el trayecto propiamente dicho y la posibilidad de cubrirlo con la menor cantidad de interferencias jurídicas, técnicas y fácticas posibles dentro de un marco de razonabilidad (MOSSET ITURRASPE, Jorge y Horacio Daniel Rosatti, Regulación del tránsito y del transporte automotor, Santa Fe, Argentina, Rubinzal-Culzoni Editores, 1992, p.85)». B. DEFINICIÓN. No hemos encontrado en la legislación nacional y extranjera, tampoco en la jurisprudencia y en la doctrina jurídica, una noción aproximada del servicio de tránsito, lo cual llama la atención, en el caso de México, porque la Constitución General de la República, en el inciso h) de su artículo 115, lo cataloga como servicio público. Por nuestra parte, entendemos por servicio público de tránsito, la actividad técnica, realizada directamente por la administración pública, encaminada a satisfacer la necesidad de carácter general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y circular por ella con fluidez -bien como peatón, ya como conductor o pasajero de un vehículo, mediante la adecuada regulación de la circulación de peatones, animales y vehículos, así como del estacionamiento de estos últimos en la vía pública; cuyo cumplimiento uniforme y continuo, debe ser permanentemente asegurado, regulado y controlado por los gobernantes, con sujeción o un mutable régimen jurídico de derecho público, para el cabal ejercicio del derecho de libertad de tránsito de toda persona. C. EL DE TRÁNSITO, EN LA DIVISIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. En la gran división hecha del servicio público en propio e impropio, el de tránsito se sitúa como un servicio público propio o propiamente dicho, por establecerlo la ley y atribuirlo expresamente al Estado quien, en este caso específico, lo presta directamente por medio de un órgano de la administración pública. D. EL DE TRÁNSITO EN LA CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. En cuanto a la ubicación del servicio de tránsito en las diversas clasificaciones del servicio público, se da de la siguiente forma: a) Uti universi. Se considera al servicio público de tránsito, como de uti universi porque se presta genéricamente a toda la población sin que de ordinario se determine individualmente a los usuarios, quienes disfrutan del mismo por medio de la semaforización y demás normas de señalamiento, de la determinación del sentido de circulación vehicular en la vía pública, y de la vigilancia del cumplimiento de las normas que en ella regulan el desplazamiento de peatones, animales y vehículos, para agilizar el tránsito vehicular y lograr la seguridad vial. Decimos que de ordinario no se identifica al usuario del servicio público de tránsito, porque en caso de infracción a las disposiciones que lo regulan, el responsable puede ser identificado para su debida sanción. La identificación también se puede dar cuando el usuario se ve involucrado en un percance automovilístico, por ejemplo. b) De gestión pública. La prestación del servicio público de tránsito implica ejercicio de autoridad y, en opinión de algunos autores, de soberanía, por lo cual está a cargo directamente de la administración pública centralizada, tanto en el ámbito federal, como en el estatal y el municipal. c) Obligatorio para el usuario. Quien accede a la vía pública automáticamente se convierte en usuario del servicio público de tránsito y por ende, sea peatón o sea conductor o pasajero de un vehículo, queda sometido a una situación reglamentaria de la que se desprenden obligaciones a su cargo y derechos a su favor. Acerca de las obligaciones, el artículo 53 de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de México, dispone: Las personas que transiten por la vía pública están obligadas a respetar los reglamentos de tránsito. Su principal derecho consiste en el ejercicio de la libertad de tránsito, propiciado mediante la prestación de dicho servicio. d) Obligatorio para el prestador del servicio. Como todo servicio público propiamente dicho, el de tránsito -por lo menos en la vía pública de jurisdicción estatal-, es obligatorio para los gobiernos de los estados, por estar establecido por el poder público en una ley formal, como es la de tránsito, y atribuido al Poder Ejecutivo del Estado. Por ejemplo, el artículo 5 de la ley de la materia en el Estado de México, Establece: «Son atribuciones del Ejecutivo del Estado: I. Regular y planear el tránsito de peatones y vehículos en la vía pública, en coordinación con los Ayuntamientos.». Por otra parte, el artículo 89 de la Constitución Política del Estado de México, entre las obligaciones impuestas al gobernador, señala en la fracción II la de: «Cuidar del puntual cumplimiento de la presente Constitución y de las Leyes, Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones que de ella emanen, expidiendo al efecto las órdenes correspondientes.». Además, el Gobernador y las demás autoridades de tránsito, al tomar posesión de sus cargos rinden la protesta de rigor, por la que se comprometen a cumplir la Constitución General de la República, la particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen. En consecuencia, la prestación del servicio público de tránsito, a partir de la vigencia de la ley que lo establece, es obligatorio para la administración pública, por cuya razón lo debe prestar continua y permanentemente. e) Indispensable. En la vida moderna el servicio público de tránsito se clasifica como indispensable, porque a nadie escapa imaginar el caos vial que se formaría en cualquier ciudad si se suprimiese toda normatividad del tránsito de peatones, animales y vehículos, sin normas, sin señalamientos, sin semáforos, sin determinación del sentido de circulación de las calles, y sin agentes para regular y dirigir el tránsito, en cualquier momento la actividad socioeconómica podría sufrir un colapso. f) Constante. Se clasifica como un servicio constante, porque aun en las horas de menor circulación vehicular, diariamente se presta el servicio de tránsito aunque, desde luego, con menor intensidad que en las horas «pico», porque cuando menos está en operación el señalamiento fijo y la semaforización de los cruceros más importantes, así como una guardia mínima de agentes para el servicio de las primeras horas del día. g) Gratuito. Como todo servicio uti universi, para el usuario, el servicio público de tránsito es formalmente gratuito, pese a las extorsiones que en la práctica cometen algunos malos agentes del mismo en contra de los usuarios. h). Régimen jurídico de derecho público. Por cuanto ve a su régimen jurídico, se puede clasificar al de tránsito, como un servicio de régimen jurídico de derecho público, porque tanto su establecimiento, como su organización y su funcionamiento, están regulados por normas de derecho público, por tratarse de un servicio público de gestión directa. i) Régimen de monopolio. La prestación del servicio público de tránsito se reserva estrictamente a la administración pública, por cuya razón sólo ella lo puede prestar, sin que pueda proporcionarse a través de particulares bajo el régimen de concesión, locación, gestión interesada o cualquier otro. Lo anterior no impide, por ejemplo, que para el desempeño de ciertas actividades complementarias del referido servicio se recurra a empresas particulares, como se advierte en la instalación y el mantenimiento de los equipos de semaforización, por ejemplo. j) Por el ámbito de su jurisdicción. En el capítulo décimo nos ocupamos ya de la clasificación de los servicios públicos, agrupados por la doctrina en generales o nacionales, regionales o provinciales, y municipales; o, bajo la óptica del federalismo, en federales, de las entidades federativas, y municipales. Como el servicio público de tránsito se presta en las tres esferas de competencia, lo podemos clasificar también como federal, estatal y municipal. E. ELEMENTOS DEL SERVICIO REGIONAL DE TRÁNSITO. En México, concurren a la prestación del servicio público de tránsito los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios; el servicio público federal de tránsito se proporciona en los caminos y puentes de jurisdicción federal; el servicio público estatal de tránsito se proporciona en los caminos y puentes de jurisdicción estatal, así como en las zonas urbanas no atendidas por los municipios; y el servicio público municipal de tránsito se presta en las zonas urbanas, habida cuenta que, en términos generales, los caminos que comunican a unas zonas urbanas con otras de la misma clase son de jurisdicción federal o estatal. De acuerdo a nuestra legislación, se puede afirmar que los servicios estatales o de las entidades federativas son residuales, porque se integran por los que no son competencia del gobierno federal, ni están comprendidos entre los señalados por la fracción III del artículo 115 constitucional para desempeño municipal, aun cuando estos últimos pasan a engrosar los de las entidades federativas cuando los municipios carecen de capacidad para su prestación, como ocurre con frecuencia con el servicio de tránsito. Como en todo servicio público, en México, en el servicio regional de tránsito, además de los caracteres jurídicos esenciales de que se inviste, se detectan sus elementos indispensables, a saber, la necesidad de carácter general a satisfacer, la actividad mediante la cual se satisface dicha necesidad, el universo de usuarios potenciales del servicio público, la intervención estatal, el sujeto que desarrolla la actividad satisfactoria, los recursos empleados en la prestación del servicio, y su régimen jurídico exorbitante del derecho privado. a) La necesidad de carácter general a satisfacer. Se trata de la necesidad de carácter general de disfrutar de seguridad vial en la vía pública y circular por ella con fluidez, bien como peatón, ya como conductor o pasajero de un vehículo, para el cabal ejercicio del derecho de libertad de tránsito de toda persona. b) La actividad satisfactoria de dicha necesidad. La satisfacción de la referida necesidad de carácter general requiere de realizar la actividad técnica consistente en ordenar y agilizar el tráfico vehicular, mediante la adecuada regulación de la circulación de peatones, animales y vehículos, así como del estacionamiento de estos últimos en la vía pública. c) El universo de usuarios potenciales del servicio. Tres diferentes clases de usuarios se distinguen en el universo de usuari
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20540-f0ef3729/estacionamientos-publicos-el-codigo-reglamentario-para-el-municipio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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