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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2007, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 916/2010. · Registro digital (IUS): 22753
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, , Pág. 619.

AMPARO EN REVISIÓN 916/2010. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos tercero, fracción II, y primero transitorio del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de garantías, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, y aun cuando subsiste el problema de constitucionalidad planteado, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, porque existen criterios temáticos para resolver dicho problema, como se motivará en los subsecuentes considerandos.

SEGUNDO. El presente recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, tal como lo determinó el Tribunal Colegiado del conocimiento.

TERCERO. Previo al examen de la inconstitucionalidad de leyes planteado, resulta conveniente relatar los siguientes antecedentes.

1. ********** por conducto de su representante ********** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los siguientes actos:

A) El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; específicamente por lo que ve a la derogación del artículo 5 y la reforma al artículo 5-A, en relación con el artículo séptimo transitorio, fracción I, de la Ley del Impuesto al Activo, así como la reforma al artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2007; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006.

B) El decreto que crea la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2007, en especial, por lo que ve a la fracción XI, párrafo primero y punto 1, del artículo 16 de dicho ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006, en relación con los artículos 1, 2 y 7 de la Ley del Impuesto al Activo vigente para 2007.

2. Tocó conocer del asunto al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, quien lo registró bajo el número 225/2007, y el dieciocho de mayo de dos mil siete terminó de engrosar la sentencia respectiva, en la que resolvió lo siguiente:

a) Sobreseyó en el juicio de amparo respecto del artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil siete, toda vez que la parte quejosa no demostró que dicho precepto le irrogue algún perjuicio jurídico.

b) Negó la protección constitucional respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, refrendo, rúbrica y publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; específicamente los artículos 1, 2, 5-A, 7 y séptimo transitorio, fracción I, de la Ley del Impuesto al Activo, así como la derogación del numeral 5 de dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis; así como respecto de la fracción XI, párrafo primero y punto 1, del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete.

3. En contra de la sentencia de amparo, la quejosa, por conducto de su autorizado, interpuso recurso de revisión del que, por razón de turno, correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que por auto de su presidente de veinticinco de septiembre de dos mil siete, ordenó se registrara con el número 359/2007. En cumplimiento a los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 10/2008 y 65/2008, en relación con el diverso 13/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, se ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, residente en la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, para efectos de que lo turnara al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en turno.

Finalmente, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, el veintinueve de octubre de dos mil diez, dictó resolución, en la que se modificó la sentencia recurrida, en los términos siguientes:

a) Se negó el amparo en contra de la derogación del artículo 5, la reforma de los preceptos 1, 2, 5-A y 7 de la Ley del Impuesto al Activo, y el numeral 16, fracción XI, quinto párrafo, inciso 1, de la Ley de Ingresos de la Federación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis.

b) Se otorgó el amparo en relación con el artículo séptimo, fracción I, del decreto impugnado en cuanto se refiere a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Activo. El amparo se concedió para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esa ejecutoria.

c) Se reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al decreto por el que se reformó el artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, cuya iniciativa, discusión, promulgación, refrendo y publicación se atribuye, en sus respectivos ámbitos competenciales, al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación.

CUARTO. En relación con el artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil siete, respecto del cual se reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la quejosa expresó los argumentos siguientes:

"Séptimo. Violación al principio de proporcionalidad tributaria. El artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para 2007 reclamado, es inconstitucional, toda vez que viola en perjuicio de la quejosa, el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política del país. En efecto, el numeral constitucional señalado, dispone: ‘Artículo 31.’ (resulta innecesario transcribir su texto). En efecto, la proporcionalita (sic) tributaria se ha definido por el Poder Judicial Federal, mediante jurisprudencia, en los siguientes términos: ‘CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS.’ (resulta innecesario transcribir su texto). En ese sentido, si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la proporcionalidad de una contribución se mide en relación con la capacidad contributiva del gobernado, es decir, a su capacidad económica y real de poder contribuir a los gastos públicos, es necesario que en la especie, este quejoso pague un impuesto basándose en su real capacidad económica, atendiendo al objeto del impuesto. Ahora bien, la norma reclamada dispone: ‘Artículo 42.’ (resulta innecesario transcribir, en este momento, su texto). De lo anterior, se arriba a la conclusión de que el artículo reclamado viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues no atiende a la capacidad contributiva real del sujeto pasivo del impuesto, en tanto que no permite que la deducción se haga por el monto total de la inversión, sino que lo limita a una cantidad fija ********** lo que implica que el sujeto obligado esté constreñido a la eventualidad de pagar un impuesto mayor al que le correspondería si se reconociera la procedencia de la deducción en el monto total de la inversión. Lo anterior es así, en virtud de que tratándose del impuesto sobre la renta, la capacidad contributiva se da en función de los ingresos que los sujetos pasivos perciben, así como por el reconocimiento legal de los gastos necesarios en que éstos tienen que incurrir para generar los ingresos que modifiquen su patrimonio, razón por la cual, el limitar el monto de la mencionada deducción, trae como consecuencia que se obligue a pagar el impuesto sobre una base gravable más elevada, por no permitir tomar en consideración el desembolso real correspondiente a la adquisición del bien (automóvil) materia de la inversión, circunstancia que opera en detrimento del potencial económico del contribuyente. En efecto, la proporcionalidad se encuentra estrechamente vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, dado que un impuesto determinado representa una disminución patrimonial, por lo que tal disminución en el patrimonio debe encontrarse en proporción a los ingresos de cada sujeto pasivo. Dicho en otros términos, la proporcionalidad requiere que las normas que establezcan carga a los particulares, atiendan a la capacidad contributiva de los sujetos que han de soportarlas. Así, la capacidad contributiva se vincula concretamente con la persona obligada a soportar la carga tributaria, esto es, con la persona que verá disminuido su patrimonio al realizar el pago de una cantidad líquida por concepto de esos gravámenes, de ahí que un tributo será garante del principio de proporcionalidad, siempre que se atienda a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, ya que debe pagar más quien tiene una mayor capacidad contributiva y menos el que la tiene en menor proporción. Ahora bien, la norma reclamada, transgrede dicho principio de proporcionalidad, puesto que la limitante contenida en ella, independientemente del monto de inversión, sólo se permite deducir hasta ********** tiene como consecuencia que los sujetos pasivos estén obligados a pagar un tributo a partir de utilidades fiscales irreales, deviniendo esto, en una tributación desproporcional a la capacidad contributiva de los gobernados. A lo anteriormente aducido, es necesario precisar en primer término que, de acuerdo con lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el objeto del impuesto sobre la renta lo constituyen los ingresos, en tanto que la base gravable para el pago de dicho tributo lo constituyen las utilidades que tengan los sujetos pasivos, dicha utilidad, de acuerdo con lo que dispone el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se obtiene restando a los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas por la legislación aplicable. En este orden de ideas, debe entenderse por ingreso, todo aquello que se percibe como aumento al patrimonio, percepción obtenida mediante el esfuerzo, que puede consistir en la inteligente inversión de capitales, en trabajo intelectual o material desarrollado o en la combinación de ambos. Sin embargo, toda empresa tiene peligro de una pérdida, especialmente cuando desembolsa de antemano el importe de los costos de producción corriendo el peligro de no reembolsarlos íntegramente en el precio y en la venta. Así, en el caso del impuesto sobre la renta, el mismo se genera en la medida que se genera el propio ingreso, empero, dicho gravamen se justifica sí y sólo sí, la imposición se efectúa sobre el impacto positivo apreciable en el patrimonio del gobernado, impacto que únicamente podrá apreciarse si se considera no el ingreso bruto generado, sino la utilidad real obtenida mediante la consideración conjunta del ingreso y de las cantidades erogadas como parte del costo de generación del ingreso. En este sentido, para la imposición de dicho tributo, es necesario que el ingreso bruto sea atemperado con conceptos relacionados con el costo de producción del ingreso, es decir, con las deducciones, de tal forma que la base del impuesto sea la ganancia que resulte de la obtención de ingresos en efectivo, en bienes, en servicios, en créditos o de cualquier otro tipo, que modifiquen el patrimonio del contribuyente pero de manera positiva. Al respecto, debe decirse que la legislación vigente considera como deducciones vinculadas a la utilidad, aquellas que se autorizan como costo de producir el ingreso, es decir, las deducciones cuya aplicación es demandada por lógica del propio impuesto, la cual determina que, tradicionalmente, las erogaciones no vinculadas a los costos de producción del ingreso, no deben ser consideradas como deducibles. De acuerdo a lo anterior, una primera y básica distinción para determinar los conceptos que no deben ser considerados deducibles, es aquella que permite excluir de dicho carácter a los desembolsos efectuados con motivo de consumo personal, sea por su origen, por su propósito o por su efecto (con excepción de aquellos casos, donde el legislador así lo permite por consideración a la propia situación de los causantes, como acontece con las deducciones personales de las personas físicas, o por las circunstancias relacionadas con la erogación, como ocurre con la deducción de donativos autorizada por la legislación aplicable). Por el contrario, un desembolso será deducible siempre que esté íntima o causalmente relacionado con la intención de producir ingreso, o bien, si es común en la industria o si parece lógicamente diseñando para aumentar o preservar un flujo en la generación de ingresos. De esta forma, es posible apreciar diversas clases de erogaciones que tradicionalmente serán consideradas deducibles en los términos de la normatividad aplicable, como son las efectuadas para la producción o recolección del ingreso, o bien, las erogaciones efectuadas para la administración, conservación o mantenimiento de las propiedades adquiridas para la producción de ingreso. Es precisamente en este punto que debe reiterarse, que el tributo en cuestión, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reconoce la necesidad de que el gravamen atienda, no al ingreso bruto, sino a una utilidad fiscal o ganancia, es decir, a un ingreso neto, obtenido mediante la disminución de las deducciones autorizadas, como lo son las tendientes a producir ingreso. Así, la disminución de conceptos deducibles, aplicada a los ingresos percibidos por el causante, permite la determinación de una auténtica utilidad, teniendo como resultado que la proporcionalidad que deben observar las contribuciones, queda satisfecha en el momento que los contribuyentes tributan de acuerdo a su efectiva capacidad contributiva, ello cuando el gravamen se determina considerando una utilidad real y no una falsa basada en una capacidad contributiva que no corresponde a la del contribuyente. Es en esta virtud que, reuniendo las condiciones mencionadas, se satisface plenamente la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria, puesto que nos encontraríamos ante la imposición de gravámenes que atiendan a la legítima capacidad económica y, por tanto, contributiva del causante. Empero, tratándose de la norma reclamada, nos encontramos con que contraviene lo anteriormente expuesto, toda vez que al no permitir la deducción de las erogaciones efectuadas por la empresa con el propósito de pagar la inversión en automóviles (utilitarios y, por ende, necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial), monto que impacta negativamente el haber de la empresa, impide que se aplique el gravamen con base en la capacidad contributiva real del patrón. Es evidente que el pago de la inversión de bienes necesarios para la generación de utilidades no es un desembolso de carácter personal, sea que se aprecie su causa, su intención o su efecto, toda vez que está vinculado a la generación de utilidad. A mayor abundamiento, cabe señalar que, si bien es cierto que no cualquier concepto que impacte negativamente el haber del contribuyente, necesariamente deba ser deducible, también lo es que en el caso a estudio se trata de que la deducción de las inversiones es completamente dable por la propia lógica del tributo, toda vez que se incurre en dichos gastos al desarrollar actividades tendientes a producir ingresos o ganancias. En este orden de ideas, a efecto de tener por deducible a un gasto, es necesario recurrir a elementos que nos aclaren cuándo puede o no ser deducible un gasto, a saber, elementos como la justificación de las erogaciones por considerarse necesarias, la identificación de las mismas con los fines del negocio, la relación que guardan los conceptos de deducción con las actividades normales y propias del contribuyente, así como la frecuencia con la que suceden determinados desembolsos y la cuantificación de los mismos. En conclusión, es innegable que la fracción II del artículo 42 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, viola la garantía de proporcionalidad tributaria que contempla el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no permitir la deducción de un concepto que efectivamente impacta negativamente la capacidad contributiva de esta parte, provocando así, que se tribute con una base que de ninguna forma refleja la capacidad contributiva de mi representada, de ahí que, este H. Juzgador de amparo deberá conceder el amparo que se solicita, para que así, se desincorpore a esta quejosa de la aplicación de la norma tildada de inconstitucional, permitiéndose entonces, la deducción de la totalidad de las cantidades erogadas por concepto de inversión de automóviles. Es aplicable por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo acatamiento es obligatorio para este tribunal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y cuyo texto se reproduce a la letra y dice: ‘PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE PROHÍBE SU DEDUCCIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.’ (resulta innecesario transcribir su texto)."

QUINTO. En el concepto de violación antes transcrito, la quejosa aduce, medularmente, que el artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil siete, viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no atiende a la capacidad contributiva real del sujeto pasivo del impuesto, en tanto que no permite que las inversiones en automóviles sean deducibles en su totalidad, sino que limita la deducción hasta por el monto de ********** lo cual implica que el sujeto obligado esté constreñido a pagar un impuesto mayor al que le correspondería si se reconociera la procedencia de la deducción en el monto total de la inversión.

La peticionaria de garantías manifiesta que tratándose del impuesto sobre la renta, la capacidad contributiva se obtiene en función de los ingresos que los sujetos pasivos de la obligación fiscal perciben, así como por el reconocimiento legal de los gastos necesarios en que esos sujetos incurrieron para generar dichos ingresos; por tanto, a su entender, la norma impugnada, al limitar el monto de la deducción en automóviles, viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que tiene como consecuencia que se obligue al contribuyente a pagar el impuesto correspondiente sobre una base gravable más elevada, calculada con base en utilidades fiscales irreales, pues no permite tomar en consideración el desembolso real correspondiente a la adquisición de los automóviles.

Por último, la quejosa describe lo que en su opinión es la mecánica del impuesto sobre la renta, el objeto de dicho impuesto, el concepto de ingreso y el de deducciones.

Son infundados los argumentos de la peticionaria de garantías, por las razones que enseguida se exponen:

El artículo 42, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado mediante el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, establece:

"Artículo 42. La deducción de las inversiones se sujetará a las reglas siguientes:

"...

"II. Las inversiones en automóviles sólo serán deducibles hasta por un monto de $175,000.00."

Como se advierte, la norma legal reproducida dispone que la deducción de inversiones en automóviles, se hará por un monto de hasta ciento setenta y cinco mil pesos.

El contenido que se encuentra inmerso dentro del principio de proporcionalidad es el siguiente:

"Proporcionalidad: Requiere que las normas que establezcan carga a los particulares atiendan a la capacidad contributiva de los sujetos que han de soportarlas."

Lo anterior se corrobora con el criterio que ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. SON REQUISITOS DE NATURALEZA DISTINTA CON LOS CUALES DEBEN CUMPLIR LAS LEYES FISCALES. La proporcionalidad y equidad que deben cumplir las leyes fiscales, conforme a la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, no deben confundirse, pues tienen naturaleza diversa, ya que mientras el primer requisito significa que las contribuciones deben estar en proporción con la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, el segundo consiste en que las leyes tributarias deben tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales." (Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, febrero de 1991, tesis 3a./J. 4/91, página 60).

Para estar en aptitud de analizar si el órgano creador de las normas respeta el principio de proporcionalidad relativo a que los sujetos pasivos del tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, esta Segunda Sala estima que los parámetros a considerar varían atendiendo al objeto, naturaleza y características especiales del gravamen en cuestión, esto es, tomando en cuenta la manifestación de riqueza que detentan los particulares, que puede ser: la obtención de ingresos o utilidades; la propiedad en patrimonio o capital, o la realización de gastos o erogaciones destinados a adquirir bienes o servicios.

Por otra parte, tratándose del principio de proporcionalidad, cabe destacar que la capacidad económica como concepto jurídico tiene una gran trascendencia en materia fiscal al considerarse como un parámetro en el diverso concepto de capacidad contributiva; sin embargo, en el ámbito del derecho tributario no es factible su aplicación de manera estricta, sino que para ello es necesario realizarlo con ciertos matices.

Conforme a las normas de derecho común, la capacidad económica de una persona se identifica plenamente con su haber patrimonial, en consecuencia, todas las modificaciones positivas que en éste se sufran representan un aumento o mejora de esa capacidad (supuesto que se actualiza cuando la cantidad de todos los bienes y derechos, susceptible de valorarse en dinero, exceden el monto total de las obligaciones), en tanto que todas las pérdidas y gastos que se produzcan en aquél, significa una disminución o menoscabo de esa capacidad (lo cual acontece cuando el monto total de las obligaciones, susceptibles de valorarse en dinero, exceden a la cantidad de todos los bienes y derechos del particular); lo anterior, en la rama del derecho fiscal, no es posible trasladarse en los mismos términos al concepto de capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria, en atención a que aquélla, se identifica con lo que podría llamarse un "haber patrimonial calificado", debido a que en el sistema tributario mexicano no todos los ingresos, ni todos los gastos y pérdidas se toman en consideración como parámetro de la riqueza de un contribuyente y, por tanto, para determinar la capacidad que tiene una persona a efecto de contribuir al gasto público.

En otras palabras, las normas jurídico-fiscales aprecian la capacidad contributiva de los particulares a la luz de una particular manera de integrar su haber patrimonial y sus modificaciones, lo cual evidentemente se aparta del concepto general de la forma en que la capacidad económica se manifiesta en el derecho común.

Así, en la Ley del Impuesto sobre la Renta se observa que la capacidad contributiva del sujeto se aprecia de manera distinta a la capacidad económica de éste, toda vez que algunos ingresos, gastos o pérdidas del contribuyente no se toman en cuenta para determinar el objeto y la base gravable del tributo, lo cual acontece por razones de carácter económico, jurídico y/o social, criterios de suma relevancia que el legislador ordinario considera para proceder a la exclusión o inclusión de determinados ingresos, gastos y/o pérdidas al determinar la capacidad contributiva de las personas que se ubican dentro de las hipótesis que la ley señala como hecho generador del gravamen.

A fin de ilustrar tal aserto, basta observar que en la ley combatida existen disposiciones jurídicas que prevén:

a) Sujetos, objeto y base gravable del tributo (artículos 1o. y 10).

b) Ingresos acumulables (regulados por los artículos 17 a 27).

c) Ingresos no acumulables o no gravables, ya que no se suman a otros que sí se toman en cuenta para determinar la capacidad contributiva (artículo 28).

d) Gastos o pérdidas cuya deducción se autoriza (artículos 29 al 45).

e) Gastos y pérdidas no deducibles, aun cuando se actualicen dichos supuestos no son factibles de considerarse para disminuir la base gravable del impuesto (artículo 32).

De los preceptos jurídicos a que se ha hecho referencia, cabe destacar lo siguiente:

"Artículo 1o. Las personas físicas y las morales, están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos:

"I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

"II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. ..."

"Artículo 10. Las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 28%. ..."

"Artículo 17. Las personas morales residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los contribuyentes por la disminución real de sus deudas.

"Para los efectos de este título, no se consideran ingresos los que obtenga el contribuyente por aumento de capital, por pago de la pérdida por sus accionistas, por primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad o por utilizar para valuar sus acciones el método de participación ni los que obtengan con motivo de la revaluación de sus activos y de su capital. ..."

"Artículo 29. Los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: ..."

"Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:

"I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos: ..."

"Artículo 32. Para los efectos de este título, no serán deducibles:

"...

"II. Los gastos e inversiones, en la proporción que representen los ingresos exentos respecto del total de ingresos del contribuyente. Los gastos que se realicen en relación con las inversiones que no sean deducibles conforme a este capítulo. En el caso de automóviles y aviones, se podrán deducir en la proporción que represente el monto original de la inversión deducible a que se refiere el artículo 42 de esta ley, respecto del valor de adquisición de los mismos. ..."

Como puede advertirse, el objeto del impuesto sobre la renta lo constituye, en principio, la totalidad de los ingresos obtenidos por las personas físicas y las morales, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan (artículo 1o.).

No obstante lo anterior, en concreta referencia a las personas morales, si bien, al igual que todos los contribuyentes de este tributo, el objeto lo constituyen todos los ingresos que obtenga, lo cierto es que, para la base del tributo o cantidad sobre la cual habrá de calcularse el monto de la obligación fiscal, lo constituye el resultado fiscal obtenido conforme al procedimiento que establece el artículo 10 de la ley de la materia, es decir, no se consideran todos los ingresos, puesto que a éstos se les disminuyen las deducciones autorizadas por la ley, lo que dará una utilidad fiscal, a la que, en su caso, a su vez se le disminuirán las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios, en los términos que la propia ley señala.

En este punto debe precisarse que el artículo 17 del ordenamiento citad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22753-2f13ff76/impuesto-sobre-la-renta-el-articulo-42-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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