IGUALDAD. EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD QUE PREVÉ LOS NARCÓTICOS Y DOSIS MÁXIMAS QUE SON CONSIDERADAS PARA ESTRICTO E INMEDIATO CONSUMO PERSONAL, NO VIOLA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. IGUALDAD. DEBE ESTUDIARSE EN EL JUICIO DE AMPARO EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA SI SE ADVIERTE QUE LA NORMA GENERA UN TRATO DESIGUAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA.
AMPARO EN REVISIÓN 416/2010. **********.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en el punto segundo, en relación con el cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Unitario, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 479 de la Ley General de Salud.
SEGUNDO. El presente recurso de revisión se interpuso oportunamente.
En efecto, como se advierte de las constancias que obran en autos, la sentencia recurrida fue notificada a la quejosa el diecinueve de abril de dos mil diez, surtiendo sus efectos el día veinte; por lo que el término para la interposición del presente recurso de revisión empezó a correr el día veintiuno de abril citado y feneció el cuatro de mayo de ese mismo año, sin incluir los días veinticuatro y veinticinco de abril, así como el primero y dos de mayo, por haber sido sábados y domingos; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34, fracción II, de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Por tanto, si la recurrente interpuso su recurso de revisión el tres de mayo del presente año, según se advierte del sello fechador estampado en el mismo, es evidente que lo hizo oportunamente.
TERCERO. La quejosa formuló los agravios que son del tenor siguiente:
"Primero. El Magistrado constitucional no valoró de manera coherente los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de amparo, interpuesta a favor de la quejosa **********; pues como se puede apreciar del considerando quinto de dicha resolución, dicho resolutor únicamente se deviene en consideraciones para sostener la resolución de la responsable; es decir, argumenta a favor de la legalidad del acto reclamado; pero no analiza de manera pormenorizada y objetiva los conceptos de violación ya mencionados. Lo anterior se puede apreciar en la foja 7 de la resolución en comento, en la que el Magistrado sostiene entre otras cosas: ‘Lo anterior implica que el trámite del juicio está sujeto al surgimiento de un decreto que origine disposiciones legales que permitan analizar si son contrarias a la Constitución, de aquí que si en el presente caso los conceptos de violación plantean una omisión consistente en que en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, el legislador no mencionó el psicotrópico denominado clonazepam, no se dan las condiciones para establecer si el decreto que dio origen a las reformas hechas a dicha ley es contrario a la Ley Fundamental, pues ello implica tratar de determinar su inconstitucionalidad con base en lo que no se dijo, llevando a cuestionar lo que en su caso el legislador dejó de hacer y no lo que hizo, situación que resulta inadmisible’ (funda por analogía en una jurisprudencia de acción de inconstitucionalidad). Lo cual implica un verdadero despropósito jurídico, pues equivale a afirmar que el juicio de amparo, no puede enderezarse contra un acto de omisión de la autoridad, es decir, según el entender del Magistrado resolutor sólo se pueden violar garantías individuales por parte de la autoridad, por acción pero no por omisión. Igualmente se puede apreciar la incoherencia de la resolución que se impugna, en la página 10, cuando el resolutor constitucional afirma: ‘Ahora bien, elevadas razones de orden público e interés social como la naturaleza de un narcótico y sus efectos, son las que mueven al legislador a determinar si debe quedar o no comprendido en una disposición legal y el tipo de sanción que en su caso corresponde a las conductas realizadas, consideraciones sin las cuales se llegaría al extremo de establecer que cualquier tipo de narcótico tendría que quedar comprendido en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, que es lo que pretende la quejosa, a quien por lo mismo no asiste razón cuando afirma que el legislador hizo una distinción sin base objetiva y razonable y que por eso, la enumeración que ahí aparece es violatoria de las garantías de igualdad en la medida que impide que el suministro tentado de clonazepam quede comprendido en el artículo 475 de dicha ley, cuando esa misma conducta ejecutada con otros narcóticos (en situaciones análogas), sí permitió en otros casos la reducción de las penas. Lo anterior vuelve procedente recordar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiende a salvaguardar los intereses colectivos y no los particulares, de manera que si la nueva norma no prevé un beneficio para determinada persona no es razón bastante para considerar que viola sus garantías (funda por analogía en una jurisprudencia de acción de inconstitucionalidad). De igual manera sostener lo anterior resulta un verdadero despropósito legal, ya que equivale a ignorar lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción II, de la Constitución General de la República, así como lo dispuesto en el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo; lo que se traduce de que el juicio de amparo podrá seguirse en contra de leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales; que las sentencias que se pronuncien en dicho juicio serán siempre tales, que sólo se ocupen de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; lo que obviamente resulta contrario a lo sostenido por el Magistrado en el sentido de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional que tiende a salvaguardar los intereses colectivos y no los particulares. En todo caso, de la redacción del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé las acciones de constitucionalidad, se puede apreciar que las mismas tutelan intereses colectivos y no particulares. A lo anterior habrá que sumársele, que el resolutor constitucional funda su sentencia en jurisprudencia relativas a acciones de constitucionalidad, que nada tienen que ver con la petición de garantías que se formulan. En suma, la sentencia que se impugna no se ocupó en debida forma en analizar los conceptos de violación que se esgrimen en la demanda de amparo, relativos a que el legislador hizo una distinción sin base objetiva y razonable y que por eso es violatoria de las garantías de igualdad en la medida que impide que el suministro tentado de clonazepam quede comprendido en el artículo 475 de dicha ley, cuando ese misma conducta con otros narcóticos (en situaciones análogas), sí permitió en otros casos la reducción de las penas."
CUARTO. Los agravios expuestos por la parte quejosa, ahora recurrente, son fundados.
En su escrito inicial de demanda de garantías, la parte quejosa, ahora recurrente, tildó de inconstitucional el artículo 479 de la Ley General de Salud pues, en su concepto, vulnera las garantías de igualdad, aplicación retroactiva de la ley en beneficio del gobernado y de prohibición de ser juzgado por leyes privativas.
El Tribunal Unitario del conocimiento desestimó dicho planteamiento, considerando esencialmente que si los conceptos de violación plantean una omisión consistente en que en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, el legislador no mencionó el psicotrópico denominado clonazepam, no se dan las condiciones para establecer si el decreto que dio origen a las reformas hechas a dicha ley es contrario a la Ley Fundamental, pues implicaría tratar de determinar su inconstitucionalidad con base en lo que no se dijo, llevando a cuestionar lo que en su caso el legislador dejó de hacer y no lo que hizo, situación que resulta inadmisible.
Dicho órgano jurisdiccional, para fortalecer sus consideraciones, citó diversas jurisprudencias emitidas por el Tribunal Pleno al resolver acciones de inconstitucionalidad, en donde se aborda el tema de la impugnación de disposiciones legales con motivo de omisiones legislativas.
Ahora bien, le asiste la razón jurídica a la parte quejosa, en razón de que la impugnación del artículo 479 de la Ley General de Salud, lo plantea para ser analizado a la luz, entre otras, de la garantía de igualdad, lo que por sí mismo implica que sea otro el análisis que deba realizarse para poder estar en condiciones de determinar si dicho precepto es o no inconstitucional, por lo que no está sujeto a los criterios emitidos por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que se relacionan con la impugnación de disposiciones legales con motivo de omisiones legislativas.
En efecto, si en el caso la parte quejosa aduce que el precepto reclamado vulnera diversas garantías, entre ellas, la de igualdad, no es aplicable la doctrina constitucional relativa a la omisión legislativa, puesto que ello impediría realizar el estudio del fondo del asunto, dejándola en estado de indefensión, al no poder impugnar a través del juicio de amparo una norma que estima trata desigual a los iguales, por la circunstancia de lo que dejó de hacer el Poder Legislativo.
Cuando se impugna un precepto legal en donde se estima que el legislador no contempló una situación que podría generar una transgresión al principio de igualdad, no es aplicable el criterio denominado omisión legislativa, ya que de lo contrario se impediría que los ciudadanos impugnaran normas de dicha índole, dejándolos en estado de indefensión, y que este Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la existencia de un trato desigualitario o discriminatorio por parte del Poder Legislativo, al ejercer las facultades que le fueron conferidas, con la posible consecuencia de que existieran normas en nuestros diferentes órdenes jurídicos que fueran contrarias a nuestra Carta Magna.
En conclusión, en aquellos casos donde un régimen jurídico tácitamente excluye de su ámbito de aplicación a un determinado grupo, no debe desestimarse el planteamiento de violación a la garantía de igualdad bajo la consideración de que el tema involucra un problema de omisión legislativa. El mismo debe analizarse a la luz del test de igualdad. De otro modo, se haría nugatoria la defensa jurisdiccional del principio de igualdad ante la ley, vulnerando los principios que orientan la tutela judicial efectiva, de conformidad con el artículo 17 de la Norma Fundamental.
En estas condiciones, al resultar fundados los agravios expuestos por la parte quejosa ahora recurrente, se procede al estudio de los conceptos de violación plasmados en el escrito inicial de demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.
QUINTO. Los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa son infundados.
En el caso, la litis constitucional se plantea en el sentido de que la quejosa estima que es inconstitucional el artículo 479 de la Ley General de Salud, en razón de que el legislador omitió incluir en la tabla que prevé dicho numeral, la sustancia denominada clonazepam, lo que impide que también se encuentre comprendida en el diverso artículo 475 del mismo ordenamiento legal, para efectos de la traslación del tipo penal y, como consecuencia, la reducción de la pena de prisión que le fue impuesta conforme al Código Penal Federal, lo que en su concepto vulnera los artículos 1, 13 y 14 de la Constitución General de la República.
Como una cuestión previa, es importante establecer el marco constitucional que la quejosa estima vulnerado.
Los artículos 1o. y 13 de la Constitución General de la República disponen lo siguiente:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. (Adicionado, D.O.F. 14 de agosto de 2001). Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. (Reformado, D.O.F. 4 de diciembre de 2006). Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
"Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda."
Como ha destacado esta Suprema Corte, la igualdad se configura en nuestra Constitución Federal como uno de los principios estructurales del orden jurídico, lo cual implica, como dicha tesis destaca, que ha de servir como criterio básico para la producción normativa y su posterior interpretación y aplicación.
En consonancia con esta condición, la Constitución plasma diferentes facetas de la igualdad, y se refiere a ella a veces en un plano general y a veces en el contexto de un ámbito material específico. Así, por ejemplo, el primer párrafo del artículo 1o. de la Constitución contiene una afirmación general del principio de igualdad en el disfrute de las garantías individuales que la misma otorga; en el tercer párrafo de dicho artículo se establece la prohibición de discriminar por varios motivos expresamente enumerados, y de cualquier otro modo que implique un menoscabo para la dignidad humana o para los derechos y libertades de las personas; en el artículo 2o., apartado B, por su parte, se impone a los distintos niveles territoriales de poder, el deber de establecer las instituciones y políticas necesarias para garantizar los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas, con vistas a promover su igualdad de oportunidades y eliminar cualquier práctica discriminatoria; el artículo 4o. especifica que el varón y la mujer son iguales ante la ley; los artículos 13, 14 y 17 garantizan de varios modos la igualdad de las personas sujetas a un proceso jurisdiccional y la fracción IV del artículo 31, al imponer a los mexicanos la obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo.
Del conjunto de todas estas menciones, que constituyen una enumeración no exhaustiva sino ejemplificativa, se desprende que en nuestro ordenamiento jurídico la igualdad es un principio complejo que otorga a las personas no solamente la garantía de que serán iguales ante la ley -esto es, en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia- sino también en la ley -esto es, en relación con el contenido de la ley-, la cual tendrá que ajustarse a las disposiciones constitucionales sobre igualdad para ser constitucional. También se desprende, de manera central, que el principio de igualdad debe entenderse como un principio que exige tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Para ajustarse a ello, en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, pero en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido.
A los efectos de realizar el control de constitucionalidad de las leyes en casos en los que se planteen cuestiones de igualdad, por lo tanto, lo esencial es explicitar sobre la base de qué criterios y con qué fines deben considerarse iguales o desiguales dos o más situaciones. Sólo así será posible marcar la necesaria diferencia entre las distinciones que son constitucionalmente legítimas y aquellas que son constitucionalmente ilegítimas y caen dentro de la prohibición de discriminación establecida de modo específico en el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución.
Dicho de modo más específico, esta Suprema Corte, ante un caso en el que la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una "discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción introducida por el legislador obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. Es claro que el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos constitucionalmente válidos -esto es, admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente incluidos en dichas previsiones-.
En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción introducida por el legislador. Es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar. Si la relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria introducida por el legislador y el fin que éste pretende alcanzar no es clara, o si se llega a la conclusión de que la medida es patentemente ineficaz para conducir al fin pretendido, será obligado concluir que la medida no es constitucionalmente razonable.
En tercer lugar, debe cumplirse el requisito de la proporcionalidad de la medida legislativa bajo examen: el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, sino que debe cuidar que exista un adecuado balance entre el trato desigual que se otorga y la finalidad perseguida. Queda por supuesto excluido del ámbito de lo que esta Suprema Corte debe examinar en el ejercicio de sus funciones, la apreciación de si la distinción realizada por el legislador es la medida más óptima y oportuna para alcanzar el fin deseado; ello exigiría aplicar criterios de oportunidad política, cuyo uso es totalmente ajeno a la competencia jurisdiccional de esta Corte. La misma se limita a determinar si la distinción realizada por el legislador se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos afectados por la misma, con independencia de que, desde ciertos puntos de vista, unos puedan considerarse preferibles a otros.
Lo que la garantía constitucional de la igualdad exige es, en definitiva, que la persecución de un objetivo constitucionalmente válido no se haga a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.
Por último, es de la mayor importancia determinar respecto de qué se está predicando la igualdad o la desigualdad en el caso concreto. La igualdad es siempre un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo. La igualdad o la desigualdad, en otras palabras, se predica siempre de algo, y este referente es relevante a la hora de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Constitución desea que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros ésta se contraste más estrechamente con las condiciones y parámetros constitucionalmente establecidos. La Constitución misma establece, en varios preceptos, cuál debe ser el referente de fondo del juicio de igualdad, e indica indirectamente al Juez de constitucionalidad en qué casos debe ser especialmente exigente a la hora de determinar si el legislador se ha ajustado a las exigencias que de él derivan.
Así, el primer párrafo del artículo 1o., por ejemplo, proclama que: "en los Estados Unidos Mexicanos la Constitución asegura que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece", redacción que evidencia la voluntad constitucional de asegurar en los más amplios términos el goce de los derechos fundamentales, y de que las limitaciones a los mismos sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les atribuye. Siempre que la acción clasificadora del legislador incida, por consiguiente, en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación.
El párrafo tercero del mismo artículo 1o., por su parte, muestra una voluntad de extender la garantía constitucional de la igualdad a ámbitos que trascienden el campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentales explícitamente otorgados por la Constitución. Concretamente, la Carta Magna prohíbe al legislador que en el desarrollo general de su labor incurra en discriminación por una serie de motivos enumerados, o que incurra en cualquier otra "que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
La intención constitucional es extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, así como en ámbito de las acciones legislativas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios clasificatorios mencionados en el tercer párrafo del artículo 1o.: origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil.
Es evidente que la enumeración constitucional expresa, de una serie de motivos prohibidos de discriminación, no implica que al legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa. El párrafo tercero no tiene por objeto establecer una excepción a la regla general que distingue las distinciones arbitrarias de aquellas que gozan de una justificación objetiva y razonable. La enumeración constitucional de una serie de motivos tiene por objeto obligar al legislador a ser especialmente cuidadoso a la hora de establecer distinciones legislativas basadas en una serie de categorías, obligación que descansa sin duda sobre la base de un juicio histórico y sociológico que muestra que las personas han sido frecuentemente objeto de un trato injusto o, incluso, denigrante por motivos relacionados con esos factores: su origen étnico, su origen nacional, su condición social, su género, etcétera.
En todos los casos en los que la Constitución obligue al Juez constitucional a realizar un escrutinio de igualdad más cuidadoso, la aplicación de los criterios que han quedado enunciados con anterioridad debe experimentar la correspondiente modulación. Así, el Juez constitucional tendrá que asegurarse, por ejemplo, de que las medidas legislativas bajo examen puedan ser vistas como medidas orientadas a alcanzar, no ya una finalidad constitucionalmente admisible -esto es, una finalidad no abiertamente contradictoria con las disposiciones constitucionales- sino una finalidad con un apoyo constitucional claro -esto es, un objetivo constitucionalmente importante-.
De modo similar, será necesario que la medida legislativa esté directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales de envergadura antes mencionados, que sea realmente útil para su consecución, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con la consecución de tales objetivos. Del mismo modo, la apreciación de si la medida legislativa es o no proporcional debe ser más cuidadosa, si en los casos ordinarios basta que no exista un desbalance grosero entre el objetivo al servicio del cual está la medida clasificadora y los bienes y derechos que quedan afectados por la misma, cuando procede aplicar un examen de igualdad más estricto es necesario que la diferencia de trato refleje un balance cuidadoso de las distintas exigencias normativas en juego, y que no se detecten alternativas menos gravosas para los derechos capaces de conducir a ese fin.
Las consideraciones anteriores originaron la emisión de las jurisprudencias siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXVII, abril de 2008
"Tesis: 1a./J. 37/2008
"Página: 175
"IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La igualdad es un principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que en otros el Juez debe ser más exigente a la hora de determinar si aquél ha respetado las exigencias del principio de igualdad. El artículo 1o. de la Constitución Federal establece varios casos en los que procede dicho escrutinio estricto. Así, su primer párrafo proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que ella otorga, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que la misma establece, lo que evidencia la voluntad constitucional de asegurar en los más amplios términos el goce de los derechos fundamentales, y de que las limitaciones a ellos sean concebidas restrictivamente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les atribuye. Por ello, siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. Por su parte, el párrafo tercero del citado precepto constitucional muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad a ámbitos que trascienden el campo delimitado por el respeto a los derechos fundamentales explícitamente otorgados por la Constitución, al prohibir al legislador que en el desarrollo general de su labor incurra en discriminación por una serie de motivos enumerados (origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil) o en cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La intención constitucional es, por lo tanto, extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la dignidad de las personas, así como al de aquellas que se articulan en torno al uso de una serie de criterios clasificatorios mencionados en el referido tercer párrafo, sin que ello implique que al legislador le esté vedado absolutamente el uso de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa, sino que debe ser especialmente cuidadoso al hacerlo. En esos casos, el Juez constitucional deberá someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad."
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, septiembre de 2006
"Tesis: 1a./J. 55/2006
"Página: 75
"IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro Texto Constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constituciona
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22679-7ea0acf7/igualdad-el-articulo-479-de-la-ley-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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