INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 124/2010. **********.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Es innecesaria la transcripción y el estudio de la sentencia recurrida y de los agravios que en su contra se proponen, pues del examen del expediente se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente por diversos motivos de los considerados por el a quo, y que en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, el tribunal revisor se encuentra obligado a estudiar, aun de oficio, la procedencia del juicio constitucional.
Sobre el particular, es aplicable el criterio que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 122/99, publicada en la página 28, Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
Este Tribunal Colegiado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.
En efecto, lo anterior es así, toda vez que, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que se hicieron consistir en la abstención por parte de la citada institución a otorgarle al quejoso la pensión que le corresponde por derecho; al respecto es necesario realizar un examen del asunto desde la óptica de lo que debe entenderse como autoridad para efectos del amparo, a fin de establecer si el acto atribuido en cuestión puede ser considerado o no como acto de autoridad.
Al respecto, debe tenerse en consideración que los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal, 1o., fracción I, 5o., fracción II y 11 de la Ley de Amparo, disponen:
"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
"I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales."
"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales."
"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"...
"II. La autoridad o autoridades responsables."
"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."
Las disposiciones transcritas reflejan que el juicio de amparo es procedente contra los actos de las autoridades, ya sean de naturaleza positiva, negativa u omisiva, pues en la vía constitucional se resuelven las controversias que se susciten por actos de autoridad que violen garantías individuales, y por ello, tienen el carácter de parte en el juicio de garantías.
Ahora bien, para resolver el tema toral que se aborda, esto es, si el subdelegado en Torreón del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Departamento de Atención y Orientación a Derechohabientes de la propia subdelegación, son o no autoridades para efectos del juicio de amparo, resulta útil el criterio que sustenta la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. CCIV/2001, que derivó de la contradicción de tesis 76/99, localizada en la página 39, Tomo XIV, noviembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece:
"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."
Asimismo, es importante destacar la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 12/2002, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 320 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época, que es del tenor siguiente:
"UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado."
De igual modo, en la tesis 2a. XXXVI/99 que derivó de la contradicción de tesis 71/98, publicada a página 307, Tomo IX, marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece:
"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado."
Las tesis transcritas ponen de manifiesto que la actual integración de la Suprema Corte considera que es autoridad para efectos del amparo el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos unilaterales a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello el acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado.
De lo que se sigue que, autoridad es todo aquel ente del Estado que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.
Luego, es palmario el abandono del criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como requisito característico del concepto que se analiza.
Además, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 12/2002 antes transcrita, cuya aplicación resulta obligatoria para este tribunal, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares.
En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede en contra de actos de autoridad, no así de particulares.
Por consiguiente, aun cuando en algunas ocasiones el Estado puede obrar como autoridad y otros como persona de derecho privado, no debe confundirse que en uno y otro caso, los actos positivos, negativos u omisivos que se le atribuyen, puedan reclamarse en el juicio de amparo, pues en el primer supuesto obra como autoridad haciendo uso de los atributos propios de su soberanía encargado de velar por el bien común por medio de dictados imperativos, cuya observancia es obligatoria, y en el segundo actúa al igual que los individuos particulares, ejecuta actos que se fundan en derechos del propio Estado, vinculados a sus intereses particulares.
Consecuentemente, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación.
De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad ante la ley, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral.
La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.
En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo.
Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales.
Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República.
Por lo que, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior.
De lo antes expuesto se pueden advertirse como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes:
a) La existencia de un ente del Estado de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular.
b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad.
c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales -positivos, negativos u omisivos- a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular.
d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado.
Desde esa perspectiva, es importante destacar que los actos de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, en la tesis P. XXVII/97, publicada a página 118, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interrumpido el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública, al establecer que:
"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."
En este sentido, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atenderse a la norma legal para examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades que dispongan de ella.
Ahora bien, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece en sus artículos 1o., 2o., 3o. y 45, lo siguiente:
"Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de la administración pública federal, centralizada y paraestatal.
"La Presidencia de la República, las secretarías de Estado y los departamentos administrativos, integran la administración pública centralizada.
"Los organismos descentralizados ... componen la administración pública paraestatal."
"Artículo 2o. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las siguientes dependencias de la administración pública centralizada:
"I. Secretarías de Estado;
"II. Departamentos administrativos."
"Artículo 3o. El Poder Ejecutivo de la Unión se auxiliará, en los términos de las disposiciones legales correspondientes, de las siguientes entidades de la administración pública paraestatal:
"I. Organismos descentralizados; ...".
"Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten."
De los numerales transcritos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que la administración pública centralizada está formada por las secretarías de Estado y por los departamentos administrativos, y que la administración pública paraestatal se integra, entre otros, con los organismos descentralizados.
La administración pública descentralizada se expresa en una estructura de organismos desvinculados en diverso grado de la administración central, a los que se encomienda el desempeño de algunas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboración o por región.
Así, los organismos descentralizados forman parte del Poder Ejecutivo, en tanto que son componentes de la administración pública, y su objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de asuntos del orden administrativo.
Sus objetos específicos son diversos; en el nivel federal, se advierte que el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que:
"Artículo 14. Son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea:
"I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;
"II. La prestación de un servicio público o social;
"III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o de seguridad social."
Por tanto, los organismos descentralizados de la administración pública federal se configuran como entidades creadas por ley o decreto del titular del Poder Ejecutivo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
En el orden federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 45, determina que:
"Artículo 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten."
Este otorgamiento de personalidad y patrimonio propios a los organismos en cuestión, obedece a la necesidad de darles, ya sea una simple autonomía técnica, o bien, una autonomía verdaderamente orgánica, o ambas, con el fin de que cumplan los cometidos a su cargo.
La autonomía técnica implica el no sometimiento de los organismos a las reglas de gestión administrativa y financiera aplicables por lo general a todos los servicios centralizados del Estado.
La autonomía orgánica se traduce en la especial organización interna del organismo que le permite incluso en el caso extremo el autogobierno.
Bajo esta óptica, se trata de una autoadministración en el marco de las leyes, restringida a la ejecución de los fines específicos encomendados a dichos organismos; esto es, los organismos descentralizados reflejan una forma de organización administrativa del Estado, no ajena a éste, que presenta una autonomía para efectos de gestión y para lograr un desarrollo eficaz y eficiente de las funciones que tienen encomendadas, por lo que no es admisible la afirmación en el sentido de que no son parte del Estado.
Lo que en realidad se produce es, en los términos expuestos por la doctrina, una afectación por parte del Estado, de una parte de sus bienes, que siguen siendo de su propiedad, a las necesidades propias del servicio prestado, limitando así la responsabilidad del propio Estado a la persona que constituye el patrimonio especialmente afectado, y si bien, tales organismos obran en nombre propio, ello implica que actúan en nombre y por cuenta de un patrimonio especial del Estado, en oposición al concepto de su patrimonio general, y que el ente público por su voluntad ha dotado de autonomía.
De acuerdo con lo anterior, tenemos que el Instituto Mexicano del Seguro Social es parte integrante de la Administración Pública Paraestatal, dado que es un organismo descentralizado, en términos de lo dispuesto en el artículo 5o. de la Ley del Seguro Social, que establece:
"Artículo 5o. La organización y administración del seguro social, en los términos consignados en esta ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene el carácter de organismo fiscal autónomo."
Ahora bien, en este punto es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter:
1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación.
2. Como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero, al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio.
El carácter de organismo fiscal autónomo del Instituto Mexicano del Seguro Social, data de la reforma que se hizo al artículo 135 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de noviembre de mil novecientos cuarenta y cuatro; asimismo, en la nueva Ley del Seguro Social, en su artículo 5o. se le sigue reconociendo ese carácter.
El reconocimiento de organismo fiscal autónomo, constituye una de las principales reformas a la Ley del Seguro Social, ya que anteriormente, al indicado instituto no se le reconocía esa capacidad de fiscalización, pero actualmente goza del poder para hacer efectivas las obligaciones a través de un procedimiento administrativo de ejecución regulado por el artículo 291 de la Ley del Seguro Social, así como de manera complementaria en el Código Fiscal de la Federación, dentro del capítulo III de su título V.
En cuanto al carácter de ente asegurador que tiene ese instituto, si bien la relación jurídica que existe entre éste y los asegurados no constituye, en todos los casos, una consecuencia directa de la existencia de un vínculo laboral, pero debe tomarse en cuenta que las prestaciones de seguridad social que derivan de esa relación se prevén en el artículo 123, apartado A, fracciones XX y XXIX, de la Constitución General de la República, que dispone:
"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.
"El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo:
"...
"XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los trabajadores y uno del gobierno;
"...
"XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares."
Desde esa perspectiva, cabe destacar son dos extremos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con finalidades diversas, pero al fin y al cabo ligadas.
Una, encaminada hacía los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma, que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la Ley del Seguro Social.
Otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio nacional de seguro social.
Ese doble carácter que tiene el indicado instituto, ha sido reconocido por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible en la página 1580 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCIII, Quinta Época, en la que también se establece que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene el carácter de autoridad cuando actúa como organismo fiscal autónomo, mas no así cuando no ejerce esa facultad, al establecer:
"SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANDO ACTÚA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CAR
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22340-8c020f1e/instituto-mexicano-del-seguro-social-no-tiene-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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