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SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 27, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL UTILIZAR LA EXPRESIÓN "CUALQUIERA OTRA CANTIDAD O PRESTACIÓN QUE SE ENTREGUE AL TRABAJADOR POR SU TRABAJO", NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2042/2009. · Registro digital (IUS): 22285
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, , Pág. 235.

AMPARO EN REVISIÓN 2042/2009. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por una Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que si bien subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de dos mil nueve, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad. No es necesario realizar el cómputo relativo a la interposición del recurso de revisión, toda vez que el Tribunal Colegiado ya hizo el pronunciamiento de que el mismo fue presentado oportunamente.

TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto.

1. Conceptos de violación. Del análisis de la demanda, por ser un todo, se advierte que la parte quejosa aduce que la falta de refrendo por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, provoca que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de dos mil nueve, por virtud del cual entró en vigor el artículo 27 de la Ley del Seguro Social que se reclama, carezca de eficacia jurídica, pues en términos del artículo 92 de la Constitución Federal, todos los decretos del presidente de la República deberán estar firmados por el secretario de Estado, a quien el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos argumentos que constituyen un concepto de violación.

Por otra parte, en el capítulo de conceptos de violación, la quejosa alegó la inconstitucionalidad del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, en los términos que enseguida se sintetizan:

El artículo 27 de la Ley del Seguro Social es violatorio del principio de legalidad tributaria regulado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que consideró que no se encuentra debidamente definido en su texto el concepto salario base de cotización, afectándose de manera directa el elemento esencial relativo a la base de la contribución, aportaciones de seguridad social, que el quejoso -en su carácter de patrón- se encuentra obligado a pagar por sus trabajadores.

El legislador al referirse a "cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo", dentro de la definición que trató de fijar del salario base de cotización, recurrió a una fórmula general y vaga que propicia indefinición e inseguridad jurídica, toda vez que el contribuyente patrón no sabe qué tipo de pago y/o ingreso para el trabajador puede eventualmente considerarse como salario base de cotización.

No se precisa con exactitud la base del gravamen, dejando a las autoridades administrativas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que de forma arbitraria y caprichosa, determinen el hecho imponible (obtención del ingreso) y, por tanto, fijen o establezcan la base gravable y la contribución (aportaciones de seguridad social) a pagar; cuando únicamente debieran aplicar la disposición que defina estrictamente la base de la contribución, en términos del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, y no complementar, adicionar y/o interpretar lo que debió establecer el legislador con relación a los elementos integrantes de la contribución.

2. Consideraciones de la Juez de Distrito. La sentencia recurrida, en la parte que interesa para la materia del presente asunto, en síntesis, se apoyó en las siguientes consideraciones:

a) Determinó la certeza de los actos reclamados.

b) Desestimó las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables: presidente de la República -artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo-; secretario de Hacienda y Crédito Público -artículo 73, fracción XVIII-; y Cámara de Senadores -artículo 73, fracciones V y VI-.

Estimó que no existían causales de improcedencia que tuviera que estudiar de oficio y procedió al estudio de fondo del asunto.

c) Determinó infundado el concepto de violación en el que la parte quejosa planteó la falta de refrendo por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, lo cual, dijo, provoca que el decreto reclamado carezca de eficacia jurídica. Para ello, se fundó en la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN EL DE LAS LEYES APROBADAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN."

d) Declaró infundado el planteamiento del quejoso en el que aduce que se viola en su perjuicio la garantía de legalidad prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque el artículo 27 de la Ley del Seguro Social no define debidamente el concepto de salario base de cotización.

Para ello, precisó que si bien el principio de legalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, exige que la determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su objeto y, en general, sus elementos esenciales, deben establecerse en la ley; también lo es que para ello, es suficiente que en ésta se precisen en forma razonable, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales, sin llegar al extremo de exigir que el legislador defina, como si formulara un diccionario, cada una de las palabras que emplea.

Así, concluyó que, además, el precepto reclamado sí señala qué es el salario base de cotización y para sostener su aserto transcribió la primera parte del citado artículo. En apoyo a sus consideraciones, citó las tesis de rubros: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTÉ OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY." y "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR."

En esos términos, negó el amparo solicitado.

3. Agravios. En el agravio del recurso de revisión, el quejoso recurrente aduce que la sentencia que reclama no se encuentra ajustada a derecho, ya que contraviene lo previsto por los artículos 77, fracción I y 80 de la Ley de Amparo, toda vez que:

Para el juzgador inferior, es suficiente que en la ley se precisen en forma razonable los elementos esenciales de las contribuciones, de manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales.

No asiste razón al juzgador, ya que no atiende de manera clara y precisa al acto reclamado, consistente en el señalado artículo 27 de la Ley del Seguro Social vigente, en la forma y términos en que se probó que el mismo resulta inconstitucional por violentar el principio de legalidad tributaria tutelado por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Lo anterior debido a que al referir "y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo", dentro de la definición que trató de fijar del concepto fiscal de salario base de cotización, recurrió a una formula general y vaga que propicia indefinición e inseguridad jurídica, toda vez que el contribuyente-patrón no sabe qué tipo de pago y/o ingreso para el trabajador, puede eventualmente considerarse como salario base de cotización.

No es óbice el argumento del juzgador, pues para que los gobernados tengan la obligación de pagar las contribuciones para cubrir el gasto público, es necesario que los elementos esenciales de las contribuciones, dígase sujetos, objetos, bases, tasas o tarifas, se encuentren establecidos estrictamente en una ley formal y material, de manera que no quede al arbitrio de las autoridades fiscales determinar o alterar esos elementos esenciales del tributo.

Por ende, contrario a la afirmación del juzgador, no tienen aplicación las tesis de jurisprudencia que refiere en el texto de la sentencia que se reclama, de rubros: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. DICHA GARANTÍA NO EXIGE QUE EL LEGISLADOR ESTÉ OBLIGADO A DEFINIR TODOS LOS TÉRMINOS Y PALABRAS USADAS EN LA LEY." y "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE LOS VICIOS EN LA REDACCIÓN Y PRECISIÓN DE TÉRMINOS EN QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO PUEDA INCURRIR."

Contrario a lo que estima el juzgador, resulta del todo claro, objetivo, contundente e irrebatible, que en el primer párrafo del artículo 27 de la Ley del Seguro Social vigente, no se encuentra plenamente identificado el elemento esencial de la contribución, aportaciones de seguridad social, a que se refiere el artículo 2o., fracción II, del Código Fiscal de la Federación, consistente en la base, en la razón de que la expresión "y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo", es una vestidura exterior para establecer a placer, a discrecionalidad de arbitrio, a capricho, de manera arbitraria, de manera antijurídica, de manera antiética, y de manera alejada de la constitucionalidad, el hecho imponible de las aportaciones de seguridad social que los patrones deben pagar por sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Siendo coincidentes las tesis de jurisprudencia de rubros: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY."; "IMPUESTOS. SUS CARACTERES, FORMA, CONTENIDO Y ALCANCES DEBEN CONSIGNARSE EN LA LEY."; e "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

De la misma forma es aplicable la tesis de rubro: "RENTA. EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY RELATIVA, AL NO PRECISAR CUÁLES SON LOS ‘INGRESOS DISTINTOS’ OBJETO DEL GRAVAMEN, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES)."

Lo anterior, aunado a que el mismo criterio fue adoptado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión **********, promovido por la Procuraduría Fiscal de la Federación, dentro del juicio de amparo indirecto hecho valer por **********.

Se reitera que el salario base de cotización que trata de definir el primer párrafo del artículo 27 de la Ley del Seguro Social vigente, es un concepto eminentemente fiscal, por lo que no es lo mismo, ni equivale al salario integrado que se encuentra regulado en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no resultaría aplicable la tesis de rubro: "SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5 A, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. ES EQUIVALENTE AL SALARIO INTEGRADO DEFINIDO EN EL ARTÍCULO 84 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."

Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "SALARIOS CAÍDOS EN CASO DE REINSTALACIÓN. DEBEN PAGARSE CON EL SALARIO QUE CORRESPONDE A LA CUOTA DIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO MÁS TODAS LAS PRESTACIONES QUE EL TRABAJADOR VENÍA PERCIBIENDO DE MANERA ORDINARIA DE SU PATRÓN.", determinó que de lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo y de manera ordinaria y permanente, es decir, todo aquello que habitualmente se sume a la cuota diaria estipulada como consecuencia inmediata del servicio prestado, ya sea que derive del contrato individual de trabajo, del contrato colectivo o de cualquier otra convención e incluso de la costumbre, también es del todo cierto, como ya ha quedado dicho, esa definición derivó de una controversia de índole laboral, mas no de carácter constitucional fiscal.

4. Resolución del Tribunal Colegiado. El órgano colegiado, no advirtiendo ninguna causal de improcedencia que se actualizara, determinó que se abstenía de analizar los conceptos de agravio expresados por el quejoso recurrente, ya que en el caso, subsiste la materia de constitucionalidad del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, por no existir criterio jurisprudencial sobre tal precepto, por lo que reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para su conocimiento.

CUARTO. Precisión de la litis. La litis en el presente asunto consiste en determinar si el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de dos mil nueve, es o no violatorio del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por considerar que no se encuentra debidamente definido el concepto salario base de cotización.

QUINTO. Resolución del asunto. A fin de dar respuesta al agravio arriba sintetizado, es conveniente transcribir el artículo 27 de la Ley del Seguro Social.

"Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

"I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares;

"II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical;

"III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;

"IV. Las cuotas que en términos de esta ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de la empresa;

"V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal;

"VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;

"VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;

"VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y

"IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.

"Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón.

"En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas prestaciones rebase el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de cotización."

Como se observa de su contenido, el artículo antes citado establece de manera ejemplificativa algunos conceptos que forman parte del salario base de cotización, a saber:

a) Pagos hechos en efectivo por cuota diaria.

b) Gratificaciones.

c) Percepciones.

d) Alimentación

e) Habitación.

f) Primas.

g) Comisiones.

h) Prestaciones en especie.

i) Cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.

A su vez, el artículo en comento señala qué conceptos se excluyen como integrantes del salario base de cotización dada su naturaleza, siempre y cuando se encuentren debidamente registrados en la contabilidad del patrón, y son:

• Los instrumentos de trabajo.

• El ahorro cuando se integra por una parte del trabajador y otro de la empresa con posibilidad de retiro cuando mucho dos veces al año.

• Cantidades para fines sociales de carácter sindical.

• Aportaciones adicionales de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

• Las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y el reparto de utilidades.

• Alimentación y habitación onerosa (se entiende por onerosa cuando su importe es superior al 20% del salario mínimo del Distrito Federal por cada una).

• Despensas en especie o en dinero cuando su importe sea máximo del 40% del salario mínimo del Distrito Federal.

• Premios de asistencia y puntualidad si cada uno de ellos no rebasa el 10% del salario base de cotización.

• Cantidades entregadas para fines sociales (planes de pensión).

• El tiempo extra siempre y cuando esté dentro de los límites legales establecidos por la Ley Federal del Trabajo.

El artículo en comento está dirigido a proteger los derechos de seguridad social de los trabajadores, y será la base para determinar el monto de las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, por ende, la base para el cálculo de las prestaciones en dinero a que tiene derecho el trabajador o sus beneficiarios legales.

Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el agravio hecho valer es infundado, pues como lo apreció la Juez del conocimiento, el artículo citado no es violatorio de la garantía de legalidad tributaria, atento a lo siguiente:

El quejoso aduce, sustancialmente, que el artículo 27 de la Ley del Seguro Social es inconstitucional, porque de acuerdo con el principio de legalidad tributaria, para que una contribución sea constitucional, debe ser creada por una ley y sus elementos deben estar debidamente establecidos en ella. De ahí que si en dicho artículo no se encuentra plenamente identificado, uno de los elementos esenciales de la contribución, aportaciones de seguridad social, consistente en la base, en tanto que el legislador introduce la expresión "y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo", dentro de la definición en que trató de fijar del concepto fiscal salario base de cotización, vulnera el principio de legalidad tributaria tutelado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

De la lectura del artículo se advierte que si bien, como lo sostiene el quejoso, al establecer cómo se integra el salario base de cotización, el legislador, entre otros conceptos, se refiere a "cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo", con ello no se viola el principio de legalidad tributaria.

En efecto, tal como lo sostuvo la Juez de Distrito del conocimiento, esta Suprema Corte ha sostenido que si bien es deseable que en las leyes no exista ambigüedad ni confusión, la inconstitucionalidad de una norma no deriva de la falta de definición de algún término o concepto indeterminado, ni de los vicios o imprecisiones en su redacción, pues las leyes no son diccionarios.

En ese sentido, la expresión "y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo" no genera inseguridad jurídica para el patrón contribuyente, porque sería imposible que el legislador estableciera un listado o catálogo de todos los conceptos o prestaciones que podrían formar parte del salario base de cotización, pues sería una imposibilidad fáctica, y contrario a la técnica legislativa, que el legislador estableciera todos los conceptos que un patrón podría otorgar a un trabajador por su trabajo.

Lo anterior, es conforme a lo que esta Primera Sala estableció en las jurisprudencias de rubros y textos siguientes:

"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO PUEDE DERIVAR EXCLUSIVAMENTE DE LA FALTA DE DEFINICIÓN DE LOS VOCABLOS O LOCUCIONES UTILIZADOS POR EL LEGISLADOR.-Es cierto que la claridad de las leyes constituye uno de los imperativos apremiantes y necesarios para evitar o disminuir su vaguedad, ambigüedad, confusión y contradicción; sin embargo, de un análisis integral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega a la conclusión de que ninguno de los artículos que la componen establece, como requisito para el legislador ordinario, el que en cada uno de los ordenamientos secundarios -considerando también a los de la materia penal- defina los vocablos o locuciones ahí utilizados. Lo anterior es así, porque las leyes no son diccionarios y la exigencia de un requisito así, tornaría imposible la función legislativa, pues la redacción de las leyes en general se traduciría en una labor interminable y nada práctica, teniendo como consecuencia que no se cumpliera, de manera oportuna, con la finalidad que se persigue con dicha función. De ahí, que resulte incorrecto y, por tanto, inoperante, el argumento que afirme que una norma se aparta del texto de la Ley Fundamental, porque no defina los vocablos o locuciones utilizados, pues la contravención a ésta se debe basar en aspectos objetivos que generalmente son los principios consagrados en ella, ya sea prohibiendo una determinada acción de la autoridad en contra de los particulares gobernados y ordenando la forma en que deben conducirse en su función de gobierno. Además, del análisis de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Carta Magna, se advierte el reconocimiento, por parte de nuestro sistema jurídico, de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica que, con motivo de las imprecisiones y oscuridades que puedan afectar a las disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance, pero no condiciona su validez al hecho de que sean claras en los términos que emplean."(3)

"LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS.-Los conceptos jurídicos no escapan a la indeterminación que es propia y natural del lenguaje, cuya abstracción adquiere un sentido preciso cuando se contextualizan en las circunstancias específicas de los casos concretos. En estos casos el legislador, por no ser omnisciente y desconocer de antemano todas las combinaciones y circunstancias futuras de aplicación, se ve en la necesidad de emplear conceptos jurídicos indeterminados cuyas condiciones de aplicación no pueden preverse en todo su alcance posible porque la solución de un asunto concreto depende justamente de la apreciación particular de las circunstancias que en él concurran, lo cual no significa que necesariamente la norma se torne insegura o inconstitucional, ni que la autoridad tenga la facultad de dictar arbitrariamente la resolución que corresponda pues, en todo caso, el ejercicio de la función administrativa está sometido al control de las garantías de fundamentación y motivación que presiden el desarrollo no sólo de las facultades regladas sino también de aquellas en que ha de hacerse uso del arbitrio."(4)

En efecto, del análisis de lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo y 72, inciso f), de la Constitución Federal, se advierte el reconocimiento de la necesidad de que existan métodos de interpretación jurídica para establecer el sentido y alcance de los preceptos legales, pero lo anterior no condiciona su validez al hecho de que sean claras en los términos que plantean.

En este orden de ideas, no asiste razón al quejoso al considerar que con la expresión "y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo", el legislador utiliza una fórmula general y vaga que propicia indefinición e inseguridad jurídica, toda vez que el contribuyente-patrón no sabe qué tipo de pago y/o ingreso para el trabajador puede eventualmente considerarse como salario base de cotización.

De manera analógica, resulta aplicable la siguiente tesis aislada de esta Primera Sala, por el criterio que informa:

"RENTA. EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL INCLUIR LA EXPRESIÓN ‘O DE CUALQUIER OTRO TIPO’ NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.-El artículo identificado dispone que las personas morales residentes en el país acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Ahora bien, a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al incluir la expresión ‘o de cualquier otro tipo’, no viola la garantía de legalidad tributaria contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no hace genérico el objeto del impuesto ni constituye una cláusula abierta para que la autoridad determine arbitrariamente esos ingresos, sino que dicho término se refiere a los demás ingresos que modifican positivamente el patrimonio de los contribuyentes, en los términos que prevé la ley citada, sin que deba existir una disposición que expresamente contenga la lista exhaustiva de todos los conceptos que han de considerarse como ingreso gravable. Lo anterior es así, en razón de que la interpretación del concepto ‘ingreso’ en el referido ordenamiento legal exige una regla amplia para los residentes en territorio nacional, incluyente de la totalidad de los ingresos, excepto los específicamente excluidos por el legislador."(5)

Lo anterior, porque de manera enunciativa, el legislador menciona qué conceptos forman parte del salario base de cotización, de forma ejemplificativa, y excluye para tal efecto determinados conceptos que no formarán parte, es decir, a contrario sensu, todas las cantidades o prestaciones que no estén en el listado de excluyentes, formarán parte del referido salario.

Así, resulta claro que no causa perjuicio alguno al patrón contribuyente el hecho de que el legislador haya utilizado la expresión "cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo", pues de conformidad con el artículo 15, fracción II, de la Ley del Seguro Social,6 es el patrón quien se encuentra obligado a conocer cuáles son esas otras prestaciones que entrega al trabajador por su trabajo.

Por lo anterior, el artículo en comento no genera inseguridad jurídica al quejoso ni viola el principio de legalidad tributaria, ya que la autoridad administrativa se encontraría imposibilitada para integrar al salario base de cotización de manera arbitraria con cualquier otro concepto, pues de llegar a hacerlo, ello implicaría un problema de legalidad del acto, pero no de constitucionalidad.

De esta forma, a juicio de esta Primera Sala, la expresión "y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo" que, entre otros conceptos, integra el salario base de cotización, no es vaga ni ambigua, por ende, el artículo 27 de la Ley del Seguro Social no transgrede el principio de legalidad tributaria, ya que la noción de salario base de cotización está debidamente acotada, por tanto, no deja margen a la autoridad administrativa para actuar de manera arbitraria.

En este orden de ideas, resultan inaplicables los criterios que invoca el recurrente.

Cabe destacar que en el asunto de mérito, no subsiste tema de legalidad que analizar.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión, competencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de dos mil nueve.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: José Ramón Cossío Díaz (ponente), Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Sergio A. Valls Hernández. Ausente el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

______________

3. Jurisprudencia 1a./J. 83/2004, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, octubre de 2004, página 170.

4. Jurisprudencia 1/2006, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 357.

5. Tesis 1a. CXCI/2006, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, enero de 2007, página 480.-Amparo directo en revisión 1504/2006. Cómputo Intecsis, S.A. de C.V. 25 de octubre de 2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

6. "Artículo 15. Los patrones están obligados a:

"...

"II. Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22285-89d1f157/seguro-social-el-articulo-27-primer-parrafo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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