INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO.
AMPARO EN REVISIÓN 64/2009. **********
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son inoperantes, en parte, e infundados, en lo demás, los agravios antes transcritos.
En primer lugar, respecto de lo aseverado por el recurrente en relación a que la sentencia que se revisa violó en su perjuicio garantías individuales, consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, es preciso señalar que los Jueces de Distrito cuando actúan como autoridades de amparo ejercen la función de control constitucional, y aun cuando contra sus resoluciones procede el recurso de revisión, éste no es un medio autónomo de defensa de esos derechos fundamentales consagrados en favor del gobernado, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar el óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, por lo cual no sería jurídico analizar las violaciones a esas garantías que estimara infringidas el recurrente ya que, de hacerse, se imputaría implícitamente al Juez de amparo la calidad de otra autoridad responsable y, de esta forma, perdería su esencia la única vía establecida para reclamar la inconstitucionalidad de los actos de autoridad, que lo es el juicio de garantías, ya que se permitiría mediante el recurso de revisión establecer un medio de control de la Ley Suprema sobre otro control constitucional, exclusivo y único por naturaleza; de ahí que cuando, como en la especie, en vía de agravios en la revisión se aleguen violaciones a los derechos públicos subjetivos consagrados en favor de todo habitante de la República mexicana en la parte dogmática de la Carta Fundamental, dichas cuestiones deben desestimarse por inoperantes. Sirve de apoyo a estas consideraciones la jurisprudencia P./J. 2/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94, de observancia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, publicada en la página cinco, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
No está por demás señalar que la violación a las garantías constitucionales que se atribuyen al Juez de amparo, las relaciona el recurrente con distintos principios que de acuerdo a la ley debe contener la sentencia, como son el de congruencia, motivación, fundamentación y exhaustividad, conforme a lo establecido por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, de los que cita algunos párrafos en vía de agravios.
No obstante, la simple cita de preceptos legales que se estiman violados en relación con los referidos principios que rigen a la sentencia de amparo, es insuficiente para considerarlos verdaderos agravios, toda vez que no ponen de manifiesto de manera razonada que el Juez de amparo conculcara tales artículos y conceptos, ya que no precisan los motivos por los cuales se estima que el fallo recurrido violó tales normas, así como los perjuicios causados; de ahí que resulten simples afirmaciones generales en contra del sentido de la sentencia, pero que de ninguna manera la controvierten frontalmente, por ende, deben desestimarse por inoperantes. Esto de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, consultable con el número 601, en la página trescientos noventa y nueve, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, así como las tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible con el número IV.3o.C.10 K, en la página novecientos veintiséis, Tomo XVIII, noviembre de dos mil tres y la del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada con el número XI.3o.11 L, en la página ochocientos veintidós, Tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, respectivamente, dicen: "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN. No puede considerarse como agravio la simple manifestación u opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida por considerarla ilegal ya que el mismo debe impugnar con razonamientos, los que la hayan fundado.", "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. NO LOS CONSTITUYEN LA SIMPLE CITA DE PRECEPTOS LEGALES O SU TRANSCRIPCIÓN. Las simples manifestaciones hechas por el inconforme aduciendo infracción de preceptos legales y transcribiendo párrafos de ellos, no pueden considerarse motivos de disenso si no expone argumentos concretos para demostrar que en el fallo impugnado se conculcaron los preceptos citados. Además, se debe expresar cuál es la lesión que se causa, así como los motivos que originaron el agravio, a fin de que puedan ser examinados." y "AGRAVIOS EN EL RECURSO DE REVISIÓN. NO LOS CONSTITUYEN LA SIMPLE CITA DE JURISPRUDENCIA. Si en el escrito de agravios la parte recurrente (patrón) se limita a transcribir cierta tesis de jurisprudencia, con la finalidad de combatir las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida, pero sin expresar ningún razonamiento legal que permita establecer que el criterio que contiene cobra plena aplicación en el caso concreto, y que por ello debe ser tomado en cuenta para resolver; esa sola transcripción, no constituye propiamente un agravio y debe desestimarse."
Precisado lo anterior, debe indicarse que el recurrente aduce como violación a las normas del procedimiento que, conforme a lo establecido por el artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito estaba obligado a recabar de manera oficiosa las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, fueran necesarias para resolver el asunto, como lo fue en el caso el documento que acreditara el interés jurídico del quejoso y, como consecuencia, la inconstitucionalidad del acto reclamado, máxime que en su fallo indicó que no existía en autos algún otro medio de prueba que corroborara la documental que se ofreció junto con la demanda de amparo, consistente en la información testimonial desahogada ante notario público, por considerar insuficiente la copia simple del contrato privado de compraventa, misma que obra como copia certificada en el juicio de origen, y que debió recabar de oficio el Juez de Distrito.
Al respecto cabe decir que, ciertamente, conforme a lo establecido por el último párrafo del artículo 78 de la ley de la materia, el Juez de amparo deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. Sin embargo, lo relativo a la justificación del interés jurídico, al ser un elemento esencial para la procedencia del juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 4o., en relación con el diverso 73, fracción V, de la propia ley, la carga de la prueba de acreditarlo recae precisamente sobre éste, y no en el Juez de Distrito, por no ser una cuestión necesaria para resolver el asunto de fondo conforme a la litis del juicio sino, como se dijo, un requisito de procedencia del amparo que debe ser satisfecho por el mismo peticionario de garantías; esto de conformidad con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a./J. 1/2002, en la página quince, Tomo XV, febrero de dos mil dos, así como con la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible con el número XXVII.6 K, en la página mil treinta, Tomo XVIII, octubre de dos mil tres, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, respectivamente, dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." e "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías."
Ahora bien, independientemente de que la parte demandada en el juicio de origen, en su escrito de contestación se hubiere remitido al contrato privado de compraventa de treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y nueve, celebrado con el hoy quejoso, especificando las medidas y colindancias del inmueble y que, incluso, la actora en el procedimiento reivindicatorio generador de los actos reclamados hubiera sido declarada confesa ficta, entre otras, respecto de la celebración de dicho contrato; como quiera que sea y aun aceptando que las actuaciones de ese juicio tengan pleno valor por tratarse de documento público, lo que realmente importa es que la eficacia probatoria de las mismas repercute directamente al resultado del fallo en ese procedimiento judicial, pero no es apto para demostrar ahora fehacientemente el interés jurídico del quejoso pues, finalmente, el contrato de compraventa en cuestión, por mucho que haya sido reconocido por las partes en ese juicio ante la declaración de confesa ficta a la actora, no deja de ser un documento privado insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico de **********.
Lo anterior, tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 173/2006-PS, estableció que el interés jurídico en el amparo puede acreditarse con el contrato privado traslativo de dominio, siempre que las firmas impuestas por las partes contratantes sean ratificadas por éstas ante notario público, ya que es criterio reiterado de ese alto tribunal que un documento privado adquiere fecha cierta, entre otras hipótesis, desde el momento en que se presenta a un funcionario por razón de su oficio, en tanto que los notarios, entre sus funciones se encuentra la de dar fe pública para hacer constar actos y hechos jurídicos a los que los interesados pretendan otorgar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente; de ahí que un contrato privado de compraventa adquiere fecha cierta a partir de la ratificación ante notario público de las firmas del documento que lo contiene. Esto de conformidad con la jurisprudencia (que sostuvo dicha Sala en esa contradicción) número 1a./J. 96/2007, en la página ciento noventa y uno, Tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PUEDE ACREDITARSE CON EL CONTRATO PRIVADO TRASLATIVO DE DOMINIO CUYAS FIRMAS SE RATIFICAN ANTE NOTARIO, PORQUE ES UN DOCUMENTO DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un documento privado es de fecha cierta, entre otros supuestos, desde el momento en que se entrega a un funcionario en razón de su oficio. Ahora bien, entre las funciones de los notarios está la de dar fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad y fuerza probatoria, así como la de expedir las certificaciones que procedan legalmente, de manera que la certificación de una ratificación de firmas que calzan un contrato privado otorga la certeza de que al menos en la fecha en que ésta se efectúa, ya se había celebrado el acto traslativo de dominio, evitando con ello el riesgo de un fraude contra los acreedores. Así, mientras no se declare judicialmente su falsedad, la certificación del notario convierte al documento privado en uno público con valor probatorio pleno de la celebración del acto jurídico que se ratificó, no respecto del contenido del documento, pero sí en cuanto a la ratificación de las firmas; de ahí que constituye prueba suficiente para acreditar ante el juzgador que la propiedad del bien se transmitió antes de que se practicara el embargo que motiva la interposición del juicio de amparo, es decir, sirve para justificar la existencia de un agravio en contra del comprador ante la privación de su propiedad y, por tanto, para acreditar el interés jurídico para solicitar la protección constitucional."
Bajo este tenor, aun suponiendo que en autos del juicio de origen, el documento que contiene el contrato privado de compraventa a que alude el recurrente hubiera sido certificado por la autoridad judicial del conocimiento y que, con esa calidad, obre como constancia, de cualquier modo resulta insuficiente para justificar el interés jurídico del quejoso por no dejar de ser un documento privado, independientemente del supuesto de que se hubiera confrontado con su original, amén de que, como se dijo, las actuaciones en el procedimiento judicial generador de los actos reclamados tienen eficacia probatoria e influyen directamente en la resolución que ponga fin a ese juicio de origen pero, por sí misma, no acredita la propiedad del quejoso respecto del inmueble controvertido, ante la ineficacia de los documentos exhibidos para acreditar el dominio con el que se ostentó el hoy recurrente. Al caso tienen aplicación la tesis de este órgano colegiado, publicada con el número VI.2o.162 C, en la página ochocientos setenta y uno, Tomo VIII, agosto de mil novecientos noventa y ocho; la del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada con el número XXI.1o.9 L, en la página novecientos veintisiete, Tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, ambas de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; la del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable con el número IV.3o.131 C, en la página doscientos diez, Tomo XIII, enero de mil novecientos noventa y cuatro; y la del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible con el número VII.C.45 C, en la página quinientos noventa y dos, Tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, estas dos últimas de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que, respectivamente, dicen: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA NO ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO, AUN EN EL SUPUESTO DE QUE NO FUESE OBJETADO. Si quien se quejó en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, exhibió un contrato privado de compraventa; es correcto concluir que con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico, pues para que tal cosa ocurra resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo cual únicamente acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio, pues en caso contrario tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de que se duele el peticionario de garantías, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos.", "DOCUMENTOS PRIVADOS, CERTIFICACIÓN DE. NO TIENEN EL CARÁCTER DE PÚBLICOS. La circunstancia de que el secretario de acuerdos de la junta responsable haya hecho el cotejo o la certificación de las diversas documentales, no implica que deban tener el carácter de públicas, pues lo único que realizó tal funcionario es hacer constar que aquéllas concuerdan fielmente con su original que tuvo a la vista, que es una cuestión muy diferente a la formulación de aquellos documentos encomendados por la ley a un funcionario investido de fe pública, así como las que expida en ejercicio de sus funciones, en términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo; ahora bien, es evidente que el aviso rescisorio de la relación laboral, al no reunir los requisitos exigidos por el numeral de referencia, es un documento privado de los que alude el artículo 796 del propio ordenamiento legal, aunque haya sido certificado por el fedatario de referencia.", "DOCUMENTOS PRIVADOS, EL QUE OBREN EN UN EXPEDIENTE JUDICIAL NO LES OTORGA EL CARÁCTER DE PÚBLICOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).-El hecho de que una copia certificada de un documento privado esté integrada en autos de un expediente, relativa a un juicio, ello no le otorga el rango de documental pública conforme a los supuestos definidos por el artículo 287, fracciones II, V y VIII, del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, pues los documentos privados allegados por las partes a juicio, no pierden por esa circunstancia su naturaleza, dado que su inclusión en el sumario no es suficiente para que encuadren en alguna de las hipótesis antes invocadas, atento a que la fracción II del citado precepto se refiere a los documentos auténticos expedidos por funcionario público con motivo del ejercicio de su encargo; la fracción V, se refiere a la certificación de constancias preexistentes en archivos públicos; y la fracción VIII, menciona las actuaciones judiciales, las que de acuerdo a los artículos 19, 20, 21 y 31 del referido código procesal local, consiste en las diligencias, audiencias y resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales o por los funcionarios comisionados al efecto, por lo cual, no existen bases jurídicas para valorar como documental pública o documentos privados allegados por las partes en un juicio." y "COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA. LA CERTIFICACIÓN DE UNA COPIA DEL MISMO, HECHA POR ESA DEPENDENCIA, PARA USO DE LA COMPRADORA, NO LO CONVIERTE EN DOCUMENTO PÚBLICO.-El contrato de compraventa concertado entre la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y la ahora quejosa no se considera un documento público, en términos de lo dispuesto por el artículo 261, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz (testimonio de las escrituras públicas), por no haberse celebrado ante notario o cualquier otro fedatario, funcionario o autoridad que tenga facultades legales para ello, pues la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra intervino en ese acuerdo de voluntades como particular, y el hecho de que tal organismo hubiere certificado una copia de ese documento, para entregársele a la compradora, no lo convierte en público, pues sigue siendo un contrato privado de compraventa."
En ese orden de ideas, fue correcta la determinación del Juez de amparo por cuanto a que la documental pública consistente en el instrumento número ********** volumen ********** de la Notaría Pública Número Noventa y Tres del Distrito Federal, que exhibió el quejoso junto con su demanda de garantías, sólo justifica cuando más que al quejoso se le conoce indistintamente como ********** que fue el motivo de su elaboración, pero insuficiente por sí mismo para justificar el interés jurídico del hoy recurrente.
Y aun cuando para justificar ese extremo, es decir, la identidad del quejoso, se haya exhibido ante ese notario público el documento relativo al contrato privado de compraventa de treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta y nueve; el fedatario sólo dio fe de que se agregó al apéndice de esa acta fotocopia del convenio mencionado, sin que hubiere certificado haber tenido a la vista su original y a qué correspondía, máxime que en la copia fotostática se aprecia que en el documento aparece una leyenda puesta por el notario público número cuarenta de la ciudad de Puebla, expresando que dicha copia concuerda fielmente con su original. Es decir, se colige que ni siquiera se presentó en su original ante el notario público que elaboró el referido instrumento ********** (que es distinto de aquel que asentó la razón al calce).
Así las cosas, el Juez de Distrito a quo consideró que el multicitado contrato de compraventa fue exhibido en fotocopia simple y no en original; que por supuesto, es insuficiente para acreditar el interés jurídico del quejoso, conforme a las consideraciones que sustentan la sentencia que se revisa. Tanto más, que independientemente de ello, y aun aceptando como cierto lo que aduce el recurrente, de que el mencionado notario público número ciento noventa y tres del Distrito Federal al elaborar el citado instrumento ********** hubiera cotejado la copia que de aquel convenio se exhibió con su original, de cualquier modo al no haberse ratificado las firmas ante fedatario público, carece de fecha cierta y, en última instancia, es ineficaz para acreditar el interés jurídico de **********. Al caso tiene aplicación la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada con el número III.2o.A.54 K, en la página dos mil cuatrocientos noventa, Tomo XXVI, septiembre de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE UN DOCUMENTO PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS. NO PUEDE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA SI NO SE PRESENTÓ ANTE EL FEDATARIO PARA LA RATIFICACIÓN DE FIRMAS.-La certificación efectuada por un notario público en el sentido de que dio fe de que la copia de un documento privado de cesión de derechos es fiel reproducción de su original, no es apta para concluir que ante aquél se generó determinado acto jurídico de traslación de derechos, ni evidencia que ante él se ratificaron las firmas que en el citado documento se consignan, si éste no se presentó ante el fedatario para tal efecto. De ahí que la certificación de la copia de referencia no es suficiente para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, al carecer de fecha cierta."
No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que el Juez de Distrito a quo en la sentencia recurrida, a fin de abundar respecto de la falta de acreditación del interés jurídico del quejoso, hoy recurrente, agregó que lo anterior se corrobora si, además, se considera que no está demostrada la identidad entre el predio materia del juicio reivindicatorio y el que fue objeto de la compraventa a plazos, ya que en el contrato respectivo no se hizo constar la superficie, medidas y colindancias del lote objeto de la operación, que permitiera su comparación con la superficie territorial reclamada en reivindicación, razón de más para considerar que el quejoso no tenía que haber sido llamado a defender sus derechos en el procedimiento reivindicatorio de origen.
Dicha manifestación no fue objeto de impugnación en vía de agravios en la presente revisión, lo cual finalmente será motivo suficiente para sustentar el sentido del fallo que se revisa, mismo que al no haber sido impugnado frontalmente se mantiene firme para continuar rigiéndolo, ante la insuficiencia de los agravios hechos valer por el recurrente.
Las anteriores consideraciones conducen a confirmar el fallo sujeto a revisión.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.-Se sobresee el juicio de garantías promovido por ********** en contra del acto que reclamó del Juez Quinto de lo Civil de Puebla, el cual quedó transcrito en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Gustavo Calvillo Rangel, Raúl Armando Pallares Valdez y Ma. Elisa Tejada Hernández. Fue ponente el primero de los nombrados.
Conforme a lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21498-b13b576e/interes-juridico-en-el-amparo-el-documento-privado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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