EMPLAZAMIENTO. PARA CONSIDERARSE LEGAL, NO DEBE GUARDARSE UN ORDEN CON RESPECTO AL LUGAR EN QUE DEBA VERIFICARSE (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CUATRO).
AMPARO EN REVISIÓN 257/2009. **********
CONSIDERANDO:
TERCERO. Los agravios hechos valer son infundados.
En efecto, la recurrente aduce, en principio, que el Juez de Distrito afirmó que en el caso sí existía constancia de que el diligenciario responsable se había cerciorado de que el domicilio donde aquél se constituyó correspondía al de ella, empero, que tal determinación resultaba ilegal, toda vez que en la misma no hubo distinción entre la designación del lugar señalado por el actor para llevar a cabo las notificaciones de la parte demandada y el cercioramiento en sí, de que en tal lugar real y verdaderamente habitaba aquélla pues, para arribar a la precitada conclusión, el juzgador del amparo soslayó tomar en consideración que el actuario no se cercioró correctamente de que en el lugar en que se constituyó tuviera su domicilio, habida cuenta que para ello no basta la nomenclatura oficial o el dicho de los vecinos, como se asentó en el citatorio, dado que el indicado cercioramiento se refiere a los actos que debe realizar el diligenciario para llegar al convencimiento de que en el domicilio en el que lleva a cabo la actuación judicial habita la demandada y asentar la razón de ello.
Resulta infundado el argumento reseñado, toda vez que, tal y como subrayó el Juez Federal, se advierte que el diligenciario responsable al constituirse en el domicilio que señaló la parte actora a fin de que se emplazara a la ahora disconforme, no sólo se cercioró de que, en efecto, dicho lugar correspondía al indicado por el aquí tercero perjudicado en la demanda inicial sino, además, de que en el mismo era posible encontrar a la persona buscada, para lo cual hizo constar que coincidían tanto la nomenclatura de la calle como el número señalado en los autos, además, que así se lo había mencionado un vecino que habitaba la casa marcada con el número Diez-A de la propia calle ********** a la ********** y el vigilante del inmueble en el que se encontraba constituido, persona con quien entendió la diligencia; por lo tanto, si el Juez de Distrito arribó a la convicción de que, en el caso, el diligenciario responsable sí se cercioró adecuadamente del domicilio en el que verificó el emplazamiento combatido, es claro que tal decisión es adecuada pues, en oposición a lo argüido por la inconforme, se advierte que tomó en cuenta que el actuario realizó diversos actos para cerciorarse de ello, los cuales asentó en el acta correspondiente; de ahí lo infundado del agravio en examen.
En el mismo tenor, señala la recurrente que en contra de lo dilucidado por el Juez Federal, en la especie, no puede aceptarse que se cumplió con el requisito del cercioramiento del domicilio, dado que, si el actuario responsable hizo constar que se constituyó en el domicilio donde ella tiene el principal asiento de sus negocios, es claro que, asimismo, debió asentar de qué medios se valió para ello y señalar si en ese lugar aquélla trabajaba, es propietaria, o bien, socia de la empresa, ya que resulta insuficiente que por el dicho de un vecino y del vigilante de ese lugar, pueda asegurarse que la parte demandada tiene el principal asiento de sus negocios en el lugar donde se le notificó.
Es igualmente infundado lo así manifestado, pues basta la lectura de la diligencia de emplazamiento controvertida, la cual aparece agregada a fojas 177 vuelta y 178 del cuaderno de amparo, para advertir que si bien es cierto que el diligenciario responsable asentó que el domicilio en que se encontraba constituido correspondía al principal asiento de los negocios de la aquí disconforme, también lo es que ello fue de tal modo, a virtud de que así se lo hizo saber tanto un vecino del inmueble como el vigilante del mismo con quien entendió la diligencia, por ende, es irrefutable que sí hizo constar los medios de los cuales se valió para hacer tal apuntamiento. Ahora bien, contrario a lo expuesto por la inconforme, no le resta eficacia a la diligencia combatida, el hecho de que el actuario no hubiere hecho constar que en el domicilio en que actuaba, la ahora recurrente trabajaba o era propietaria o socia de la empresa, ya que tal dato no es requisito para ello, según se advierte de las fracciones II, III y IV del artículo 49 del anterior Código de Procedimientos Civiles estatal, que establecen: "Artículo 49. En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: ... II. Quien haga la notificación debe cerciorarse previamente, que en la casa designada para hacerla se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada, y asentará en la razón correspondiente, los medios de que se valió para ese efecto. III. Si el interesado no se encuentra en la primera busca, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente. IV. Si la persona citada conforme a la fracción anterior no espera, la notificación se entenderá con los parientes o domésticos del interesado, o con cualquier otra persona que viva en la casa, dejándole instructivo.", por lo tanto, es válido insistir en que el soslayo de plasmar en el acta de la diligencia de emplazamiento reclamada, respecto a si la inconforme trabajaba, era socia o propietaria de la empresa establecida en el lugar del llamamiento a juicio, atento a que ese domicilio consistió en el principal asiento de sus negocios, en modo alguno afecta su eficacia, porque esa formalidad no está contemplada por la ley.
También refiere la inconforme que el juzgador de amparo no tomó en cuenta que el diligenciario soslayó señalar en qué lugar cuestionó al vecino que dijo vivir en el número Diez-A de la carretera a la ********** es decir, si lo abordó en la calle, o bien, si tocó a la puerta de su casa pues, como quedó demostrado con la inspección ocular que se desahogó en el lugar del emplazamiento, el número oficial en que dijo habitar el referido vecino, no existe; inspección judicial a la que el juzgador de amparo no le otorgó valor probatorio alguno, a pesar de que la persona que atendió dicha diligencia adujo que el número Diez-A no existe y que esa entrada pertenece a la propia empresa textil, así como que no conoce al vecino nombrado en el citatorio controvertido, por lo que, insiste la inconforme, es claro que no existió cercioramiento.
De ahí que, aduce la recurrente, el Juez Federal desatendió las relatadas inconsistencias en el emplazamiento combatido. Citando en apoyo de lo así argumentado, la tesis de rubro: "EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD EN EL."
Son infundadas las argumentaciones relatadas, en principio, porque la circunstancia de que tanto en el acta del citatorio como en la del emplazamiento controvertido, no se hubiere hecho constar la forma en que el actuario responsable abordó al vecino que junto con el vigilante del inmueble en que se llevó a cabo el llamamiento a juicio, le indicaron que, en efecto, el lugar en que se encontraba constituido era el domicilio en que podía localizar a la hoy recurrente ********** en modo alguno, les disminuye validez a las referidas actuaciones, pues lo que importa es que el dicho de tal persona quien dijo llamarse ********** y ser vecino del aludido bien inmueble, ya que habitaba la casa marcada con el número Diez-A, de la carretera a la ********** concatenado con lo manifestado por la persona con quien se entendieron las aludidas diligencias, le sirvieron de sustento al actuario responsable para arribar al convencimiento de que en ese lugar era posible encontrar a la hoy disconforme, porque ahí tenía el principal asiento de sus negocios; de ahí que el establecimiento del lugar en que abordó al multicitado vecino no es relevante.
Luego, en relación con la prueba de inspección judicial que se desahogó en los autos, con la finalidad de demostrar que el domicilio en que el polirreferido vecino dijo que habitaba no existe, debe decirse que, en oposición a lo argumentado por la recurrente, el Juez Federal no le restó valor probatorio alguno, simplemente señaló que, si bien es cierto que del resultado que dicho medio de convicción había arrojado, podía advertirse que, en efecto, el número Diez-A, de la carretera a la ********** en la actualidad no existe, también lo es que ello no devenía sobresaliente a fin de destruir lo asentado por el actuario responsable en el acta de emplazamiento, puesto que el llamamiento a juicio combatido se había efectuado en el año de dos mil tres y la referida probanza se había desahogado en el dos mil nueve, por lo que habían transcurrido seis años entre ambas actuaciones, lapso en el cual pudo haberse modificado la numeración de la carretera a la ********** por lo tanto, es irrefutable que no existieron las inconsistencias a que se refiere la inconforme, motivo por el cual resulta inaplicable al caso la jurisprudencia que citó sobre el particular.
Por otro lado, la disconforme señala que el juzgador de amparo debió considerar, aun de oficio, que el emplazamiento reclamado es ilegal porque el mismo es contrario a lo establecido en el ordinal 49 del abrogado Código de Procedimientos Civiles estatal, en relación con el diverso 57 del mismo cuerpo de normas ya que, de acuerdo a este último numeral, el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tienen el principal asiento de sus negocios; y, a falta de uno y otro, el lugar en que se hallen. Y si el referido arábigo 49 prevé en sus diversas fracciones, que la primera notificación se hará en la residencia designada; que quien realice ésta debe cerciorarse de que la casa designada, en efecto, es el domicilio de la persona buscada y, en caso de no encontrarla, dejarle citatorio para que lo espere a hora fija del día siguiente, si no lo espera debe entenderla con parientes, domésticos o cualquier persona que viva en la casa, es inconcuso que, para evitar la violación de garantías de los gobernados, la ley ha establecido varias hipótesis graduales de lo que debe entenderse por domicilio por lo que, en primer término, está el lugar donde reside por más de seis meses, a falta de éste el lugar donde tiene el principal asiento de sus negocios y como última opción en donde se le encuentre.
Que en tales condiciones, el emplazamiento controvertido debió verificarse en su domicilio, es decir, en el lugar donde reside y, a falta de éste, era factible que se le notificara en el del principal asiento de sus negocios y, a falta de ambos, el lugar donde se le ubicara; empero, que se le notificó en un domicilio completamente diverso al lugar donde reside, esto es, donde estaba el mayor asiento de sus negocios, sin que antes se hubiere agotado el primer concepto de domicilio, máxime que, en la sentencia recurrida, el Juez de Distrito señaló que su domicilio había quedado probado en los autos, con el testimonio rendido por los testigos, siendo éste el ubicado en la casa número ********** así como que no tiene otro domicilio, tal como lo expusieron los deponentes.
Por lo que, resulta evidente, insiste la inconforme, que el lugar en el que debió ser emplazada, en términos del multicitado ordinal 49 del anterior Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, corresponde al lugar en el que reside, pues dicho numeral prevé que si no se encuentra a la persona buscada se le dejará citatorio a los parientes, domésticos o personas que vivan en la casa, y no a los trabajadores o compañeros de trabajo, invocando como sostén de sus consideraciones, las tesis intituladas: "EMPLAZAMIENTO. DEBE HACERSE EN EL DOMICILIO DEL DEMANDADO.", "NOTIFICACIÓN EFECTUADA EN EL LUGAR DE TRABAJO CON PERSONA DISTINTA DEL DEMANDADO. ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD EN PERJUICIO DE ÉSTE SI NO SE DILIGENCIÓ INFRUCTUOSAMENTE ANTES EN EL LUGAR DONDE HABITA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)." y "DOMICILIO. SU CONCEPTO, PARA EFECTOS DEL EMPLAZAMIENTO DE PERSONAS FÍSICAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA)."
Devienen infundados los agravios relacionados atento a que, si bien es cierto que los defectos que se adviertan en el emplazamiento combatido, son dables de examinarse, aun de oficio, también lo es que la circunstancia de que el llamamiento a juicio se hubiere verificado en el lugar donde la quejosa tiene el principal asiento de sus negocios, en modo alguno lo torna ilegal.
Y ello es así, en primer lugar, porque si el ahora ********** perjudicado señaló en su escrito inicial de demanda que el domicilio en el que podía ser emplazada la hoy disconforme, era el ubicado en la casa marcada con el número Diez-A de la carretera a la ********** de la colonia ********** de la ciudad de Puebla, es inconcuso que en ese lugar tenía que constituirse el diligenciario a fin de tratar de localizarla y, si al hacerlo le hicieron saber que el mismo correspondía al principal asiento de los negocios de la quejosa, con mayor razón fue adecuada su actuación; y, en ********** lugar, porque aun cuando el artículo 57 del Código Civil para el Estado de Puebla prevé que el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen con el propósito de establecerse en él, de igual manera, dicho ordinal establece que, a falta de aquél, el domicilio de las personas físicas es el lugar en que tienen el principal asiento de sus negocios y, a falta de uno y otro, el lugar en que se hallen; por ende, si en la especie, el emplazamiento a juicio se verificó en el lugar del principal asiento de los negocios de la recurrente, es claro que se llevó a cabo en su domicilio, motivo por el cual se realizó correctamente.
Ahora bien, en contra de lo afirmado por la inconforme, el artículo 49 del abrogado Código de Procedimientos Civiles estatal, el cual dispone las formalidades que han de seguirse para la realización del emplazamiento a juicio, no prevé en ninguna de sus fracciones que dicha actuación deba verificarse necesariamente en el domicilio donde reside la persona buscada y, sólo en caso de que agotado tal extremo no hubiere sido posible encontrarla, en el lugar del principal asiento de sus negocios, ya que lo único que al respecto establece el referido dispositivo es que la persona que deba efectuar dicha notificación debe cerciorarse de que en la casa designada para hacerla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada, sin que especifique que por domicilio debe entenderse únicamente el lugar donde reside la buscada, o bien, que deba agotarse el orden que prevé el diverso artículo 57 del Código Civil estatal, para la realización de la diligencia.
Por ende, si el Juez de Distrito nada dijo acerca de que resultaba ilegal el emplazamiento combatido, a virtud de que el mismo se había efectuado en el lugar donde estaba situado el principal asiento de los negocios de la hoy recurrente, sin que primero se le hubiese buscado en el lugar donde residía, ello fue así, porque tal requisito no lo impone el cuerpo de normas aplicable en la especie, por el contrario, de la fracción IV del multimencionado arábigo 49 del enjuiciamiento civil estatal, que prevé: "Artículo 49. En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: ... IV. Si la persona buscada conforme a la fracción anterior no espera, la notificación se entenderá con los parientes o domésticos del interesado, o con cualquier otra persona que viva en la casa, dejándole instructivo.", se desprende que el emplazamiento a juicio no sólo es dable de efectuarse con los parientes o domésticos del interesado, para el caso de que no hubiere esperado al diligenciario, con motivo del citatorio que se le dejó para tal efecto, sino que también es susceptible de llevarse a cabo con cualquier persona que viva en la casa, de donde se colige que no debe guardarse un orden con respecto al lugar en que deba verificarse la primera notificación del juicio; motivo por el cual, este tribunal no comparte las tesis que invocó como sustento de las argumentaciones en análisis, sino el criterio que se menciona enseguida, por las razones que la informan.
Esto es, la tesis III.2o.C.101 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se comparte, publicada en la página 2347 del Tomo XXII, octubre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "EMPLAZAMIENTO. PARA SU PRÁCTICA NO ES NECESARIO SEGUIR UN ORDEN DETERMINADO EN CUANTO AL LUGAR EN QUE DEBA HACERSE (LEGISLACIÓN DE JALISCO). De lo preceptuado por los artículos 109, 112 y 112 bis, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco en vigor, se advierte que la diligencia de emplazamiento se encuentra revestida de ciertas formalidades específicas, que indudablemente fueron puestas por el legislador para asegurar la eficacia del acto. Así, en términos del artículo 109, fracción I, del código en comentario, el emplazamiento al demandado será notificado personalmente en el domicilio señalado por los litigantes. El domicilio a que dicho precepto legal alude para esos efectos, no es otro que el previsto en el artículo 72 del Código Civil del Estado de Jalisco; esto es, el lugar donde reside; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios, y a falta de uno u otro, el lugar en que se halle. Ahora bien, para acudir a cada uno de los sitios que constituyen el domicilio de una persona, no debe seguirse un orden determinado, pues la búsqueda del demandado para su emplazamiento puede hacerse de manera indistinta tanto en el domicilio en que viva o resida la persona a emplazar, como el lugar en el que tenga el principal asiento de sus negocios, dado que ninguno de los preceptos legales citados, establece que deba agotarse dicha búsqueda en alguno de los sitios mencionados para poder continuarla en algún otro. Ello se corrobora con lo dispuesto por el artículo 112 bis, por cuanto prevé que la cédula de notificación, para el caso de que no se encuentre al demandado, deberá entregarse a los parientes o empleados del interesado o, en su defecto, a cualesquiera persona que viva o se encuentre dentro del domicilio, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí vive o de que es el principal asiento de sus negocios (del demandado). Por tanto, es incontrovertible que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no impone un orden en cuanto a la búsqueda del domicilio del demandado a efecto de emplazarlo. Máxime que lo previsto por el artículo 112 bis, fue una adición del legislador, para agilizar la diligencia de mérito, facultando al órgano jurisdiccional para llevar a cabo la misma, en cualquiera de los sitios a que remite el concepto jurídico de domicilio; respetándose, obviamente las formalidades que para cada uno de esos casos exige la propia ley.". En tales condiciones, procédase a realizar la denuncia de contradicción de tesis correspondiente.
En diverso apartado, la recurrente manifiesta que el juzgador federal omitió analizar los conceptos de violación que expuso, en cuanto a que del acta levantada por el diligenciario, con motivo del citatorio de espera que dejó, no se aprecia que hubiere preguntado si ella vivía en el lugar donde se constituyó, ya que el funcionario refirió que un vecino le informó que ahí tenía el principal asiento de sus negocios, por lo que es claro que no cumplió con preguntarle dicho dato a la persona que acudió a su llamado, ni consta que hubiere solicitado hablar con ella, pues únicamente asentó que le dijeron que no se encontraban los demandados, lo que se traduce en una clara violación. Aludiendo que sobre el particular deviene aplicable la tesis de rubro: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."
Sobre el particular conviene señalar que, si bien es cierto que al dar lectura al acta de emplazamiento combatida no es dable advertir que el diligenciario hubiere hecho constar que preguntó si en el domicilio en que estaba constituido vivía la persona buscada, también lo es que ello fue así, porque tanto el vecino del lugar como la persona con quien entendió dicha diligencia, le informaron que en dicho domicilio tenía el principal asiento de sus negocios la quejosa; de ahí que resultaba innecesario que aclarara e hiciera constar si aquélla habitaba en dicho lugar; por lo tanto, tampoco le afecta a la aquí disconforme el hecho de que el Juez Federal no se haya pronunciado sobre dicho tópico.
Por otro lado, la disconforme señala que en contra de lo dilucidado por el Juez de Distrito, en la especie, no se cumplimentaron todas las formalidades del emplazamiento, ya que el diligenciario asentó en el acta correspondiente que corría traslado con las copias simples de la demanda y de sus anexos, empero, soslayó correr traslado con copia autorizada del auto admisorio de demanda, tal y como lo ordenó el Juez responsable en dicho proveído, lo cual era indispensable, ya que en el mismo se menciona cuál es el juzgado que conoce del asunto, quién es la parte actora, el número de expediente y el término concedido para contestar la demanda, cuestión que sin duda, dice, denota la ilegalidad del acto reclamado.
Resulta también desacertado lo antes referido puesto que, contrario a lo argüido, fue adecuada la determinación del Juez de Distrito en el sentido de que, en la especie, sí se atendieron las formalidades del emplazamiento, ya que con la sola lectura del acta de emplazamiento reclamada, puede corroborarse que el diligenciario responsable sí asentó que, entre otros documentos, le corría traslado a la ahora disconforme, con copia de las actuaciones del Juez ********** de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del expediente ********** relativo a un juicio reivindicatorio, esto es, los autos de fecha doce de noviembre en relación con el diverso proveído de veinticuatro de octubre, ambos de dos mil dos, este último corresponde, precisamente, al auto admisorio de la demanda natural; por ende, es incontrovertible que no le asiste la razón a la inconforme, pues sí se le corrió traslado con el auto que dio inicio a la demanda instaurada en su contra.
Asimismo, arguye la disconforme que el Juez Federal minimizó otra violación cometida por parte del actuario responsable, relativa a que en autos no consta que se le hubiere entregado copia del instructivo individualizado, ya que atendiendo a que en el caso existió concurrencia de demandados, y es dable que se plasmen en una sola acta los datos del emplazamiento, sin embargo, respecto al instructivo, es menester que exista constancia de que se entregó a cada uno de los demandados copia del mismo pues, de esa forma, puede tenerse la certeza de que les fue entregado, por lo que resulta insuficiente que sólo aparezca en autos un sólo instructivo, independientemente de que el diligenciario hubiere señalado que entregaba citatorio y, en su momento, instructivo para cada demandado, atento a que no existe constancia de ello, invocando en apoyo de tal argumentación, los criterios publicados bajo los títulos: "EMPLAZAMIENTO ILEGAL POR NO HABERSE ASENTADO EN EL ACTA RESPECTIVA QUE SE HIZO ENTREGA DEL INSTRUCTIVO DEL AUTO DE RADICACIÓN A LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." y "EMPLAZAMIENTO. NECESIDAD DE HACER CONSTAR LA ENTREGA DE LA COPIA DE LA RESOLUCIÓN MATERIA DE LA NOTIFICACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."
Es desacertado el argumento relatado, toda vez que tal y como destacó el juzgador de amparo, en el caso, sí existe constancia de que se entregó a cada uno de los demandados, entre ellos a la aquí disconforme, el correspondiente instructivo, puesto que así lo plasmó el diligenciario responsable en el acta relativa, aduciendo, lo siguiente: "... procedo a entender la diligencia con dicho policía de vigilancia del domicilio de los demandados, a quien le hago saber el motivo de la diligencia, notificándole personalmente y por su conducto a cada uno de los demandados mediante instructivo la resolución que antecede de fecha tres de diciembre del año dos mil dos, anexando copia de la misma, a esta acta, así como las actuaciones del ciudadano Juez ********** de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dentro del expediente número ********** relativo al juicio reivindicatorio, los autos de fecha doce de noviembre en relación con el auto de fecha veinticuatro de octubre, ambos del año dos mil dos, para cada uno de los demandados ..."
Sin que sea dable variar tal consideración, el hecho de que en el cuaderno de amparo sólo obre agregado a fojas 179, un solo instructivo ya que, como bien subrayó el Juez Federal, la formalidad que se exige en la fracción IV del multirreferido arábigo 49 del abrogado Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, consiste en que si la persona buscada, pese al citatorio que se le hubiere entregado, no espera al diligenciario, éste debe realizar la notificación con los parientes o domésticos del interesado, o con cualquier persona que viva en la casa, dejándole instructivo, lo que se cumplimentó en la especie, y si bien es cierto que a efecto de corroborar que el mismo contiene los datos necesarios para que la parte demandada conozca, entre otros elementos, quién lo demanda, qué clase de juicio es, así como el juzgado ante quién se está tramitando, también lo es que es indispensable que se anexe a los autos copia del que se haya entregado al demandado, ello no se traduce en que cuando exista pluralidad de demandados, deba agregarse al expediente copia del instructivo entregado a cada uno de ellos, como menciona la inconforme, ya que para sostener que en autos hay constancia de que se le entregó instructivo a la persona interesada basta, como ya se dijo, que así lo hubiere asentado el actuario y que aparezca integrado a los autos copia de aquél, es decir, que con una se satisface tal requisito; de ahí lo infundado del motivo de queja en análisis.
En el mismo tenor, aduce la recurrente que en los autos del expediente natural debe obrar copia del citatorio dejado y, en el caso, lo que corre agregado es el acta levantada con la entrega de los citatorios y, si bien es cierto que ello es factible que se realice en una sola acta, para constatar que el citatorio entregado reunía los requisitos exigidos por la ley, también lo es que devenía indispensable que a los autos se hubiera anexado copia del citatorio en forma individualizada, como se supone que se entregaron a la persona que atendió tal diligencia, por lo que es contrario a derecho, dice, lo que al respecto resolvió el Juez de Distrito, tocante a que basta la mención del diligenciario de que entregó los citatorios para cada uno de los demandados pues, es inconcuso que, lo que la legislación pretende es que exista constancia de que en efecto se hizo entrega del citatorio, estimando aplicables al caso, las tesis de rubro: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO NO SE REALIZA DIRECTAMENTE CON EL INTERESADO, SINO CON PERSONA DISTINTA, DEBE AGREGARSE AL EXPEDIENTE EL CITATORIO, EL QUE, ADEMÁS, DEBE REUNIR LOS REQUISITOS LEGALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA)." y "EMPLAZAMIENTO. CITATORIO DE ESPERA. DEBE OBRAR COPIA DEL MISMO EN EL EXPEDIENTE PARA DETERMINAR SI SE OBSERVARON LAS FORMALIDADES PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)."
Resulta, de igual modo, infundado el agravio anterior e inaplicables al caso a estudio las tesis que citó la disconforme, habida cuenta que, según resolvió el resolutor de amparo, en la especie, sí existe constancia de que se hizo entrega a cada uno de los demandados, entre ellos a la ahora recurrente, del citatorio de espera correspondiente, puesto que así lo asentó el actuario responsable en el acta que aparece agregada al expediente de amparo, a fojas 177; ahora bien, la fe pública de que goza el aludido funcionario judicial, no es dable de desvirtuarse por el hecho de que en los autos no corra agregado copia del citatorio entregado, sino únicamente el acta levantada a raíz de dicha actuación, porque amén de que ello no está previsto en fracción alguna del numeral que rige la forma en que ha de llevarse a cabo la primera notificación, esto es, el arábigo 49 del cuerpo de normas en cita, ya que la fracción III de éste, sólo dispone que debe dejarse citatorio para hora fija del día siguiente, para el caso de que no se encuentre al interesado a la primera búsqueda, es inconcuso que, la diversa fracción VII del mismo artículo, impone la obligación de que se asiente razón de haberse dado cumplimiento con lo establecido en las demás; por lo tanto, si el diligenciario responsable hizo constar en una acta que se constituyó el diez de enero del dos mil tres, a las doce horas, en el domicilio de la aquí disconforme, a fin de localizarla y emplazarla a juicio, y al no encontrarla le dejó citatorio para las trece horas del día trece de enero de dos mil tres, no cabe duda de que acató exactamente lo dispuesto en el dispositivo en mención; de ahí que sea válido insistir en lo desafortunado del motivo de inconformidad relatado.
Finalmente, la inconforme refiere que el resolutor de amparo minimizó el hecho de que la fecha del acta del citatorio se fijó de forma incorrecta, bajo el argumento de que se trataba de un error de dedo, ya que el diligenciario plasmó el dez (sic) de enero de dos mil tres, empero, que ello resulta ser una clara violación por la incertidumbre que produce, pues no existe certeza en torno a la fecha del citatorio y suponer que quiso decir diez, es tanto como suponer que quiso decir dos; máxime que la legislación aplicable establece la forma de salvar los errores cometidos en las diligencias, y al no haberse hecho así, es claro que se produjo imprecisión en cuanto a los requisitos que debe contener el emplazamiento a juicio.
Al respecto, debe decirse que tal y como destacó el juzgador federal, resulta intrascendente la circunstancia de que el diligenciario responsable hubiere iniciado el acta correspondiente a la entrega de los citatorios, plasmando como fecha de la misma el diez de enero de dos mil tres, cuenta habida que basta la lectura de la misma para advertir que,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21876-c09f0a04/emplazamiento-para-considerarse-legal-no-debe-guardarse-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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