DELITOS CONTRA LA SALUD. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE AGOSTO DE 2009, VIOLA EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN BENEFICIO DEL GOBERNADO. TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE.
AMPARO EN REVISIÓN 2270/2009. **********
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a los puntos cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de un recurso de revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinte de agosto de dos mil nueve; y si bien subsiste la cuestión de constitucionalidad planteada, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, al existir criterios que orientan su resolución.
SEGUNDO. El requisito de legitimación para interponer el recurso se encuentra satisfecho, porque lo presentó **********, defensor de oficio federal de **********, quejoso en el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, donde se dictó la sentencia recurrida.
Asimismo, este medio de impugnación se hizo valer en tiempo, toda vez que la sentencia de mérito se notificó al quejoso, personalmente, el **********; por lo que dicha notificación surtió efectos el día ********** siguiente, conforme a los artículos 28, fracción II y 34, fracción II, de la Ley de Amparo. De ahí que el plazo de diez días previsto en el artículo 86 del mismo ordenamiento para interponer el recurso de revisión, transcurrió del **********, una vez descontados los días **********, así como el ********** por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así, toda vez que el escrito de agravios fue presentado el ********** es indudable su oportunidad.
TERCERO. Los antecedentes del caso, son los que a continuación se relatan:
1. Conforme a las constancias de autos, ante denuncias ciudadanas anónimas, agentes federales efectuaron una investigación de campo. En uno de los domicilios señalados como aquellos donde se vendía droga, se percataron que un sujeto se acercó a la ventana; una vez interceptado dicho sujeto, que dijo llamarse **********, al practicarle una revisión le encontraron dos envoltorios, conteniendo en su interior polvo blanco, al parecer cocaína, con un peso de 230 y 320 miligramos, respectivamente; y uno con hierba verde y seca, al parecer marihuana, con un peso de 4.27 gramos; al ser interrogado, el sujeto manifestó que la droga la acababa de comprar en ese lugar.
2. En virtud de lo anterior, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de cateo, que se llevó a cabo el **********. Al realizarlo, afuera de ese domicilio (que estaba deshabitado) localizaron a **********, a quien le encontraron cinco bolsas de plástico con un vegetal verde, al parecer marihuana, con un peso de 7.08, 3.66, 9.66, 5.75 y 5.98 gramos, respectivamente.
3. Por ese motivo, el agente del Ministerio Público aseguró a **********, quien dijo ser adicto al señalado narcótico; que es analfabeta y se crió en la calle; que al ser detenido estaba recargado afuera del domicilio donde se practicó el cateo; que acababa de comprar la marihuana horas antes para su consumo; y que no conocía al antes referido **********.
Con posterioridad, el agente del Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de ***********.
4. Conoció de la causa penal el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien la radicó con el número ***********.
Durante la preinstrucción, se tomó la declaración preparatoria del inculpado y se desahogaron diversas probanzas, entre ellas el careo entre ********** y **********, negando este último que su careado fuera la persona que le vendía la droga en el domicilio donde se realizó el cateo.
El **********, el Juez de la causa decretó auto de formal prisión en contra del inculpado, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud, en su modalidad de comercio y/o venta de clorhidrato de cocaína y de marihuana, previsto y sancionado en el artículo 194, fracción I, en relación con el 193 del Código Penal Federal, en concordancia con los numerales 234, 235 y 237 de la Ley General de Salud, perpetrado en términos del dispositivo 13, fracción II, del código sustantivo de la materia.
5. En virtud de las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, contenidas en el decreto del treinta de abril de dos mil nueve, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del veinte de agosto de la misma anualidad, en escrito del ********** de ese año, el defensor público federal promovió ante el Juez de la causa el incidente de traslación de tipo a favor de su defendido, pues señaló que:
"... conforme al artículo 56 del Código Penal Federal se deben de aplicar en su favor las nuevas disposiciones adicionadas a la Ley General de Salud, para que se efectúe la traslación de tipo, tomando en consideración que la cantidad de narcótico de los que dio fe el agente del Ministerio Público de la Federación no rebasan las cantidades establecidas en la tabla inserta en el artículo 479 de la Ley General de Salud y, por tanto, la conducta ilícita que se le atribuye quedaría ubicada en el artículo 476 de la citada Ley General de Salud."
6. En acuerdo de **********, el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas desechó la solicitud de la defensa de trasladar el tipo penal, al considerar:
a) Que la promoción era inoportuna, toda vez que el incidente de traslación del tipo debe ser promovido cuando exista sentencia ejecutoriada, ya que tiene por objeto aplicar retroactivamente al enjuiciado, una ley que le beneficia en la reducción de la pena o su libertad; sin embargo, la causa penal todavía se encontraba en el periodo de instrucción;
b) Los artículos segundo y tercero transitorios del aludido decreto establecen tajantemente que los procedimientos penales que se estuvieran sustanciando a su entrada en vigor se seguirán conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos, incluidas las personas procesadas y las sentenciadas.
7. Esa determinación fue confirmada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, en la resolución del **********, dictada en el recurso de apelación radicado en el toca **********, que hizo valer la defensa del encausado.
8. El defensor público federal de ********** promovió a favor de éste juicio de amparo indirecto, en el que reclamó el artículo tercero transitorio del decreto publicado el **********, por estimar que contraviene la garantía de retroactividad, al impedir que sea aplicado el supuesto previsto en el artículo 475 de la Ley General de Salud, que prevé la misma hipótesis normativa a que se refiere el texto del artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, vigente en la época en que se cometió el delito.
9. De la demanda de amparo conoció el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, cuyo Magistrado titular, por sentencia de **********, terminada de engrosar el ********** del mismo año, negó el amparo al quejoso.
Para sustentar esa resolución sostuvo:
"... partiendo del contexto general del decreto relacionado y en aplicación del principio de congruencia legislativa, esta autoridad de amparo estima que el artículo tercero transitorio reclamado no contraviene la garantía de retroactividad en materia penal, hasta esta etapa procesal por lo siguiente:
"Los motivos que llevaron al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a aprobar las iniciativas de esa reforma determinan claramente una política incluyente de la Federación hacia los Estados, para que participen directamente del problema del ‘narcomenudeo’.
"Así, el artículo 474 de la Ley General de Salud señala que cuando la cantidad del narcótico o estupefaciente relacionado es inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en la tabla contenida en el artículo 479 de la misma ley, y no existan elementos suficientes para presumir que se trate de delincuencia organizada, reserva competencia exclusiva a favor de las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones de las entidades federativas.
"...
"Lo anterior se corrobora con lo establecido en el artículo 480 de la Ley General de Salud, donde se establece que los procedimientos penales y, en su caso, la ejecución de las sanciones por delitos a que se refiere este capítulo, se regirán por las disposiciones locales respectivas.
"En este orden de ideas, no puede soslayarse que el artículo primero transitorio del decreto publicado el veinte de agosto de dos mil nueve, dice:
"‘Primero.’ (se transcribe)
"Como puede verse, el transitorio reproducido señala que una vez que transcurra el tiempo otorgado a las autoridades locales, para que adecuen sus legislaciones, será posible su plena intervención en la aplicación de las normas mencionadas, esto es, únicamente cuando la cantidad del objeto del delito y las circunstancias particulares lo permitan.
"...
"En los artículos transitorios que se analizan, el legislador no se pronunció respecto de los casos que se verifiquen dentro de la vigencia del decreto publicado que reformó, derogó y adicionó, diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
"Esto es, de aquellos en los que la cantidad relacionada, multiplicada por mil, no rebase los supuestos previstos en el artículo 479 de la Ley General de Salud, que son competencia de autoridades locales, pero de los cuales aún no pueden conocer, porque todavía no se dan las condiciones necesarias para ello.
"...
"Sin embargo, atendiendo al principio de congruencia legislativa, esta omisión no se traduce en un acto arbitrario.
"...
"Lo anterior porque de ahí se puede establecer que, a fin de otorgar seguridad jurídica, la autoridad federal es quien debe conocer de esos asuntos, a través de una competencia perentoria, limitada y condicionada al momento en que las entidades federativas conviertan en derecho positivo las adecuaciones necesarias para conocer de delitos relacionados con el capítulo séptimo de la Ley General de Salud.
"Ahora bien, para establecer si la norma transitoria le ocasiona un perjuicio al quejoso, hay que determinar su naturaleza legislativa.
"En efecto, como existen leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho.
"El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada.
"Así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal.
"De esta manera, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.
"El argumento anterior, deriva de la jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, que dice:
"‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (se transcribe).
"De acuerdo a lo anterior, en el caso, el artículo tercero transitorio reclamado constituye una norma autoaplicativa, porque no se requiere de ninguna condición específica para su aplicación, pues basta que el gobernado se encuentre sujeto a un proceso o que, en su calidad de sentenciado, resienta las consecuencias de la determinación judicial, para que se surta el supuesto previsto en la norma transitoria y, por consecuencia, le sean aplicadas las disposiciones vigentes al momento de cometerse la conducta imputada.
"Empero, esta premisa no determina la inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio reclamado, porque respecto de la persona del quejoso no contraviene la garantía de legalidad.
"En efecto, en atención a las particularidades del principio de legalidad en materia penal, de acuerdo al criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las normas penales deben respetar:
"El principio de reserva de ley, por virtud del cual los delitos sólo pueden establecerse en una ley formal y material;
"La prohibición de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguna persona (verbigracia, leyes que crean delitos o aumenten penas); y,
"El principio de tipicidad o taxatividad, según el cual las conductas punibles deben estar previstas en ley de forma clara, limitada e inequívoca, sin reenvío a parámetros extralegales, y que implica la imposibilidad de imponer penas por analogía o por mayoría de razón, y la prohibición de tipos penales ambiguos.
"Además, la determinación que haga el legislador al emitir la norma constituye la esencia del respeto al principio de legalidad en materia de imposición de penas, pues acorde con los aspectos que abarca dicho principio, aquél está obligado a estructurar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitando su alcance de acuerdo a los bienes tutelados, imponiendo la determinación del sujeto responsable y de sus condiciones particulares y especiales, así como a establecer con toda claridad las penas que deben aplicarse en cada caso.
"El criterio mencionado es como sigue:
"‘NORMAS PENALES. AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD NO PROCEDE REALIZAR UNA INTERPRETACIÓN CONFORME O INTEGRADORA.’ (se transcribe).
"Así las cosas, considerando únicamente el aspecto de retroactividad de la ley, el requisito esencial para que proceda su aplicación, es que se otorgue un beneficio al gobernado porque, de lo contrario, esa actuación se tornaría inconstitucional.
"En el caso, de acuerdo al parte informativo, a la inspección ministerial y a la pericial en química, valorados en la forma en que lo hizo la responsable, al quejoso se le imputa la venta de cinco gramos, doscientos setenta miligramos del estupefaciente denominado marihuana y setecientos ochenta miligramos de clorhidrato de cocaína, por lo cual se encuentra sujeto a un auto de formal prisión dictado por el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, al haber encuadrado su conducta en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, vigente en la época de la comisión de los hechos; por tanto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1o., fracciones III y IV y 4o., párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales, el proceso se encuentra en instrucción.
"Luego, en la especie es necesario que el quejoso se encuentre en el supuesto de una sentencia ejecutoria, a fin de comparar las penas que en su caso, le sean impuestas, con las que contempla el artículo 475 de la Ley General de Salud porque, si al fallarse el asunto se procediera a establecer que no se encuentra acreditada la modalidad del delito por el cual se dictó el auto de formal prisión, sino una diversa de menor penalidad, entonces ya no se daría la condición básica y necesaria para determinar la aplicación retroactiva de una norma, esto es, que la nueva disposición le resulte de mayor beneficio.
"Por tener consideraciones aplicables al caso, se invoca la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 163 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, octubre de 2000, Novena Época, que dice:
"‘SALUD, DELITO CONTRA LA. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO NO QUEDA ACREDITADA LA MODALIDAD DEL DELITO POR LA QUE FUE SENTENCIADO EL QUEJOSO, PERO SÍ UNA DIVERSA DE MENOR PENALIDAD (ARTÍCULOS 194, FRACCIÓN I, 195, PÁRRAFO PRIMERO Y 195 BIS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL).’ (se transcribe).
"En efecto, como está dictado el auto de formal prisión, las penas a imponer van de diez a veinticinco años de prisión y de cien a quinientos días multa. Mientras que, respecto de la misma conducta, el artículo 475 de la Ley General de Salud prevé de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.
"Así, una simple comparación entre ambas normas puede llevar a creer que la nueva disposición es la que trae un mayor beneficio.
"Pero, como ya se explicó, este supuesto está condicionado a que, al fallarse el asunto en definitiva, sea en primera o en segunda instancia, no se haga una variación de grado en el delito porque, de ser así, es claro que no procede la aplicación retroactiva del artículo 475 de la Ley General de Salud.
"Ahora bien, el hecho de que en la nueva disposición se establezca una pena menor, respecto de la libertad provisional bajo caución, tampoco se irroga un perjuicio al quejoso, porque respecto a este tema, el artículo 194, fracción XV, del Código Federal de Procedimientos Penales, dice:
"‘Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
"‘...
"‘XV. De la Ley General de Salud, los previstos en las fracciones I, II y III del artículo 464 Ter, y en los artículos 475 y 476.’ (reformado, según publicación en el Diario Oficial de la Federación, de veinte de agosto de dos mil nueve).
"Luego es claro que, en su carácter de procesado, el quejoso no ve restringida su libertad a partir del artículo tercero transitorio que se reclama, porque al tratarse de un delito considerado como grave, no procede su libertad provisional bajo caución.
"Por lo expuesto, esta autoridad de amparo estima que el artículo tercero transitorio reclamado, respecto de la persona del quejoso en su calidad de procesado, no es inconstitucional porque no está demostrada la condición básica que permite la aplicación retroactiva de una nueva norma a un supuesto acaecido antes de su entrada en vigor, a saber, que le sea benéfica al gobernado y, en estas condiciones, se debe negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.
"En este tenor, como en el análisis constitucional apuntado se estima que no se surte la condición necesaria para determinar la aplicación retroactiva de la nueva ley, al no advertirse deficiencia de la queja que deba suplirse de oficio, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.
"Esta negativa se hace extensiva respecto de los actos atribuidos al Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, porque en su calidad de ejecutora no se le hacen reclamos propios sino que estos se vierten en vía de consecuencia."
CUARTO. La parte recurrente planteó en sus agravios:
• Que el juzgador de garantías realizó un estudio deficiente de los conceptos de violación, porque siguió una trayectoria errática en sus argumentaciones; resolvió como si el acto reclamado se tratara de una violación procesal reparable en sentencia; y omitió pronunciarse sobre el aspecto principal de la demanda, es decir, si el artículo tercero transitorio del decreto reclamado pugna con el principio de retroactividad de la ley a favor del reo en materia penal, contenido, tanto en la Constitución Federal, a través de su artículo 14, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada y ratificada por nuestro país.
Con lo anterior condicionó la aplicación retroactiva del artículo 475 de la Ley General de Salud al resultado del asunto, soslayando su inicial postura de que el artículo tercero transitorio es una ley autoaplicativa, porque no requiere de un acto concreto para que surta efectos.
• Si bien la aplicación de la nueva ley no otorga al quejoso un beneficio inmediato en cuanto a su libertad personal, sí lo hace en cuanto a su seguridad jurídica, porque de esa manera se brinda al inculpado el derecho de defensa respecto del delito y modalidad fijados en el auto de formal prisión.
Sin que ello constituya un obstáculo para que el Juez de la causa al dictar su sentencia, efectúe el análisis del grado del delito e, incluso, en virtud de ello, la misma pueda diferir del que fue materia del proceso y sancionar al acusado con apoyo en el artículo 477 de la Ley General de Salud, de contenido casi idéntico al 195 Bis del Código Penal Federal hasta antes de su última reforma.
• La falta de aplicación a favor del agraviado de las adiciones al artículo 475 de la Ley General de Salud, viola las garantías de legalidad y certidumbre jurídica contenidas en el artículo 19 constitucional, donde se establece que el auto de formal prisión se dictará por el delito que realmente aparezca probado, aun cuando con ello se modifique la clasificación hecha en promociones o resoluciones anteriores.
• En la resolución impugnada se omitió dar contestación total a los conceptos de violación, pues no se hizo pronunciamiento alguno sobre el punto debatido en la demanda; es decir, si el artículo tercero transitorio del decreto pugna con el principio de retroactividad de la ley a favor del reo contenido en el artículo 14 de la Constitución, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y si ésta debe considerarse norma interna conforme al artículo 133 constitucional.
QUINTO. Son fundados los agravios que hace valer el quejoso, por conducto de su defensor público federal, en cuanto a que en la sentencia de amparo el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito omitió pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo tercero transitorio del mencionado decreto.
En efecto, de lo anteriormente reseñado se advierte que el impetrante reclamó en vía de amparo indirecto, además de la resolución del dieciséis de octubre de dos mil nueve, dictada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, en el recurso de apelación radicado en el toca **********, la constitucionalidad del artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinte de agosto de dos mil nueve, que establece:
"Tercero. A las personas que hayan cometido un delito de los contemplados en el presente decreto con anterioridad a su entrada en vigor, incluidas las procesadas o sentenciadas, les serán aplicables las disposiciones vigentes en el momento en que se haya cometido."
Ahora bien, en la demanda de amparo se dijo que la citada disposición pugna con el principio de retroactividad de la ley a favor del reo en materia penal, contenido, tanto en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada y ratificada por nuestro país, porque impide que las reformas de mérito se apliquen a favor del inculpado, particularmente las concernientes a la Ley General de Salud; que la conducta atribuida al quejoso se ubicaría en el adicionado artículo 475 del citado ordenamiento, donde se establece un nuevo tipo penal que resulta exactamente aplicable a dicha conducta, pero con una sanción menor a la contenida en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal, por lo que resulta más favorable al encausado; y que por ese motivo, debe ser esta nueva figura por la que se siga el procedimiento correspondiente, atento al principio de retroactividad de la ley a favor del reo.
Sin embargo, en la sentencia recurrida, el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito no realizó el pronunciamiento correspondiente a tales argumentos, sino que la constitucionalidad de la norma reclamada la hizo depender de que el impetrante se encontrara en el supuesto de una sentencia ejecutoria y pudieran imponérsele las penas previstas en el artículo 475 de la Ley General de Salud; aspecto que pudo haber tenido relación con la procedencia del juicio de garantías, pero no con el tema de constitucionalidad planteado. Máxime que en la disposición transitoria reclamada se incluye, tanto a las personas procesadas como a las sentenciadas, por lo que el referido numeral 475 no podría ser aplicable al quejoso, aun en el supuesto de que ya fuera sentenciado.
En consecuencia, al resultar fundado el agravio relativo a la omisión en el pronunciamiento de la cuestión de constitucionalidad que se hizo valer, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procede al estudio de los conceptos de violación omitidos.
SEXTO. En los conceptos de violación de la demanda de amparo, se adujo, sustancialmente, que el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinte de agosto de dos mil nueve, contraviene las garantías establecidas en los artículos 14 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
• Porque el artículo 14 constitucional contiene implícita la posibilidad de dar efecto retroactivo a la ley cuando es en beneficio del gobernado y, en la materia que nos ocupa, el destinatario de la norma puede hacerlo exigible con base en lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal Federal.
• La garantía de retroactividad de la ley más favorable también se encuentra contenida en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y nueve, donde se establece que si con posterioridad a la comisión del delito, la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará con ello; y ese instrumento internacional es ley suprema en nuestro país, conforme al artículo 133 de la Constitución.
• Mediante el decreto reclamado se adicionó a la Ley General de Salud el capítulo VII, relativo a los delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, comprendiendo los numerales 473 a 482, donde se tipifica como delito el comercio y suministro de narcóticos.
De esos artículos, el 475 dispone que se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa al que sin autorización comercie o suministre, aun gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil, el monto de las previstas en ella.
Es decir, el artículo 475 de la Ley General de Salud establece un nuevo tipo penal que resulta exactamente aplicable a la conducta que se atribuye al inculpado, pero resulta más favorable a éste, porque establece una sanción menor a la contenida en el artículo 194, fracción I, del Código Penal Federal; en atención a ello, debe ser esta nueva figura por la que se siga el procedimiento correspondiente, atento al principio de retroactividad de la ley a favor del reo.
Ahora bien, para establecer si son fundados o no los argumentos que se hacen valer, en cuanto a la violación al principio de retroactividad en beneficio del gobernado, conviene recordar que el ordenamiento jurídico no permanece inmutable en el devenir del tiempo y mientras unas leyes se extinguen, otras nuevas surgen para servir a las transformaciones de las exigencias de la sociedad.
Hay pues una sucesión de leyes penales cuando un hecho se regula por una ley nueva donde describe un tipo legal no definido antes, cuando se deja de considerar delictiva una conducta, o se modifica de algún modo la descripción o la punibilidad de las acciones humanas.
La aplicación de la modificación de una norma penal puede afectar la acción pública para perseguir un delito o la pena que se imponga por la comisión de éste.
Por tanto, cuando se modifican las condiciones de la acción pública para perseguir penalmente un hecho, o bien la duración de la pena que se imponga por él, surge lo conocido por la doctrina como el principio de la retroactividad benigna o en beneficio del gobernado.
El principio de retroactividad en beneficio del gobernado se contiene en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:
"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."
Com
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22093-e206cbab/delitos-contra-la-salud-el-articulo-tercero-transitorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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