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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. ES LEGAL EL PRACTICADO EN EL INMUEBLE ARRENDADO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 163/2009. · Registro digital (IUS): 21793
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, , Pág. 1530.

AMPARO EN REVISIÓN 163/2009. **********

CONSIDERANDO:

CUARTO. Previo el estudio de los agravios, conviene destacar que no es materia de la presente revisión el sobreseimiento decretado por el Juez Federal respecto del auto admisorio de veintitrés de noviembre de dos mil seis, toda vez que no es combatido a través de los agravios expuestos en la revisión.

QUINTO. En el primer agravio se aduce que el Juez de Distrito dejó de aplicar el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, así como el título sexto bis de dicho ordenamiento y, en consecuencia, la violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, porque el Juez Federal se aparta de la literalidad de dicha norma legal al analizar la notificación de ocho de enero del año dos mil siete, por el actuario adscrito al Juzgado Trigésimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, relativa a los medios preparatorios a juicio.

Que el artículo 963 fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de julio de mil novecientos noventa y tres, entrando en vigor el diecinueve de octubre de ese mismo año, buscando el legislador la forma de agilizar los procedimientos que se iniciaran en controversia de arrendamiento inmobiliario.

Que en materia de arrendamiento existe un título especial, por lo que debe prevalecer éste sobre la norma general respecto de la primera notificación o emplazamiento al arrendatario.

Que la determinación recurrida le causa agravio desde el momento en el que el Juez de amparo tiene como incorrecta la primera notificación en los medios preparatorios a juicio, porque existe un principio general de derecho aplicable al caso que dice "donde la ley no distingue, no se debe distinguir."

Que de lo dispuesto por el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, resalta la palabra "siempre", la cual es la clave para que las diligencias de la primera notificación y emplazamiento a juicio que se hagan en materia de arrendamiento sean legales al practicarla en los inmuebles materia del arrendamiento; que al dejar de aplicar la literalidad de dicha norma, el Juez de amparo viola lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales.

Que la palabra "siempre" significa en todo o en cualquier tiempo, en todo caso, por todo el tiempo o por tiempo indefinido, perpetuamente o por tiempo sin fin, eternamente, perpetuamente, imperecederamente, constantemente, perennemente, persistentemente, invariablemente, sin cesar y continuamente; que no obstante ello, el Juez de amparo no tomó en consideración lo dispuesto por el artículo 963 citado.

Que si en la ley especial el legislador estableció de manera contundente y única que la primera diligencia -el embargo precautorio y el emplazamiento a juicio-, "siempre" debe llevarse a cabo en el local materia del arrendamiento, la primera notificación hecha por la Juez Trigésimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario en los medios preparatorios a juicio de controversia de arrendamiento es legal, por ceñirse a la literalidad del artículo 963 citado.

Que el doctrinario Francisco José Contreras Vaca señala en su obra titulada Derecho Procesal Civil, volumen 2, página 91, que el embargo precautorio puede solicitarse en el escrito de demanda si se reclama el pago de rentas atrasadas por dos o más meses que, en ese caso, en el momento del emplazamiento la parte demandada debe acreditar ante el ejecutor, con los recibos de renta correspondientes o escritos de consignaciones debidamente sellados, que está al corriente en el pago de las rentas pactadas y no haciéndolo se le embargarán bienes de su propiedad suficientes para cubrir las rentas adeudadas, teniéndose como domicilio legal del ejecutado el inmueble motivo del arrendamiento.

Que lo anterior demuestra el criterio reiterado de que cualquier diligencia, notificación o emplazamiento en juicio de controversia de arrendamiento "siempre" se practicará en el inmueble materia del arrendamiento.

Dichas alegaciones son reiteradas parcialmente en el cuarto agravio.

Los anteriores argumentos que se analizan en conjunto dada su íntima vinculación en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo son inoperantes por un lado y, sustancialmente fundados por el otro.

Son inoperantes las argumentaciones en análisis, por cuanto hace a la argumentación de que el Juez de Distrito al pronunciar la sentencia recurrida violó en su perjuicio las garantías contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que técnicamente en el recurso de revisión no es dable el análisis de los agravios expuestos en relación con la infracción de garantías constitucionales por parte del Juez de amparo al tramitar y resolver un juicio de garantías, en atención a la naturaleza del medio de defensa y a la función de control constitucional que el Juez de Distrito desempeña, ya que de considerarse así se trataría extralógicamente al Juez de Distrito como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo, es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.

Este criterio es sustentado en la tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 2/97 publicada en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Pleno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

Por otra parte, son sustancialmente fundadas las afirmaciones expuestas por la parte quejosa tendentes a demostrar la ilegalidad de la sentencia recurrida, porque el Juez de Distrito dejó de aplicar e interpretar debidamente el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece que en tratándose de controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, el domicilio del demandado siempre será el inmueble objeto del arrendamiento.

En principio, conviene precisar que los efectos concesorios del juicio de amparo indirecto, cuya sentencia ahora se revisa, abarcaron dos procedimientos a saber:

a) Primeramente, se concedió el amparo respecto de los medios preparatorios a juicio seguidos en contra de la quejosa en el expediente número ********** en virtud de que se consideró que la diligencia de notificación de ocho de enero de dos mil siete, estaba afectada por los vicios que señaló el juzgador federal, por lo que se concedió el amparo a efecto de dejarla insubsistente y todo lo actuado con posterioridad a la misma, debiéndose ordenar de nueva cuenta su práctica en el domicilio de ley, conforme a las formalidades previstas en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

b) En segundo término, se concedió el amparo solicitado también respecto del emplazamiento practicado el ocho de junio de dos mil siete, en el juicio de controversia de arrendamiento seguido en contra de la quejosa, en el expediente ********** para que se dejara sin efectos dicha diligencia, así como todo lo actuado con posterioridad a la misma y se ordenara practicar el emplazamiento en el domicilio real de la parte demandada con las formalidades de ley.

Sentada la premisa anterior, se procede al estudio de los argumentos antes resumidos.

El artículo 11 del Código Civil para el Distrito Federal establece lo siguiente:

"Artículo 11. Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes."

El precepto en mención, regula la forma de aplicación de los numerales o leyes que constituyen o establecen casos de excepción a reglas generales, prevaleciendo la aplicación de aquéllos sobre éstas, pero sólo en el supuesto expresamente especificado.

El artículo 33 del mismo ordenamiento legal dispone:

"Artículo 33. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración.

"Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera.

"Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales."

Del precepto transcrito, se advierte una regla general sobre el domicilio de las personas morales, que atiende al lugar en el que se encuentre su administración.

Por otro lado, los artículos 114, fracción I, 116, 117, 193, fracción I, 957 y 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establecen:

"Artículo 114. Será notificado personalmente en el domicilio señalado por los litigantes:

"I. El emplazamiento del demandado, y siempre que se trate de la primera notificación en el procedimiento, de diligencias preparatorias o de jurisdicción voluntaria en que se deba hacer saber de las mismas a la otra parte."

"Artículo 116. Todas las notificaciones que por disposición de la ley o del tribunal deban hacerse personalmente se entenderán con el interesado, su representante, mandatario, procurador o autorizado en autos, entregando cédula en la que hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, el Juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación.

"Tratándose de la primera notificación en cualquier procedimiento, además de cumplir con los requisitos anteriores, el notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como del buscado, y las demás manifestaciones que haga el que reciba la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado.

"Salvo disposición legal en contrario cuando se trate de diligencias de embargo el ejecutor no podrá practicarla cuando por primera ocasión en que la intente no se entienda con el interesado. En este caso dejará citatorio a éste para que lo espere dentro de las horas que se le precisen que serán para después de seis horas de la del citatorio y entre las cuarenta y ocho horas siguientes. Si el buscado no atiende el citatorio, la diligencia se practicará con alguna de las personas que se indican en el artículo siguiente. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará tanto al ejecutante como al ejecutado copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado.

"La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el Juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá cumplir con lo ordenado por el artículo 546 de este código, y de no hacerlo responderá de los daños y perjuicios que se ocasionen por su omisión.

"El notificador expresará las causas precisas, por las que no se pueda practicar la diligencia o notificación, así como las oposiciones; para que el Juez con vista al resultado imponga las correcciones disciplinarias y medios de apremio que considere procedentes."

"Artículo 117. Si se tratare del emplazamiento y no se encontrare al demandado, se le hará la notificación por cédula.

"La cédula, en los casos de este artículo y del anterior, se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada.

"Además de la cédula, se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia, copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su libelo inicial."

"Artículo 193. El juicio podrá prepararse:

"I. Pidiendo declaración bajo protesta el que pretende demandar, de aquél contra quien se propone dirigir la demanda acerca de algún hecho relativo a su personalidad o a la calidad de su posesión o tenencia."

"Artículo 957. A las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario les serán aplicables las disposiciones de este título. El Juez tendrá las más amplias facultades para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho convenga.

"A las acciones que se intenten contra el fiador que haya otorgado fianza de carácter civil o terceros por controversias derivados del arrendamiento, se aplicarán las reglas de este título, en lo conducente. Igualmente, la acción que intente el arrendatario para exigir al arrendador, el derecho de preferencia y el pago de los daños y perjuicios a que se refieren los artículos 2447 y 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal, se sujetará a lo dispuesto en este título."

"Artículo 963. Para los efectos de este título siempre se tendrá como domicilio legal del ejecutado el inmueble motivo del arrendamiento."

De los preceptos legales anteriores, podemos obtener las premisas siguientes:

1. Que el emplazamiento a juicio y la primera notificación de cualquier otro procedimiento que no constituya un juicio (diligencia de jurisdicción voluntaria, medios preparatorios, etcétera) deben practicarse en forma personal al demandado.

2. Las formalidades que, por regla general, deben observarse en la práctica de cualquier notificación personal y del emplazamiento a juicio.

3. La procedencia de los medios preparatorios a juicio, cuando pretende obtenerse declaración judicial sobre hechos relacionados con la personalidad o la calidad de la tenencia o posesión de un bien.

4. La existencia de un capítulo normativo especial que regula las controversias del arrendamiento inmobiliario como un juicio especial.

5. La norma especial establecida por el legislador respecto del domicilio que se considerará como legal para los efectos de las controversias que surjan con motivo del arrendamiento inmobiliario (norma de excepción).

De las constancias que integran el expediente de amparo, las cuales tienen valor probatorio pleno por constituir documentales públicas en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se colige:

Que ********** por conducto de su apoderado legal ********** mediante escrito presentado el quince de enero de dos mil nueve, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de actos de la Juez Trigésimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal y actuarios adscritos al mismo, así como del Juez Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal y actuarios adscritos a dicho juzgado.

Los actos reclamados de la Juez Trigésimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal se hicieron consistir, entre otros, en la razón actuarial de fecha ocho de enero de dos mil siete, desahogada por el actuario ********** en la que emplazó a la quejosa ********** y todas las actuaciones habidas en el expediente relativo a los medios preparatorios a juicio de controversia de arrendamiento que ********** promovió en su contra, así como del tercero perjudicado ********** tramitado bajo el expediente ********** o ********** incluyendo la audiencia de veintinueve de enero del año dos mil siete.

Del Juez Séptimo del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal reclamó, entre otros actos, los consistentes en la razón actuarial de ocho de junio de dos mil siete, realizada por el actuario ********** relativa a su emplazamiento, y todas las actuaciones habidas en el expediente ********** especialmente la sentencia definitiva de dos de julio de dos mil siete.

De las constancias que integran el expediente de amparo, también se advierte que la Juez Trigésimo Cuarto del Arrendamiento Inmobiliario del Distrito Federal, al rendir su informe justificado remitió copias certificadas del expediente ********** relativo a los medios preparatorios a juicio promovidos por ********** en contra de ********** y ********** de las que se colige:

Que ********** por su propio derecho, promovió medios preparatorios a controversia de arrendamiento inmobiliario, en contra de ********** y ********** quienes, señaló, tienen su domicilio en el local comercial sin número que tiene como uso el de venta y servicio de telefonía celular, sito en la plaza comercial que se encuentra en el ********** solicitando lo siguiente:

"a) Que se cite al señor ********** y al representante legal de ********** para que comparezcan a declarar, bajo protesta de decir verdad, al tenor de los pliegos de posiciones que adjunto se exhiben como anexos en sobres lacrados. b) Se aperciba al señor ********** y al representante legal de ********** que en caso de no comparecer sin justa causa, se les tendrá por confesos de las posiciones que previamente sean calificadas de legales, como para que se niegue a declarar o no lo haga en forma afirmativa o negativamente y, en la certeza de la existencia de la relación contractual de arrendamiento, según se describe en los hechos del presente escrito, respecto del bien inmueble identificado y ubicado como local comercial sin número que tiene como uso el de venta y servicio de telefonía celular y el de fuente de sodas, sito en la plaza comercial que se encuentra en el ********** y que, por lo tanto, en su oportunidad procesal se seguirá en su contra la controversia de arrendamiento inmobiliario correspondiente."

Que en proveído de veintitrés de noviembre del año dos mil seis, se admitieron a trámite los medios preparatorios a juicio promovidos, ordenando se corriera traslado a los presuntos demandados con las copias simples exhibidas por conducto del actuario respectivo.

Que mediante cédula de notificación de ocho de enero del año dos mil siete, se corrió traslado al presunto demandado ********** en los términos siguientes:

"En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con diez minutos (ilegible) el año dos mil siete, el suscrito secretario actuario, licenciado ********** me constituí en el local comercial sin número que tiene uso de venta y servicios de telefonía celular en la plaza comercial en el **********. En busca de **********. Cerciorado que aquí es el domicilio de la parte demandada, el señalado en autos y principal asiento de sus negocios por el dicho de quien dijo llamarse: ********** manifestó trabajar y atender este negocio y ser empleado de la empresa buscada; el que me atiende no se identifica, persona de ********** inmueble local venta de celulares ********** mayoreo y menudeo, fachada en color ********** en planta alta, a un costado de estética. Le notifico el auto de fecha veintitrés de noviembre del año dos mil seis. Le entrego cédula de notificación que lo contiene así como las copias simples exhibidas respectivas debidamente selladas y cotejadas, citando a la persona buscada para que comparezca a las once horas con treinta minutos del día veintinueve de enero del año en curso. A absolver posiciones apercibida que de no comparecer sin justa causa será declarada confesa de las posiciones que previamente sean calificadas de legales, el que me atiende no firma por no creerlo necesario, con lo anterior doy cuenta y doy fe. Secretario actuario. (firma ilegible)."

De la relación anterior, se colige que le asiste la razón a la recurrente al señalar que, en el caso concreto, por tratarse de una controversia del arrendamiento inmobiliario, el domicilio legal para practicar la primera notificación de los medios preparatorios a juicio que se instaurarán en contra de la quejosa, así como el emplazamiento a juicio de la misma, es el de la ubicación del local arrendado, toda vez que si bien es cierto que, por regla general, el domicilio de las personas morales, que es lo que interesa a nuestro estudio porque la demandada es una sociedad, es aquel en que tiene su administración, también lo es que como excepción a dicha regla, en el caso de controversias del arrendamiento inmobiliario, el legislador en el artículo 963 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal estableció un domicilio legal para la práctica de las diligencias que deban realizarse o entenderse con el arrendatario, incluidas las notificaciones personales, emplazamientos, embargos, etcétera, puesto que el precepto en mención parte del adverbio temporal "siempre", que significa en todo tiempo o en todo caso, entre otros significados.

De tal suerte, que dicha expresión conlleva la intención del legislador de que el domicilio legal para todas las diligencias que deban practicarse o entenderse con el arrendatario, sea el local arrendado, como lo sería la primera notificación de los medios preparatorios o el emplazamiento a juicio, pues en dicho domicilio se tiene la certeza de que va a cumplir con la finalidad que persiguen ese tipo de actos procesales.

Corrobora lo anterior, las razones que tuvo el legislador para incluirlo en el ordenamiento local, las que se encuentran en la parte conducente de la exposición de motivos que dio origen al contenido de tal norma y que son del siguiente tenor:

"... Las leyes deben sustentarse en la realidad y adecuarse a las cambiantes circunstancias para cumplir sus propósitos. En ocasiones, sus objetivos de protección a ciertos grupos pueden, si no se ajustan, tener efectos contrarios a sus objetivos. Esto es, especialmente cierto en materia de arrendamiento, no solamente en cuanto a la regulación sustantiva, sino también como consecuencia de los procedimientos para dirimir controversias entre arrendador y arrendatario. Hoy en día, en promedio, un proceso en materia de arrendamiento tiene que satisfacer al menos 58 pasos procesales distintos para llegar a la resolución, lo que significa que, en promedio, un litigio de arrendamiento lleva casi cuatro años. Ello ni fomenta la edificación de vivienda en arrendamiento que tanto se requiere, ni protege los intereses tutelados por la ley, ni representa una justicia expedita, tal como lo demanda el artículo 16 de nuestra Carta Fundamental. Adicionalmente, es imperativo rescatar un número importante de inmuebles del abandono de que son objeto, dado el poco o nulo interés que representa para los propietarios su restauración, con el consiguiente peligro para la seguridad de quienes los habitan. La presente iniciativa busca impedir numerosas prácticas que regularmente se utilizan en perjuicio de los arrendatarios, como la suscripción de títulos de crédito en ‘blanco’, que son aceptados por el arrendatario y avalados por el mismo fiador. Adicionalmente, bajo las reglas actuales, es muy difícil para un arrendatario exigir y hacer cumplir las reparaciones a los inmuebles que corresponden al arrendador. Asimismo, por las características de la normatividad, es imposible encontrar inmuebles en arrendamiento por periodos cortos, lo que hoy representa una demanda cada vez mayor. Muchas de las actuales disposiciones en materia de arrendamiento han tenido efectos contrarios a los esperados, al brindar excesivas facilidades al inquilino irresponsable en detrimento de aquel que, dada su buena fe, no requiere ni demanda disposiciones legales extraordinarias. De igual manera, el marco legal que actualmente se aplica, por su lenta resolución, propicia en consecuencia un mercado deprimido y de difícil acceso, en perjuicio de quienes requieren satisfacer sus necesidades de vivienda por la vía del arrendamiento. El arrendador, por otra parte, resulta claramente en desventaja. Un claro ejemplo lo constituye el tiempo que normalmente toma un litigio por arrendamiento, que sumado a los tres años adicionales previstos como vigencia obligatoria, significa que la disposición sobre su propiedad pudiera demorar hasta siete años. Ello, con una renta en constante disminución en términos reales y estática desde el inicio del litigio hasta la desocupación del inmueble. A esta situación, habría que añadir las molestias y costos del procedimiento judicial, así como la muy probable depreciación de los inmuebles en cuestión. Las consecuencias de no adecuar las normas vigentes, tanto sustantivas como adjetivas, propiciaría una mayor incertidumbre; limitaría las oportunidades para la creciente demanda; inhibiría las inversiones en vivienda para arrendamiento, limitando la oferta disponible, ya que la inversión se orientaría hacia la construcción de sustitutos como los condominios o la conversión de viviendas en renta al régimen condominal y, ciertamente, ocasionaría incrementos a las rentas. Por ello, la presente iniciativa propone a ese honorable Congreso de la Unión, modificaciones que permitan favorecer una auténtica relación de equidad jurídica entre arrendadores y arrendatarios y que permitan alentar la construcción de viviendas en arrendamiento y así, el funcionamiento de un mercado eficaz, con reglas justas. Por lo anterior, se proponen procedimientos ágiles y expeditos que eliminarían malas prácticas y reducirían sustancialmente el enorme caudal de asuntos inquilinarios que, en última instancia, perjudican a los arrendatarios responsables, quienes requieren de una mayor oferta ... Asimismo, la presente propuesta, de merecer la aprobación de ese honorable Congreso de la Unión, ayudaría a eliminar trámites y propiciaría una mejor distribución de responsabilidades. Para ello, se busca adecuar la estructura legal aplicable, para crear condiciones de equidad entre arrendador y arrendatario ... Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal ... Se propone adicionar a las reglas establecidas por el título décimo sexto bis sobre las controversias en materia de arrendamiento, las acciones que se ejerciten contra el fiador o terceros por controversias derivadas del arrendamiento, así como la acción que intente el arrendatario para exigir al arrendador el pago de daños y perjuicios en el caso en que no le sea respetado el derecho de preferencia previsto por los artículos 2447 y 2448-J de la presente iniciativa. Lo anterior con objeto de que las controversias planteadas se resuelvan a la brevedad posible, en atención al espíritu de la reforma propuesta. En consecuencia, se propone reformar los artículos 959 a 966, para establecer las normas que regirán, de ser aprobada esta iniciativa, el procedimiento para resolver las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario ..."

De la reseña transcrita, se tiene que una de las intenciones del legislador de reformar e in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21793-6b34a224/emplazamiento-es-legal-el-practicado-en-el-inmueble · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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