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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. NO SÓLO VERSA SOBRE LOS SELLOS Y FIRMAS QUE LOS CALCEN, SINO QUE SU MATERIA PUEDE REFERIRSE A LA VERIFICACIÓN DE OTROS ELEMENTOS EXTERNOS, POR LO QUE SI AQUÉLLOS (SELLOS Y FIRMAS) NO SON ANALIZADOS, ESA CIRCUNSTANCIA NO HACE QUE DICHOS DOCUMENTOS ADQUIERAN AUTENTICIDAD, SI POR DIFERENTES MEDIOS SE DEMUESTRA LA FALTA DE ÉSTA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 42/2009. · Registro digital (IUS): 22025
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Marzo de 2010, , Pág. 2982.

AMPARO EN REVISIÓN 42/2009. **********.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. En sus motivos de disenso la quejosa refiere sustancialmente lo siguiente:

En el primero: Que resulta infundada la determinación de la Juez Federal en el sentido de que no se acreditó el interés jurídico del quejoso, al no contar con la manifestación de construcción correspondiente que ampare un derecho reconocido, ya que estimó como falsa la copia certificada de la manifestación de construcción tipo "B" o "C" con folio número **********, que fue exhibida por el impetrante de amparo.

Agrega que lo anterior es de este modo, pues si bien es cierto que del incidente de falsedad de documentos propuesto se advierte que las autoridades de la Delegación Política Miguel Hidalgo no tienen registrada en sus archivos la referida manifestación de construcción, también lo es que dicho supuesto no es suficiente para refutar de apócrifa la documental en comento, ya que tal omisión es atribuible a las mismas autoridades.

Refiere también que las autoridades responsables en ningún momento objetaron las firmas o sellos que calzan la manifestación de construcción tipo "B" o "C" con folio número **********, y que como éstos son los elementos que dan valor a dicho documento, debe tenerse como auténtico y, por tanto, por acreditado el interés jurídico del quejoso.

En el segundo de los agravios propuestos manifiesta que la sentencia impugnada es violatoria de garantías, ya que sí tiene interés jurídico para promover el juicio de garantías que se revisa, el cual se advierte de la manifestación de construcción tipo "B" o "C" con folio número **********, sin que sea necesario exhibir documento alguno por el que se acredite ser el propietario del inmueble inspeccionado, como equivocadamente lo sostiene la Juez de Distrito.

Que en razón de lo anterior, la Juez de Distrito tenía la obligación de estudiar el fondo del asunto y pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de la resolución administrativa contenida en el oficio ********** de cinco de julio de dos mil siete, así como el estado de clausura que se impuso y del resto de actos impugnados.

Aduce también que lo anterior se sostiene así, ya que no fue debidamente notificada al propietario, poseedor o representante legal del inmueble ubicado en ********** número **********, colonia **********, Delegación **********, no obstante que la misma contiene la imposición de diversas sanciones que afectan directamente la esfera jurídica del hoy quejoso, por tanto, es evidente que ésta debió de entenderse con la persona que acreditara ser el propietario, poseedor o representante legal de dicho inmueble, supuesto que no aconteció.

Abunda diciendo que como se desprende de las constancias que fueron remitidas por las responsables al rendir su informe justificado, la resolución de mérito fue notificada y entregada a **********, quien dijo ser velador "trabajador de obra", es decir, una persona que de manera alguna puede tener la calidad de propietario, poseedor o representante legal de dicho inmueble, pues incluso éste manifestó que era velador, "trabajador de obra", pero en ningún momento se ostentó como propietario, poseedor o representante legal de dicho inmueble, razón por la cual la aludida resolución no le fue debidamente notificada.

En otra parte, afirma que la Juez a quo tenía la obligación legal de entrar al estudio de los conceptos de violación y declararlos fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional, toda vez que en el presente asunto se estima que tanto la orden de visita como la orden de clausura señalada como acto reclamado, son violatorias del artículo 16 constitucional, ya que adolecen de falta de fundamentación y motivación.

Dice que la orden de clausura no fue notificada al quejoso por parte de las responsables ni mucho menos le fue entregado el documento donde constara esa orden de clausura, siendo completamente violatorio del dispositivo constitucional en cuestión, en atención a que entre las formalidades esenciales que conforman el procedimiento se encuentra la de las notificaciones a los particulares de los actos de autoridad, los cuales, además, deben cumplir con los requisitos de forma y de fondo que señalan las leyes de la materia.

En apoyo a su argumento invoca la tesis de rubro y texto siguientes:

"ACTOS ADMINISTRATIVOS, NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LOS. FORMALIDADES QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA SU VALIDEZ. Dado que la notificación es el medio legal a través del cual se da a conocer a las partes y a terceros el contenido de una resolución, además de que es procesalmente inexistente mientras no se haga del conocimiento de los interesados, ésta debe cumplir con las formalidades que para tal efecto señala la ley, entre las que se indica, como regla general, que las diligencias que practiquen las autoridades fiscales deberán efectuarse entre las 7:30 y las 18:00 horas, por conceptuarse éstas como hábiles, por lo que es necesario que en el documento de referencia se asiente la hora en que se practicó la diligencia, pues es a partir de ese momento en que se declara legalmente notificado el acto de que se trata; resulta imperativo establecer, además, que las actas levantadas con motivo de las notificaciones deben contener una exposición pormenorizada de los hechos conforme a los cuales se hayan practicado las diligencias, entre los que deben señalarse que el notificador se constituyó en el domicilio indicado para tal efecto, cómo fue que se cercioró de que la persona que debía ser notificada vive o tiene su domicilio fiscal en el lugar en que ha de practicarse la diligencia; que una vez constituido en ese lugar, el notificador requirió la presencia de tal persona o de su representante legal, en su caso, que el día anterior le dejó citatorio, o bien, cómo fue que verificó que en realidad era la persona a notificar; de lo acontecido durante la diligencia deberá levantarse acta circunstanciada, ya que sólo así se tendrán datos que permitan verificar que la persona con quien se entendió la diligencia es con quien debió hacerse, así como la hora en que se practicó la notificación."

Refiere también que es obvio y patente que la ausencia del documento donde se contiene la orden de clausura no puede suplirse con la supuesta notificación realizada por las responsables, pues al no haberse practicado personalmente con el interesado, no se le permitió al hoy quejoso ofrecer pruebas ni alegar lo que a su derecho conviniera, haciendo nugatorias sus garantías individuales; de lo que se concluye que el acto reclamado viola en perjuicio del impetrante de garantías los artículos 16 y 14 constitucionales, contrario a lo sostenido por la Juez de amparo.

Por su parte, la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para sobreseer en el juicio que se revisa consideró lo siguiente:

En primer lugar, resolvió el incidente de falsedad de documentos propuesto por las autoridades responsables, en el que se determinó que la manifestación de construcción tipo "B" o "C" con folio número **********, que exhibió el quejoso para acreditar su interés jurídico, resultaba falsa para efectos del juicio constitucional que resolvía.

También se advierte que para llegar a la anterior conclusión, la Juez de Distrito tomó en consideración que la quejosa no aportó pruebas para acreditar la autenticidad del mencionado documento y, por otro lado, valoró las pruebas aportadas por la incidentista, tales como:

* Formato AU-03- relativo a la manifestación de construcción tipo "B" o "C", número de folio **********, del veintidós de octubre de dos mil siete, recibida en la Ventanilla Única de la Delegación Miguel Hidalgo el veintitrés de ese mismo mes y año.

* Oficio ********** de veintisiete de noviembre de dos mil siete, signado por el subdirector de la Ventanilla Única de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Miguel Hidalgo.

* Copia certificada de la relación de trámites enviados a la Dirección de Desarrollo Urbano por parte de la Subdirección de Ventanilla Única de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Miguel Hidalgo, de quince de marzo de dos mil seis.

* Relación de trámites registrados en la base de datos de la Subdirección de Ventanilla Única de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Miguel Hidalgo, de dos de enero de dos mil seis al veinte de diciembre de dicho año.

* Oficio ********** de veintitrés de noviembre de dos mil siete, signado por la directora general de Obras y Desarrollo Urbano.

* La inspección ocular practicada por la actuaria judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el cinco de diciembre de dos mil siete, en el domicilio ubicado en Parque Lira número noventa y cuatro, colonia Ampliación Daniel Garza, Delegación Miguel Hidalgo, en las instalaciones de la Delegación Miguel Hidalgo.

En el considerando sexto determinó que en congruencia con lo que se resolvió en el incidente de falsedad de documentos descrito anteriormente, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación a la resolución de cinco de julio de dos mil siete, contenida en el oficio **********, la notificación y ejecución del acta de clausura de obras de once de julio de dos mil siete.

Que la anterior conclusión se alcanzaba, tomando en consideración que para acreditar el interés jurídico el promovente debió acreditar haber realizado el trámite de registro de manifestación de construcción ante la Delegación Miguel Hidalgo, en términos de los artículos 47 y 48 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, lo que no sucedió, si se pondera que el documento que el quejoso exhibió con ese fin fue declarado como falso.

Por otro lado, sostuvo que no es suficiente para desestimar la causa de inejercitabilidad estudiada, la sanción pecuniaria equivalente al cinco por ciento del valor comercial de los trabajos de obra de ampliación realizados en el inmueble ubicado en la calle de **********, número **********, colonia **********, Delegación **********, decretada en la resolución de cinco de julio de dos mil siete, contenida en el oficio **********, dictada en el expediente administrativo **********, ya que la sanción pecuniaria afecta al destinatario, quien es el que resiente directamente el perjuicio en su patrimonio; de ahí que si dicha sanción se aplicó al propietario, poseedor y/o representante legal del referido inmueble, es evidente que para acreditar el interés jurídico es necesario acreditar alguna de esas características.

Agregó que si la parte quejosa se ostentó como propietaria del inmueble ubicado en la calle de **********, número **********, colonia **********, Delegación **********, lo que en la especie no demostró, es incontrovertible que la sanción pecuniaria decretada no afecta de manera directa el interés jurídico de aquélla.

Finalmente sostuvo que ante el resultado a que se llegó, el sobreseimiento decretado se debía hacer extensivo a los actos reclamados atribuidos al jefe de Gobierno, secretario de Gobierno y directora general Jurídica y de Estudios Legislativos, todos del Gobierno del Distrito Federal, consistentes en la expedición, promulgación y publicación del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, publicado el veintinueve de enero de dos mil cuatro en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, en particular sus artículos 248, 249 y 253, en razón de que se decretó el sobreseimiento por lo que hace al acto de aplicación.

Pues bien, del análisis comparativo que se hace de los agravios expuestos por el quejoso y de las consideraciones de la sentencia que se revisa, se llega a la conclusión que los primeros resultan inoperantes, en razón a lo siguiente.

En efecto, la sentencia que se revisa se sustenta en dos ejes fundamentales, relacionados entre sí: el primero, consiste en la determinación relativa a la autenticidad o falsedad de la manifestación de construcción que ofreció el quejoso para acreditar su interés jurídico que, como se recordará, resultó ser falsa.

El segundo de los ejes de la sentencia consiste en que aun cuando la resolución administrativa reclamada prevé una sanción pecuniaria para el propietario, poseedor y/o representante legal del inmueble ubicado en la calle de ********** número **********, colonia **********, Delegación **********, equivalente al cinco por ciento del valor comercial de los trabajos de obra de ampliación, ello no era suficiente para desestimar la causa de improcedencia estudiada, relativa a la falta de interés jurídico del quejoso, dado que dicha sanción pecuniaria afecta al destinatario quien es el que resiente directamente el perjuicio; por lo que si tal sanción se aplicó al propietario, poseedor y/o representante legal del inmueble visitado, era evidente que el quejoso debió acreditar alguna de esas características.

De igual modo se determinó que en relación a las normas impugnadas como inconstitucionales, en virtud de haber sido impugnadas con motivo de su primer acto de aplicación, y de que respecto a éste se había sobreseído, lo mismo debía suceder con la norma.

En ese orden de ideas resultaba imperativo para el quejoso, en primer orden, desvirtuar las consideraciones de la Juez Federal relacionadas con el incidente de falsedad de documentos, pues de lo resuelto en él se derivó el sentido final del juicio.

Por lo que al no haberlo hecho así, el primer concepto de violación resulta inoperante por insuficiente, ya que en ese motivo de disenso el quejoso se limita a manifestar que como las responsables no objetaron las firmas o sellos que calzan la manifestación de construcción tipo "B" o "C" con folio número **********, y esos son los elementos que dan valor a dicho documento, debe tenerse como auténtico y, por tanto, por acreditado el interés jurídico del quejoso.

Sin embargo, dejó de controvertir el material probatorio ofrecido para resolver el mencionado incidente, así como las consideraciones de la Juez de Distrito con las cuales concluyó que la documental objetada resultaba falsa.

Lo anterior es así, pues al respecto la Juez Federal determinó que las pruebas relacionadas dejaban en claro que en la Subdirección de Ventanilla Única de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Miguel Hidalgo no se recibió ni registró la manifestación de construcción tipo "B" o "C", con número de folio **********, que anexó como prueba la parte quejosa, en razón de que así lo indicó el referido subdirector, dicho que se corroboró con el acta levantada con motivo de la inspección ocular, en la que se asentó que tanto en el libro de gobierno correspondiente al año dos mil seis, como en la computadora y en las libretas en las que se registran las manifestaciones de construcción, no se localizó el referido registro.

Elementos que consideró suficientes para demostrar que dicho registro no existe y, por ende, la falsedad del documento objetado.

También argumentó que a los folios de las manifestaciones de construcción tipo "B" o "C", la Subdirección de Ventanilla Única de la Delegación del Gobierno del Distrito Federal en Miguel Hidalgo les asigna las letras FMH-B; luego, si de la manifestación que exhibió la parte quejosa se desprende que tiene el folio RMH-B-226-06, es evidente que la primera de las tres letras no corresponde a las que dicha subdirección asigna; consecuentemente, ésta no pudo haberlo expedido.

Precisó que en el supuesto de que hubiese un error en la primera letra del folio, el siguiente número de éste se asigna consecutivamente conforme se anotan los trámites por día y hora en que se presentan, en tanto que el último número corresponde al año de su registro, datos que se asientan en una base de datos con nombre del solicitante, trámite y dirección; entonces, si a la parte quejosa le correspondió el 226 del año dos mil seis, es incontrovertible que en la relación de trámites registrados en la referida subdirección de enero a diciembre de dos mil seis, debe aparecer a nombre de **********, el registro de manifestación de construcción, así como domicilio el ubicado en **********, número **********, colonia **********; sin embargo, de dicho registro se observa que ese número se anotó a las once horas con cuatro minutos del veintinueve de agosto de dos mil seis y no el dieciocho de julio de ese mismo año, según el sello que ostenta la manifestación que en copia certificada exhibió la parte quejosa, además el trámite 226 aparece a nombre de **********, con un registro de manifestación de construcción tipo "B", con domicilio en la calle de **********, colonia **********; elementos que también los consideró suficientes para estimar que resulta falso el documento que se adjuntó al escrito inicial de demanda y que constituye la materia del incidente.

Sin olvidar, además, que la quejosa fue omisa en ofrecer pruebas que sostuvieran la autenticidad del documento impugnado.

En ese orden, al dejar de controvertir los argumentos de la Juez de Distrito, los agravios formulados resultan inoperantes, ya que con ellos no se podría revocar la sentencia impugnada por no referirse a las consideraciones de la Juez Federal, por lo que las mismas deben quedar incólumes.

Cobra aplicación por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia 3a./J. 16/91, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 24. Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 40, página 107. Gaceta Número 40, abril de 1991, página 13. Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 32, página 21, que dice:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."

Debe destacarse además, que los elementos de prueba aportados por la autoridad responsable arrojaron que el número que ostenta la manifestación de construcción presentada por el quejoso se había otorgado a diverso documento que aparece a nombre de **********, con un registro de manifestación de construcción tipo "B", con domicilio en la calle de **********, colonia **********, lo que evidencia que las pruebas aportadas por la responsable fueron suficientes a criterio de la Juez de Distrito para considerar como falso el documento que se adjuntó al escrito inicial de demanda y que constituye la materia del incidente.

Por si fuera poco, no es correcto lo que afirma el quejoso cuando dice que los sellos y firmas que contiene el documento controvertido son los elementos que le otorgan autenticidad, por lo que si no fueron materia del incidente de falsedad, debió resolverse que el documento no es falso.

Esto es así, pues si bien dichos elementos constituyen signos exteriores de un documento público en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no son los únicos, pues el párrafo segundo del mencionado precepto legal así lo establece cuando dice: "La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes."

Así las cosas, es claro que la falsedad de un documento puede advertirse a partir de diversos elementos externos del documento público tales como caracteres gráficos, números de registro, tipo de papel, etc.

De esta manera, el hecho de que no se hayan analizado en el incidente relativo los sellos y firmas que calzan el documento materia del mismo, no puede tenerse como una omisión que destruya la determinación del Juez Federal, ya que esa decisión se sustentó en diversos elementos de prueba que de todos modos arrojaron la falsedad del documento.

Aceptar la postura del quejoso sería considerar que el análisis de los sellos y firmas que obran en un documento son los únicos medios para probar la falsedad del mismo, lo que no es jurídicamente aceptable, tomando en consideración la diversidad de medios de prueba existentes y aceptados por la legislación aplicable.

Además, el análisis efectuado por la Juez de Distrito siempre versó sobre el continente del documento y no en cuanto a su contenido, acatando lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Amparo.

En este punto, tiene aplicación el caso en estudio, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 5/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 10, que dice:

"INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.-El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido."

En otras palabras, el hecho de que no se haya analizado la autenticidad de los sellos y firmas que calza el documento materia de estudio, por esa sola circunstancia no lo hace auténtico.

En lo que se refiere al segundo agravio, éste resulta inoperante de acuerdo a lo siguiente:

Por lo que ve a las manifestaciones en el sentido de que la sentencia que se revisa es violatoria de garantías, debe decirse que tal afirmación es inoperante, toda vez que este recurso no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual puedan analizarse ese tipo de violaciones, sino que es un procedimiento de segunda instancia que exclusivamente tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, sin el efecto de ejercer un control constitucional sobre otro control constitucional (amparo indirecto), lo que impide atender las argumentaciones relativas a ese tema.

En este sentido, es exactamente aplicable la jurisprudencia P./J. 2/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 5. Genealogía: Novena Época, Tomo V, febrero 1, 1997, página 30, con el rubro y texto siguientes:

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."

En otro orden, los argumentos en los cuales la quejosa afirma que la Juez de Distrito tenía la obligación de estudiar el fondo del asunto y pronunciarse acerca de la inconstitucionalidad de la resolución administrativa contenida en el oficio ********** de cinco de julio de dos mil siete, así como el estado de clausura que se impuso y del resto de actos impugnados, en virtud de que, con la manifestación de construcción que se exhibió, sí se acreditaba el interés jurídico del quejoso; del mismo modo resultan inoperantes.

En efecto, ese calificativo merece el citado argumento, pues el sentido del fallo (sobreseimiento) no sólo liberaba al a quo de abordar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, sino que lo imposibilitaba para realizarlo, de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.

Avala la anterior determinación la jurisprudencia 2a./J. 52/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 244, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO.-Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo."

Además de lo anterior, el argumento en estudio se sostiene en la insistencia del quejoso de que su interés jurídico sí se encuentra acreditado, lo que como ya se hizo notar no es correcto, aunado a que ello no fue controvertido de manera adecuada por el quejoso y, por tanto, se desestimaron los agravios relativos.

Finalmente, en el mismo segundo agravio el quejoso aduce también que la determinación de la Juez de Distrito resulta incorrecta, ya que no fue debidamente notificada al propietario, poseedor o representante legal del inmueble ubicado en **********, número **********, colonia **********, Delegación **********, no obstante que la misma contiene la imposición de diversas sanciones que afectan directamente la esfera jurídica del hoy quejoso; por tanto, es evidente que ésta debió entenderse con la persona que acreditara ser el propietario, poseedor o representante legal de dicho inmueble, supuesto que no aconteció.

De igual forma, manifiesta que como se desprende de las constancias que fueron remitidas por las responsables al rendir su informe justificado, la resolución de mérito fue notificada y entregada a **********, quien dijo ser velador "trabajador de obra", es decir, una persona que de manera alguna puede tener la calidad de propietario, poseedor o representante legal de dicho inmueble, pues incluso éste manifestó que era velador "trabajador de obra", pero en ningún momento se ostentó como propietario, poseedor o representante legal de dicho inmueble, razón por la cual la aludida resolución no le fue debidamente notificada.

Dice que la orden de clausura no fue notificada al quejoso por parte de las responsables ni mucho menos le fue entregado el documento donde constara esa orden de clausura, siendo completamente violatorio de la Carta Magna, en atención que entre las formalidades esenciales que conforman el procedimiento se encuentra la de las notificaciones a los particulares de los actos de autoridad, los cuales, además, deben cumplir con los requisitos de forma y de fondo que señalan las leyes de la materia.

Finalmente, aduce que es obvio y patente que la ausencia del documento donde se contiene la orden de clausura no puede suplirse con la supuesta notificación realizada por las responsables, pues al no haberse practicado personalmente con el interesado, no se le permitió al hoy quejoso ofrecer pruebas ni alegar lo que a su derecho conviniera, haciendo nugatorias sus garantías individuales; de lo que se concluye que el acto reclamado viola en perjuicio del impetrante de garantías los artículos 14 y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22025-c4a05010/incidente-de-falsedad-de-documentos-a-que-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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