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Modo: Corpus Pro

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. SE DEBE LLAMAR AL LITISCONSORTE MEDIANTE UNA FIGURA PROCESAL DIVERSA A LA RECONVENCIÓN, PORQUE ÉSTA SÓLO PROCEDE EN CONTRA DEL ACTOR.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 37/2010. · Registro digital (IUS): 22184
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 1961.

AMPARO EN REVISIÓN 37/2010. **********.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Argumentación y derecho. Que son inoperantes los agravios en que la recurrente plantea la violación de garantías cometida en la sentencia de amparo.

Por otra parte, sí es posible analizar en suplencia de queja los agravios porque la falta de integración de un litisconsorcio es una violación equiparable a la falta de emplazamiento al juicio y, además, porque es un presupuesto procesal que puede analizarse en distintas etapas. Así, sobre la base de que la suplencia de queja puede efectuarse con independencia de la parte a quien beneficie, se estima que, en la especie, la jurisprudencia obligatoria en el sentido de que la reconvención procede sólo contra el actor porque el llamamiento a juicio que se haga a un tercero deberá realizarse mediante el procedimiento específico establecido en la ley para tal efecto, lo cual quiere decir, que no existe impedimento legal para que persona distinta al actor y al demandado pueda y deba ser llamada a un litigio para que participe en él, pero ello será a través de un medio diverso a la reconvención, porque esta figura procesal es la facultad que la ley concede al demandado para presentar, a su vez, demanda únicamente en contra del actor o demandante, pero no respecto de terceras personas.

Por lo anterior, debe revocarse la sentencia de amparo y, en su lugar, conceder el amparo solicitado. Lo anterior será examinado en el orden propuesto en el considerando que antecede.

A) Imposibilidad de analizar los argumentos sobre la violación de garantías individuales en la sentencia recurrida.

El primer aspecto planteado en los problemas conforme al considerando que precede es inoperante porque el juicio de amparo es el medio de control constitucional para la protección de las garantías individuales, de modo que no sería lógico argumentar la violación de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente que los Jueces Federales, al conocer de los juicios de garantías, aplican las normas del procedimiento de amparo y, en consecuencia, son éstas las que, en su caso, podrían transgredir.

Bajo tal óptica, los agravios en que la recurrente alega la violación a los artículos 14 y 16 constitucionales son inoperantes, sin perjuicio de que el análisis respectivo se realice a partir del cumplimiento a lo previsto por la Ley de Amparo.

B) Suplencia de queja.

Que en el presente asunto procede suplir la deficiencia de la queja pues, como se adelantó, la falta de integración de un litisconsorcio es una violación equiparable a la falta de emplazamiento al juicio, por lo que al abordar su estudio procede hacerlo aplicando dicho beneficio. Además, porque es un presupuesto procesal que puede analizarse en distintas etapas.

Ciertamente, el litisconsorcio pasivo necesario, según el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, tiene su razón de ser en la existencia de juicios en los que debe haber una sola sentencia para todos los litisconsortes, dado que legalmente no puede pronunciarse una decisión judicial válida sin oírlos a todos, pues en virtud del vínculo existente en la relación jurídica de que se trata, es imposible condenar a una parte sin que la condena alcance a las demás.

En este aspecto, dicha figura jurídica, al igual que las cuestiones sobre personalidad, competencia y procedencia de la vía, constituye un presupuesto procesal que debe analizarse de oficio por el juzgador, incluso, en segunda instancia, pues no puede dictar una sentencia válida si no se llama a todos los litisconsortes.

Así, se concluye que el juzgador puede realizar el análisis de la integración del litisconsorcio pasivo necesario no sólo en la sentencia definitiva que resuelva el juicio, sino que tiene la obligación de hacerlo en cualquier etapa de éste, ya que la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes puede dar como resultado una sentencia nula y ningún caso tendría la existencia de un procedimiento en el que habiéndose ejercitado una acción, finalmente se obtuviera una resolución judicial que no pudiera hacerse efectiva y, por lo mismo, tampoco resolviera la litis planteada.

En efecto, de no ejercitarse la acción contra todos los litisconsortes, el fallo podría ser nulo si se impugna la sentencia por no haber sido notificados los no emplazados; de ahí que al tratarse de una anomalía procesal grave equiparable a la falta de emplazamiento al juicio y, por tanto, de una cuestión de orden público, podrá analizarse en cualquier estado del juicio, incluso, en la apelación.(1)

Por lo anterior, si la anomalía es equiparable a la falta de emplazamiento al juicio y, por tanto, de una cuestión de orden público, el mismo beneficio de suplencia opera para analizar el litisconsorcio necesario.(2)

Ahora bien, la figura de la suplencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, tanto en relación con el juicio de garantías como con los recursos en ella establecidos consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables, independientemente de que finalmente lo sean.

Por lo tanto, es incorrecto entender que sólo debe suplirse cuando ello favorezca a quien se le suple, pues para determinar si procede dicha figura tendría que examinarse previamente la cuestión relativa, lo que implicaría necesariamente haber realizado la suplencia.

Por consiguiente, es suficiente que el análisis de un problema no propuesto pudiera resultar benéfico para que deba suplirse, realizando el estudio correspondiente.(3)

C) El estudio sobre el litisconsorcio necesario debe tomar en cuenta que, según jurisprudencia definida, la reconvención sólo procede contra el actor y no contra terceros.

Para sustentar lo anterior, es preciso apuntar las siguientes premisas.

I. Litisconsorcio

En primer lugar, es necesario señalar que hay procesos en que intervienen partes complejas, o sea, puede haber juicios en donde intervienen varios actores contra un demandado, o un actor contra varios demandados. A esa complejidad doctrinalmente se le denomina litisconsorcio.

Dicho vocablo que se compone del prefijo litis, que significa litigio y consortium, que quiere decir participación y comunión, por lo que es posible definirlo como: todo litigio en donde varias personas participan de una misma acción o excepción. De donde surge también el vocablo litisconsorcio pasivo, que es el que corresponde a varios demandados; o activo, cuando se refiere a varios actores.

Así, se advierte también la noción del litisconsorcio voluntario y del necesario. El primero se da cuando el actor, pudiendo ejercitar varias acciones en procedimientos diferentes contra distintos demandados, en un solo escrito los demanda a todos. El litisconsorcio necesario surge cuando la obligación de concurrir al pleito deriva del litigio.

Al respecto, la Corte ha resuelto que tratándose de litisconsorcio necesario, existe la obligación de llamar a juicio a todas las personas a las que pudieran afectarles las cuestiones jurídicas que en él se ventilan, pues de otra manera no sería posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oírlas a todas ellas.

Así, el litisconsorcio necesario tiene lugar, generalmente, cuando se ejercita el derecho potestativo de producir un efecto único respecto de varias personas y, es necesario y obligatorio, porque habría imposibilidad jurídica de sentenciar por separado, respecto de varias personas, dada la relación jurídica en la que están interesadas todas ellas. De este modo, la sentencia que se pronunciara en relación con una sola persona, no tendría por sí misma ningún valor, ni podría resolver legalmente la litis.

El litisconsorcio necesario surge cuando, conforme a lo discutido en el juicio, puede producirse un efecto único respecto de varias personas en cuanto a una relación jurídica en la que están interesadas todas ellas.

Entonces, una de las notas distintivas del litisconsorcio necesario es la pluralidad de personas que participan de una misma acción o excepción y surge cuando lo discutido en un juicio, debe producir un efecto único respecto de varias personas, en cuanto a una relación jurídica en la que están interesadas todas ellas.

II. Estudio oficioso del litisconsorcio

Conforme a lo adelantado, anteriormente al resolver sobre la posible suplencia de queja, se consideró que el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que debe analizarse de oficio por el juzgador, pues no puede dictar una sentencia válida si no se llama a todos los litisconsortes, por lo que tiene la obligación de hacer el estudio correspondiente en cualquier etapa del juicio ya que de no ejercitarse la acción contra todos los litisconsortes, el fallo podría ser nulo si se impugna la sentencia por no haber sido notificados los no emplazados.

III. Nulidad

Al hablar de nulidad, se hace referencia al derecho subjetivo público (acción y excepción), por virtud del cual los contendientes dentro de un litigio pretenden dejar sin efectos legales un acto jurídico, el cual se encuentra establecido en una norma.

La acción de nulidad, según la doctrina es una "acción declarativa", por la intención de quien la deduce para obtener una declaratoria del juzgador para que se considere nulo un contrato.

Dicha nulidad no sólo puede hacerse valer mediante el ejercicio de la acción, sino también a través de la excepción porque, de lo contrario, se estaría en el absurdo jurídico de que al tratarse del mismo objeto, que es el contrato, una acción de nulidad deba ser ventilada en otra vía, lo cual podría desembocar en resoluciones contradictorias.(4)

En conclusión, la nulidad es el derecho subjetivo público que puede invocarse, entre otras formas, a manera de excepción en un litigio con la pretensión de que se deje sin efectos legales un acto jurídico.

IV. Excepción

La doctrina suele considerar que, en un sentido amplio, se denomina excepción a la oposición que el demandado formula frente a la demanda, bien como obstáculo definitivo o provisional a la actividad provocada, mediante el ejercicio de la acción en el órgano jurisdiccional, bien para contradecir el derecho material que el actor pretende hacer valer, con el objeto de que la sentencia que ha de poner término a la relación procesal lo absuelva totalmente o de un modo parcial (no reconociendo la justicia de la pretensión en toda la extensión en que el demandante la haya formulado).

Pues las excepciones son defensas que se oponen a las pretensiones del actor, pero sin llegar a negar la existencia del hecho constitutivo afirmado por éste, sino alegando hechos impeditivos, extintivos o modificativos que justifican la actitud del demandado de no reconocer la pretensión jurídica deducida en la acción.(5)

La entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso, en lo conducente, que la excepción es un derecho que el enjuiciado tiene en contra del actor, que puede hacer valer en el juicio donde se le demanda y es de tal naturaleza que por medio de ella el demandado opone a los hechos constitutivos de la acción otros que sean impeditivos o extintivos de la misma.(6)

Por otra parte, ha de decirse también que, además, se han formulado distintas clasificaciones de las excepciones, como por ejemplo, las sustanciales o de fondo y las procesales o de forma, que son equiparables a las denominadas perentorias y dilatorias, respectivamente.

Las sustanciales o de fondo, según la doctrina, se dirigen a lograr también un pronunciamiento de fondo por el juzgador, sólo que -a diferencia de la pretensión principal-, con tales excepciones se pide que el pronunciamiento de fondo sea absolutorio para el demandado.

Las excepciones perentorias son las que producen la ineficacia definitiva de la acción y consisten en hechos extintivos, modificativos o impeditivos de la misma y son materia del pronunciamiento de fondo. Las dilatorias sólo suspenden temporalmente sus efectos.

En el caso de la excepción de nulidad, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es de naturaleza perentoria en la tesis del rubro: "NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS, EXCEPCIÓN DE."

Conforme a dicho criterio, desde un punto de vista general, el término "excepción" consiste en un medio de defensa y constituye la facultad legal que tiene el demandado de oponerse a la pretensión que el actor ha aducido ante los órganos jurisdiccionales.

Así, presentada la demanda, se integra un reclamo que afecta la esfera jurídica del demandado.

Esto es, el actor acciona y al hacerlo ejerce un derecho en el proceso, que sólo en la sentencia se sabrá si su reclamación es fundada.

Por otra parte, el demandado presenta sus defensas, las que también en la sentencia se sabrá si son fundadas o no.

Cabe precisar que si bien las denominadas excepciones que opone el demandado en el juicio natural, tienden a destruir o dilatar la acción que se ejercita, verdad es también que no pueden constituir un derecho, o sea, no conducen a obtener una declaración a favor del excepcionante en ese sentido. Es decir, que tienden únicamente a destruir o dilatar la acción que se ejercita, mas no a constituir un derecho a favor de quien las opone.(7)

En síntesis, la nulidad puede hacerse valer como acción y como excepción y, bajo esta última, queda comprendida dentro de aquellas que tienden a destruir la acción.

Expuesto lo anterior, es factible establecer que si bien la nulidad puede hacerse valer como excepción, y que la intención del demandado es la obtención de una declaratoria por parte del juzgador para que se considere nulo el título base de la acción deducida en su contra, también es cierto que no puede desligarse esa pretensión de nulidad de la naturaleza de la figura por medio de la cual se invoca, o sea, la de excepción.

En otras palabras, si dicha pretensión se hace valer como excepción, entonces tiene que sujetarse a la naturaleza de esta figura, dado que es a través de ella que se introduce esa nulidad en el juicio.

Luego, si la excepción consiste en el medio a través del cual el demandado se opone a la pretensión del actor y tiende únicamente a destruir la acción que se ejercita, mas no a constituir un derecho a su favor, sino a obtener un pronunciamiento de fondo absolutorio, entonces la demostración de la nulidad así hecha valer, sólo puede llevar a declarar la ineficacia del título, para sustentar la acción que en él se funda, esto es, a considerarlo nulo únicamente en relación a esa acción.(8)

De manera pues, que si la nulidad del título base de la acción se opone a manera de excepción y su efecto, de probarse, es considerarlo nulo únicamente para sustentar la procedencia de la acción, no surge entonces la exigencia de llamar al juicio a quienes intervinieron en el acto contenido en el mismo.

Lo anterior es así, pues si el litisconsorcio necesario, o sea, la obligación de concurrir al juicio cuando conforme a lo discutido en el mismo, puede producir un efecto único respecto de varias personas en cuanto a una relación jurídica en la que están interesadas todas ellas, es claro que tal obligación no se da cuando la nulidad se hace valer a manera de excepción, pues ésta no producirá una declaración de nulidad de manera plena o total del acto contenido en ese título, sino sólo establece la inutilidad de éste para sustentar la acción fundada en el mismo y, por ende, destruirla.

Entonces, si esa declaración de nulidad del título se circunscribe al juicio en que se hace valer como excepción, sólo para destruir la acción respecto de la cual se opone; entonces no tiene por qué llamarse a quienes intervinieron en el acto contenido en aquél.(9)

Las consideraciones precedentes fueron sustentadas en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia que se transcribe:

"NULIDAD DEL TÍTULO BASE DE LA ACCIÓN. CUANDO SE HACE VALER COMO EXCEPCIÓN, NO SURGE LITISCONSORCIO NECESARIO EN RELACIÓN CON QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO RESPECTO DEL CUAL SE OPONE. Si bien es cierto que la intención del demandado al oponer la nulidad como excepción es obtener una declaratoria por parte del juzgador para que se considere nulo el acto materia del título base de la acción, verdad es también, que al intentarse esa pretensión mediante excepción, entonces debe sujetarse a la naturaleza de esta figura, porque es a través de ella que se introduce esa nulidad al juicio, de ahí que la oposición de dicha excepción sólo puede llevar a declarar nulo ese acto pero únicamente en relación con esa acción; máxime si se toma en cuenta que la excepción es el medio por el cual aquél se opone a la pretensión del actor y sólo tiende a destruir la acción que se ejercita, mas no a constituir un derecho a su favor, sino a obtener un pronunciamiento absolutorio. Por lo anterior, cuando se hace valer como excepción la nulidad del título base de la acción, no surge litisconsorcio necesario respecto de quienes intervinieron en ese acto, porque la obligación de concurrir a un juicio sólo se genera cuando, conforme a lo que en éste se discute, puede producirse un efecto único respecto de varias personas en cuanto a la relación jurídica en la que están interesadas todas ellas, lo que desde luego no sucede al deducirse la nulidad como excepción, pues sus efectos se limitan al juicio en que se opone." (IUS 174411).

Una vez establecido que la nulidad puede intentarse vía acción o excepción, es necesario hacer énfasis en que también está sujeto a la forma en que se oponga, vía acción o excepción, porque estará sujeta también a esas reglas. Así también, es posible afirmar que la existencia de litisconsorcio pasivo necesario no opera de la misma manera en todos los casos y, por lo tanto, debe respetarse la normatividad conforme a la cual se hubiere intentado la nulidad de un contrato como en el presente caso vía reconvencional.

V. Reconvención

De acuerdo al Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la reconvención es la facultad que la ley concede al demandado en un juicio civil o del trabajo para presentar a su vez otra demanda en contra del actor o demandante, exigiéndole contraprestaciones distintas que pueden formar parte de la controversia.

A la reconvención también se le reconoce jurídicamente con el término común de contrademanda.

En sentido estricto puede decirse que se trata de un nuevo juicio en el que se invierten las partes, porque el demandado se convierte en actor y éste en demandado, debiéndose resolver conjuntamente las respectivas acciones de uno y otro.

Cipriano Gómez Lara, en su obra "Derecho Procesal Civil", precisa que la reconvención o contrademanda es la oportunidad para el demandado de plantear una nueva pretensión suya en el proceso en contra del actor inicial.

La reconvención no es una defensa; como actitud del demandado significa que éste no sólo se limita a oponerse a la pretensión del actor, sino que también asume una posición de ataque. Mediante la reconvención, el demandado adopta en el mismo proceso dos posiciones: la primera, como resistente u opositor a la pretensión inicial del actor encaminada en su contra y, la segunda, de ataque en contra del actor inicial dirigiéndole en su contra una nueva pretensión.

José Ovalle Favela, en su libro "Derecho Procesal Civil", señala que la reconvención o contrademanda es, a decir de Eduardo J. Couture, la pretensión que el demandado deduce al contestar la demanda, por lo cual se convierte en demandante del actor a fin de que se fallen las dos pretensiones en una sola sentencia. Es la actitud más enérgica del demandado, pues no se limita a oponer obstáculos procesales o contradecir el derecho material alegado por el actor en su demanda, sino que, aprovechando la relación procesal ya establecida, formula una nueva pretensión en contra del actor.

Ramiro Podetti, en su obra "Teoría y Práctica del Proceso Civil", sostiene que corresponde al demandado el derecho de contrademandar, es decir, ejercitar en ese mismo litigio la facultad de pedir protección jurídica contra el actor, por otros hechos de los cuales resulte la violación o menoscabo de su derecho.

Al respecto, la entonces Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de rubro: "RECONVENCIÓN. SÓLO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DEL ACTOR, NO ASÍ DE TERCERAS PERSONAS.", retomada, por la actual Primera Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 1a./J. 59/2002, derivada de la contradicción de tesis 74/2009-PS de rubro y texto que se insertan:

"RECONVENCIÓN. SÓLO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DEL ACTOR, NO ASÍ DE TERCERAS PERSONAS. La reconvención es la figura procesal que permite a la parte demandada en un juicio presentar, a su vez, una demanda únicamente en contra del actor, mediante la cual reclame a éste diversas prestaciones que pueden formar parte de la controversia; derecho que deberá ejercer precisamente al momento de contestar la demanda por encontrarse sujeto al principio de la preclusión. Además, dada su naturaleza no puede hacerse valer respecto de terceras personas, sino sólo en contra del actor; de ahí que resulta improcedente la reconvención que no sea contra éste." (IUS 185335).

De todo lo anteriormente reseñado puede concluirse, sin lugar a dudas, que la reconvención es la figura procesal que permite a la parte demandada enderezar una nueva pretensión en contra del actor en el propio juicio; esto es, que se trata de una contrademanda en la que se invierte el carácter de los contendientes, ya que el actor se convierte en demandado y éste, a su vez, en actor reconvencional.

VI. Tercero

Por su parte, además del actor y demandado, pueden acudir al proceso terceras personas en distintos casos y modalidades.

El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece, en lo conducente, que:

"Artículo 652. En un juicio seguido por dos o más personas pueden venir uno o más terceros siempre que tengan interés propio y distinto del actor o reo en la materia del juicio."

"Artículo 653. La tercería deberá deducirse en los términos prescritos para formular una demanda ante el Juez que conoce del juicio."

"Artículo 654. Las tercerías que se deduzcan en el juicio, se substanciarán en la vía y forma, en que se tramite el procedimiento en la que se interponga la tercería."

"Artículo 655. Las tercerías coadyuvantes pueden oponerse en cualquier juicio, sea cual fuere la acción que en él se ejercite y cualquiera que sea el estado en que éste se encuentre, con tal que aún no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria."

"Artículo 656. Los terceros coadyuvantes se consideran asociados con la parte cuyo derecho coadyuvan y, en consecuencia, podrán:

"I. Salir al pleito en cualquier estado en que se encuentre con tal de que no se haya pronunciado sentencia que cause ejecutoria;

"II. Hacer las gestiones que estimen oportunas dentro del juicio siempre que no deduciendo la misma acción u oponiendo la misma excepción que actor o reo, respectivamente, no hubieren designado representante común;

"III. Continuar su acción y defensa aun cuando el principal desistiere;

"IV. Apelar e interponer los recursos procedentes."

"Artículo 657. El demandado debe denunciar el pleito al obligado a la evicción antes de la contestación de la demanda solicitándolo del Juez, quien según las circunstancias ampliará el término del emplazamiento para que el tercero pueda disfrutar del plazo completo. El tercero obligado a la evicción, una vez salido al pleito, se convierte en principal."

El diccionario jurídico ya citado, precisa que se da el carácter de tercero interesado a la persona que sin ser parte en un juicio, interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes, si es llamada a ello, o cuando tenga conocimiento de que cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente pueda causarle algún perjuicio irreparable.

Alcalá Zamora lo llama simplemente tercerista y define su intervención como la persona que participa en el proceso en forma espontánea o, cuando es llamada al mismo o en los casos en que es provocada su intervención.

Así, en todo proceso intervienen necesariamente dos partes: el demandante y el demandado. Pero al lado de éstas, otras personas pueden tener interés en la resolución de un litigio y, en estos casos, deben ser llamadas para que participen en él.

En efecto, una vez establecido que tercero es todo aquel que no forma parte en el juicio en su carácter de actor o demandado, debe señalarse que su participación en el proceso puede tener varias clasificaciones, por ejemplo, pueden acudir por un interés propio, principal, accesorio, voluntaria, transitoria o definitivamente.

En este aspecto, cabe señalar que el litisconsorte es aquella persona unida a alguna de las partes por la relación jurídica en la que participan de manera indisoluble (como en el caso por tratarse de varias personas que suscribieron el contrato de comodato); por lo tanto, es necesario llamarla a juicio para que deduzca los derechos que a ella correspondan y respetar así su garantía de audiencia, aunado a que no sería posible dictar una sentencia válida que gozara de la autoridad de la cosa juzgada porque no sería posible ejecutarla contra quien no ha sido llamado al juicio. También, para respetar el principio de economía y unidad en el proceso, para deducir las acciones y excepciones hechas valer por los interesados en un solo proceso.

En este sentido, el litisconsorte es un tercero que, por disposición de la ley o por la naturaleza de las prestaciones reclamadas de manera indivisible debe acudir necesariamente al juicio para ser escuchado. Y su intervención en el proceso está regulada en cada caso por la legislación que rija el procedimiento.

Por ejemplo, la legislación adjetiva del Estado de México, vigente a partir de julio del dos mil dos, regula el litisconsorcio necesario y su análisis oficioso en cualquier momento, imponiendo la obligación al juzgador de examinar la demanda o reconvención y que prevendrá al actor para que amplíe la demanda contra las personas que formen dicho litisconsorcio (artículos 1.86 a 1.88).

En ese caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que si no fueron llamados a juicio todos los litisconsortes debe concederse en amparo para el efecto de que el Juez de primer grado reponga el procedimiento para prevenir al actor a efecto de que amplíe su demanda o reconvención contra los litisconsortes.(10)

En ese caso, la Suprema Corte tomó en cuenta la legislación aplicable para establecer las consecuencias y la forma en que debía ser llamado el litisconsorte.

El código procesal civil para el Distrito Federal establece, por ejemplo, la acción a un tercero para coadyuvar en el juicio contra su codeudor solidario (artículo 21), que el tercero obligado a la evicción deberá ser citado a juicio oportunamente para que le pare perjuicio la sentencia (artículo 22), que el tercerista que pretenda excluir los derechos del actor o del demandado tiene facultad para concurrir al proceso (artículo 23), y también que ninguna acción puede ejercitarse sino por aquel a quien compete (artículo 29), y que nadie puede obligarse a intentar una acción contra su voluntad excepto tratándose de la tercería por cuantía mayor donde el tercero opositor no concurra si se remitieron los autos a otro tribunal o cuando alguno tenga acción o excepción que dependa del ejercicio de la acción de otro (artículo 32).

Por su parte, de los artículos ya transcritos, se advierte cuál es la regulación procesal local para el caso de las tercerías (coadyuvantes o excluyentes) y que ésta deberá deducirse en los términos descritos para formular una demanda para sustanciarse en la forma en que se tramita el procedimiento en que interponga la tercería (artículos 653 y 654), y que pueden interponer en cualquier estado en que se encuentre el juicio con tal de que no se haya dictado sentencia que cause ejecutoria. Hecha excepción de las excluyentes que proceden antes de que se finque el remate.

En este sentido (siguiendo a Manuel Serra Domínguez en su obra "Estudios de derecho procesal") advertimos que el litisconsorte que intervenga en juicio hubiera podido ser parte por la naturaleza de su derecho, de modo que también podría haber formulado demanda, o bien, ser demandado por alguna o algunas de las partes que figuran en el proceso. En ciertos casos (como la legislación del Estado de México), debía ser demandado forzosamente para la correcta constitución de la relación procesal y, finalmente, su distinción respecto de las partes radica únicamente en el momento de su intervención. Si es al inicio del proceso será originaria y de no ser así será sucesiva.

Por lo tanto, es de concluir que la forma en que deba ser llamado el litisconsorte dependerá del supuesto en el que se encuentre según la legislación procesal aplicable. De este modo, aun cuando se trata de un presupuesto procesal para la debida integración de la relación jurídico procesal, debe respetarse el marco legal al que está sujeta su intervención en cada caso (como el de la obligación a la evicción en la legislación del Distrito Federal).

En todo caso, el tercero interesado puede ser incorporado al juicio si lo llama alguna de las partes, o el tribunal estima necesaria su presencia en el proceso, en aquellos casos en que se considere que sus derechos u obligaciones pudieren influir en el resultado de la controversia.

Este principio debe entenderse en el sentido de que la autoridad de cosa juzgada de una sentencia en que se establezcan ciertos hechos y relaciones jurídicas, se aplica también a dichos terceros; y lo más importante, la presencia del tercero tiene por objeto evitar la promoción de futuras demandas con motivo de las se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22184-bd3aa2b4/litisconsorcio-pasivo-necesario-se-debe-llamar-al-litisconsorte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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