Corpus
Modo: Corpus Pro

PENSIÓN ALIMENTICIA. NO PROCEDE SU CONDENA CUANDO EL ACREEDOR ES MAYOR DE EDAD Y CUENTA CON PREPARACIÓN Y ESTUDIOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA OBTENER INGRESOS PROPIOS, AUN CUANDO SU INTENCIÓN SEA LA DE SEGUIR ESTUDIOS PROFESIONALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 292/2009. · Registro digital (IUS): 22278
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 2010.

AMPARO EN REVISIÓN 292/2009. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. En el presente recurso de revisión resulta necesario hacer una precisión en cuanto al acto que la ahora recurrente reclamó al actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ya que de la resolución recurrida no se advierte que el Juez de Distrito se pronunciara en relación con la certeza del acto que se le atribuyó, por lo que deberá subsanarse la citada omisión, en razón de que de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la reposición del procedimiento únicamente se justifica cuando se violan las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo o cuando no sea llamada alguna de las partes interesadas en el juicio, por lo que la falta de análisis del acto reclamado a una autoridad señalada como responsable debe ser subsanada por el Tribunal Colegiado al resolver el recurso de revisión correspondiente.

Lo anterior, con apoyo analógico, en la jurisprudencia P./J. 3/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 86-2, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, página diez, de rubro y texto siguientes:

"ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR. De acuerdo con los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, los que se apreciarán tal como aparezcan probados, ante la autoridad responsable, por lo que si el Juez de Distrito, en su sentencia, contraviene esos ordenamientos, y no resuelve sobre alguno de tales actos, o no los aprecia correctamente, los agraviados al interponer la revisión están en aptitud de invocar el agravio correspondiente y si, además, no se aprecia que alguna de las partes que debió intervenir en el juicio de garantías haya quedado inaudita, no procede ordenar la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues tal falta de análisis no constituye una violación procedimental porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni a alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva; sino que lo que es susceptible es que la autoridad revisora se sustituya al Juez de amparo y efectúe el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación, según lo previsto en la fracción I, del artículo invocado, conforme al cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión."

No es obstáculo para lo anterior, que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno pues, ante la advertida omisión, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver el presente recurso de revisión debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, sin que sea correcto que soslaye el estudio de ese acto reclamado al aducir que no existe agravio en su contra, ya que si de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales y otorgar el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, con mayor razón el revisor tiene la facultad de corregir de oficio las omisiones que advierta en el fallo que es materia de la revisión.

Sobre el particular resulta aplicable, analógicamente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 68, Tercera Parte, página ochenta y dos, que es como sigue:

"SENTENCIAS. SITUACIONES CONFUSAS. Es obligación del juzgador evitar, cuando legítimamente está en su mano, que los fallos que pronuncie dejen situaciones confusas capaces de ocasionar daños a cualquiera de las partes."

También es aplicable, en forma analógica, la tesis 3a. XCVIII/89 de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, enero-junio de mil novecientos ochenta y nueve, Primera Parte, página trescientos sesenta y tres, que es del siguiente tenor:

"SENTENCIA INCONGRUENTE, SI NO ANALIZA TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS, Y EN EL RESOLUTIVO CONCEDE EL AMPARO RESPECTO DE ELLOS, DEBIENDO ESTUDIARSE TAL CUESTIÓN, AUNQUE NO HAYA AGRAVIO. Es incongruente la sentencia que dicta un Juez de Distrito, en la cual omite analizar todos y cada uno de los actos reclamados, pero en el punto resolutivo concede el amparo respecto de la totalidad de los mismos. En esas condiciones, la autoridad revisora, aunque el recurrente no haya señalado lo anterior como agravio, debe de entrar a analizar los conceptos de violación que omitió estudiar el Juez Federal, y con mayor razón, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencia sobre los artículos impugnados."

De la lectura de la demanda de garantías se colige que la quejosa señaló como autoridad responsable a la Cuarta Sala Familiar, Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar y actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Tercero del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, tal como se advierte de la siguiente transcripción:

"III. Autoridades responsables: Ordenadoras: La H. Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal y C. Jueza Vigésimo Tercera de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ambas con domicilio en los pisos 15o. y 8o,. respectivamente, del No. 8 de Avenida Juárez, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. Ejecutora: El C. Actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con domicilio en el 8o. piso de Avenida Juárez No. 8, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal."

En virtud de lo anterior, en el auto admisorio de treinta de junio de dos mil nueve, se ordenó requerir el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables incluyendo al actuario adscrito al Juzgado Vigésimo Tercero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien omitió rendir el informe correspondiente.

No obstante lo anterior, en la sentencia recurrida no se hizo pronunciamiento alguno en torno a la certeza de los actos reclamados a la citada autoridad ejecutora.

Por tanto, en atención a que el actuario responsable fue notificado del auto en el que se requirió el informe justificado y, no obstante ello, omitió rendir el informe correspondiente, de conformidad con el artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, deberá presumirse la certeza del acto de ejecución que se le atribuyó.

SEXTO. Previo al análisis de los agravios expuestos en el presente recurso de revisión por la recurrente **********, este Tribunal Colegiado considera oportuno hacer una síntesis, en la parte que interesa, de los antecedentes que constituyen la sentencia recurrida.

De las copias certificadas de las constancias que integran el expediente de amparo indirecto promovido por ********** en su carácter de acreedora alimentaria de ********** se advierte lo siguiente:

1. Mediante escrito presentado el primero de marzo de mil novecientos noventa y tres, **********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas ********** de cuatro y siete años, respectivamente, demandó de ********** el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia, la guarda y custodia de las menores, reembolso de gastos y deudas adquiridas por la actora con motivo del incumplimiento de los alimentos, así como pago de gastos y costas.

Mediante convenio firmado por los cónyuges en el juicio de alimentos **********, del día catorce de abril de mil novecientos noventa y tres, acordaron que el demandado cubriría una pensión alimenticia en beneficio de las acreedoras alimentarias del 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo y demás percepciones que recibiera.

2. Mediante escrito que presentó ********** el doce de noviembre de dos mil ocho, interpuso incidente de cancelación de pensión alimenticia en virtud de que el diez de diciembre de dos mil uno ********** contrajo nupcias con el señor ********** y sus menores hijas ********** y ********** alcanzaron la mayoría de edad, dejaron de estudiar y obtienen ingresos propios.

3. Por escrito que presentó ********** el veintitrés de enero de dos mil nueve, dio contestación a la demanda de cancelación de pensión alimenticia en el sentido de que aun cuando cumplió la mayoría de edad no obtiene ingresos propios pues se dedica a estudiar como lo acreditó con la constancia de estudios del **********, que estudió bachillerato en el ********** y que ha intentado estudiar una carrera a nivel licenciatura en la Universidad Metropolitana, sin ingresar por la cantidad de alumnos que lo demandan, por lo que estudió en el ********** la especialidad técnica como operadora de microcomputadoras, sin que encuentre trabajo acorde a lo que ha estudiado y, no obstante ello, quiere seguir superándose, por lo que señaló que no procedía la cancelación de la pensión alimenticia que le corresponde.

Además, alegó que a su menor hermano **********, no se le otorgó la pensión alimenticia correspondiente.

4. Mediante escrito que presentó ********** el veintitrés de enero de dos mil nueve, dio contestación a la demanda de cancelación de pensión alimenticia en el sentido de que no procedía, pues si bien es cierto que contrajo matrimonio el diez de diciembre, de dos mil uno con **********, también lo es que desde la última semana de ese mes y año dejaron de hacer vida en común pues se fue, por lo que desde esa fecha vive en calidad de "madre soltera" a cargo de sus tres hijos; así como que a **********, no se le otorgó la pensión alimenticia correspondiente, pues el deudor alimentario la amenazaba que si "movía algo sobre la pensión alimenticia" se llevaría a sus hijos y no los volvería a ver nunca; y señaló que aun cuando contrajo nupcias, ello no era razón suficiente para que operara la cancelación de la pensión alimenticia que le corresponde, pues ella derivó de la libre voluntad de ambas partes como se advierte del convenio de referencia, en el que nunca se pactó como limitante que ella contrajera nupcias, además de que convinieron que en caso de no requerir ésta de la pensión, el porcentaje se aplicaría a su menores hijas; además de solicitar en esa vía que se otorgara a su menor hijo la pensión alimenticia correspondiente.

5. En acuerdo de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, el Juez Civil hizo constar que no compareció a juicio la codemandada incidental ********** por lo que se declaró la rebeldía en que incurrió.

6. El cuatro de marzo de dos mil nueve, se dictó resolución interlocutoria del incidente de cancelación de pensión, en los siguientes términos:

"PRIMERO. Es procedente el incidente de cancelación de pensión, en el que el actor incidentista acreditó su acción y las demandadas incidentistas no justificaron sus excepciones y defensas.

"SEGUNDO. Resulta procedente cancelar la pensión alimenticia que el acreedor alimentario otorgaba a favor de las demandadas incidentistas.

"TERCERO. Se dejan a salvo los derechos del menor ********** para que los haga valer en la vía y forma correspondiente, por no ser parte en el presente asunto.

"CUARTO. No se hace especial condena en costas.

"QUINTO. Notifíquese."

7. Inconformes con tal resolución interlocutoria las demandadas ********** y ********** interpusieron diversos recursos de apelación, que por razón de turno correspondió resolver en forma conjunta a la Magistrada integrante de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los tocas ********** y **********, del veintiuno de mayo de dos mil nueve, en el sentido de declarar infundados los agravios que se hicieron valer en tales recursos de apelación, por lo que se confirmó la interlocutoria recurrida.

8. En contra de dicha sentencia de apelación la demandada incidentista ********** promovió juicio de amparo, a través de la demanda que presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito el día veinticuatro de junio de dos mil nueve, la que por razón de turno se remitió a este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien por proveído plenario de fecha veintiséis de junio de dos mil nueve, declaró carecer de competencia legal para conocer en única instancia dicho asunto, por lo que ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, con la finalidad de que se remitiera las demanda al Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en turno.

9. Por razón de turno, correspondió conocer del juicio de amparo indirecto al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, quien en auto de treinta de junio de dos mil nueve, admitió la demanda correspondiente bajo el número de expediente ********** y fijó fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional correspondiente.

Así, el día treinta de septiembre de dos mil nueve, el Juez Federal dictó sentencia de amparo indirecto en la que no amparó a la quejosa ********** en contra del acto reclamado.

Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso el presente recurso de revisión en el que los agravios expuestos son, en una parte, infundados y, en otra, inoperantes.

En efecto, los argumentos que hace valer la recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales son inoperantes, en virtud de que no puede atribuirse a los Jueces de Distrito actuaciones afectadas de inconstitucionalidad, pues no es propio del recurso de revisión el estudio de violaciones a la Constitución, sino que el Juez de Distrito haya adecuado o no su actuación a lo que ordena la Ley de Amparo.

Lo anterior, en virtud de que los Jueces de Distrito ejercen la función de control constitucional de los actos de autoridad a través del juicio de amparo, para lo cual su actuación se ciñe a los preceptos establecidos en la Ley de Amparo.

Por tanto, el recurso de revisión no es un medio de control constitucional o un procedimiento autónomo, sino que constituye un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función judicial que desempeña el Juez de Distrito, el cual debe ceñirse a lo preceptuado en la Ley de Amparo y, por ello, únicamente existe la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales de esta naturaleza violen preceptos de la propia Ley de Amparo, pero no preceptos constitucionales.

En consecuencia, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que la Juez Federal actuó inconstitucionalmente, dada la naturaleza de dicho medio de defensa y por la función de control constitucional que desempeña, ya que si así se hiciera, se equipararía a ese órgano jurisdiccional a una autoridad responsable, lo que desnaturalizaría el juicio de amparo al establecerse un control constitucional sobre otro control constitucional.

Las anteriores consideraciones tienen sustento en la jurisprudencia número 35, consultable en las páginas 28 y 29, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

En cuanto al fondo del estudio del presente recurso de revisión debe establecerse, que en la generalidad de los juicios sobre pago de alimentos se encuentran comprometidos derechos de menores o incapaces, por lo cual, conforme al artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, los tribunales federales se encuentran obligados a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios.

Sin embargo, dicha exigencia no tiene lugar cuando el acreedor alimentario es mayor de edad, como en el caso ocurre, puesto que es indudable que por tal circunstancia se encuentran en aptitud de deducir los derechos que le correspondan, hecha excepción de aquellos en los cuales se acredite que tienen la calidad de incapaz, lo que, en la especie, de ninguna forma se hizo valer.

Por ello, contrariamente a lo sustentado por la recurrente en el juicio de amparo, sujeto a revisión, de ninguna forma opera la suplencia en la deficiencia de la queja ya que, se reitera, aquélla no es menor de edad, ni se encuentra en estado de incapacidad mental.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XI.2o.127 C, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, consultable en la página mil seiscientos setenta y cuatro del Tomo XVIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"ALIMENTOS. NO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA CUANDO LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS SON MAYORES DE EDAD Y NO TIENEN LA CALIDAD DE INCAPACES. En la generalidad de los juicios que versan sobre pago de alimentos se encuentran comprometidos derechos de menores o incapaces, por lo que conforme a lo que establece el artículo 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, los tribunales federales se encuentran obligados a suplir la deficiencia de los conceptos de violación; sin embargo, dicha exigencia no tiene lugar cuando los acreedores alimentarios sean mayores de edad, pues es indudable que por tal circunstancia se encuentran en aptitud de deducir los derechos que les corresponda, hecha excepción de aquellos en los que se acredite que tienen la calidad de incapaces."

En el presente caso, en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, que interpuso ********** en la controversia del orden familiar ********** manifestó, en forma expresa, en lo relativo a la acreedora alimentaria **********, que al ser mayor de edad dejaba de tener derecho al pago de dicha pensión; por lo que, al dar contestación la incidentista mencionada, señaló que no obtiene ingresos propios porque estudia, como lo demostró con la constancia respectiva, además de que como tiene muchos deseos de superación, al no poder ingresar a la universidad, estudió en el ********** bachillerato con especialidad en "asistente directivo" y en el ********** especialidad técnica como "operadora de microcomputadoras", sin embargo, que no ha encontrado trabajo conforme a lo que ha estudiado.

De lo que se colige que la materia del incidente de cancelación de pensión alimenticia, en relación con la incidentista **********, se circunscribe a que aun cuando es mayor de edad, pretendió que el deudor alimentario siguiera cubriendo la pensión alimenticia, porque no tiene ingresos propios pues estudia y tiene deseos de superación.

Al respecto, es cierto que la demanda de amparo representa un todo y debe analizarse en su integridad, esto es, en cada uno de los capítulos que la componen, a fin de establecer los argumentos propuestos por el quejoso en contra de los actos reclamados; sin embargo, ello no significa que el Juez de amparo se encuentre impedido para analizar, de manera global, las cuestiones aducidas en la demanda de garantías y que, por ende, examine tales argumentos en el orden que la importancia o técnica del asunto así lo requiera.

Al caso tiene aplicación la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible con el número IV.3o.115 K, en la página doscientos sesenta y cinco del Tomo XV-2, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO DE LOS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EXISTAN EN DIVERSO APARTADO O CAPÍTULO.-Aun y cuando cronológicamente no existan manifestaciones en el capítulo de conceptos de violación, sino que existan en otros distintos (acto reclamado y antecedentes) no por esa circunstancia ha de estimarse que no hay concepto de violación contra el acto de la responsable, porque cuando se intenta o ejercita una acción, sólo interesa que consten las causas o motivos que la avalen; ello es así merced a que con ese proceder se llega a la verdadera intención del reclamante para restablecer cuáles son sus argumentos, independientemente de que éstos obren en el capítulo respectivo o en otro distinto pues por ello es válido efectuar un estudio integral de la demanda de garantías."

En efecto, el artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, pudiendo examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda; sin embargo, de la redacción de dicho precepto no se advierte que se imponga obligación al Juez de amparo o a los tribunales constitucionales de seguir el orden propuesto por el quejoso en su demanda de garantías, respecto de los conceptos de violación o agravios, sino el de analizar todos y cada uno de los puntos materia de debate, bien sea de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso, por lo cual no causa agravio a la parte quejosa que el Juez de Distrito hubiere emprendido el estudio de los argumentos planteados en forma conjunta y en orden distinto al planteado en el escrito inicial.

Tiene aplicación la tesis del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número I.11o.C.14 K, en la página mil setecientos diez, Tomo XVIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU ANÁLISIS PUEDE HACERSE DE MANERA CONJUNTA, SIEMPRE QUE EL JUZGADOR SE OCUPE DE TODOS LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, el análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso puede hacerse de manera conjunta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada; en donde resulta que no interesa la forma en que se emprenda el examen de tales argumentos, esto es, de manera individual, conjunta, o por grupos, o bien, en el propio orden de su exposición o en uno diverso, sino el hecho de que el juzgador se ocupe de todos esos argumentos, es decir, que no deje alguno sin estudiar, independientemente de la forma que utilice; por lo que ningún perjuicio irroga al quejoso la circunstancia de que el Juez Federal no haya hecho un estudio concreto de cada uno de los conceptos de violación contenidos en la demanda de garantías, si del estudio conjunto se advierte que sí se observó el punto cuestionado."

Lo anterior pues el Juez de amparo en la sentencia recurrida, por cuestión de método, empezó con el relato de los conceptos de violación, respecto de los que señaló que por la estrecha vinculación entre ellos se analizarían en forma conjunta; posteriormente, estableció los principios del derecho familiar relativos al pago de pensión alimenticia y los casos en los que procedía, mismos que al confrontarlos con los hechos que expresó la propia quejosa llevaron a concluir que no demostró su necesidad para seguir percibiendo la pensión alimenticia a cargo de su padre, bajo el argumento toral que se trata de una mayor de edad, que cuenta con dos carreras técnicas y que no demostró que aún necesitara de los alimentos que le proporcionaba el tercero perjudicado, o que tuviera algún impedimento legal o físico para conseguir trabajo y percibir ingresos para su subsistencia; por lo que, en consecuencia, declaró infundados el resto de los conceptos de violación que se hicieron valer atinentes a que el actor no acreditó los elementos de su acción al no demostrar que la quejosa percibiera algún ingreso para satisfacer sus necesidades alimentarias, así como lo relativo a la aplicación del artículo 320, fracción II, del Código Civil, en cuanto a que no se encuentra cursando una carrera universitaria por la demanda de universidades en este país, pues la Juez Federal estimó que los elementos que deben tomarse en cuenta para determinar si un mayor de edad debe continuar percibiendo alimentos, no son la intención de seguir estudiando o limitar su crecimiento intelectual, sino que fueron apreciados en función de la situación particular relativa a que cuenta con dos carreras técnicas que le permiten obtener empleo y no tiene ninguna limitante física ni legal para ello, por lo que estimó que la resolución recurrida estuvo correctamente fundada y motivada.

De ahí que no asista razón a la recurrente, cuando alega en sus agravios, en forma reiterada, que el Juez Federal dejó de analizar en su integridad todos y cada uno de los argumentos que expresó en la demanda de garantías pues, contrario a sus afirmaciones, sí atendió a sus argumentos al entrar al análisis de los conceptos de violación que señaló, pues estimó que, efectivamente, la quejosa no obtiene ingresos de ningún tipo, así como que estudió las circunstancias personales de la quejosa, tan es así que consideró que no tiene ninguna limitante para conseguir empleo con los conocimientos técnicos con los que cuenta, sin que la "realidad económica de las familias mexicanas" sea un elemento que la legislación aplicable utilice para determinar la procedencia del pago de la pensión alimenticia como lo pretende la quejosa.

De tal forma que, como lo consideró el Juez de Distrito, correspondía a la quejosa demostrar que aún necesita los alimentos que le proporcionaba el tercero perjudicado; puesto que de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el que afirma está obligado a probar, aunado a que en términos del numeral 311 del Código Civil, los alimentos deben ser proporcionados en razón a la necesidad de quien debe percibirlos, por ello, no sería jurídico ni equitativo condenar al padre o deudor, actor incidentista, a continuar proporcionando alimentos a su hija quien cuenta con edad avanzada y es omisa en demostrar que tiene alguna limitación legal o física para conseguir empleo acorde a los conocimientos técnicos que demostró tener con las constancias respectivas y que ofreció en el juicio.

Sin que asista razón tampoco a la recurrente cuando señala que el Juez Federal ignoró las tesis que señaló en su escrito de garantías, con los siguientes rubros y datos de localización:

"Registro No. 172101

"ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN NO SE EXTINGUE NECESARIAMENTE CUANDO LOS ACREEDORES ALIMENTARIOS ALCANZAN LA MAYORÍA DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." (Localización: 9a. Época; 1a. Sala; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVI, julio de 2007; página: 31; jurisprudencia).

"Registro No. 173627

"ALIMENTOS. NO CESA LA OBLIGACIÓN DE DARLOS A LOS HIJOS MAYORES DE DIECIOCHO AÑOS QUE ESTÉN CURSANDO ESTUDIOS ACORDES A SU EDAD Y PECULIARIDADES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)." (Localización: 9a. Época; Tribunales Colegiados de Circuito; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, enero de 2007; página: 2184; tesis aislada).

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22278-7853928d/pension-alimenticia-no-procede-su-condena-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.