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Modo: Corpus Pro

ESTÍMULOS FISCALES. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA DETERMINARLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ESTÍMULOS FISCALES. EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIONES I Y II, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. ESTÍMULOS FISCALES. EN ESA MATERIA LA REFERENCIA A LAS "RELACIONES SOCIALES QUE RECLAMAN SER JURÍDICAMENTE REGULADAS" DEBE ENTENDERSE, POR REGLA GENERAL, DENTRO DEL CONTEXTO CONSTITUCIONAL DE LA MOTIVACIÓN ORDINARIA. ESTÍMULOS FISCALES. PROCEDE SU ANÁLISIS A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD, SIEMPRE QUE NO SE AFECTE EL MÉRITO POLÍTICO DE SU ADOPCIÓN, LA ELECCIÓN DE SUS DESTINATARIOS Y LA FINALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LO QUE PERSIGUEN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2216/2009. · Registro digital (IUS): 23090
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, , Pág. 376.

AMPARO EN REVISIÓN 2216/2009. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, y si bien subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado, existen precedentes que hacen innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Resulta innecesario el estudio de la temporalidad del recurso y la legitimación de quien lo interpone, en virtud de que ya fueron analizados por el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto.

TERCERO. Los agravios formulados por la parte recurrente se sintetizan a continuación:

1. El a quo infringió los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, porque no resultan inoperantes los argumentos formulados por la parte quejosa, en el sentido de que el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil nueve viola la garantía de equidad tributaria.

El estímulo contenido en la norma reclamada sí puede ser estudiado a la luz de esa garantía, ya que incide en los elementos esenciales del tributo, pues el mismo consiste en la posibilidad de acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios causado por la adquisición de diesel, en contra del impuesto sobre la renta a cargo o retenido a terceros a las personas que realizan actividades empresariales, excepto la minería, y que adquieren dicho combustible para su consumo final en maquinaria; por tanto, determina la obligación del entero del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ESTÍMULOS FISCALES. DEBEN RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL QUE LES SEAN APLICABLES, CUANDO INCIDAN EN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LA CONTRIBUCIÓN."

No es óbice para concluir de la anterior manera, que el Juez sustente su resolución en la tesis aislada emitida por la Segunda Sala, de rubro: "SUBSIDIO PARA EL EMPLEO. TIENE NATURALEZA DE ESTÍMULO FISCAL Y, POR ELLO, NO LE RESULTAN APLICABLES LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD."

En efecto, esa tesis no resulta aplicable al caso en concreto, en virtud de que se refiere a un estímulo distinto al estímulo que nos ocupa, a saber: el subsidio al empleo, que se traduce en un impuesto negativo o en un no pago del impuesto sobre la renta que pudieran tener a su cargo los trabajadores asalariados a los cuales se dirigió, por cuenta del Estado, en tanto que el estímulo consagrado en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos impugnada, se trata de un estímulo en el que las personas que realizan actividades empresariales acreditan el impuesto especial sobre producción y servicios en contra del impuesto sobre la renta a su cargo, por lo que este estímulo determina la obligación del entero del impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente (fojas 14 a 25 del toca).

2. El a quo infringió los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, porque el artículo 16, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos impugnada viola la garantía de legalidad (motivación) contenida en el artículo 16 constitucional.

Lo anterior, toda vez que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda señaló que si bien el legislador efectivamente contaba con las facultades para emitir el acto reclamado, al excluir al sector minero del beneficio fiscal que establece la norma se aleja de la realidad social actual, es decir, desconoce a uno de los sectores que al igual que los demás reclama ser jurídicamente regulado.

En efecto, si bien el legislador efectivamente contaba con las facultades para emitir el acto reclamado, al excluir al sector minero del beneficio fiscal que establece la norma se aleja de la realidad social actual, es decir, desconoce a uno de los sectores que al igual que los demás reclama ser jurídicamente regulado.

La exclusión del sector minero de la posibilidad de aplicar el estímulo fiscal previsto por el artículo reclamado, sin justificación alguna, se traduce en que el mismo carezca de la debida motivación legal, ya que para que un acto legislativo se encuentre debidamente motivado, es necesario que en éste no se establezcan conceptos que se opongan, varíen o trastornen la realidad social y jurídica prevista dentro de un sistema de derecho, tal como acontece en el caso que nos ocupa.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos reclamada, fue emitido refiriéndose a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas y tal situación fue advertida por el Juez, no menos cierto es que no existe justificación válida para que se hubiera excluido al sector minero de la posibilidad de aplicar el estímulo fiscal que no ocupa, lo que ocasiona que el artículo reclamado desconozca una realidad social actual, por lo que el artículo reclamado carece de la debida motivación (fojas 25 a 29 del toca).

3. El a quo infringió los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, porque el artículo 16, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos impugnada viola la garantía de igualdad jurídica.

3.1. El Juez infringió esas disposiciones legales al no efectuar razonamientos lógico-jurídicos que lo hubieran llevado a concluir que no existe la violación precisada en el párrafo anterior. Tampoco señaló en qué se basó para determinar que la distinción que establece el precepto impugnado descansa sobre bases objetivas y razonables.

En efecto, en la sentencia que por esta vía se recurre, el Juez no analizó si efectivamente el estímulo impugnado que se otorga a personas que realizan actividades empresariales, excepto la minería, cumple con el fin para el que fue creado, ni si el motivo por el cual se excluyó a las empresas mineras de tal beneficio sea justificado.

Al respecto, tal como se podrá corroborar de la lectura que se haga de la exposición de motivos que dio origen al precepto impugnado, el Ejecutivo Federal en un inicio sí previó que el beneficio incluyera a las empresas mineras. No fue sino hasta la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para 2009, cuando la Cámara de Diputados sin justificación alguna decidió excluir a las empresas del sector minero del estímulo previsto en el precepto impugnado.

Por su parte, el dictamen de la Cámara de Senadores intentó justificar el trato desigual que otorga el estímulo fiscal a los sectores de las actividades empresariales señalando que tal situación obedece a "la importancia que tienen las actividades agrícola, ganadera y pesquera para lograr el desarrollo sustentable del país, así como a que son sectores que se encuentran desprotegidos y que necesitan ser incentivados", sin que tales afirmaciones justifiquen la exclusión del sector minero del estímulo que nos ocupa, pues el hecho de señalar la importancia que tienen dichas actividades para lograr el desarrollo sustentable del país y que dichos sectores se encuentran desprotegidos, no implica que el sector minero no necesite de apoyo o no tenga importancia en el desarrollo sustentable del país.

Es importante recalcar que el sector minero, al igual que el agrícola, ganadero y pesquero, juega un papel importante en el desarrollo sustentable del país. Incluso, ello es corroborado si tomamos en cuenta que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que establece los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades que durante una administración deben regir la acción de gobierno de tal forma que tenga un rumbo y una dirección clara.

Lo que es más, así lo establece al señalar que el sector minero se ha convertido en un motor para el desarrollo de la economía nacional y que su potencial es reconocido a nivel mundial, estimando un futuro prometedor en cuestión de mejora para la industria, la inversión y para la creación de más y mejores empleos en el país.

Por su parte, del Programa Sectorial de la Secretaría de Economía 2007-2012, que tiene por objeto aterrizar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, estableció en su apartado referido al sector minero que dicho sector deber ser impulsado a fin de incrementar la participación de México en los flujos de comercio internacional y en la atracción de inversión extranjera directa, con lo cual se confirma su importancia en el desarrollo de la economía nacional.

De lo anterior, cuestiones que fueron ampliamente descritas en el escrito inicial de demanda, claramente se advierte la importancia del sector minero como una actividad de interés general y que el hecho de que no se hubiera previsto para dicho sector el beneficio que establece el estímulo, no descansa sobre bases objetivas y razonables, contrariamente a lo resuelto por el Juez, lo que, afirma, se corrobora también con el Primer Informe de Ejecución 2007 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 (Pronafide).

Así las cosas, resulta del todo ilegal que el a quo en la sentencia recurrida resolviera que el artículo reclamado no resulta violatorio a la garantía de igualdad, toda vez que a su parecer la distinción que establece descansa en una base objetiva y razonable de incentivar a otros sectores; sin embargo, no señala el porqué considera que la exclusión del sector minero constituye una base objetiva y razonable.

En efecto, si bien constituye una base objetiva y razonable el estímulo en cuestión para incentivar a ciertos sectores, lo cierto es que no existe razón alguna para excluir de dicho beneficio al sector minero, por lo que claramente se viola la garantía de igualdad jurídica.

Lo anterior es así, toda vez que no obstante que aquellas empresas que realicen actividades empresariales distintas a la minería y que para la realización de sus actividades adquieran diesel para su consumo final en maquinaria al igual que aquellas que se dedican a la minería, las primeras sí van a tener derecho al estímulo consistente en acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios causado por la adquisición de dicho combustible, en contra del impuesto sobre la renta a cargo o retenido a terceros; mientras que las segundas no, lo que evidencia un trato desigual.

En este sentido, no puede servir como base objetiva y razonable el hecho de incentivar a la industria respecto de ciertos sectores excluyendo expresamente al sector minero, máxime que ambos contribuyentes de igual forma se encuentran obligados a enterar el impuesto a su cargo, por lo que de ninguna forma puede justificarse un trato distinto.

3. 2. El Juez no analizó si el estímulo previsto en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos reclamada, efectivamente es apto para la consecución de los fines para los que fue creado.

Lo anterior, pues como se mencionó con anterioridad el Juez se limitó a transcribir los dictámenes de las Cámaras de Senadores y Diputados y señalar que dicho estímulo descansa en bases objetivas y razonables que tienen como objetivo fomentar las diversas actividades que son de interés general; además de promover el crecimiento y desarrollo económico del país y permitir alcanzar una mejor distribución del ingreso y la riqueza sin efectuar razonamiento alguno.

Al respecto, de la simple lectura de la sentencia que nos ocupa, se advertirá que el Juez de ninguna manera entró al estudio de si efectivamente el estímulo de referencia, al momento de excluir al sector minero del beneficio previsto, cumple con el fin de fomentar las actividades que son de interés general y que promueve el crecimiento económico del país y el empleo a que se refieren los dictámenes a que hace alusión. Ello, a pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo para la Administración 2007-2012, el Programa Sectorial de la Secretaría de Economía y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo son claros en señalar que el sector minero ha sido propulsor de la economía nacional y que igualmente ha promovido conservación y creación de nuevos y mejores empleos, alcances que se identifican con el objeto del estímulo fiscal en cuestión, por lo que la exclusión de ninguna manera podría ser considerada como un acto tendiente a la consecución del fin que refiere.

Por esta razón, si el Juez quería justificar por qué consideró que el estímulo efectivamente tiene bases objetivas, debió analizar y pronunciarse sobre por qué se eliminó el estímulo al sector minero y, en su caso, si las consideraciones del legislador para eliminarlo eran justificadas. Lo que es más, la ilegalidad de la sentencia se corrobora si tomamos en cuenta que el a quo al momento de emitirla pasó por alto que lejos de facilitar la consecución del objeto legislativo que refiere, el estímulo que nos ocupa afecta significativamente al sector minero, pues lo excluye de la posibilidad de aplicar el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios causado con motivo de la adquisición de diesel para su consumo final, situación que no ocurría en años anteriores, ocasionando que cuente con menores recursos para fomentar el crecimiento de la economía nacional y la creación de nuevos empleos, situación que resulta totalmente contraria al fin que señala que persigue.

3. 3. Resulta ilegal lo resuelto por el a quo en el sentido de que el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos reclamada, no contraviene la garantía de igualdad jurídica, señalando que el hecho de que el precepto tildado de inconstitucional no otorgue el estímulo fiscal a aquellos gobernados que se dedican a la minería, no lo hace inconstitucional.

Lo anterior, pues a su parecer no afecta ningún derecho de los gobernados, dado que el estímulo fiscal no es un derecho sino una medida adoptada por el legislador para incentivar ciertas áreas económicas que a su parecer necesitan ser estimuladas en beneficio de la economía, por lo que, atento a las necesidades económicas del país, el legislador puede o no incluir a ciertas actividades económicas dentro del beneficio fiscal.

Sin embargo, tal aseveración resulta del todo ilegal, pues, como se señaló en el inciso anterior, el Ejecutivo Federal, tanto en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos de la Federación para 2009, como a través de la Secretaría de Economía con el Plan de Desarrollo para la Administración 2007-2012, el Programa Sectorial de la Secretaría de Economía y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo estableció que el sector minero ha sido propulsor de la economía nacional y ha promovido la conservación y creación de nuevos empleos, alcances que se identifican plenamente con el objeto del estímulo fiscal que nos ocupa y que evidentemente beneficia la economía nacional.

Aunado a lo anterior, el Juez, al momento de emitir su sentencia, pasó por alto que mis mandantes no reclaman el derecho que tienen a recibir el estímulo que establece el precepto reclamado, sino el derecho que tienen a ser tratadas en igualdad de circunstancias que aquellos contribuyentes que, como ellas, realizan actividades empresariales y de igual manera son propulsoras de la economía nacional y promueven la conservación y creación de nuevos empleos.

Asimismo, el hecho de que pretenda justificar el tratamiento desigual plasmado en el precepto reclamado, señalando que la medida del estímulo fiscal que nos ocupa fue adoptada por el legislador para incentivar ciertas áreas económicas que a su parecer necesitan ser estimuladas en beneficio de la economía, no justifica el tratamiento desigual al que nos hemos referido, pues tal como lo hemos mencionado con anterioridad, el sector minero es de igual forma que el sector agrario, ganadero y pesquero, propulsor de la economía nacional y es una actividad de interés general.

Ahora bien, si bien es cierto que el legislador tiene facultades para incluir o no a ciertas actividades económicas dentro del beneficio fiscal, no menos cierto es que el principio de igualdad es uno de los valores superiores del orden jurídico, lo que significa que debe servir de criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación, y en esa medida debe traducirse en la seguridad de no tener que soportar un perjuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado.

Al respecto, el Juez pierde de vista que al otorgarles el beneficio del estímulo fiscal que nos ocupa sólo a algunos agentes del sector económico que, al igual que la hoy recurrente, tienen actividades empresariales, se les genera un mayor beneficio que necesariamente se traduce en trato desigual e injustificado.

3. 4. Así las cosas, contrariamente a lo resuelto por el juzgador, la disposición reclamada sí resulta violatoria de la garantía de igualdad, toda vez que el sector minero, al igual que los sectores que sí contemplan el estímulo de referencia, requiere ser estimulado en beneficio de la economía, por lo que resulta ilegal considerar que el estímulo de referencia al constituir una medida del legislador para incentivar cierta actividad y no así un derecho, el mismo no puede reclamarse por inconstitucional.

Finalmente, no justifica el trato desigual otorgado por el estímulo fiscal que nos ocupa y mucho menos la ilegalidad de la sentencia, el hecho de que el Juez señale que el legislador no está obligado a otorgar el estímulo fiscal año con año, puesto que es posible que las condiciones que imperaban cuando se estableció ya no prevalezca. Tal como lo establece el Plan de Desarrollo para la Administración 2007-2012, el Programa Sectorial de la Secretaría de Economía y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, el sector minero ha sido propulsor de la economía nacional y ha promovido la conservación y creación de nuevos empleos y, por ende, es un sector de interés general, por lo que resulta claro que las condiciones que imperaban cuando se estableció el estímulo aún prevalecían.

En adición a lo anterior, en el supuesto de que las condiciones que imperaban cuando el estímulo fiscal fue otorgado hubieran cambiado, de ninguna manera justifica el trato desigual que otorga el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos reclamada, pues aun en el supuesto de que hubieran cambiado el hecho de que se otorgue un beneficio a favor de los sectores que prevé dicho artículo y se excluya al sector minero de dicho beneficio, de manera injustificada, resulta violatorio de la garantía de igualdad jurídica.

CUARTO. Marco constitucional y naturaleza jurídica del estímulo fiscal contenido en el artículo 16, apartado A, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil nueve.

La disposición impugnada es del tenor literal siguiente:

"Artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2009, se estará a lo siguiente: A. En materia de estímulos fiscales: I. Se otorga un estímulo fiscal a las personas que realicen actividades empresariales, excepto minería, y que para determinar su utilidad puedan deducir el diesel que adquieran para su consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto vehículos, consistente en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación de dicho combustible. El estímulo a que se refiere el párrafo anterior también será aplicable a los vehículos marinos y a los vehículos de baja velocidad o de bajo perfil que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas, y siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria. II. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción anterior, los contribuyentes estarán a lo siguiente: 1. Podrán acreditar únicamente el impuesto especial sobre producción y servicios que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diesel en términos del artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Para los efectos del párrafo anterior, el monto que se podrá acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante correspondiente. En los casos en que el diesel se adquiera de agencias o distribuidores autorizados, el impuesto que podrán acreditar será el que resulte de aplicar el artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, y que se señale en forma expresa y por separado en el comprobante que les expidan dichas agencias o distribuidores y que deberá ser igual al que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación a dichas agencias o distribuidores del diesel, en la parte que corresponda al combustible que las mencionadas agencias o distribuidores les hayan enajenado. En ningún caso procederá la devolución de las cantidades a que se refiere este numeral. 2. Las personas que utilicen el diesel en las actividades agropecuarias o silvícolas, podrán acreditar un monto equivalente a la cantidad que resulte de multiplicar el precio de adquisición del diesel en las estaciones de servicio y que conste en el comprobante correspondiente, incluido el impuesto al valor agregado, por el factor de 0.355, en lugar de aplicar lo dispuesto en el numeral anterior. Para la determinación del estímulo en los términos de este párrafo, no se considerará el impuesto correspondiente a la fracción II del artículo 2o. A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, incluido dentro del precio señalado. Tratándose de la enajenación de diesel que se utilice para consumo final, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o sus agencias o distribuidores autorizados, deberán desglosar expresamente y por separado en el comprobante correspondiente el impuesto especial sobre producción y servicios que en los términos del artículo 2o. A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hubieran causado por la enajenación de que se trate. El acreditamiento a que se refiere la fracción anterior podrá efectuarse contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por dicho impuesto."

De la norma transcrita se advierte que durante el ejercicio fiscal de dos mil nueve se otorgó un estímulo fiscal a las personas que realizaron actividades empresariales, excepto minería.

Dicho estímulo consistió en permitir el acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros por el impuesto que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios hayan causado por la enajenación del diesel que adquieran dichas empresas para su consumo final, siempre que se utilice exclusivamente como combustible en maquinaria en general, excepto los vehículos distintos a los marinos, de baja velocidad o de bajo perfil que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas, y siempre que se cumplan los requisitos que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria.

Como puede advertirse, el Congreso de la Unión estableció en el artículo 16, apartado A, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil nueve, una medida bajo el nomen iuris de "estímulo fiscal", encaminada a la disminución de la carga tributaria a través del acreditamiento del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a terceros en los términos precisados con antelación.

Ahora bien, a efecto de determinar si a ese estímulo le resultan aplicables los principios constitucionales de la materia tributaria, se atiende al texto del artículo 25 del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil nueve (año del ejercicio que reclama la parte quejosa), el cual regula la forma en la que se realiza el acreditamiento de los denominados "estímulos fiscales" que, en la parte que interesa, establece:

"Artículo 25. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica podrán acreditar el importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho, contra las cantidades que están obligados a pagar, siempre que presenten aviso ante las autoridades competentes en materia de estímulos fiscales y, en su caso, cumplan con los demás requisitos formales que se establezcan en las disposiciones que otorguen los estímulos, inclusive el de presentar certificados de promoción fiscal o de devolución de impuestos. En los demás casos siempre se requerirá la presentación de los certificados de promoción fiscal o de devolución de impuestos, además del cumplimiento de los otros requisitos que establezcan los decretos en que se otorguen los estímulos. Los contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos a que tengan derecho, a más tardar en un plazo de cinco años contados a partir del último día en que venza el plazo para presentar la declaración del ejercicio en que nació el derecho a obtener el estímulo; si el contribuyente no tiene obligación de presentar declaración del ejercicio, el plazo contará a partir del día siguiente a aquel en que nazca el derecho a obtener el estímulo. En los casos en que las disposiciones que otorguen los estímulos establezcan la obligación de cumplir con resquisitos (sic) formales adicionales al aviso a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se entenderá que nace el derecho para obtener el estímulo, a partir del día en que se obtenga la autorización o el documento respectivo."

Sobre la disposición transcrita, esta potestad constitucional ha establecido:(1)

1. El artículo 25 del Código Fiscal de la Federación hace referencia a los diversos requisitos a los que se encuentra sujeto el beneficio de los estímulos fiscales por parte de los destinatarios de éstos. Si bien dicho numeral declina frente a las "disposiciones que otorguen los estímulos" -como en el caso lo es la Ley de Ingresos de dos mil nueve- para el establecimiento de requisitos formales, nos permite apreciar que la materia del beneficio consiste en "acreditar el importe de los estímulos ... contra las cantidades que están obligados a pagar".

2. En tal virtud, se advierte que el denominado "estímulo" es una cantidad que se enfrenta a las cantidades que deben ser ingresadas al erario -en lo que resulta relevante, por concepto de contribuciones-, es decir, se trata de una disminución del importe de la obligación tributaria surgida de la realización del hecho imponible de un determinado tributo -en el presente caso, por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios-.

3. En este sentido, la nomenclatura utilizada por el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación -"acreditamiento" de estímulos- es coincidente con la tradicional connotación que se otorga en el ordenamiento jurídico mexicano a dicha voz, pues mediante el "acreditamiento" se reduce, peso por peso, el impuesto a pagar.

En tal virtud, es claro que los efectos que corresponden a la medida de beneficio otorgada en el apartado A de la fracción I del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil nueve corresponde a un estímulo fiscal que incide en el impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o. A, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios causado por la enajenación de diesel conforme a la normatividad precisada en los párrafos anteriores, y en los términos prescritos por el artículo 25 del Código Fiscal de la Federación.

Como puede apreciarse, la medida a que se refiere la disposición reclamada consiste en la posibilidad de disminuir, peso por peso, el impuesto especial sobre producción y servicios a través de su acreditamiento contra el impuesto sobre la renta que tenga el contribuyente a su cargo correspondiente al mismo ejercicio en que se determine el estímulo o contra las retenciones efectuadas en el mismo ejercicio a t

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23090-644acccf/estimulos-fiscales-facultades-del-congreso-de-la-union · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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