DELITOS CONTRA LA REGULACIÓN URBANA. LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL QUE LOS REGULAN SON DE NATURALEZA HETEROAPLICATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 38/2011. **********.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Este tribunal revisor advierte que la parte recurrente hace valer como motivo de inconformidad, que la Juez de Distrito, en la resolución que es materia del recurso, vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales que se consagran en los preceptos 14 y 16 de la Constitución Federal porque aduce que se desprende de ella "una afectación grave e inminente en los derechos de mi representada, pues tal y como acontece en la realidad, el desechamiento de la demanda de amparo depara una transgresión a su esfera jurídica, pues la autoridad no considera la modificación en la situación jurídica de la hoy quejosa con la sola entrada en vigor de los preceptos contenidos en la Ley de Desarrollo Urbano"; asimismo, que dicha transgresión se produce por haber omitido considerar la existencia de los daños concretos en la esfera jurídica del gobernado con la entrada en vigor de la ley.
Es inoperante el agravio hecho valer por el recurrente en la parte que estima que la autoridad de control constitucional, al determinar el desechamiento de la demanda de amparo, incurra, a su vez, en violación a los preceptos constitucionales que a su vez se señalan como vulnerados en la demanda de amparo; ello en virtud de que el Juez de Distrito de amparo al emitir sus resoluciones, en su caso, sólo podría incidir en la indebida aplicación de la Ley de Amparo o del Código Federal de Procedimientos Civiles, pero no en vulneración de derechos fundamentales.
Lo anterior es así, habida cuenta que este recurso no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la constitucionalidad del fallo impugnado, puesto que esta alzada tiene como facultad legal la de analizar la legalidad o ilegalidad de la resolución de primera instancia que, en concepto de la parte recurrente, le causa agravios. Por tanto, no deben analizarse los agravios encaminados a combatir que el Juez de Distrito violó derechos fundamentales al conocer del juicio de amparo sujeto a revisión, ya que por la función de control constitucional que desempeña el a quo, de abordar el estudio de los agravios así formulados, se trataría extralógicamente al Juez Federal como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para reclamar actos de autoridad, esto es, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.
Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de Nuestro Más Alto Tribunal Federal, en la tesis P. LI/99, que con el número 20 aparece publicada en la página 15 del Tomo VI, Materia Común, sección Precedentes Relevantes, Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes:
"AGRAVIOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES. DEBEN ATENDERSE CUANDO SUSTENTAN TAL AFIRMACIÓN EN LA INEXACTA INTERPRETACIÓN DE LAS LEYES APLICABLES. En términos de lo establecido en la jurisprudencia 2/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, página 5, cuyo rubro es: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’, deben desestimarse por inoperantes los agravios aducidos en el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en un juicio de amparo, en los que se afirme que los juzgadores de amparo violan en perjuicio de los quejosos garantías individuales, toda vez que este recurso no es un medio de control constitucional autónomo a través del cual puedan analizarse ese tipo de violaciones, sino que es un procedimiento de segunda instancia que exclusivamente tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, sin el efecto de ejercer un control constitucional sobre otro control constitucional, lo que no impide atender las argumentaciones relativas si se advierte que los agravios se hacen depender de la inexacta interpretación de las leyes aplicables, aspecto que atañe al óptimo ejercicio de la función judicial regulada en preceptos específicos de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación."
Así como la jurisprudencia P./J. 2/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 35 en la página 28 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del texto siguiente:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
SEXTO. Son infundados por una parte e inoperantes por la otra, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos de lo previsto por la fracción II del numérico 76 Bis de la Ley de Amparo.
En efecto, cabe señalar como acertado lo considerado por la Juez de Distrito, en tanto, en el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo a que se hizo referencia en el auto recurrido, toda vez que, como correctamente lo razonó la a quo, no obstante que el quejoso en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad de los diversos 107 y 108 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, los que infundadamente reclamó en su carácter de autoaplicativos, lo cierto es que, en el caso, se trata de una ley de naturaleza heteroaplicativa, ya que por su sola entrada en vigor no causa perjuicio ni modifica alguna situación jurídica, sino que se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa, esto es, por su sola entrada en vigor, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que se requiere un acto de aplicación de la norma para, en su caso, hacer valer la afectación a su interés jurídico; por ello, contrariamente a lo que arguye el recurrente, la referida ley no afecta el interés jurídico del impetrante de amparo por su sola entrada en vigor, sino que, en su caso, hasta que se actualice algún acto de aplicación; lo que no acontece hasta en tanto no ejecute, prepare, instale o modifique un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla sin contar con la licencia que exija la ley de la materia y que exista querella por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; asimismo, que haya reparación del daño que será, en su caso, a favor del Gobierno del Distrito Federal, según sea resuelto por el órgano jurisdiccional competente, o sea, a partir del primer acto de aplicación de la norma impugnada.
Sin que, como correctamente lo señala la Juez de Distrito en el auto recurrido, del análisis de la demanda de amparo se advierta la existencia de acto de autoridad alguno en contra de la persona moral quejosa; ello en tanto no se observa que haya demostrado el ahora disconforme que, efectivamente, se le están aplicando dichos dispositivos que ahora tilda de inconstitucionales y, menos aún, que exista querella en su contra; además de que, contrario a su pretensión, las documentales que acompañó a su escrito de demanda, resultan insuficientes para acreditar que la ley impugnada es de naturaleza autoaplicativa, es decir, que con la sola entrada en vigor le irrogue un perjuicio a su interés jurídico.
Ahora bien, se advierte que la parte recurrente a lo largo de sus agravios expresados, esencialmente se constriñe a insistir en que la ley que combate es de naturaleza autoaplicativa, porque con su sola entrada en vigor le causa perjuicios al interés de su representada, derivado de la modificación a su situación jurídica, y que ello le da un efecto retroactivo a circunstancias anteriores a la entrada en vigor de dicha ley y una afectación a derechos adquiridos, y que por condiciones ajenas, inminentemente le serán afectados sus derechos fundamentales; invoca los criterios de rubros: "ACTO INMINENTE, CARACTERÍSTICA." y "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICIÓN FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES."
Asimismo, abunda su argumentación al señalar que el acto reclamado es inminente y perjudicial en la esfera de derechos y prerrogativas de la hoy quejosa, ya que la modifica y se tiene la certeza del perjuicio que se le causa al prohibírsele continuar con la actividad profesional y económica que venía desarrollando hasta el momento de la publicación de la ley reclamada, lo que le impedirá continuar con aquélla, con el consecuente perjuicio grave a derechos inalienables y a su condición económica, y que los ordinales 107 y 108 tildados de inconstitucionales se aplican retroactivamente en perjuicio del gobernado; además de que lo que pretendió argumentar con la interposición de la demanda de amparo, es la protección contra futuros e inminentes actos de autoridad por los cuales se cometerá una violación a diversos derechos fundamentales, lo que intentó sustentar con la invocación de los criterios con encabezados: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY, COMO DEBE ENTENDERSE LA GARANTÍA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.", "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.", "RETROACTIVIDAD, NO SOLAMENTE PUEDE PRESENTARSE COMO CONFLICTO DE LEYES EN EL TIEMPO.", "RETROACTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DE LEYES ADMINISTRATIVAS." y "ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL, VIOLACIÓN AL."
Lo así esgrimido deviene inoperante, e inaplicables los criterios jurisprudenciales en que pretende sustentarlas el recursante, dada la certeza que ha quedado razonada de manera lógica y jurídica, tanto en el auto de desechamiento impugnado, como en esta sentencia de revisión, en cuanto a la naturaleza heteroaplicativa que tiene la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y, como se reitera, lo cierto es que ni del escrito de demanda de amparo, ni en el que se expresan los agravios en análisis, se advierte que se haya iniciado en contra de alguna persona una averiguación previa o procedimiento penal, en el que se le hayan aplicado los dispositivos 107 y 108 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, pues únicamente se refiere a la afectación que dice el ahora disconforme le causa a su representada la sola entrada en vigor de la precitada legislación y de que se produce una aplicación retroactiva ante la imposibilidad de obtener una licencia o permiso para la continuación del desarrollo de su actividad; argumentaciones que, ante lo inoperantes, resultan insuficientes para estimar procedente el juicio de amparo en que se actúa.
Ahora bien, de la lectura de los preceptos que la recurrente señala como inconstitucionales, se aprecia que los mismos imponen obligaciones de no hacer, por lo que no surge afectación al interés jurídico de los gobernados en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, la existencia de un acto diverso que condicione su aplicación, esto es, que para actualizar el perjuicio se requiere una determinación en contra de alguien, en la que se apliquen materialmente dichos dispositivos legales, en virtud de haber sido infringidos, es decir, por haber actuado contrario a lo establecido en ellos; lo que no acontece en el caso, puesto que no se aprecia la existencia de determinación alguna en la que se apliquen, en perjuicio del quejoso, dichos dispositivos legales. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que la recurrida hace valer bajo el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."
Todo lo anterior permite establecer que, contrario a lo que alega el recurrente, en el caso, fue correcto que la Juez de amparo desechara la demanda de amparo promovida por el quejoso por existir una causa indudable de improcedencia.
De ahí que no sea incorrecta la determinación de la Juez de amparo en cuanto a que los preceptos reclamados son de naturaleza heteroaplicativa y que, hasta el momento, no se aprecia prueba de que exista determinación en la que se hayan aplicado en contra del quejoso dichos numerales y, por lo mismo, tampoco hay afectación a su interés jurídico, toda vez que, como ya se dijo, ello en todo caso ocurriría en el caso de que con motivo de que el ahora quejoso ejecute, prepare, instale o modifique un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla sin contar con la licencia que exija la ley de la materia, se emitiera determinación en contra del quejoso en la que se aplicaran dichos numerales, que sería el primer acto de aplicación de la norma impugnada, pues de lo contrario, con la sola existencia de la norma, mientras ésta no sea aplicada en determinada resolución por alguna autoridad, no afecta en nada al quejoso pues, se insiste, se necesita la vida de un acto de aplicación; luego al no existir éste, tampoco puede decirse que se está afectando el interés jurídico del quejoso.
La misma suerte de infundado corre lo alegado, en vía de agravio, en cuanto a que la afectación concreta se produce desde el momento en que una actividad era lícita y que, con la entrada en vigor de una norma, exista un nuevo tipo penal que prohíbe a su representada continuar con la actividad desarrollada, dándole un trato de delincuente.
Ello toda vez que, como ya se dijo, en el caso, se está ante la presencia de una ley de carácter heteroaplicativa, puesto que no surge afectación al interés jurídico de los gobernados en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio, la existencia de un acto diverso que condicione su aplicación, esto es, que para actualizar el perjuicio se requiere una determinación en contra de alguien en la que se apliquen dichos dispositivos legales, en virtud de haber infringido los mismos, es decir, por haber actuado contrario a lo establecido en ellos, lo que no acontece, en el caso, puesto que no existe determinación alguna en la que se apliquen en perjuicio del quejoso dichos dispositivos legales; de tal manera que por su sola entrada en vigor no se obliga a todos los industriales de la publicidad exterior a sujetarse a su contenido, puesto que para que se apliquen dichos numerales en contra de determinada persona, resulta necesario que actúe contrario a lo establecido en los dispositivos que tilda de inconstitucionales y se haga el pronunciamiento respectivo en el que se apliquen los mismos.
Así, para estimar que una norma afecta el interés jurídico de alguien, no sólo basta colocarse en el incumplimiento de la norma, sino que hace falta una determinación en la que esa norma se aplique, esto es, se requiere una determinación en contra de alguien en la que se apliquen dichos dispositivos legales, en virtud de haber infringido los mismos, es decir, por haber actuado contrario a lo establecido en ellos, lo que, se insiste, no acontece en el caso, puesto que no existe determinación alguna en la que se hayan aplicado en perjuicio del quejoso dichos dispositivos legales.
Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por este Tribunal Colegiado, en la tesis aislada I.9o.P.83 P y que aparece publicada en la página 2288, Tomo XXXIII, febrero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
" El artículo 107 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, describe el delito en contra de la regulación urbana, mientras que el numeral 108 del mismo ordenamiento establece las penas a imponer, para quien ejecute, instale o modifique un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla sin contar con la licencia que exija la ley de la materia. Conforme a lo anterior, dichos numerales tienen naturaleza heteroaplicativa, porque se trata de dispositivos de individualización condicionada, en tanto que establecen presupuestos conductuales y de hecho vinculados con una consecuencia que no es inmediata o de autoaplicación, al no contener disposiciones que vinculen al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por lo mismo, con la entrada en vigor de dichos dispositivos no se transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, y las obligaciones de estos tampoco nacen o surgen con independencia de que con posterioridad se realice un acto; esto es, la eminencia del perjuicio no surge desde el momento de su promulgación en forma automática, toda vez que únicamente compelen al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer mediante la existencia de un perjuicio que surge con un acto de aplicación lo que, en su caso, individualizaría su aplicación para quienes actúen contrario a lo establecido en dichos numerales al atribuírseles una conducta delictiva, la cual se actualizará en el momento en que la autoridad correspondiente emita algún acto que concrete una condición de afectación, mediante una determinación en la que se establezca que ésta se ha infringido, ya que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, depende de la realización de ese evento. En conclusión, el legislador no crea en los citados numerales, ex profeso, infracciones penales dirigidas a sancionar la conducta de alguna persona física o moral, si no que se emite el supuesto jurídico, cuyas sanciones no se aplican automáticamente con la entrada en vigor de la ley, hasta en tanto exista un acto posterior de aplicación que vincule el supuesto jurídico en el hecho hipotético."
Desde diverso aspecto es inoperante lo alegado por el recurrente, en el sentido de que con la ley reclamada se le causa daños irreparables, al no contar con la licencia para dedicarse a la actividad que venía desarrollando, lo cual no es responsabilidad de la impetrante sino de la propia autoridad que mediante decreto suspendió el otorgamiento de dichas licencias de publicidad exterior desde el nueve de marzo de dos mil siete, toda vez que, por una parte, en el caso, no fue señalado como acto reclamado la negativa a expedir la licencia para colocar anuncios publicitarios en diversos inmuebles, sino que en la demanda se señaló como acto reclamado la inconstitucionalidad de los numerales 107 y 108 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Atento a lo anterior, fue correcto que se desechara la demanda de amparo promovida por **********, en su calidad de representante legal de **********, por estar en presencia de un acto que no afecta el interés jurídico de la directa quejosa, de conformidad con lo dispuesto por los arábigos 73, fracción VI y 145, ambos de la Ley de Amparo y, por ende, procede confirmar la resolución recurrida.
En consecuencia, ante lo inoperante e infundado de los agravios propuestos, procede confirmar el auto dictado por la Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, mediante la cual desechó la demanda de amparo promovida por **********, en su calidad de representante legal de **********, al considerar que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la directa quejosa.
Por lo expuesto y fundado; con apoyo, además, en los preceptos 83, fracción I y 85, fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma el auto que se revisa; en consecuencia:
SEGUNDO.-Se desecha la demanda de amparo promovida por **********, en su calidad de representante legal de **********, contra los actos que reclamó a la Asamblea Legislativa, jefe de Gobierno, secretario de Gobierno, directora general Jurídica y de Estudios Legislativos, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, procurador general de Justicia y titulares de las delegaciones políticas: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, todas del Distrito Federal, que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuelvan los autos al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal; y en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.
Así lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Fernando Hernández Piña (presidente), Emma Meza Fonseca y Humberto Manuel Román Franco (ponente).
En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Nota: La jurisprudencia de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el número P./J. 55/97 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22852-f880cf38/delitos-contra-la-regulacion-urbana-los-articulos-107 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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