IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY RELATIVA, CONTENIDA EN EL DECRETO PUBLICADO EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY RELATIVA, CONTENIDA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, ESTABLECE QUE ES EL CONTRIBUYENTE, Y NO UN TERCERO, EL QUE ELIGE APLICAR UNA TASA U OTRA, DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS NATURALES A LA ENTRADA EN VIGOR DE DICHO DECRETO. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY RELATIVA, CONTENIDA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY RELATIVA, CONTENIDA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, AL ESTAR REFERIDA A UNA OBLIGACIÓN FORMAL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO OCTAVO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY RELATIVA, CONTENIDA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, AL NO ESTABLECER LA FORMA EN QUE SE DEBE RECALCULAR, O EN SU CASO, DOCUMENTAR LA MODIFICACIÓN A LA TASA DEL 16%, RESPECTO DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES REALIZADAS CON ANTERIORIDAD AL 1 DE ENERO DE 2010, EN RELACIÓN CON LAS FACTURAS PREVIAMENTE EMITIDAS, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.
AMPARO EN REVISIÓN 118/2011. **********.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de la fracción III del artículo octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto a los Depósitos en Efectivo y del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y del Decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión; y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación del siete de diciembre de dos mil nueve, y si bien subsiste en esta instancia el problema de constitucionalidad planteado, su resolución no entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, ni tampoco existe alguna otra causa ni la solicitud por parte de algún Ministro para que este asunto lo resuelva el Tribunal Pleno.
SEGUNDO. No resulta necesario analizar la oportunidad del recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa, toda vez que de ello ya se hicieron cargo los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, según se advierte de la ejecutoria que pronunciaron en los autos del amparo en revisión ********** del índice de dicho órgano jurisdiccional.
TERCERO. La parte quejosa, en esencia, sostuvo que la sentencia recurrida transgrede lo dispuesto por los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo, en virtud de lo siguiente:
a) En primer lugar, cabe mencionar que en el escrito inicial de demanda se argumentó, por una parte, que los contribuyentes no cuentan con la seguridad jurídica respecto de la manera en que deberán determinar el impuesto a su cargo al momento en que sean cobradas las contraprestaciones, si éstas son percibidas con posterioridad a los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor de la norma reclamada y, por la otra, que si bien había determinado que por la enajenación de bienes o la prestación de servicios debía calcularse el impuesto al valor agregado, aplicando al valor de dichos actos o actividades la tasa del 15% (o en su caso una inferior) y, por tanto, emitió la factura respectiva, aplicando la tasa correspondiente; con la entrada en vigor de la norma reclamada, desconoce la forma que debía recalcular el impuesto aplicando la tasa del 16% para tales efectos.
Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que contrariamente a lo resuelto por el a quo, el legislador no señaló en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el procedimiento que se debía seguir para calcular el tributo, respecto de las operaciones efectuadas con anterioridad al primero de enero de dos mil nueve, ya que los contribuyentes desconocen la forma en que se debe recalcular la tasa del impuesto aplicable, respecto de los actos o actividades que hubieran realizado con anterioridad a la entrada en vigor de la norma reclamada, lo cual los deja en estado de inseguridad jurídica al desconocer cómo determinar el impuesto a su cargo.
Ello es así, en virtud de que desconoce la forma en que habrá de determinar la diferencia respecto de la aplicación de la tasa vigente con anterioridad al primero de enero de dos mil diez y la tasa en vigor a partir de dicha fecha y, no obstante ello, el a quo determinó en forma por demás ilegal que el numeral tildado de inconstitucional no transgrede las garantías de seguridad jurídica y de legalidad tributaria que prevén, respectivamente, los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, en el caso concreto, se estima que la norma reclamada resulta inconstitucional, sobre la base de que los contribuyentes que realizaron operaciones con anterioridad a dos mil diez y que recibieron las contraprestaciones con posterioridad a los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto reclamado, desconocen cómo calcular el 1% respecto de la diferencia de tasas aplicables, esto es, la forma en que deberán recalcular la diferencia de tasas aplicables, ya que no se conoce uno de los elementos esenciales para la causación del tributo como lo es el monto al que equivale la diferencia de tasas; razón suficiente para otorgar a la quejosa el amparo que solicita.
En ese mismo sentido, debe señalarse que lo argumentado por el a quo en el sentido de que la emisión de la Tercera Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil nueve, a través de la cual se pretende regular el recálculo de la modificación de tasas, respecto de actos o actividades realizados con anterioridad al primero de enero de dos mil diez, no transgrede la garantía de legalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la resolución miscelánea es un complemento del decreto y, que por tanto, la misma no debe aplicarse e interpretarse en lo individual sino en su conjunto, resulta del todo ilegal.
Lo anterior es así, en virtud de que para que un tributo pueda considerarse constitucional, es necesario que en una ley formal y materialmente legislativa se encuentren todos los elementos del tributo, por lo que, si en la resolución miscelánea se pretende regular la forma de recalcular el impuesto respecto de operaciones efectuadas con anterioridad a la entrada en vigor a la norma reclamada, ello resulta violatorio de la garantía de legalidad al pretender regular un elemento que debería estar contenido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, como lo es la base para la determinación del impuesto que se ve modificada por el cambio de tasa.
Así las cosas, la emisión de la resolución miscelánea, sólo evidencia la violación de la norma reclamada a la garantía de legalidad y seguridad jurídica, ya que la forma de recalcular el impuesto al valor agregado respecto de las operaciones efectuadas con anterioridad al primero de enero de dos mil diez, no está contenido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, sino precisamente en la citada regla miscelánea.
Por tanto, no queda sino concluir que todos los elementos esenciales del tributo deben estar consignados expresamente en la ley, por lo que resulta ilegal que el a quo hubiera señalado que el procedimiento a seguir para recalcular el impuesto al valor agregado pueda estar contenido en la resolución miscelánea, ya que la determinación de dicho procedimiento dará como resultado el monto al que equivale la tasa del 1% adicional a la tasa del 15% aplicable a las operaciones que se hubieran efectuado con anterioridad al primero de enero de dos mil diez.
En virtud de lo anterior, lo procedente será que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque la sentencia recurrida y le conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
b) En primer lugar, cabe mencionar que en el escrito inicial de demanda, se argumentó que la norma impugnada transgrede la garantía de irretroactividad, en virtud de que si el impuesto se causa conforme se realizan los actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, mismos que pueden consistir en la enajenación de bienes o la prestación de servicios; resulta evidente que desde ese momento quedan determinados de manera inmediata todos los elementos esenciales del tributo; por lo que si se pretende modificar uno de esos elementos, a saber, la tasa, por una ley posterior, resulta incontrovertible que la norma reclamada desconoce una situación que estaba siendo regulada por la ley anterior.
Asimismo, señaló en su ocurso que a pesar de que en el momento en que se realizan las actividades previstas en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se causa el impuesto, y se encuentran plenamente determinados todos los elementos para el cálculo del tributo; uno de tales elementos como lo es la tasa, pretende ser modificada por la norma reclamada, que entró en vigor con posterioridad a la realización de los actos o actividades gravados por el ordenamiento legal en comento, por lo que la aplicación de una tasa diferente a la vigente al momento en que se realizaron los actos o actividades gravadas por la citada ley, implica una clara violación a la garantía de irretroactividad, ya que la aplicación de la tasa no puede estar condicionada al momento en que efectivamente se cobrarán las contraprestaciones.
Lo anterior es así, en virtud de que el cobro en efectivo de las contraprestaciones sólo es un elemento que determina el momento en que ha de pagarse el tributo, mas no el momento de su causación, ya que ésta se da conforme se realizan los actos previstos en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; situación que incluso corrobora el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, el cual fue analizado de forma defectuosa por el a quo.
Así las cosas, se pone de manifiesto que la sentencia recurrida resulta ilegal, en virtud de que el a quo al analizar lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, pasa por alto que el mismo no regula el momento en que se causa el impuesto, sino el momento en que surge la obligación de pago, lo que denota que el Juez del conocimiento confundió el momento de causación y de pago del tributo, siendo que son dos momentos totalmente diferentes y que dan origen a diferentes consecuencias jurídicas.
Del mismo modo, debe señalarse que el a quo, por una parte, precisa que la hoy recurrente no cuenta con un derecho adquirido para pagar siempre sobre la misma base y, por el otro, sostiene que el momento en que causa el tributo y el momento de la obligación de pago es el mismo; situación que hace evidente la confusión en la que incurre el Juez del conocimiento, cuando lo cierto es que son dos momentos totalmente diferentes, por lo que, contrario a lo resuelto por el juzgador de primera instancia, la parte quejosa sí cuenta con el derecho adquirido a aplicar la tasa vigente al momento en que se prestó el servicio, consistente en el otorgamiento de un préstamo, sin que ello implique que pretenda pagar siempre sobre la misma base.
De esta forma, si bien las leyes fiscales son cambiantes y los contribuyentes no cuentan con el derecho a pagar siempre la misma base o tasa, ello no implica que se deje insubsistente la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 constitucional, pues conforme a la teoría de los componentes de la norma, cuenta con un derecho adquirido, contrariamente a lo resuelto por el a quo.
Ello es así, en virtud de que con anterioridad al primero de enero de dos mil diez, se causó el impuesto al valor agregado al prestar diversos servicios, por lo que contaba con el derecho a aplicar la tasa vigente al momento en que se prestó dicho servicio y, no obstante ello, la norma reclamada pretende aplicar una tasa mayor que entró en vigor con posterioridad al momento en que se prestó éste.
En efecto, ya que el impuesto al valor agregado se causa conforme se realizan los actos gravados que prevé el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, desde ese momento quedan determinados todos los elementos del impuesto dentro de los cuales se encuentra la tasa, por lo que ésta no puede ser modificada por una norma que entró en vigor con posterioridad a la causación del impuesto, toda vez que ello sería contrario a la garantía de irretroactividad prevista en el artículo 14 constitucional.
Cabe aclarar que dicho aspecto no implica que pretenda tributar el impuesto al valor agregado siempre sobre la misma base o tasa; sino que únicamente respecto de los actos o actividades realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma reclamada, esto es, que se pague el impuesto conforme a las disposiciones vigentes al momento de su causación.
De esta forma, resulta incorrecto el planteamiento del a quo al considerar que la norma reclamada no es violatoria de la garantía de irretroactividad, ya que pierde de vista que lo que se reclama son las actividades realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de la fracción III del artículo octavo reclamado, pues se está desconociendo un derecho adquirido, como lo es el aplicar la tasa que se encontraba vigente al momento en que se realizaron los actos gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado con anterioridad al primero de enero de dos mil diez, la cual pretende ser modificada por la norma reclamada, misma que entró en vigor con posterioridad al momento de causación del impuesto.
En ese mismo sentido, manifiesta que contrario a lo señalado por el a quo en la sentencia reclamada, de conformidad con el artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el momento en que efectivamente se perciben las contraprestaciones únicamente regula la obligación de pago del tributo, mas no el momento de causación, ya que éste surge conforme se realizan los actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
De esta forma, resulta evidente que en el momento en que se enajenan los bienes o se prestan los servicios se causa el impuesto, ya que al realizarse las situaciones de hecho previstas en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, todos los elementos esenciales del tributo quedan determinados, por lo que un elemento ajeno a la causación del impuesto, como lo es el momento en que efectivamente se cobran las contraprestaciones, no puede ser modificado con posterioridad.
Así las cosas, el a quo considera que en el momento en que se presta el servicio, no se causa el impuesto, ya que dicho momento acontece hasta que se cobran las contraprestaciones relacionadas con la enajenación del bien o la prestación del servicio.
Sin embargo, debe decirse que la prestación del servicio y, la causación del impuesto, no surgen en el momento en que se cobran las contraprestaciones correspondientes; sino que la prestación del servicio y la causación del impuesto surgen conforme se realizan los actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, es decir, conforme se presta el servicio, siendo éste el momento en que se hace exigible el pago del impuesto, mas no el momento de su causación, ya que lo que regula el artículo 1o. del ordenamiento legal en comento, es la obligación de pago del impuesto al valor agregado, mas no el momento de su causación.
Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que la conclusión a la que arribó el a quo es incorrecta, ya que el momento en que se causa el impuesto al valor agregado y el momento de pago son dos cuestiones totalmente diferentes, tal como se hizo valer en el escrito inicial de demanda y que inclusive es confirmado por lo dispuesto en el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, el cual es analizado de manera incorrecta por el Juez, confundiendo el momento de causación del tributo con el momento de pago, ya que conforme al referido precepto del código tributario federal, el impuesto se causará en el momento en que se realizan los actos o actividades previstas en las leyes fiscales, mientras que el momento de pago será aquel en que efectivamente se pagan las contraprestaciones respectivas, según lo prevé el artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que respecta a la prestación de servicios.
Lo anterior es así, en virtud de que el artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, de aplicación supletoria a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, establece que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
Por ende, la sentencia reclamada es ilegal, ya que no puede considerarse que la enajenación del bien o la prestación del servicio y la causación del impuesto al valor agregado surja hasta que efectivamente se cobran las contraprestaciones, ya que tal como se puede advertir del citado ordenamiento, el mismo se causa conforme se realizan los actos o actividades previstos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Inclusive, se estima necesario precisar que el propio artículo octavo, fracción III, del decreto reclamado, reconoce la existencia de estos dos momentos al mencionar que respecto de los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del referido decreto (es decir, en el caso a estudio al momento en que se celebra la prestación del servicio, consistente en el otorgamiento de un préstamo) las contraprestaciones que se cobren con posterioridad estarán afectas al pago del impuesto al valor agregado, de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro (es decir, se aplica la tasa vigente al momento en que se paga el impuesto).
Así las cosas, en el momento de la celebración del contrato, se da la enajenación del bien, la prestación del servicio, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes o la importación de bienes y servicios y en ese mismo momento se causa el impuesto quedando pendiente únicamente el pago de la contraprestación correspondiente; por lo que el beneficio previsto en la fracción III del artículo octavo del decreto reclamado, consistente en la aplicación de la tasa vigente en el momento en que se realizaron los actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, está condicionada a que el pago de las contraprestaciones se realice dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de la norma reclamada; lo que revela que la tasa aplicable respecto de las actividades realizadas con anterioridad al primero de enero de dos mil diez, será la vigente en el momento en que efectivamente se cobran las contraprestaciones.
Por otra parte, debe señalarse que la hoy recurrente celebró diversos contratos de mutuo con interés, es decir, la prestación de un servicio consistente en el préstamo de dinero, lo que implica que en el momento en que se presta el servicio se causa el impuesto, mientras que el pago queda diferido a plazos, por lo que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación no debe pasar desapercibido que en el caso del cobro de intereses, como acontece en la especie, por el préstamo que se otorga a los clientes tiene un régimen especial de pago del impuesto que coincide con el momento en que se causa el impuesto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece que tratándose de la prestación de servicios se tendrá la obligación del pago del tributo hasta el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas, salvo tratándose de intereses, ya que en ese caso se deberá pagar el impuesto conforme éstos se devenguen.
Esto es, tratándose de la prestación de servicios, como lo puede ser el otorgamiento de un préstamo en el cual se pacte el pago de intereses, la obligación de pago del impuesto al valor agregado, surge en el momento en que se realizan los actos o actividades gravadas, es decir, desde el momento en que se haya pactado el pago de los intereses.
Así las cosas, si el momento para efectos del pago del impuesto al valor agregado, tratándose de intereses coincide en el momento en que se realiza el acto o actividad gravado, que en el caso resulta ser el momento de celebración del contrato de mutuo o cuando las partes acuerdan el otorgamiento del mismo, es evidente que la tasa aplicable a dichos actos debería ser la que corresponde al momento en que los mismos se devengan o efectúan y no hasta el momento en que se cobran las contraprestaciones respectivas; de modo que debe concluirse que en el caso específico del pago de intereses se entiende que la obligación del pago del impuesto al valor agregado correspondiente surge conforme los mismos se devengan, es decir, desde el momento en que fueron pactados, lo cual coincide con el momento de celebración del contrato de mutuo o de la expedición de la factura respectiva; de modo que la tasa aplicable debe ser precisamente aquella aplicable al momento en que se expidió la factura respectiva y no una posterior.
De esta forma, si cuando se celebra el contrato de mutuo o se emite la factura respectiva, se presta el servicio, es evidente que se debe causar el impuesto en ese momento, sin importar cuándo se pague efectivamente el préstamo.
Por tanto, sostiene que en el caso a estudio el impuesto se causa conforme se realiza la prestación del servicio, consistente en el otorgamiento de un préstamo con intereses (con independencia de cuándo se pague el mismo), por lo que si en ese momento surgen los elementos esenciales del tributo, como lo es la tasa, ésta no puede ser modificada por una norma posterior que sea aplicable atendiendo al momento en que efectivamente se cobran las contraprestaciones.
Así las cosas, a las operaciones que celebró, consistentes en el otorgamiento de préstamos, se les debería aplicar la tasa del 15% por ser la tasa vigente al momento en que se causó el impuesto; resultando violatorio de la garantía de irretroactividad el que se pretende imponer a dicha actividad, acontecida en dos mil nueve, la tasa del 16% atendiendo al momento en que efectivamente se cobran las contraprestaciones.
Se insiste en que la norma reclamada es inconstitucional, en virtud de que a pesar de que en el momento en que se realizan las actividades previstas en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se causa el impuesto, y surgen todos los elementos esenciales del tributo, la norma impugnada (esto es, una norma que entró en vigor con posterioridad al momento de causación) pretende modificar uno de los elementos como es la tasa, atendiendo al momento en que efectivamente se cobran las contraprestaciones.
En virtud de lo anterior, lo procedente será que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque la sentencia recurrida y le conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
c) En primer lugar, debe señalarse que en el escrito inicial de demanda, se señaló que a pesar de que los sujetos del impuesto se encuentran en la misma hipótesis de causación, se les otorga un trato diferenciado, ya que a aquellas personas que enajenaron bienes o prestaron servicios con anterioridad al primero de enero de dos mil diez y que cobran las contraprestaciones con posterioridad a los diez días naturales siguientes a la fecha en que entró en vigor dicho decreto, tendrán que aplicar una tasa del 16%; mientras que los que recibieron las contraprestaciones dentro de esos diez días, tendrán que aplicar una tasa menor.
No obstante ello, el a quo resolvió que no puede legalmente sostenerse que los sujetos del impuesto se encuentren en el mismo supuesto de la ley y que sea potestativo del contribuyente aplicar la tasa que correspondía en dos mil nueve.
Ello es relevante, en atención a que en el concepto de violación hecho valer en el escrito inicial de demanda, no se hizo valer en el sentido de que la violación a la garantía de equidad sea respecto de aquellos contribuyentes que hubieran enajenado bienes o prestado servicios en dos mil nueve y sean pagados en dos mil diez, sino a aquellos sujetos que efectivamente cobran las contraprestaciones respectivas con posterioridad a los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor de la norma reclamada, respecto de aquellos contribuyentes que efectivamente cobren las contraprestaciones dentro de dicho plazo.
Lo anterior es así, en virtud de que el concepto de violación tendente a demostrar la violación a la garantía de equidad fue hecho valer partiendo de la premisa consistente en que los contribuyentes que efectivamente cobran la contraprestación por los servicios prestados o el bien enajenado con posterioridad a los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor de la norma reclamada, les es aplicable la tasa del 16% mientras que a los contribuyentes que perciben las contraprestaciones dentro de los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor del referido decreto, les es aplicable una tasa menor, cuando todos se encuentran en la misma hipótesis legal, es decir, que realizaron actos o actividades gravadas con anterioridad al primero de enero de dos mil diez y no simplemente partiendo del hecho de que enajenen bienes o presten servicios como ilegalmente lo sostiene el a quo.
Así las cosas, se pone de manifiesto que el a quo sólo analiza el argumento de inequidad atendiendo únicamente a si los sujetos enajenan bienes o prestan servicios y no al momento en que éstos fueron prestados y al momento en que efectivamente se perciben las contraprestaciones; lo que revela que realizó un indebido análisis del planteamiento que hizo valer en el escrito inicial de demanda y que es suficiente para que se le conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
Con independencia de lo anterior, precisa que es el cliente quien decide si el pago se efectúa con anterioridad o con posterioridad a los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor de la norma reclamada; por lo que es evidente que en todos los casos en que los contribuyentes hubieran enajenado bienes o prestado servicios con anterioridad al primero de enero de dos mil diez, el pago depende de un tercero (cliente), lo que evidencia aún más la violación a la garantía de equidad tributaria, en virtud de que al depender de un tercero el momento de pago, la aplicación de una tasa mayor o menor no depende de la voluntad del contribuyente.
En su caso, se hace necesario precisar que la norma reclamada podría considerarse una potestad del contribuyente, si la posibilidad de aplicar una tasa menor a la vigente, es decir, menor al 16% dependiera de la propia voluntad del contribuyente y no de un tercero, es decir, de la voluntad del cliente, por lo que contrariamente a lo resuelto por el a quo no es potestad del contribuyente aplicar la tasa vigente en dos mil nueve.
Así las cosas, los contribuyentes no pueden controlar el momento en que les son pagadas las contraprestaciones respecto de los actos o actividades realizadas con anterioridad al primero de enero de dos mil diez, por lo que no se puede señalar como una norma potestativa.
En ese mismo sentido, debe señalarse que contrariamente a lo resuelto por el a quo, la aplicación de la norma reclamada no es potestativa del contribuyente, sino un imperativo, al señalar que respecto de los actos o actividades gravados por la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que se hubieran celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del citado artículo, éstos estarán afectos al pago del impuesto, de conformidad con las disposiciones al momento de su cobro, por lo que si el pago se efectúa en dos mil diez, lo cual es un imperativo, ya que a todos los actos o actividades realizados con anterioridad al primero de enero de dos mil diez, les será aplicable la tasa del 16%.
Por tanto, el hecho de que la norma reclamada en su inciso a) establezca la oportunidad de aplicar la tasa vigente en el momento en que se realizaron los actos o actividades dependiendo si la contraprestación se pagó dentro de los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor de la norma reclamada, no puede entenderse como una opción o un beneficio, ya que el momento en que efectivamente se realiza el pago no depende del contribuyente, sino de la voluntad de un tercero.
En virtud de lo anterior, lo procedente será que esa Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque la sentencia recurrida y le conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión.
CUARTO. Por razón de método se analizarán, en primer lugar, los planteamientos que quedaron sintetizados en el inciso a) del considerando tercero de esta ejecutoria, a través de los cuales la parte quejosa, en esencia, sostiene que contrariamente a lo señalado por el Juez del conocimiento, la fracción III del artículo octavo del decreto tildado de inconstitucional, sí transgrede las garantías de seguridad jurídica y de legalidad tributaria, que prevén, respectivamente, los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por una parte, en virtud de que se desconoce uno de los elementos esenciales del tributo como lo es la tasa aplicable, pues a pesar de que se conoce que la tasa vigente en dos mil diez es del 16%, los contribuyentes no cuentan con la seguridad respecto de la manera en la que deberán determinar el impuesto a su cargo al momento en que efectivamente sean cobradas las contraprestaciones, si éstas son percibidas con posterioridad a los diez días naturales siguientes a la entrada en vigor de la norma reclamada y, por la otra, en atención a que si contribuyentes como la quejosa, al enajenar un bien o prestar un servicio, emitieron la factura respectiva aplicando la tasa del 15%, se les deja en completo estado de indefensión, al no establecerse en dicho numeral, la forma en que deberá modificarse o recalcularse la tasa, pues se desconoce si se tendrá que emitir una nueva factura por el 1% restante; o bien, si se deberá cancelar la factura original y se tendrá que emitir una nueva aplicando sobre el valor total de los actos o actividades la nueva tasa; violación que se hace más evidente por el simple hecho de que el propio Ejecutivo, a través del Servicio de Administración Tributaria tuvo que aclarar mediante resolución miscelánea, la forma en que se debía recalc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23097-9d521b54/impuesto-al-valor-agregado-la-fraccion-iii-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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