DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR.
AMPARO EN REVISIÓN 63/2009. **********
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Los agravios son inoperantes en parte, e infundados en lo demás.
Merece el primer calificativo, el argumento por el que la inconforme manifiesta que la sentencia recurrida es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales.
Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio en el que ya analizó y resolvió ese tópico, en la jurisprudencia 35, que aparece publicada en la página 28 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que cobra aplicación y dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
De modo tal que con la aplicación de la jurisprudencia anterior se da respuesta íntegra al agravio formulado.
En otro aspecto, la quejosa **********, ahora recurrente, aduce, en síntesis, que en el acta de emplazamiento la diligenciaria asentó que la practicó el veintisiete de marzo de dos mil siete, a las trece horas, pero no indicó los minutos; que también asentó que a través de los vecinos se cercioró que el inmueble en que se constituyó era el domicilio de la demandada e, incluso, describió el inmueble pero, previamente, debía cerciorarse, plenamente, sin temor a equivocarse, que ese era su domicilio familiar a fin de no dejarla en estado de indefensión, ya que la diligenciaria no describió los domicilios ni a los vecinos; y que si ********** que fue la persona con quien se entendió la diligencia, no se identificó por negarse a hacerlo, resulta ilógico que la demandada viviera en el lugar que señaló el actor, así como que hubiera dicho que es su familiar.
Tales agravios son infundados.
Por principio debe decirse, que si en el acta que contiene el emplazamiento realizado con fecha veintisiete de marzo de dos mil siete, se hizo constar que se practicó a las trece horas, sin señalar los minutos, implica que se efectuó cuando eran exactamente las trece horas, por lo que no había necesidad de agregar otro dato.
De la aludida diligencia de emplazamiento se advierte, como legalmente consideró el Juez Federal, que la diligenciaria, previamente se cercioró que en el lugar en que se constituyó, correspondía al domicilio de la demandada, esto es, en la casa ubicada en el número ********** porque describió el número oficial por estar en color verde con negro, y el inmueble que constaba de tres niveles, con fachada color naranja y el portón de herrería blanco, y por el dicho de los vecinos, así como porque al tocar a la puerta entendió la diligencia con ********** quien manifestó que era familiar de la demandada, y que al solicitarle la presencia de ésta, le indicó que no estaba en ese momento, además de que describió la media filiación de la citada **********.
De donde se colige, como correctamente consideró el Juez de Distrito que, en la especie, se cumplió con el requisito del debido cercioramiento de que la persona que debe ser notificada, vive en la casa designada, previsto por el artículo 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque el dicho de los testigos se corroboró con lo que dijo la citada ********** quien fue la persona que se encontró en el mencionado domicilio, la cual adujo era familiar de la demandada, por lo que la omisión de la diligenciaria de describir a los vecinos y sus domicilios, no significa ausencia de cercioramiento, puesto que no existe algún precepto legal que obligue a describirlos.
Asimismo, el hecho de que la referida ********** se hubiera negado a identificarse, no torna ilógico que la demandada viviera en el lugar que señaló el actor, pues no existe dispositivo legal que imponga la obligación de que se identifique la persona con quien se entiende la diligencia, ni que hubiera indicado que era familiar de la demandada, ya que la diligenciaria se concretó a asentar lo que ésta le indicó, pero corrobora el hecho de que se cercioró de que en ese lugar es el domicilio de la demandada, porque se conoció por el dicho de una persona que dijo es su familiar.
La recurrente también sostiene que como pruebas ofreció el talón de pago del servicio de electricidad, para acreditar que habita en la calle ********** y a través de sus testigos demostró que en ese lugar vive desde marzo de dos mil siete a la fecha, así como que no conocen a la mencionada ********** con la cual se entendieron las diligencias que contienen el citatorio y el emplazamiento.
No asiste razón a la disconforme, en virtud de que el comprobante de pago de energía eléctrica sólo acredita, como legalmente apreció el Juez de Distrito, que se efectuó el pago por ese servicio, pero no la existencia de un domicilio, lo anterior atento a lo dispuesto por la tesis intitulada: "EMPLAZAMIENTO, CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE, LOS RECIBOS DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR QUE EL QUEJOSO TIENE SU DOMICILIO EN EL SEÑALADO EN ELLOS."
Y con respecto a la prueba testimonial se advierte que lo que declararon los testigos está en contradicción con lo que la recurrente manifestó en el capítulo de antecedentes del acto reclamado de su demanda de garantías, en el sentido de que el once de noviembre de dos mil ocho, cuando su hija ********** fue a cobrar la renta de ese mes a la casa número ********** se percató que la licenciada ********** tenía un documento dirigido a ella, por lo que tenía que entregar ciertos muebles; en cambio, sus testigos contestaron que cuando se vencía la renta, se la llevaban a la quejosa a la dirección en que actualmente vive; y otra contradicción consiste en que la impetrante dijo que el supuesto citatorio se lo entregaron a su madre, y los testigos declararon que no conocían a **********; lo cual, legalmente condujo al Juez Federal a negarles credibilidad a los testigos en cuestión, y a no tener por acreditado que el emplazamiento se realizó en un lugar que no era el domicilio de la quejosa.
Finalmente, la recurrente aduce que también exhibió comprobantes del pago predial y la copia certificada de su credencial de elector, para demostrar su domicilio.
Tal agravio es infundado, porque si bien es cierto que se ofrecieron y admitieron en el juicio de garantías las documentales que refiere, también lo es que con ellas no demuestra que su domicilio se encuentra en un lugar diverso a aquel en que fue emplazada.
Esto es así, porque el comprobante de pago del impuesto predial, únicamente acredita que se cubrió el mismo por el periodo que se señala en el propio documento, pero no justifica que la recurrente vive en el lugar que en él se indica, y la credencial de elector tampoco es un documento idóneo para acreditar el domicilio, porque el que en él se indica, se debe a los datos que el propio interesado proporciona al Instituto Federal Electoral, pues no exige que para expedirla se le acredite fehacientemente el domicilio. Sobre el particular, es aplicable la tesis sustentada por este mismo órgano colegiado, visible en la página 317 del Tomo XV-II, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "-Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria."
Siendo los agravios inoperantes en parte e infundados en lo demás, y no advirtiéndose alguna causa para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, debe confirmarse la sentencia que se revisa.
Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 90 y 91 de la Ley de Amparo y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia que se revisa.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** por su propio derecho, contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Rosa María Temblador Vidrio y Eric Roberto Santos Partido, ponente y del licenciado Iván García García, secretario en funciones de Magistrado.
Conforme a lo dispuesto por los artículos 8, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 2, fracciones XXI y XXIII, 4, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 37, 38, 39, 48, 49, 51, 69, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 y 92 del Acuerdo General Número 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21545-643f41d4/domicilio-no-puede-demostrarse-solo-mediante-una-credencial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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