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AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE UNA ETAPA A OTRA EN EL JUICIO ORAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN EL ESTADO DE MÉXICO NO ACTUALIZA UN CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA QUE PROVOQUE SU IMPROCEDENCIA, YA QUE EXCLUSIVAMENTE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA HARÁ QUE SE CONSIDEREN IRREPARABLEMENTE CONSUMADAS LAS VIOLACIONES RECLAMADAS EN EL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 188/2010. · Registro digital (IUS): 22896
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 1189.

AMPARO EN REVISIÓN 188/2010.**********.

CONSIDERANDO:

IV. Estudio. Este Tribunal Colegiado estima que son parcialmente fundados los motivos de disconformidad planteados por el quejoso **********, a través de su defensor particular, los que suplidos en su deficiencia de la queja acorde con lo establecido en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, son suficientes para revocar el fallo recurrido; determinación que conlleva al análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado y los conceptos de violación expresados por el impetrante de amparo en su demanda de garantías, toda vez que fue incorrecto que el Juez de garantías estimara actualizada la causal de improcedencia (cambio de situación jurídica) prevista en el artículo 73, fracción X, de la normatividad de garantías en cita y que, con base en ello, sobreseyera en el juicio de amparo indirecto ********** de conformidad con lo establecido en el precepto 74, fracción III, ibídem; porque es inconcuso que el acto reclamado se ajusta a la hipótesis contenida en el segundo párrafo de la fracción X del artículo apuntado en primer término, en cuanto a que al tratarse de violaciones reclamadas al artículo 19 constitucional, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia del juicio de amparo y, en el caso, el tribunal oral aún no dicta sentencia dentro del juicio adversarial oral acusatorio instaurado en contra del amparista.

En principio, se adelanta que la presente resolución se sustenta en el análisis de los puntos siguientes:

• La síntesis de las razones que el resolutor de control constitucional esbozó en el fallo recurrido para resolver como lo hizo.

• Las consideraciones de este cuerpo colegiado que conllevan a revocar la sentencia combatida.

• El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado.

Por cuanto hace al primer aspecto, debe decirse que el Juez de garantías, para solventar su postura jurídica, efectuó un análisis exhaustivo de las etapas del nuevo juicio adversarial oral acusatorio que rige el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México vigente, que tuvo origen en la reforma que acaeció, en lo que interesa, en los preceptos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(1) proceso penal que acorde con la citada ley adjetiva estatal comprende cinco etapas, a saber:

1. Etapa preliminar o de investigación; la que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía bajo la vigilancia judicial del Juez de control.

2. Etapa intermedia o de preparación de juicio oral; en la que el Juez de control resuelve formas alternativas de terminación del proceso, depura y admite pruebas ofrecidas por los intervinientes, resuelve sobre excepciones procesales y respecto de la apertura del juicio oral.

3. Etapa de juicio; la que tiene a cargo ahora un Juez o tribunal de juicio oral en la que se desahogan pruebas, escuchan alegatos y dictan sentencia definitiva.

4. Recursos o etapa de impugnación; la que apertura la segunda instancia.

5. Etapa de ejecución de sentencia; la que asume un Juez de Ejecución de Penas en la que se resuelve sobre la duración, modificación y extinción de las penas.

De las anteriores fases procedimentales, el Juez de amparo abundó en las tres primeras, para lo cual transcribió algunos artículos del enjuiciamiento penal estatal, atinentes al capítulo I que se ocupa de la etapa preliminar o de investigación que abarca las formas de inicio (sección primera), ejercicio y excepciones de la acción penal (sección segunda); actuaciones de investigación (sección tercera); inspecciones, registros y aseguramiento (sección cuarta); otros medios de constatación (sección quinta); prueba anticipada (sección sexta); prueba irreproductible (sección séptima); registro de la investigación y cadena de custodia (sección octava); formulación de la imputación (sección novena); vinculación del imputado a proceso (sección décima) y cierre de la etapa de investigación (sección décimo primera); del capítulo II, en el que se aborda la etapa intermedia o de preparación de juicio oral que contempla facultades de las partes (sección primera) y desarrollo de la audiencia intermedia (sección segunda); y del capítulo III, en el que se establece la etapa de juicio que contiene disposiciones generales (sección primera); disposiciones generales sobre la prueba (sección segunda); testimonio (sección tercera); peritajes (sección cuarta); prueba documental (sección quinta); otros medios de prueba (sección sexta); desarrollo de la audiencia del juicio (sección séptima) y sentencia (sección octava).

Posteriormente, el resolutor de garantías, al ajustar tales fases al caso, concluyó que en el proceso penal entablado en contra del amparista se actualizaba un cambio de situación jurídica, porque el auto de vinculación a proceso fue dictado en la etapa preliminar, misma que había sido sustituida no sólo por la fase de audiencia intermedia, sino también por la de juicio oral.

Para solventar su postura destacó varios puntos que consideró importantes, tales como que las dos primeras etapas se encontraban a cargo del Juez de control y la tercera estaba dirigida por un Juez o tribunal de juicio oral según procediera; que la audiencia de vinculación a proceso ya no podía ser justipreciada por tratarse de un estadio procesal diferente a los sobrevenidos (etapas intermedia y de juicio); que en la diligencia de la fase intermedia se analizaba la acusación del Ministerio Público conforme a los datos de prueba que recabara, se abría el debate y depuraban los hechos controvertidos materia del juicio oral; y que en la especie los autos ya habían sido turnados al tribunal de juicio oral, en cuya etapa se parte de los datos de la acusación y no del auto de vinculación a proceso; por lo que, el cambio de situación jurídica se colmó por todos los actos procesales acaecidos en la audiencia de la fase intermedia (la segunda) que se rige por la acusación formulada por la fiscalía, al culminar la etapa (la primera) en la que tuvo cabida la audiencia de vinculación a proceso.

De ahí que el Juez de garantías estimó que no era posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, en cuanto a la acusación formal validada por el Juez de control, la ratificación de la medida oficiosa de prisión preventiva en la audiencia intermedia y la depuración de pruebas ofrecidas por las partes, porque si se optaba por declarar la inconstitucionalidad de la audiencia de vinculación a proceso, ello afectaría a las posteriores etapas de la audiencia intermedia y de juicio oral, ya que la concesión de amparo sería para dejar sin efectos la vinculación a proceso dictada por un Juez de control y que no debía soslayarse que la situación jurídica del amparista ya no obedecía a ello.

Precisadas las razones que llevaron al Juez de Distrito a resolver como lo hizo, se procede a esbozar las consideraciones de este cuerpo colegiado que conllevan a revocar la sentencia combatida.

Como primer aspecto, es importante realizar la reseña de los antecedentes que emanan de la carpeta administrativa (copias certificadas) atinente a la causa penal **********, que son los siguientes:

1. En acta mínima de once de diciembre de dos mil nueve,(2) la titular del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, hizo constar que en esa fecha llevó a cabo la audiencia de control de detención, en la que hizo saber al imputado, aquí peticionario de garantías, sus derechos, calificó de legal y ratificó su detención por haber existido flagrancia en su detención; que el agente del Ministerio Público formuló imputación en contra del implicado por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo calificado (cometido respecto de un vehículo automotor y mercancía con violencia), previsto en el artículo 287, párrafo primero y sancionado en los numerales 289, fracción V y 290, fracciones I y V, del Código Penal del Estado de México; que el imputado no declaró en torno a los hechos; que el representante social solicitó el auto de vinculación a proceso, tocante a lo cual el imputado solicitó que su situación jurídica fuera resuelta sin la ampliación del plazo constitucional, por lo que se fijaron las diez horas del catorce siguiente para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso; y que el fiscal solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, lo que acordó favorable.

2. En acta mínima de catorce de diciembre de dos mil nueve,(3) la titular del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, hizo constar que en esa fecha llevó a cabo la audiencia para resolver la situación jurídica del implicado, en la que dictó auto de vinculación a proceso -mismo que consta por escrito-(4) en contra del imputado de que se trata, por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo calificado (cometido respecto de la mercancía transportada a bordo de un vehículo automotor con violencia física y moral), contemplado en el dispositivo 287, párrafo primero y penado en los numerales 289, fracción I y 290, fracciones I y V, del Código Penal del Estado de México; que el representante social solicitó que subsistiera la prisión preventiva oficiosa y solicitó dos meses para el cierre de la investigación, sin que el defensor de oficio realizara manifestación al respecto; que se determinó que prevalecía la citada medida cautelar, la que sería hasta la conclusión del proceso y se decretó el término de dos meses para el cierre de la investigación, el que fenecería el once de febrero de dos mil diez.

3. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil diez,(5) el agente del Ministerio Público del orden común comunicó a la Juez de control y juicios orales que, por auto de once anterior, había decretado el cierre de plazo de investigación, acorde con lo establecido en el artículo 300(6) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor; en atención a ello, la resolutora en comento, al darse por enterada de lo anterior, determinó hacer del conocimiento a las partes que la parte procesal promovente contaba con el término de diez días para los efectos a que alude el precepto 301(7) ibidem; mismo escrito de acusación que fue exhibido el veinticinco de febrero de dos mil diez.(8)

4. En acta mínima de seis de abril de dos mil diez,(9) la titular del Juzgado de Control y Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, hizo constar que, en esa fecha, llevó a cabo la audiencia intermedia, en la que el fiscal propuso llegar a un juicio abreviado, respecto de lo que la defensa particular no estuvo de acuerdo, por lo que la representación social formuló acusación en contra del imputado por el hecho delictuoso de que se trata; asimismo, la fiscalía y la defensa particular ofrecieron pruebas, tocante a lo que la Juez se pronunció respecto de los vicios formales que tenía que corregir la fiscalía, en atención a esto, dicha parte procesal se pronunció respecto a las correcciones de la acusación; también, las partes propusieron y aceptaron algunos acuerdos probatorios, respecto de los que la Juez los tuvo por aprobados y precisó que serían materia de debate en el juicio oral, y abrió, de oficio, debate para resolver sobre la medida cautelar atinente a la que la fiscalía solicitó se continuara aplicando la medida cautelar de prisión preventiva; al respecto, la defensa particular consideró que no estaba acreditada la violencia y solicitaba la libertad del imputado; la Juez resolvió que quedaba subsistente la medida cautelar de prisión preventiva mientras durara el procedimiento y, finalmente, realizó el pronunciamiento del auto de apertura de juicio oral a cargo del tribunal de juicio oral, en el que estableció el plazo de dos días para remitir la resolución al tribunal correspondiente; misma determinación que consta por escrito.(10)

5. En acta mínima de treinta de abril de dos mil diez,(11) el Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en esa fecha llevó a cabo la audiencia de juicio, en la que el Juez presidente hizo constar la presencia de diversos testigos y realizó exposición sucinta de la acusación planteada por la fiscalía, respecto de lo que el Ministerio Público expuso alegato de apertura y efectuó argumentaciones respecto a datos de prueba recabados en la etapa de investigación; tocante a lo que el Juez de que se trata acordó que los objetos a que se hacía alusión no podrían ser exhibidos sino hasta el momento procesal oportuno; por otra parte, el citado titular hizo del conocimiento de las partes los acuerdos probatorios realizados en audiencia intermedia y, en términos del artículo 378 de la legislación procesal, requirió al fiscal para que determinara el orden en que se desahogarían las pruebas que ofreció, respecto de lo que dicha parte procesal hizo lo propio; se llevaron a cabo las testimoniales ofrecidas por la parte acusadora; por su parte, la defensa particular indicó el orden en que se desahogarían las pruebas que ofreció, previo requerimiento realizado por el Juez presidente; por otra parte, al haberse desahogado las pruebas ofrecidas por las partes y al no existir prueba superveniente por desahogar, el Juez presidente determinó declarar cerrada la instrucción y, en virtud de que el ahora quejoso había promovido juicio de garantías en contra del auto de vinculación a proceso, determinó suspender el procedimiento en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo.

Como puede apreciarse, en el caso no se ha dictado sentencia en el juicio adversarial oral acusatorio instaurado en contra del quejoso, para que se estime colmada la causal de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.

"Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.(12) La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente."

En efecto, del análisis del anterior precepto legal se obtiene, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra los actos reclamados de un procedimiento judicial, cuando en virtud del cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por no poder decidirse al respecto sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso; pero cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los preceptos 19 o 20 constitucionales, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia de que se trata; esto último, en el caso, no acontece, porque aún no ha sido sentenciado el aquí quejoso.

Ahora, no se soslaya que en el nuevo sistema penal de que se trata contemplado en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor, se confiere intervención judicial perfectamente delimitada y por separado al Juez de control y al Juez o tribunal de juicio oral; el primero asume la prosecución de las dos primeras fases (preliminar o de investigación e intermedia o de preparación de juicio oral), cuya función, en esencia, radica en resolver sobre formas alternativas de terminación del proceso, vigilar, en un primer momento, la legalidad de la actuación del Ministerio Público en la etapa de investigación del delito, para cuya emisión del auto de vinculación a proceso toma como parámetro el análisis entre el contenido de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa -ya que su naturaleza es que fija los hechos por los que la autoridad ministerial continuará su investigación, porque se dicta con base en meros datos de investigación del hecho punible que, en todo caso, servirán de soporte para la acusación (artículo 307 in fine) y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión-, luego, corre traslado de la acusación a las partes, admite pruebas, resuelve sobre las excepciones planteadas y pronuncia resolución de apertura de juicio que envía al segundo órgano jurisdiccional mencionado (Juez o tribunal de juicio oral) a más tardar dentro de los dos días siguientes a la notificación de las partes, y el Juez o tribunal de juicio oral, en la tercera etapa (de juicio), parte de la resolución de apertura en mención para preponderantemente desahogar las pruebas que servirán de base para el dictado de la sentencia definitiva, en virtud de que, por regla general, los antecedentes y datos de investigación anunciados en la audiencia de vinculación a proceso que sirvieron como base para la emisión del auto de plazo constitucional y de las medidas cautelares, carecen de valor probatorio para fundar el fallo final (artículo 297), porque para que el imputado pueda ser condenado o absuelto se requiere la producción de pruebas, en sentido estricto, que sólo puede efectuarse en el curso del juicio oral, salvo que se trate de una prueba anticipada (artículo 279) o de incorporación de registros de actuaciones anteriores (artículo 374) y, finalmente, dicta sentencia definitiva.

Sin embargo, toda esta secuencia de actos procesales no puede llegar al grado de negar al inculpado el acceso al amparo de la Justicia Federal, porque de toda la anterior información, a lo sumo, se tiene noticia de las fases que ahora se siguen en un procedimiento penal del nuevo sistema acusatorio, empero, bajo el sistema garantista que rige al juicio de amparo que debe atenderse por los órganos de control constitucional, es de destacar que si, al respecto, el precepto 73 de la Ley de Amparo no ha ajustado o adicionado, en su contenido, disposición que establezca expresamente que se surte alguna causal de improcedencia en el juicio de garantías respecto de los actos reclamados atinentes a los artículos 19 o 20 constitucionales cuando se trate de un juicio adversarial oral acusatorio, entonces, los actos reclamados de esa naturaleza deben regirse por lo que expresamente señala en su texto vigente dicho precepto, al no dar margen de ser interpretado en tanto es letrístico en su contenido, máxime que tampoco existe disposición alguna en el enjuiciamiento penal estatal que se contraiga al tema; sin que se llegue al extremo de pretender omitir el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso que nos ocupa, so pretexto de que existiría afectación de las posteriores etapas (intermedia y de juicio oral) que ya se llevaron a cabo, toda vez que ello, en todo caso, sería materia de un diverso juicio de garantías que llegare a reparar tal circunstancia.

Una vez que se han emitido las consideraciones apuntadas, este Tribunal Colegiado estima revocar la sentencia recurrida, conforme a lo establecido en la parte in fine de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo y proceder al análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso reclamado; previo a ello, es menester acotar que, aun cuando el Juez de garantías que tramitó el juicio de amparo indirecto, se allegó de la carpeta de investigación ministerial, ello en el procedimiento de amparo se aparta de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y es claro que, conforme al sistema adversarial oral acusatorio que rige al acto reclamado, el Juez de control responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso conforme al artículo 63(13) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor, no tiene acceso a la citada carpeta, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto a su contenido lo que, en el caso, no aconteció, porque para resolver sobre el auto de plazo constitucional sólo considerará lo que la fiscalía exponga oralmente bajo el principio de lealtad que rige a dicha institución, acorde con el precepto 137 ibidem, aunado a que únicamente se ocupa de citar datos de investigación, mismos que no se consideran pruebas como tal, acorde con los preceptos 137,(14) 249(15) y 293(16) de la normatividad procesal en consulta porque, a lo más, alcanzan un cierto estándar que puede originar determinados efectos personales y patrimoniales de carácter aseguratorio o cautelar contra una determinada persona; por lo que si la Juez responsable legalmente no tuvo a la vista la carpeta de investigación, el resolutor de garantías no debió recabar tal constancia, por lo que este cuerpo colegiado no la considerará en la presente ejecutoria; por otra parte, también es necesario precisar que, aun cuando la Juez de control responsable, al rendir su informe justificado, a fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado, anexó copia certificada por escrito del auto de vinculación a proceso, en la misma consta el sentido de lo que, oralmente, resolvió en audiencia de vinculación del imputado a proceso con motivo de la solicitud entablada en la diligencia de formulación de la imputación, por ende, el estudio constitucional del acto reclamado se abordará únicamente considerando lo que oralmente aparece en la videograbación de los discos ópticos respectivos, porque ahí consta real y jurídicamente el acto reclamado que es el que, en su caso, podría atentar contra las garantías del quejoso, en virtud de que, conforme al nuevo sistema penal en comento, es la verdadera decisión jurisdiccional.

Pues bien, en la especie, son infundados los conceptos de violación planteados por el quejoso **********, además de que no existe queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo; por lo que procede negar la protección constitucional impetrada, como enseguida se sustenta.

En principio, del sumario se advierte que la Juez de control responsable no transgredió las garantías contenidas en los artículos 16, párrafo primero y 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como asevera el amparista, en la medida en que el acto reclamado tuvo origen en la previa formulación de la imputación del Ministerio Público realizada en la audiencia de control de detención de once de diciembre de dos mil nueve, en la que por haber sido detenido el quejoso en flagrancia, la fiscalía, además, solicitó la vinculación a proceso del implicado por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo calificado (cometido respecto de un vehículo automotor y mercancía con violencia física y moral), previsto en el artículo 287, párrafo primero y sancionado en los numerales 289, fracción V y 290, fracciones I y V, del Código Penal del Estado de México; y en audiencia de catorce de diciembre siguiente, luego del análisis del contenido de la imputación (datos de investigación del hecho punible y la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión) y la información de la defensa, dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado de que se trata, acto en el que, al hacer uso de la facultad concedida en el último párrafo del numeral 293 del ordenamiento adjetivo penal estatal, en cuanto a otorgar una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público, al formular la imputación, consideró acreditado el hecho delictuoso de robo calificado (cometido respecto de la mercancía transportada a bordo de un vehículo automotor con violencia física y moral), contemplado en el dispositivo 287, párrafo primero y penado en los numerales 289, fracción I y 290, fracciones I y V, del Código Penal del Estado de México, así como la probable intervención del indiciado en el hecho delictuoso, sin que se soslaye que, respecto de la última fracción, la Juez responsable no se contrajo al contenido vigente al momento del hecho delictuoso (sino al que aún contenía que el robo también se cometía respecto de una o más de las partes que conforman a un vehículo automotor), empero, ello no trasciende al resultado del fallo, porque la hipótesis en análisis es el latrocinio de la mercancía transportada a bordo de un vehículo automotor que también contenía dicho numeral anterior a la reforma del veintinueve de agosto de dos mil siete, por lo que únicamente se hace la precisión respectiva y respecto del valor intrínseco de los bienes muebles indicó que, al no emitir dato probatorio el Ministerio Público, en beneficio del implicado aplicó la fracción I del invocado precepto 289; asimismo, la Juez responsable, en la resolución de plazo constitucional, expresó el delito imputado al implicado, el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución, así como los datos que a su consideración establecía que se había cometido un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado lo había cometido, con lo que se encuentran satisfechos los requisitos exigidos, esencialmente, en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 185,(17) párrafos segundo y tercero, 293(18) y 296(19) del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor; aunado a que enunció los preceptos legales que consideró aplicables, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva (fundamentación) y, además, vertió los argumentos jurídicos por los que, igualmente, estimó que el hecho delictuoso desplegado por el impetrante de amparo encuadraba en la hipótesis normativa que, en abstracto, describe la ley penal (motivación); por tanto, ese acto de autoridad cuenta con aquellos requisitos formales que para todo acto preconiza el artículo 16 constitucional.

En ese tenor, la autoridad responsable estuvo en lo correcto al establecer que, del contenido de los datos de investigación, puede establecerse que el nueve de diciembre de dos mil nueve, como a las trece horas con treinta y dos minutos (circunstancia de tiempo), en las inmediaciones de la entrada de la colonia **********, (circunstancia de lugar), en perjuicio de la persona moral ********** (ofendida), dos personas se apoderaron de diversa mercancía que les era ajena, verbigracia, papel higiénico, galletas, toallas sanitarias, alimento para mascotas, veladoras, café, leche, detergente, jugos, sopas, enlatados, dulces y perfumería (objeto material) transportada a bordo de una camioneta, color blanco, marca Ford, de tres y media toneladas, placas de circulación ********** -que en ese momento se encontraba estacionada-; vehículo propiedad de la empresa **********, sin derecho y sin consentimiento de quienes podían disponer de los mismos.

Hecho delictuoso (de acción) en el que probablemente intervino **********, lo que tuvo como resultado la vulneración del bien jurídico tutelado por la norma, consistente en el patrimonio de las personas, con lo que puede establecerse que hay el nexo de atribuibilidad existente entre ambos extremos, así como las circunstancias agravantes de que en el latrocinio se empleó como medio comisivo la violencia (física y moral) y que recayó sobre la mercancía transportada a bordo de un vehículo de motor.

Expuesto lo anterior, aunque en los conceptos de disconformidad se expresa lo contrario, la autoridad responsable estuvo en lo correcto al considerar que, de los datos de prueba, puede establecerse que hubo comisión de un hecho delictuoso tipificado como delito atribuido al quejoso, contenido en los preceptos que a continuación se transcriben:

"Artículo 287. Comete el delito de robo, el que se apodera de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él,(20) conforme a la ley."

"Artículo 289. El delito de robo se sancionará en los siguientes términos:

"I. Cuando el valor de lo robado no exceda de treinta veces el salario mínimo, se impondrán de seis meses a dos años de prisión o de cien a doscientos días multa."(21)

"Artículo 290. Son circunstancias que agravan la penalidad en el delito de robo y se sancionarán además de las penas señaladas en el artículo anterior con las siguientes:

"I. Cuando se cometa con violencia, se impondrán de tres a diez años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil días multa.

"...

"V. Cuando se cometa el robo de un vehículo automotor o de la mercancía transportada a bordo de aquél,(22) se impondrán de tres a diez años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil días multa, sin perjuicio en su caso de la agravante a que se refiere la fracción I de este artículo."

En principio, es menester indicar que, de la referencia del contenido de los datos de prueba recabados en la investigación realizada por el Ministerio Público, puede establecerse una conducta típica, acorde con la descripción legislativa preindicada, y que acorde con lo establecido en el párrafo segundo del precepto 185 del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22896-7dbbcc16/amparo-indirecto-el-cambio-de-una-etapa-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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