Corpus
Modo: Corpus Pro

SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, INCISO B), EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 31, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL INSTITUTO RELATIVO, QUE PREVÉN EL HABER DE RETIRO DIFERENCIADO ENTRE LOS MILITARES, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IGUALDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2074/2009. · Registro digital (IUS): 22196
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 739.

AMPARO EN REVISIÓN 2074/2009. **********.

CONSIDERANDO QUE:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 17, todos ellos del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de abril de dos mil ocho, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado.

Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.

SEGUNDO. Oportunidad del recurso. No es necesario analizar la oportunidad en la interposición del recurso, habida cuenta que el Tribunal Colegiado que conoció del asunto examinó dicha cuestión, concluyendo que el recurso de revisión fue presentado en los términos legalmente establecidos.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.

1. Conceptos de violación; cabe precisar que los quejosos reclamaron la constitucionalidad del artículo 31, fracciones I y III, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, haciéndola derivar de la hipótesis establecida en el inciso b) del artículo primero transitorio del decreto que lo reformó, tal y como se demuestra de la síntesis de los argumentos de su concepto de violación que enseguida se exponen:

a) El decreto reclamado es violatorio del artículo 1o. constitucional, toda vez que establece una desigualdad y discriminación en contra de los militares ya retirados con anterioridad a la publicación de dicho decreto con menos de treinta años de servicios, y una clase privilegiada para los ya retirados con treinta o más años de servicios, sin existir una ratio legis u ocasio legis que permita al legislador establecer tal diferencia.

Aducen que el beneficio sólo se establece a favor de los militares ya retirados con treinta o más años de servicios, que es obtener un incremento en su haber de retiro en un 15% o más, de acuerdo a los años de servicio, por cada año, a partir de dos mil ocho y hasta el dos mil once, que será con el porcentaje adicional que establece la fracción III del artículo 31, siendo que en ambos casos se trata de retirados.

Añaden que tal circunstancia sí establece discriminación en contra de los quejosos, porque ellos al igual que los retirados que tienen treinta o más años de servicios tienen una nota común, son ya retirados, por lo que al tener la misma calidad no es dable que una norma jurídica posterior que es general, abstracta e impersonal establezca ciertos beneficios económicos a favor de la misma clase de retirados, con la distinción de años de servicio.

Señalan que el trato desigual y privativo se da porque la norma está dirigida a un cierto grupo de retirados, que antes de la de entrada en vigor de dicho decreto se retiraron con treinta o más años de servicio, excluyendo a los retirados con menos de treinta años de servicio, por lo que se afecta la situación jurídica creada de estos últimos. Esto es, dicha norma crea un beneficio para una minoría y en perjuicio de otros, impidiendo a los que tienen menos de treinta años de servicio obtener un beneficio económico en la misma circunstancia.

b) Que se transgrede el artículo 13 constitucional, por tratarse de una ley privativa, ya que el ingreso extra al incremento de su haber de retiro del 15% anual o más a los jubilados con treinta o más años de servicio, tiene una vigencia temporal, sólo hasta el dos mil once; es decir, los efectos de dicha ley son temporales, no sobrevive a su aplicación, dando un trato preferencial porque en forma desigual a los retirados con anterioridad al decreto, les permite obtener un incremento anual del 15%, privando a los retirados con menos de treinta años de servicio de obtener tal beneficio.

c) Que el decreto reclamado viola el artículo 14 constitucional, porque tiene efectos retroactivos en su perjuicio, pues con la publicación de dicha ley, inmediatamente, a los retirados con menos de treinta años de servicios les cambia su situación jurídica preexistente, sacando de su esfera jurídica el elemento de igualdad entre los retirados, en el sentido de que todos los retirados perciben su haber de retiro conforme al tiempo de servicio en activo, pero su cuantificación era conforme al artículo 31 antes de la reforma y los incrementos eran iguales para todos en términos del artículo 23 de la misma ley; sin embargo, con este nuevo decreto se crea un estado de desigualdad excluyendo a los retirados con menos de treinta años del beneficio en términos del inciso b) del artículo primero transitorio del decreto.

2. Consideraciones de la Juez de Distrito. La Juez del conocimiento sobreseyó en el juicio con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, por actos negados, respecto de las autoridades señaladas como ejecutoras y con fundamento en el 74, fracción III, por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, todos de la Ley de Amparo, por falta de afectación a su interés jurídico.

3. Agravios. No se sintetizan los agravios hechos valer por los quejosos recurrentes, toda vez que éstos fueron dirigidos a controvertir el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito, de los cuales ya se ocupó el Tribunal Colegiado.

4. Resolución del Tribunal Colegiado. El órgano colegiado desestimó los argumentos de agravio relativos a controvertir el sobreseimiento por actos negados de las autoridades a las que se imputó la ejecución del artículo tildado de inconstitucional; estimó fundados los relativos a la actualización de la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, por lo que revocó la sentencia recurrida, desestimó las diversas causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables en sus informes justificados y, no advirtiendo ninguna otra causal de improcedencia que se actualizara, determinó que al subsistir la materia de constitucionalidad de los artículos 31 y primero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para el análisis correspondiente.

CUARTO. Problemática jurídica a resolver. La litis en el presente asunto consiste en determinar si el artículo primero transitorio, inciso b), del decreto de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en relación con el diverso 31, fracción III, de la misma ley, es violatorio o no de los artículos 1o., 13 y 14 constitucionales, al establecer un incremento adicional para los militares que se encuentren en situación de retiro con treinta o más años de servicios efectivos, no así para los que se encuentren en la misma situación, pero con menos de treinta años de servicios.

La Juez de Distrito sobreseyó en el juicio. Dicho sobreseimiento fue levantado por el Tribunal Colegiado, porque consideró que no se actualizaba ninguna causal de improcedencia.

QUINTO. Resolución del asunto. En este contexto, conforme al artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponderá a esta Sala el análisis de los argumentos hechos valer en los conceptos de violación, que no fueron analizados por el Tribunal Colegiado -y que se identifica más adelante-, relacionados con el tema de constitucionalidad del artículo 31, fracciones I y III, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en relación con el primero transitorio, inciso b), de la referida ley.

Consecuentemente, a fin de puntualizar los temas que serán analizados por esta Sala, a continuación se transcriben los artículos tachados de inconstitucionales por los quejosos:

"Artículo 31. Para integrar el monto total de:

"I. Haber de retiro, se tomará como base el porcentaje del haber del grado con que vayan a ser retirados y se adicionará a éste el 80% de dicho haber, más las primas complementarias del haber que les corresponda por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico, cuando las estén percibiendo los militares en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 24 de esta ley o bien al cumplirse el plazo a que se refiere la fracción V del mismo precepto, o a la fecha en que se formuló la solicitud mencionada en la fracción VI del artículo citado anteriormente;

"...

"III. A los militares que pasan a situación de retiro con 30 o más años de servicios efectivos, se les fijará el haber de retiro como se indicó en la fracción I, aumentando los porcentajes que se indican en la tabla siguiente:

Ver tabla 1

"Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que impliquen impacto económico, las cuales se aplicarán en los siguientes términos:

"a) A partir del 1 de enero de 2008, los haberes de retiro, compensaciones y pensiones se integrarán con el 80% a que se refieren las fracciones I y V del artículo 31 del presente decreto; a partir de la citada fecha, dicho porcentaje sustituirá al 70% que vienen percibiendo los militares que se encuentren en situación de retiro con derecho al pago de haber de retiro y al 60% que perciben los pensionistas.

"Para efectos del párrafo anterior, el porcentaje aumentará del 70% al 75% en el año 2008 y, a partir del año 2009, se alcanzará el porcentaje del 80%.

"b) Los militares que pasen a situación de retiro y los que se encuentren en dicha situación con 30 o más años de servicios efectivos, a partir del mes de enero de 2011 percibirán su haber de retiro con el total del porcentaje adicional que se establece en la fracción III del artículo 31; para dicho efecto, a partir del mes de enero de 2008 se aplicará al monto del haber de retiro integrado con la suma de los conceptos a los que se refiere la fracción I del citado numeral; el porcentaje para cada año se indica en la tabla siguiente:

Ver tabla 2

"Los porcentajes que se señalan para los militares con 45 o más años de servicios efectivos, sustituirán al porcentaje adicional del 10% que se les viene cubriendo. ..."

De la lectura de los artículos transcritos se advierte que el 31, en su fracción I, establece la forma en que se integra el monto total del haber de retiro, que es la prestación económica vitalicia a que tienen derecho los militares retirados; así, dicha fracción dispone que para integrar dicho haber se toma como base el porcentaje del haber de grado con que vayan a ser retirados, y se adicionará a éste el 80% de dicho haber, más las primas complementarias del haber que les corresponda por condecoraciones de perseverancia ya otorgadas, así como las asignaciones de técnico, de vuelo, de salto o técnico especial y aquellas otras asignaciones de técnico, cuando las estén percibiendo los militares en el momento en que ocurra alguna de las causales de retiro señaladas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 24 de la misma ley, o bien, al cumplirse el plazo a que se refiere la fracción V del mismo precepto, o a la fecha en que se formuló la solicitud mencionada en la fracción VI del artículo citado anteriormente.

El haber de retiro determinado conforme a la referida fracción I, comentada, se incrementará al mismo tiempo y en igual proporción en que aumenten los haberes de los militares en activo, conforme al artículo 23 de la misma ley.

La fracción III del artículo 31 de la ley que nos ocupa, antes transcrito, establece un incremento adicional al haber de retiro determinado conforme a la referida fracción I, para los que se retiren con treinta o más años de servicios efectivos, consistente en un porcentaje adicional, que se aumenta conforme a los años de servicios prestados, conforme a la tabla que en dicha fracción se establece, comenzando para los que se retiren con treinta años de servicios efectivos con un porcentaje del 60%, y aumentando de acuerdo a los años de servicios prestados hasta llegar al 90%.

Por su parte, el artículo primero transitorio antes citado dispone que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación (veintiuno de noviembre de dos mil ocho); salvo las disposiciones que impliquen un impacto económico (como entre otros, es el caso que nos ocupa), pues de lo que se duelen los quejosos es del aumento en el porcentaje adicional que se establece para los militares retirados con treinta o más años de servicios efectivos.

Así, para la aplicación del aumento del 70% al 80% para integrar los haberes de retiro conforme a la fracción I del artículo 31, en el inciso a) del referido artículo transitorio, se estableció que para el año de dos mil ocho dicho porcentaje, tanto para los que se retiren o los que ya se encuentren en dicha situación, aumentaría en un 75%, y a partir de dos mil nueve se alcanzaría el porcentaje del 80%.

Por su parte, el artículo primero transitorio, en su inciso b), antes transcrito, establece que a partir de enero de dos mil once los que pasen a situación de retiro y los que se encuentren en dicha situación con treinta o más años de servicios efectivos percibirán su haber de retiro con el total del porcentaje adicional que se establece en la fracción III del artículo 31, y para ello establece un incremento en porcentajes gradual anual al haber de retiro integrado conforme a la fracción I del referido artículo 31, de 15% hasta llegar al 60%, en dos mil once, para los retirados con treinta años, el cual se incrementa hasta llegar a 90%, según los años de servicios efectivos.

Ahora bien, de la lectura de los argumentos del único concepto de violación se advierte que los quejosos consideran injustificada la distinción que se establece en el inciso b) del artículo primero transitorio, esto es, la realizada entre los militares ya retirados con anterioridad a la publicación del decreto con menos de treinta años de servicios, manifestando un trato preferencial o privilegio para los ya retirados con treinta o más años de servicios, sin existir una razón que permita al legislador establecer tal diferencia, por lo que consideran que tal desigualdad es discriminatoria respecto de los ya retirados con menos de treinta años de servicios.

Con base en lo anterior, esta Sala considera que la cuestión efectivamente planteada por los quejosos obliga en la presente instancia a analizar si el inciso b) del artículo primero transitorio, en relación con el artículo 31, fracción III, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de noviembre de dos mil ocho, viola el principio de igualdad establecido en el artículo 1o., en relación con el 13 de la Constitución Federal y no estrictamente el contenido constitucional que prohíbe al legislador la emisión de leyes privativas.

El análisis de este punto hace necesario traer a colación los criterios sostenidos por esta Primera Sala para analizar aquellos argumentos que apunten la inconstitucionalidad de un tratamiento diferenciado establecido en las normas secundarias.

Esta Sala ha señalado que la igualdad se configura en nuestra Constitución como uno de los principios estructurales del orden jurídico, que ha de servir como criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación.

En nuestro ordenamiento jurídico, la igualdad es un principio complejo, pues no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley, sino también en la ley, es decir, en relación con el contenido de ésta, la cual tendrá que ajustarse a las disposiciones constitucionales sobre igualdad para ser constitucional, por lo que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido.

A los efectos de realizar el control de constitucionalidad de las leyes en casos en los que se planteen cuestiones de igualdad, lo esencial es explicitar sobre la base de qué criterios y con qué fines deben considerarse iguales o desiguales dos o más situaciones, sólo así será posible marcar la necesaria diferencia entre las distinciones que son constitucionalmente legítimas y aquellas que son constitucionalmente ilegítimas y caen dentro de la prohibición de discriminación establecida de modo específico en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución.

Lo anterior es conforme con lo que esta Primera Sala estableció en la tesis de rubro y texto siguientes:

"IGUALDAD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE ESTE PRINCIPIO. El derecho fundamental a la igualdad instituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no pretende generar una igualdad matemática y ciega ante las diferentes situaciones que surgen en la realidad, sino que se refiere a una igualdad de trato ante la ley. Si bien el emisor de la norma puede prever situaciones fácticas que requieren un trato diferente, éste debe sustentarse en criterios razonables y objetivos que lo justifiquen, sin dejarlo al capricho o voluntad del legislador. Además, la igualdad designa un concepto relacional y no una cualidad intrínseca, ya que es una relación que se da al menos entre dos personas, objetos o situaciones, y siempre es resultado de un juicio que recae sobre una pluralidad de ‘términos de comparación’, los cuales, así como las características que los distinguen, dependen de la determinación por el sujeto que efectúa dicha comparación, según el punto de vista del escrutinio de igualdad. Así, la determinación del punto desde el cual se establece cuándo una diferencia es relevante será libre mas no arbitraria, y sólo a partir de ella tendrá sentido cualquier juicio de igualdad."(7)

Esta Primera Sala ha determinado que esta evaluación exige la constatación de tres pasos:

En primer lugar, es necesario determinar si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario analizar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionalmente afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.

El anterior criterio encuentra sustento en la jurisprudencia de esta Primera Sala de rubro y texto siguientes:

"IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro Texto Constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado."(8)

Por último, es de gran importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del principio mencionado.

Lo anterior obliga a afirmar que la individualización de la relación respecto de la cual se predica la igualdad es necesaria para determinar la intensidad del escrutinio que debe realizar esta Suprema Corte. Así se ha determinado que siempre que la acción clasificatoria del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. Esta misma intensidad también deberá aplicarse cuando se realicen distinciones utilizando alguna de las categorías enumeradas en el artículo 1o. constitucional (origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias y estado civil) o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas.(9)

Esta Sala ha considerado que la necesidad de distinguir la intensidad con la cual deben evaluarse las distinciones legislativas impugnadas obedece al mismo diseño constitucional. En efecto, los principios democrático y de división de poderes, informadores de la estructura estatal, implican que los poderes públicos sean titulares de un listado de facultades de creación normativa con distintos grados de libertad de configuración. Mientras que en algunas cuestiones las autoridades tendrán un margen muy acotado para desplegar sus facultades legislativas, típicamente aquellas referidas a las garantías individuales, en otras, tendrán facultades que podrán llevarlas a cabo con gran amplitud, en materia de política económica y tributaria.

El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que todo individuo debe gozar de las garantías que en ella se otorgan, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma establece. Lo anterior, ha determinado esta Sala, evidencia la voluntad constitucional de asegurar en los más amplios términos el goce de los derechos fundamentales y, particularmente importantes para el presente caso, que las limitaciones a los mismos sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les atribuye.

Con base en lo anterior, es claro que las facultades legislativas ejercidas para regular las restricciones a las garantías individuales constitucionalmente permitidas tienen un grado de configuración normativo muy acotado.

Sin embargo, en el presente caso, esta Sala estima que no procede realizar un escrutinio de igualdad estricto, por las siguientes razones:

Desde esta perspectiva, es importante hacer notar, en primer lugar, que la norma impugnada no introduce una clasificación legislativa articulada alrededor de una de las categorías mencionadas en el artículo 1o. de la Constitución como motivos prohibidos de discriminación.

El inciso b) del artículo primero transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en relación con el numeral 31, fracción III, de la misma ley, distingue entre dos grupos de personas: los militares ya retirados o que pasen a una situación de retiro con treinta o más de servicios efectivos y aquellos que tengan menos de treinta años de servicios. El criterio de distinción utilizado por la ley no es el origen étnico o nacional, el género, la edad, el hecho de tener capacidades diferentes, la religión, el estado civil, ni cualquier otra que permita identificar a una categoría de personas que compartan o hayan históricamente compartido, en una serie de contextos relevantes, una condición de exclusión o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La norma impugnada distingue entre unos individuos y otros por los años de servicios efectivos prestados, sin que pueda decirse tampoco que la norma se articula en torno a un elemento que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. No hay pues, desde esta perspectiva, razones que obliguen a esta Suprema Corte a ser especialmente exigente en el examen de la razonabilidad de la distinción legislativa impugnada.

La disposición reclamada no incide de un modo central y determinante en el derecho a gozar de la prestación consistente en el haber por retiro, pues éste como ya se indicó, se integra conforme lo establece la fracción I del artículo 31 de la ley en comento, y el requisito introducido por la norma impugnada no es una condición para continuar gozando o gozar del haber por retiro así integrado; sino que se trata de un beneficio adicional para que los militares retirados o que vayan a retirarse con treinta años o más de servicio activo puedan disfrutar de un beneficio adicional, atento a la permanencia en el servicio prestado.

Por todo ello, esta Sala debe someter el precepto impugnado a un escrutinio de constitucionalidad ordinario, en cuyo contexto descartar el carácter discriminatorio de una norma exige comprobar que el establecimiento de las distinciones legislativas examinadas persigue una finalidad constitucionalmente admisible, resulta racional para la consecución de tal finalidad, y constituye además un medio proporcional que evita el sacrificio innecesario de otros bienes y derechos.

Los quejosos afirman que el inciso b) del artículo primero transitorio, en relación con el diverso 31, fracción III, de la ley reclamada, establece privilegios y tratos diferenciados e injustificados entre los militares ya retirados con treinta años de servicios o más y excluye a los que no tengan esos años de servicios, privándoles de ese beneficio adicional sin justificación alguna.

Para esta Sala, el artículo primero transitorio, inciso b

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22196-a021664a/seguridad-social-para-las-fuerzas-armadas-mexicanas-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.