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Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA. EL AUTO QUE LA ADMITE NO ES APELABLE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 73/2009. · Registro digital (IUS): 21549
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, , Pág. 1094.

AMPARO EN REVISIÓN 73/2009. **********

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Respecto a que la sentencia del Juez Federal es violatoria de los artículos 1o., 14 y 16 constitucionales, tal argumento es inoperante.

Ello es así, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las resoluciones que emiten los Jueces de Distrito se encuentran basadas en los preceptos de la Ley de Amparo, por lo que en las revisiones deben invocarse infracciones directas a dicha ley y no violaciones constitucionales, pues no resulta jurídico impugnar la resolución del Juez de amparo arguyendo que éste violó artículos constitucionales, cuando dicho juzgador actuó como órgano de control constitucional ya que, dada la naturaleza de su función, es antitécnico invocar violaciones a las garantías individuales por parte de dicho juzgador, por lo que, en un momento dado, lo que debe combatirse es la infracción a la Ley de Amparo.

Apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 2/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Tomo V de enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es de observancia obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo y que, en su rubro y texto, dispone:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

QUINTO.-Los restantes agravios son jurídicamente ineficaces para revocar el fallo sujeto a revisión, como se demostrará a continuación.

En efecto, todo lo alegado en el sentido de que el Juez Federal deberá apreciar las circunstancias del caso y el material probatorio; que el monto de la indemnización es discrecional del juzgador y que, por ello, tiene amplia jurisdicción para allegarse de las pruebas y poder condenar por daño moral; que no es lo mismo el daño moral por una publicación en un medio masivo de comunicación que el ataque sexual de un pederasta internacional y que, por ello, resulta improcedente que el Juez Federal asevere que no existe relación entre la prueba pericial con el estado emocional del demandado y la litis natural; y que, atento a ello, es inconstitucional que el Juez Federal deseche su prueba pericial en psicología, pues no hay ningún problema al ofrecerla para conocer la verdad de los hechos que es precisamente la actualización de la agresión al nombre, honor y dignidad de una persona ejecutada por un desequilibrado mental; es inoperante.

Ello es así, pues de la lectura que este Tribunal Colegiado lleva a cabo de la sentencia emitida por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, y que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, claramente puede advertirse que, contrario a lo estimado por el recurrente, el Juez Federal jamás concedió el amparo para el efecto de que dejara de admitirse la prueba pericial en psicología de mérito, siendo que la realidad de los hechos es que esa concesión se otorgó para que el Juez natural dejara insubsistente el auto de ********** (a través del cual -sin fundar ni motivar su determinación- admitió la prueba pericial en psicología que nos ocupa) y, en su lugar, dictara otro en el que, con plenitud de jurisdicción y fundando y motivando su determinación, resolviera sobre la admisión o el desechamiento de la prueba en cuestión y, para lo cual, debía tomar en consideración si a través de ella se lograban demostrar los elementos de la acción y la procedencia de las prestaciones reclamadas.

Esto es, el Juez Federal jamás se pronunció en el sentido -como equívocamente lo estima el recurrente- de que la prueba pericial en psicología ofrecida por él y a cargo del quejoso, debía ser desechada; tan es así que, se repite, otorgó plenitud de jurisdicción al Juez a quo para establecer de manera fundada y motivada si dicho medio de convicción resultaba admisible o no.

Atento a lo antes razonado, es que deviene inoperante todo lo argumentado por el recurrente con el fin de combatir el desechamiento de ese medio de prueba que, hasta ahora, no ha sido desechado.

Así, lo alegado en cuanto a que el criterio citado por el Juez Federal y que responde al rubro de: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA.", no es aplicable al caso, pues una prueba en genética nada tiene que ver con una prueba pericial en psicología; es infundado, ya que dicho criterio fue aludido por el Juez de amparo con el único fin de poner de manifiesto la trascendencia que cobra el desahogo de una prueba pericial en psicología en los derechos sustantivos del gobernado y que, por ello, la determinación de su admisión debía estar perfectamente fundada y motivada, para así evitar que su desahogo pudiera ocasionar al quejoso una afectación irreparable en sus derechos sustantivos.

Finalmente, lo manifestado en torno a que el quejoso no agotó -previo a la presentación de la demanda de amparo de mérito- el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías y, pese a ello, se admitió la misma y se le concedió el amparo violando el principio de equidad procesal, es infundado.

Como quedó narrado en los resultandos de este estudio, el juicio de origen es de naturaleza civil (ordinario civil), por tanto, lo concerniente a la admisión de las pruebas está regulada por lo dispuesto en el artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establece:

"Al día siguiente en que termine el periodo del ofrecimiento de pruebas, el Juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso el Juez admitirá pruebas o diligencias ofrecidas extemporáneamente, que sean contrarias al derecho o la moral, sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes, o hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 291 de este código.-Contra el auto que admita pruebas que se encuentren en algunas de las prohibiciones anteriores, procede la apelación en el efecto devolutivo, y en el mismo efecto se admitirá la apelación contra el auto que deseche cualquier prueba, siempre y cuando fuere apelable la sentencia en lo principal. En los demás casos no hay más recurso que el de responsabilidad."

Transcripción de la que se desprende, de manera taxativa, que el Juez jamás podrá admitir pruebas o diligencias:

1. Ofrecidas extemporáneamente;

2. Que sean contrarias al derecho o la moral;

3. Que versen sobre hechos que no hayan sido controvertidos por las partes;

4. Que versen sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles; o bien,

5. Que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (que dice: "Las pruebas deben ofrecerse expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de demostrar con las mismas así como las razones por los que el oferente estima que demostrarán sus afirmaciones, declarando en su caso en los términos anteriores el nombre y domicilio de testigos y peritos y pidiendo la citación de la contraparte para absolver posiciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 298 de este ordenamiento.")

Ahora bien, en el último párrafo del artículo 298 en cuestión, claramente se establece que en tratándose de asuntos del orden civil, sólo serán apelables, en el efecto devolutivo, los autos a través de los cuales:

A) Se deseche cualquier prueba; y,

B) Se admitan pruebas que no debían ser admitidas por el juzgador, mismas que quedaron precisadas en los incisos numéricos que anteceden.

Aclarando que, en los demás casos, no procederá más recurso que el de responsabilidad.

Puntualizado ello, debe decirse que como el auto en cuestión (aquel a través del cual se admitió una prueba pericial en psicología) no encuadra en ninguna de las hipótesis que se señalan en los incisos numéricos que anteceden, pues no se trata de una prueba que hubiera sido ofrecida de manera extemporánea, ni es una prueba contraria a derecho o a la moral, ni versa sobre hechos no controvertidos por las partes o sobre hechos imposibles o inverosímiles y, finalmente, tampoco se trata de una prueba que al ser ofrecida, hubieran dejado de cumplir los requisitos que al efecto marca el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; evidentemente que ese auto a través del cual se admitió, no es apelable y, en consecuencia, contrario a lo estimado por el recurrente, en la especie, no existía medio ordinario de defensa que agotar previo a acudir a solicitar el amparo de la Justicia de la Unión. De ahí lo infundado del motivo de disenso en análisis, y la inaplicabilidad de los criterios que citó y transcribió el revisionista en sus agravios.

En las narradas circunstancias, ante la ineficacia del agravio que se analizó y toda vez que el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no se controvierten cuestiones que afecten a menores ni a incapaces; no se advierte en contra del revisionista violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa; circunstancias que obligarían a este órgano colegiado a suplir la deficiencia de la queja de conformidad con lo establecido en el artículo 76 Bis, fracciones I, V y VI, de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar en sus términos la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República; 83, fracción IV, 85, fracción II y 91, fracción I, de la Ley de Amparo; y, 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra los actos que reclamó del Juez Quincuagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y actuarios adscritos a dicho juzgado, y que hizo consistir, respecto de la primera, en el acuerdo dictado ********** en el juicio ordinario civil número ********** y de las otras autoridades, en su ejecución.

Notifíquese; y, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad que los remitió y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido.

Así, lo resolvieron por mayoría de votos de los señores Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, licenciados Arturo Ramírez Sánchez (presidente y ponente) y Eliseo Puga Cervantes, en contra del voto emitido por la Magistrada Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo, quien se reserva su derecho de emitir voto particular.

Conforme a lo previsto en los artículos 13 al 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21549-fb27e1b5/prueba-pericial-en-psicologia-el-auto-que-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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