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Modo: Corpus Pro

AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO EN REVISIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 242/2009. · Registro digital (IUS): 21730
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, , Pág. 2790.

AMPARO EN REVISIÓN 242/2009. **********

CONSIDERANDO:

CUARTO. En el presente asunto no se transcriben los agravios por no exigirlo el artículo 77 de la Ley de Amparo, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios de amparo, ni existir precepto legal alguno que establezca dicha obligación, ni infringe las disposiciones de la Ley de Amparo a la que está sujeta su actuación, además, la falta de transcripción de los conceptos de violación o agravios no deja en estado de indefensión a las partes, pues respecto a la parte quejosa o recurrente, es de ésta de quien provienen y, por lo mismo, obran en autos, mientras que a la parte tercera perjudicada o demás partes legitimadas, se les corre traslado con una copia de ellos al efectuarse su emplazamiento o notificación; máxime que al resolver la controversia planteada el juzgador debe realizar el examen de los fundamentos y motivos en los que se sustentan los actos reclamados o la resolución que se recurre, conforme a los preceptos constitucionales y legales aplicables, pero siempre en relación con los conceptos de violación o agravios expresados para combatirlos.

Apoya lo considerado la tesis de jurisprudencia número Vl.2o. J/129, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página 599 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, abril de 1998, del rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma."

Igualmente, tiene aplicación la tesis aislada número XVII.lo.C.T.31 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página 1770 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, del rubro y texto siguientes:

"AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE EMITAN. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito, no se transcriban los agravios hechos valer, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujetan su actuación, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte recurrente, puesto que es de quien provienen dichos motivos de inconformidad y obran en autos."

QUINTO. De las constancias que integran el juicio de garantías del cual deriva el presente recurso se advierte que mediante escrito de seis de marzo de dos mil nueve ********* y ********** por propio derecho, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, señalaron como acto reclamado la orden de aprehensión que fue emitida en su contra por el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, así como su ejecución atribuida a los comandantes regionales de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) destacamentados en el Sector Renacimiento con sede en esta ciudad.

Ahora bien, de las copias certificadas que la autoridad responsable, Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad y puerto, remitiera con su informe justificado, se obtiene que el veintiséis de febrero de dos mil nueve, en la causa penal ********* libró orden de aprehensión en contra de *********, ********** y otro por el delito de despojo, en agravio de ********* (fojas seiscientos nueve a seiscientos diecinueve); de igual forma se tiene que mediante oficio 607 de dieciséis de marzo de dos mil nueve, la mencionada autoridad allegó al juicio de amparo copia certificada del auto de plazo constitucional, dictado en la mencionada causa penal el dieciséis de marzo de dos mil nueve, en el que decretó auto de formal prisión a los citados quejosos por el mencionado ilícito (fojas noventa y cinco a ciento diez).

Lo anterior evidencia que la orden de aprehensión reclamada quedó sustituida con el auto de formal prisión de dieciséis de marzo de dos mil nueve, decretado en contra de los ahora recurrentes; siendo evidente que con el pronunciamiento de este nuevo mandamiento, la situación jurídica de los impetrantes de garantías acerca de su libertad personal cambió, puesto que la restricción de ésta ahora se encuentra sujeta al auto de plazo constitucional y no a la orden de aprehensión reclamada, circunstancia que impidió al juzgador federal estar en aptitud de continuar con el trámite correspondiente del juicio de garantías y examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación jurídica de los recurrentes.

Por tanto, los argumentos de agravio son infundados, toda vez que ya no es la orden de aprehensión la que afecta la libertad personal de los inconformes, sino el auto de término constitucional, es decir, con el dictado de la formal prisión la situación jurídica de los quejosos cambió, pues la orden de captura fue sustituida procesalmente por el auto de prisión preventiva, tan es así que éstos dejaron de tener el carácter de indiciados para adquirir la condición de procesados, al haber pasado el asunto penal a la etapa de instrucción.

Luego, como bien lo consideró el Juez de Distrito, sobrevino un cambio de situación jurídica, pues al quedar sustituidas las violaciones aducidas en el procedimiento constitucional respectivo por el auto de formal prisión, deben considerarse irreparablemente consumadas, dado que el acto restrictivo de la libertad de los quejosos ya no deriva del acto inicialmente impugnado, consistente en la orden de aprehensión librada en su contra por el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, sino que dicha afectación emana del referido auto de plazo constitucional, el cual es ahora el determinante de que los aquí recurrentes se encuentren sujetos a un procedimiento penal.

Lo anterior trajo como consecuencia que el Juez de Distrito se viera imposibilitado para analizar las violaciones cometidas en el dictado del acto reclamado, porque de estudiar el fondo del asunto dirigido a combatir una orden de aprehensión y fuera el caso de conceder el amparo, esto afectaría la nueva situación jurídica, por tanto, resultan irreparablemente consumadas las violaciones que pudiesen haber existido, lo que imposibilitó jurídica y materialmente al Juez para entrar al estudio del fondo del asunto sometido a su potestad y realizar pronunciamiento alguno al respecto.

De ahí que resulte infundado el agravio hecho valer por los recurrentes, ya que al darse el cambio de situación jurídica se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el cual establece:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

"Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente."

Motivando que en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, se sobreseyera en el juicio de garantías, precepto legal que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 74. Procede el sobreseimiento:

"...

"III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."

En esa razón, este tribunal federal arriba a la convicción de que al haberse decretado el sobreseimiento del juicio de amparo el Juez de Distrito actuó conforme a derecho, pues al advertir un cambio de situación jurídica respecto a la restricción de la libertad de los quejosos se encontraba imposibilitado para analizar las cuestiones de fondo del asunto como las proponen los peticionarios, puesto que con el dictado del auto de formal prisión emitido se actualizó la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, la cual era manifiesta e indudable, llevándolo a decretar el sobreseimiento del juicio en términos del diverso artículo 74, fracción III, de la ley en cita.

Resulta aplicable al caso la jurisprudencia número VII.1o.P. J/42, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que este órgano federal comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de dos mil, página ochocientos setenta y cinco, cuyos rubro y texto establecen:

"IMPROCEDENCIA, SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y POSTERIORMENTE SE DICTA AUTO DE FORMAL PRISIÓN. APLICACIÓN DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AMPARO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1999). Es correcto el sobreseimiento decretado por el a quo en el juicio de amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, en el que se reclamó la orden de aprehensión decretada en contra del quejoso, por violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que consta en autos que la autoridad responsable, decretó formal prisión al quejoso y ello conlleva a establecer que ha operado un cambio de situación jurídica; lo anterior es así, atento la reforma del artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, misma que entró en vigor al día siguiente de su publicación y que en lo conducente dice: ‘Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.’."

También resulta ilustrativa la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su anterior integración, visible en la página trescientos treinta y cinco del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que literalmente dice:

"SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."

Asimismo, la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se comparte por este órgano jurisdiccional revisor, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Tomo VI, Materia Común, página setecientos ocho, que a la letra dice:

"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente."

En esa tesitura, resulta correcto que el Juez Federal decretara el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, pues resulta claro, como se vio, que, en el caso, se actualizó una causal de improcedencia manifiesta e indudable, lo anterior con apoyo en lo dispuesto en los artículos 73, fracción X y 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, de cuyo análisis se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio apareciera o sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas en el referido artículo 73 de la citada ley, en tanto que el numeral citado en segundo lugar prevé la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento, precisamente aquellos que pronuncia el Juez cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia, esto con el objeto de que sea notoria, manifiesta e indudable, como acontece en el caso, que procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo sin necesidad de esperar el desahogo de la audiencia constitucional, con el ánimo de no contrariar lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna, es decir, retardar la impartición de justicia prevista en dicho dispositivo legal, que obliga a los tribunales para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, de tal forma que al actualizarse una casual de improcedencia resulta acertada la determinación del Juez de Distrito al decretar el sobreseimiento en el juicio en esas condiciones.

Además, en casos como el que nos ocupa, ningún efecto práctico tendría obligar al Juez de Distrito a esperar su celebración para dar oportunidad a los quejosos de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado (orden de aprehensión), ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se tenga que emitir una sentencia en sentido diverso.

Cobran aplicación al caso las jurisprudencias 2a./J. 10/2003 y I.7o.P. J/3, visibles en las páginas trescientos ochenta y seis, y mil seiscientos, Tomos XVII y XX, marzo de dos mil tres y septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, respectivamente, que expresan:

"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

"CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional."

En las circunstancias apuntadas, al resultar infundado el motivo de agravio propuesto por los recurrentes, lo procedente es confirmar el auto sujeto a revisión, sin que se advierta queja deficiente que suplir a su favor, conforme a lo que establece el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 77, 78, 83, fracción III, 85, fracción II, 90 y 91 de la Ley de Amparo; y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ********* y ********** contra los actos y autoridades responsables señalados en el considerando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de gobierno de este Tribunal Colegiado; con testimonio autorizado de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos de los Magistrados Martiniano Bautista Espinosa, presidente, y Jesús Rafael Aragón, así como el licenciado Zeus Hernández Zamora, secretario de tribunal en funciones de Magistrado, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/3345/2007, de siete de agosto de dos mil siete; lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, siendo ponente el último de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21730-3a060c43/agravios-los-tribunales-colegiados-de-circuito-no-estan · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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