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Modo: Corpus Pro

SISTEMA BIOMÉTRICO DE REGISTRO DE ASISTENCIA DE PROCESADOS EN LIBERTAD PROVISIONAL (SIBAP). CONTRA LA ORDEN DE REGISTRARSE EN ÉSTE PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN LA MATERIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 94/2010. · Registro digital (IUS): 22457
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Octubre de 2010, , Pág. 3179.

AMPARO EN REVISIÓN 94/2010. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente son los siguientes:

"... Agravios. Primero. Me causa agravio la resolución emitida por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal porque dictó resolución que niega el amparo al quejoso, y me causa agravio que el Juez de amparo razone de la siguiente manera: ‘Acto que se considera como una obligación procesal más para el quejoso, que aunque no está prevista en el artículo 411 del Código Federal de Procedimientos Penales debe acatar, porque fue emitido por la autoridad responsable en uso de la facultad discrecional que le concede el citado artículo ...’. Lo anterior es inadmisible, porque del uso de facultades discrecionales, las cuales no se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico mexicano, al uso de facultades extraordinarias existe un paso juarista, y admitir lo anterior es considerar la posibilidad de que el Poder Judicial legisle materialmente. Permitir que por una exigencia norteamericana todos los gobernados mexicanos, en particular los procesados, deben ser incorporados a una base de datos exigida por la patriota CT (sic) o ley antiterrorista norteamericana, es doblegar el Estado mexicano al gringo, mancillar la soberanía y dignidad nacional, únicas fortalezas de la nación, significa, asimismo, devaluar el ordenamiento jurídico mexicano y su obligación e imperativo para procesar y castigar a nuestros delincuentes y proteger a nuestros nacionales, garantizando la estabilidad interior y en contra de los ataques y la subyugación norteamericana. Lo contrario significaría que solicitáramos la presencia de policías, soldados y Jueces gringos para que sustituyan a los mexicanos, tal como lo exigió, no hace mucho, Matías Romero, Melchor Ocampo, Lerdo De Tejada, Gómez Farías y, desde luego ... Benito Juárez. Segundo. Me causa agravio que el Juez de amparo razone de la siguiente forma: ‘no es óbice que el quejoso señale que diversa persona reconoció que portaba el arma de fuego sin licencia, ya que de las declaraciones vertidas por los policías no se aprecia ninguna manifestación en ese sentido.’. Lo anterior es incorrecto, ya que el Juez de amparo pretende que las imputaciones delictivas por provenir de policías tengan un valor sacramental, olvidando que las testimoniales o los cargos que provengan del presidente de la República, del presidente del Máximo Tribunal o de un Juez, tienen el mismo valor que una testimonial de un gobernado cualquiera, sea o no policía. Lo que sí omite el Juez de amparo, es el examen de constancias que contienen un valor probatorio proveniente de la Constitución y a las que no se les puede valorar en forma ilegal o distinta por provenir, precisamente, del mandato constitucional de investigación, y esas constancias son los informes policiacos o de agentes investigadores que le proporcionan al agente del Ministerio Público los elementos necesarios para integrar la averiguación previa; veamos: 1. Quien informa que diversa persona porta el arma de fuego no es el quejoso. 2. Quien informa quien porta el arma de fuego son cuatro (4) (sic) policías o agentes investigadores, que en uso de las facultades que les confiere el artículo 21 constitucional, rinde su informe. 3. Quien porta el arma de fuego reconoce ante los agentes investigadores que, efectivamente, él porta el arma de fuego. 4. El Juez de amparo omitió el examen de los dos pliegos de consignación, porque del examen somero, se encontraría con los informes de dos agentes investigadores del fuero común y con los informes de dos agentes investigadores del fuero federal que corroboran lo anterior. Por lo expuesto a usted H. Juez, le pido: ..."

SÉPTIMO. Cabe decir, como cuestión preliminar, que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de garantías debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado, con base en todos los datos que se desprendan de la demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, buscando en todo momento obtener, con la mayor exactitud posible, la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, todo ello con el fin de impartir una correcta administración de justicia.

Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia con registro IUS 192,097, cuyos datos de localización, rubro, texto y precedentes son:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, abril de 2000

"Tesis: P./J. 40/2000

"Página: 32

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.

"Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

"Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez.

"Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez."

Así, en el caso a estudio, el a quo actuó correctamente al fijar, de manera clara y precisa, los actos reclamados por la parte quejosa a la autoridad responsable, Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, consistentes en:

1. El auto de veintiuno de diciembre de dos mil nueve, en el que se ordenó al quejoso que compareciera para que obtuviera el registro y trámite en el Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional (SIBAP).

2. El auto de término constitucional dictado el veintitrés de diciembre de dos mil nueve, en la causa penal **********, en el cual se decretó la formal prisión del quejoso, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia; se ordenó su identificación por el sistema administrativo en vigor, así como la práctica del estudio de personalidad respectivo.

OCTAVO. Ahora, los motivos de inconformidad expresados por el recurrente, en síntesis, son:

a. En relación con el acto reclamado precisado en el arábigo uno del considerando precedente:

1. El Juez de Distrito le irrogó perjuicio al negarle el amparo, porque del uso de facultades discrecionales -las cuales no se encuentran previstas en el ordenamiento jurídico mexicano- al uso de facultades extraordinarias, existe un paso juarista, que implica permitir que el Poder Judicial legisle materialmente.

Además, con el empleo del Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional se permite que, por una exigencia norteamericana, los gobernados mexicanos deban ser incorporados a una base de datos exigida por la "ley antiterrorista norteamericana", lo que se traduce en doblegar al Estado mexicano, mancillar su soberanía y su dignidad nacional, así como devaluar los ordenamientos jurídicos del país.

b. En relación con el acto reclamado precisado en el arábigo dos del considerando precedente:

2. La sentencia recurrida le causa perjuicio ya que, indebidamente, se le negó el amparo solicitado.

3. Le irroga perjuicio la pretensión del Juez de amparo de otorgar a las imputaciones delictivas de los policías un valor "sacramental", soslayando que la declaración de un funcionario público, incluso del Presidente de la República, tiene el mismo valor que la de cualquier gobernado.

4. Le causa agravio que el Juez Federal omitiera realizar un examen minucioso de las constancias del sumario, al inadvertir que existen en él los informes de agentes investigadores, tanto del fuero común, como del federal, aportados al agente del Ministerio Público investigador, de los cuales se desprende que persona diversa al quejoso admitió ante los elementos policiacos que portó el arma de fuego.

NOVENO. Previo al estudio de fondo del asunto, conviene precisar que el juicio de amparo interpuesto en contra del acto reclamado consistente en la orden de registrarse en el Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional (SIBAP), es procedente, pues no se advierte causa de improcedencia alguna.

En efecto, la orden de registrarse en el Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional (SIBAP), no es recurrible, pues constituye una medida netamente administrativa que tiene como origen un acuerdo general emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, dirigido a eficientar el control estadístico que se lleva en los órganos judiciales respecto de los procesados que gozan del beneficio de libertad provisional bajo caución; por tanto, al no ser una providencia propiamente procesal o jurisdiccional, expresamente contemplada en el Código Federal de Procedimientos Penales, no resulta procedente impugnarla a través de alguno de los recursos ordinarios que tal ordenamiento prevé y, en su caso, no resulta exigible que previo a la promoción del juicio de amparo en su contra, el quejoso agote el recurso procedente, dado que, como se indicó, en la especie, la legislación penal aplicable no prevé medio alguno para combatirla.

A mayor abundamiento, y aun sin conceder, en el supuesto de que contra de dicha disposición resultare procedente alguno de los medios ordinarios de defensa que contempla el código adjetivo penal federal, este órgano revisor considera que tampoco sería necesario que el quejoso cumpliera con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, esto, en razón de que el acto de molestia que se combate (la orden de registrarse en el Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional) es un acto contemplado en el artículo 16 de la Ley Suprema del País, emanado de un procedimiento penal, en el cual el quejoso reviste el carácter de procesado; por tanto, se ubica como una excepción a la regla que obliga a agotar los recursos ordinarios previo a la interposición del amparo, en tanto, ha sido criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tratándose de violaciones a las garantías que, en materia penal, tutelan los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, no es necesario que, previamente al amparo, se recurra el acto reclamado por los medios ordinarios establecidos para ello.

Esto, según se advierte de la jurisprudencia con registro IUS número 389,923, emitida por la aludida Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, en su otrora integración, la que, si bien corresponde a la Quinta Época, continúa siendo aplicable por no haberse superado o interrumpido; la cual surgió con motivo de la reflexión que dicho órgano constitucional realizó al ponderar que, si los tribunales de apelación gozan de competencia concurrente para conocer del juicio de amparo, cuando se alegaran violaciones en materia penal a los numerales 14, 16 y 19 constitucionales, entonces, podía evitarse que, previo a su promoción, se agotara el recurso que resultare procedente. Criterio que tiene como datos de localización, rubro, texto y precedentes los siguientes:

"Quinta Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995

"Tomo II, Parte SCJN

"Tesis: 54

"Página: 30

"Jurisprudencia

"Materia(s): Penal

"AUTO DE FORMAL PRISIÓN, PROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA EL, SI NO SE INTERPUSO RECURSO ORDINARIO. Cuando se trata de las garantías que otorgan los artículos 16, 19 y 20 constitucionales, no es necesario que previamente al amparo se acuda al recurso de apelación.

"Amparo en revisión 1585/36. Vasconcelos María Dolores. 24 de abril de 1936. Mayoría de cuatro votos.

"Amparo en revisión 3780/36. Orihuela Pablo. 8 de agosto de 1936. Unanimidad de cuatro votos.

"Amparo en revisión 2263/36. Cruz Rodrigo M. 5 de septiembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos.

"Amparo en revisión 4611/36. Rivera Amador. 23 de septiembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos.

"Amparo en revisión 4643/36. Santana Cuéllar Luis. 30 de septiembre de 1936. Unanimidad de cuatro votos."

Además, debemos recordar que, en materia penal, en el amparo existe la máxima suplencia de la queja deficiente, donde, aun en ausencia de conceptos de violación o agravios, deben analizarse de oficio todas las posibles violaciones, incluyendo las no mencionadas, como podrían ser los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, lo que también constituye una excepción al principio de definitividad, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción XIII del numeral 73 de la Ley de Amparo.

Por tanto, aun cuando este Tribunal Colegiado no desconoce el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis número 1a./J. 60/2006, sustentada por la actual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 164, Tomo XXIV, octubre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ORDEN DE IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (FICHA SIGNALÉTICA). DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 414 Y 418 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ANTES DE ACUDIR AL AMPARO."; la misma no se estima aplicable al caso, ni aun por identidad jurídica sustancial, pues en dicho criterio se realiza el estudio relativo a la orden de identificación administrativa de los procesados, misma que aun cuando resulta una medida administrativa que, en su caso, servirá para conocer datos del encausado si es que se le llega a condenar por delito alguno, empero, no resulta equiparable al registro de los procesados en el Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional, toda vez que aquélla si está expresamente contemplada en el numeral 165 del Código Federal de Procedimientos Penales, que la prevé como consecuencia necesaria del auto de sujeción a proceso o formal prisión que se dicte en contra de aquél; por ende, la ficha signalética, como medida de identificación, es un acto netamente procesal previsto en la propia ley, en contra del cual sí resultan procedentes los recursos que contiene el ordenamiento procesal en cita.

Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto se abordará el estudio por separado de la sentencia recurrida, en relación con cada uno de los actos reclamados por el impetrante de garantías.

Así, en primer término, resulta procedente analizar aquélla, en lo atinente al acto reclamado consistente en el auto de veintiuno de diciembre de dos mil nueve, en el que se ordenó al quejoso que compareciera para que obtuviera el registro y trámite en el Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional (SIBAP). En esas condiciones, cabe precisar que el concepto de agravio marcado con el arábigo uno del considerando octavo de esta ejecutoria, aunque suplido en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, se aprecia en parte infundado y, en otra, inoperante.

En efecto, de la lectura íntegra del considerando sexto de la sentencia recurrida, en lo relativo al estudio del acto reclamado en comento, se aprecia que previa reseña de antecedentes del acto reclamado, el Juez de amparo estimó que éste no era violatorio de las garantías individuales del quejoso, toda vez que fue dictado por la autoridad judicial que conoce de la causa penal seguida en contra del justiciable, en uso de las facultades discrecionales que le otorga el numeral 411 del Código Federal de Procedimientos Penales, para emitir todas las medidas que estime necesarias a efecto de asegurar que el procesado, a quien se otorgó el beneficio de libertad provisional bajo caución, no se sustraiga de la acción de la justicia, a efecto de velar por la buena marcha del proceso. Además, porque tal medida tiene su fundamento en lo establecido en el Acuerdo General 58/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que prevé el uso obligatorio del módulo denominado Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional, contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado para el control de procesados en libertad provisional bajo caución, por parte de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales, entre otros, esto, a efecto de otorgar facilidades a los titulares de los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios para el control de los procesados que gozan de dicho beneficio.

En esas condiciones, la sentencia recurrida se estima apegada a derecho, pues, efectivamente, de las constancias del sumario se desprende que:

- El doce de noviembre de dos mil nueve **********, entre otros, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal y puesto a disposición del agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación Número Tres con detenido, de la Agencia Investigadora COY-1, por hechos posiblemente constitutivos de delito, pues, al parecer, a la altura de la cintura, sujetada con el cinturón, portaba un arma de fuego, tipo escuadra, color negro, con cachas de madera café, calibre .22" milímetros.

- Previa competencia declinada por la autoridad referida en el anterior párrafo, el trece de noviembre de dos mil nueve, el agente del Ministerio Público de la Federación, titular del primer turno con detenido, en la Central de Abastos, dependiente de la Subdelegación de Procedimientos Penales de la Zona Oriente de la Delegación en el Distrito Federal, radicó la indagatoria respectiva bajo el número **********, y continuó la investigación de los hechos.

- El catorce del citado mes y año, el aquí quejoso solicitó a la aludida autoridad investigadora el otorgamiento del beneficio de la libertad provisional bajo caución, el cual obtuvo en la misma data, mediante la exhibición de la garantía fijada para ello, así, en diligencia de esa propia fecha, el órgano investigador previno al quejoso a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 135, párrafo tercero, 411 y 412 del Código Federal de Procedimientos Penales (fojas 111, 112, 119 y 120, anexo II del juicio de amparo).

- El treinta de noviembre siguiente, el órgano ministerial federal realizó la consignación sin detenido de la averiguación previa en comento y solicitó el libramiento de la orden de presentación respectiva (fojas 167 a 181, anexo II del juicio de amparo).

- Correspondió conocer del asunto a la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, quien lo registró bajo el número **********, y giró la orden de presentación solicitada en contra del aquí recurrente (fojas 182 a 183, anexo II del juicio de amparo).

- En veintiuno de diciembre de dos mil nueve, el aquí promovente, compareció ante la autoridad responsable, quien mediante proveído de esa propia fecha, entre otras cosas, le hizo saber las obligaciones que contraía con ese órgano jurisdiccional y las establecidas en el artículo 411 del Código Federal de Procedimientos Penales; asimismo, le indicó que con fundamento en el artículo 41 del citado ordenamiento y el Acuerdo General 58/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debía comparecer en la fecha que correspondiera a su firma en el libro de control de procesados en libertad bajo caución, a efecto de obtener el registro y trámite subsecuente en el Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional (SIBAP).

Por lo anterior, tal como lo estableció el órgano de amparo, el acto reclamado en estudio está apegado a derecho y no es lesivo de garantía alguna en contra del quejoso, toda vez que fue emitido por la Juez responsable, quien está facultada por la ley para velar por la buena marcha del proceso, por lo que está autorizada para emitir determinaciones que redunden en la satisfacción de los fines del proceso, tal como la impugnada. Aunado a que, esa medida se entiende como una obligación procesal más para el procesado, que aunque no está prevista en el numeral 411 del Código Federal de Procedimientos Penales, debe acatar, al haber sido emitida por la autoridad judicial que le sigue procedimiento, en uso de las facultades discrecionales que le concede tal ordenamiento adjetivo para emitir las medidas que estime pertinentes a efecto de evitar la sustracción del justiciable de la acción de la justicia; máxime que, en el caso, se trata de una providencia para fortalecer los medios de control de los procesados en libertad bajo caución y asegurar su identificación.

En ese orden de ideas, resulta infundado el concepto de violación reseñado en el arábigo uno del considerando octavo de esta ejecutoria, pues contrario a lo argumentado por el impetrante, la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, autoridad jurisdiccional que conoce de la causa penal que se le instruye, está facultada por el artículo 41 del Código Federal de Procedimientos Penales, para dictar de oficio los trámites y providencias necesarias encaminadas a que la justicia que imparte sea eficaz, pronta y expedita. De ahí que, en uso de las facultades discrecionales que el ordenamiento adjetivo penal federal de nuestro país le otorga, emitió el acto reclamado en los términos apuntados, el cual, se advierte únicamente, como una medida para eficientar el control administrativo del órgano jurisdiccional a su cargo y facilitar al procesado el cumplimiento de las obligaciones procesales que contrajo al obtener el beneficio de libertad provisional bajo caución en el proceso penal que se le instruye.

Toda vez que dicha determinación tiene fundamento en el Acuerdo General 58/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de octubre de dos mil ocho, de cuyo contenido se desprende que es una norma emitida por el Consejo de la Judicatura Federal encaminada a eficientar y modernizar el control que llevan los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, respecto de los procesados en libertad provisional, y a efecto de brindar a éstos mayores facilidades para el cumplimiento de las obligaciones que contraen, como son, presentarse en el órgano jurisdiccional que tramite su asunto los días fijos que sea conveniente señalarse y cuantas veces sean citados o requeridos para ello, comunicar a dicho órgano los cambios de domicilio que tuvieren y no ausentarse del lugar sin permiso del juzgado o tribunal, para lo cual se determinó el uso de un mecanismo de control y registro más eficaz que los libros de gobierno que cada órgano judicial lleva, respecto del "Control de firmas de procesados en libertad provisional bajo caución" y del "Control de firmas de procesados en libertad provisional bajo caución concedida en segunda instancia", implementándose así dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el módulo de registro de asistencia de procesados en libertad provisional, denominado Sistema Biométrico de Registro de Asistencia de Procesados en Libertad Provisional (SIBAP), cuyo uso es obligatorio para los Juzgados de Distrito mixtos y especializados en materia penal, que conozcan de amparo y procesos penales, así como los Tribunales Unitarios de Circuito, con excepción de los especializados en materias civil y administrativa.

Disposición normativa, que si bien es un acto formalmente administrativo, al provenir del Consejo de la Judicatura Federal reviste las características de una norma general y obligatoria, en tanto éste tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por lo que, la Constitución Política del país, en sus numerales 94, párrafos primero y segundo, 100, párrafos primero, cuarto y octavo, y 134, párrafo primero, le otorga facultades para expedir acuerdos generales o reglas que permitan el adecuado ejercicio de esas funciones, a efecto de agilizar y eficientar la labor jurisdiccional de los órganos judiciales que administra y vigila; facultades que también están contenidas en los numerales 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que le dan atribuciones para establecer los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, así como para fijar las bases de la política informática e información estadística que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial Federal.

Sin que resulte exacta la aseveración del impetrante en el sentido de que la función legislativa está únicamente reservada al Poder Legislativo Federal, pues como ya se apuntó, el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, por mandato constitucional, cuenta con facultades para expedir actos administrativos que comparten las características de una ley, denominados acuerdos generales; ello, dentro del ámbito de sus atribuciones, sin que esto implique que invada la esfera de atribuciones del Poder Legislativo.

Por otra parte, el concepto de agravio que se atiende se aprecia inoperante, en cuanto a los argumentos vertidos por el quejoso, en el sentido de que con el uso de tal sistema (SIBAP) se permite que por una exigencia norteamericana los gobernados mexicanos deban ser incorporados a una base de datos exigida por la "ley antiterrorista norteamericana", lo que se traduce en doblegar al Estado mexicano, mancillar su soberanía y su dignidad nacional, así como devaluar los ordenamientos jurídicos del país. Toda vez que tales argumentos no tienen relación alguna con la medida administrativa implementada en el Acuerdo General 58/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tampoco se aprecian enderezados a combatir el acto reclamado en cuanto a su legalidad o constitucionalidad, sino sólo se advierten como una apreciación subjetiva del impetrante que no tiene relación, incluso, con los motivos que dieron lugar a la implementación de tal sistema informático.

Ahora bien, en segundo término, es procedente analizar la sentencia recurrida en lo concerniente al acto reclamado, que se hizo consistir en el auto de término constitucional dictado el veintitrés de diciembre de dos mil nueve en la causa penal **********, en el cual se decretó la formal prisión del quejoso por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia; se ordenó su identificación por el sistema administrativo en vigor, así como la práctica del estudio de personalidad respectivo; análisis que realizará este órgano revisor, supliendo la deficiencia de la queja del impetrante de amparo, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

En esas condiciones se aprecia infundado el motivo de disenso marcado con el arábigo dos, de la síntesis de agravios contenida en el considerando octavo de esta ejecutoria, toda vez que, del contenido del auto de plazo constitucional reclamado, se advierte que, como lo hizo notar el órgano de amparo en la sentencia que se revisa, para la emisión del acto reclamado la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, cumplió las formalidades esenciales del procedimiento, pues el auto de formal prisión que le decretó se fundó en leyes expedidas con anterioridad al hecho ilícito, previo ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público; no se le aplicó una ley en forma analógica, dado que, en la especie, el Juez de instancia citó los preceptos legales que contemplan la descripción típica del delito por el cual le decretó formal prisión, como se verá más adelante, los cuales se aprecian exactamente aplicables.

Además, porque previa comparecencia del justiciable ante la autoridad judicial de mérito, recabó su declaración preparatoria, diligencia en la cual se le hicieron saber los derechos subjetivos públicos que, en su favor, consagra el artículo 20, apartado A, de la Constitución Federal, y en uso de estos, el entonces indiciado, nombró defensor particular para que lo patrocine en esa instancia; profesionista quien lo asistió en dicho acto procedimental; luego, el entonces indiciado, señaló que se reservaba su derecho a declarar y agregó que tampoco daría respuesta a las preguntas que pudieran formularle las partes; así, dentro del plazo constitucional a que alude el numeral 19 de la Carta Magna, se dictó en su contra el auto de formal prisión, q

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22457-bb205027/sistema-biometrico-de-registro-de-asistencia-de-procesados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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