MERCADOS PÚBLICOS MUNICIPALES. AL REGLAMENTAR SU ACTIVIDAD, LOS AYUNTAMIENTOS NO INVADEN LA COMPETENCIA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN MATERIA DE COMERCIO. MERCADOS PÚBLICOS Y USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. LOS ARTÍCULOS 8 Y 16 DEL REGLAMENTO RELATIVO, AL CONSIGNAR LOS PRODUCTOS QUE NO DEBEN COMERCIALIZARSE Y LAS PROHIBICIONES COMUNES PARA LOS COMERCIANTES FIJOS, SEMI-FIJOS, TIANGUISTAS Y AMBULANTES, RESPECTIVAMENTE, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO. MERCADOS PÚBLICOS Y USO DE LA VÍA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. LOS ARTÍCULOS 8 Y 16 DEL REGLAMENTO RELATIVO, AL CONSIGNAR LOS PRODUCTOS QUE NO DEBEN COMERCIALIZARSE Y LAS PROHIBICIONES COMUNES PARA LOS COMERCIANTES FIJOS, SEMI-FIJOS, TIANGUISTAS Y AMBULANTES, RESPECTIVAMENTE, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LIBRE CONCURRENCIA.
AMPARO EN REVISIÓN 82/2011. **********.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Análisis de los agravios. Son parcialmente fundados los agravios de los recurrentes, como se explica a continuación.
Los quejosos ********** y ********** promovieron demanda de amparo en la cual se ostentaron como comerciantes en el mercado **********.
Con ese carácter pretenden la declaratoria de inconstitucionalidad de diversos artículos del Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en el Municipio de León, Guanajuato.
Al respecto, el carácter de comerciantes con que se ostentan lo acreditan con las cédulas de empadronamiento a nombre de las personas que enseguida se refieren, con folios: **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********; y con los recibos **********, relativo a la cédula de empadronamiento **********, a nombre de ********** y **********, relativo a la cédula de empadronamiento **********, a nombre de **********. De esas documentales se observa que cuentan con uno o varios locales en el mercado **********, con diversos giros de venta, como son: ropa, flores naturales, aparatos electrónicos, calzado, mercería, canasta básica, cereales, granos y semillas (fojas 40 a 57 del juicio de amparo).
El hecho de que los quejosos sean comerciantes autorizados dentro del mencionado mercado municipal, los faculta para reclamar la mayoría de los artículos del reglamento que señalaron como actos reclamados pues, en su conjunto, norman su actividad al someterlos a nuevas reglas que deben acatar, derivado ello de la sola entrada en vigor del aludido reglamento.
Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas (heteroaplicativas) o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola (autoaplicativas).
Ello legitima a los agraviados para controvertir de manera conjunta los preceptos como un sistema normativo, pues en ese entendido es claro que les irroga menoscabo en su esfera jurídica.
Lo anterior ha sido reconocido por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País en la jurisprudencia 2a./J. 100/2008, consultable en la página 400 del Tomo XXVII, junio de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD."
En ese contexto, corresponde al órgano de control de constitucionalidad analizar si pueden impugnarse, como unidad normativa, los preceptos señalados como reclamados.
Para ese cometido deben analizarse, primordialmente, los sujetos a quienes está dirigido y el objeto de regulación del ordenamiento que se impugne. De observarse que los quejosos se ubican en tales hipótesis normativas se debe ponderar si el conjunto de normas impugnadas regulan su conducta por su sola entrada en vigor.
Así, en el caso, ya se mencionó que los quejosos acreditaron desempeñarse como comerciantes en un mercado municipal de León, Guanajuato; esa circunstancia es la que, precisamente, los legitima para reclamar en amparo casi todas las normas reglamentarias que precisan en su demanda.
En efecto, el artículo 1 del Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en el Municipio de León, Guanajuato, define que éste es de orden público e interés general, además de obligatorio en el indicado Municipio, para las personas que se dediquen a alguna actividad comercial dentro de un mercado público o vía pública, por lo cual es evidente que tal reglamento regula la actividad que desempeñan los quejosos.
Los impetrantes de garantías reclamaron en amparo los artículos 7, 8, 13, fracción V, 16, 23, 24, 25, 38 y 81 del Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en el Municipio de León, Guanajuato, a partir de su entrada en vigor.
En los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo se establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes, así como para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa.
Tales principios disponen atender el momento en que la norma cuestionada ocasiona al gobernado perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo cual lleva a determinar a partir de qué momento y de qué plazo dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional.
De los numerales en comento se desprende que las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir: 1) si por su sola entrada en vigor causan perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien 2) si para ello requieren de un acto de aplicación, sea de autoridad, de un tercero o, en algunos supuestos, del mismo gobernado (heteroaplicativas).
En el primer caso, el gobernado puede ejercer la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo.
En el segundo, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas señaladas en el numeral 21 de la misma ley.
En relación con la distinción de leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la jurisprudencia P./J. 55/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, del siguiente rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."
Sentado lo anterior, procede dilucidar si los artículos reclamados resultan de individualización incondicionada, esto es, no sujetos a que el nacimiento de sus consecuencias jurídicas se sometan a la realización de algún acto o hecho jurídicos posterior a su entrada en vigor.
Al respecto, los artículos impugnados, por su sola entrada en vigor (con excepción del que se detallará al final de este considerando), someten a los quejosos a que, en su actividad de comerciantes, se vean conminados a acatar una serie de obligaciones de hacer y otras de abstención.
Para lograr mayor claridad en la exposición, es menester reproducir el contenido de las disposiciones reglamentarias que los quejosos tildan de inconstitucionales, las que, en su parte conducente, dicen:
"Artículo 8. Se podrá comercializar con todos aquellos artículos y productos que el Ayuntamiento determine, quedando exceptuado lo siguiente:
"I. Mercancía cuya procedencia no sea lícita, como artículos y productos que hayan sido reportados como robados, así como los que están protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor;
"II. Bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias semejantes;
"III. Medicinas;
"IV. Materias inflamables o explosivas;
"V. Los que se encuentren en estado de descomposición;
"VI. Animales vivos;
"VII. Material pornográfico;
"VIII. Contrabando;
"IX. Mercancía de origen extranjero que no cumpla con los requisitos para su legal internación en el país; y,
"X. Cualquier otro bien o servicio que se encuentren prohibidos por disposiciones legales o reglamentarias, ya sea federales, estatales o municipales."
"Artículo 13. Corresponde a los comerciantes fijos, semi-fijos y ambulantes, lo siguiente:
"...
"V. Realizar el trámite correspondiente ante la dirección, en los casos de ausencia y traspaso en coordinación con las asociaciones de comerciantes legalmente constituidas y reconocidas por la autoridad; ..."
"Artículo 16. Los comerciantes fijos, semi-fijos, tianguistas y ambulantes, tendrán las siguientes prohibiciones comunes:
"I. Ofrecer o entregar ya sea por ellos mismos o a través de otra persona, dinero, bienes, alimentos o cualquier donación a servidores públicos con motivo del desempeño de su cargo;
"II. Almacenar, ofertar, vender o suministrar cualquier artículo que el presente reglamento prohíbe para comercializar, o bien, alguno diverso al giro comercial autorizado en el permiso o concesión correspondiente;
"III. Vender animales vivos;
"IV. Realizar cualquier tipo de actividad que atente contra la moral pública, la convivencia social y el orden público;
"V. Ejercer sus actividades comerciales bajo los efectos de bebidas alcohólicas o bajo el influjo de drogas, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias semejantes;
"VI. Consumir o vender bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias semejantes así como permitir que cualquiera de sus acompañantes o visitantes lo hagan;
"VII. Tener mercancía en estado de descomposición o deteriorada;
"VIII. Provocar la emisión de contaminantes, malos olores y cualquier tipo de ruidos, que sean molestos a otros comerciantes, consumidores y al público en general;
"IX. Arrojar desechos o sustancias peligrosas a los drenajes, alcantarillas o la vía pública;
"X. Ejercer la actividad comercial sin el permiso o concesión;
"XI. Aumentar las dimensiones originalmente autorizadas en los puestos, locales y pizarras;
"XII. Arrendar, sub-arrendar, vender, traspasar, gravar o hacer uso indebido del uso y disfrute del local, pizarra o puesto, así como de la concesión o permiso otorgado; y,
"XIII. Las demás que se deriven de la ley y del presente reglamento."
"Artículo 23. Aquéllos a quienes se les haya otorgado una concesión o un permiso, podrán solicitar a la dirección que la persona designada como suplente, ejerza en su lugar la actividad comercial.
"Dicha solicitud deberá presentarse con la información y documentación que respalde y justifique la imposibilidad del comerciante para cumplir, por determinado plazo, el objeto de la concesión o del permiso; ello sin abarcar la totalidad de la vigencia toda vez que sólo procederá en los casos de ausencia temporal del comerciante, en el entendido que éste último deberá incorporarse a concluir con la vigencia de la concesión o del permiso.
"Realizado lo anterior, y únicamente tratándose de concesiones, la dirección turnará el asunto a la consideración del Ayuntamiento a través de la comisión respectiva a efecto de que se analice, discuta y en su caso se dictamine la misma, en los términos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de León, Guanajuato; para el caso de permisos la misma dirección analizará, discutirá y en su caso emitirá su autorización.
"Será causal de revocación de la concesión o del permiso, cuando un comerciante se ausente sin obtener la autorización correspondiente por parte de la dirección, y por tanto la concesión o el permiso, según sea el caso, se extinguirán."
"Artículo 24. La autorización de ausencia que en su caso se llegare a otorgar, no implica suspensión o ampliación de la vigencia que señale la concesión o el permiso, toda vez que ello constituye solamente una autorización para que el comerciante como titular del derecho se ausente temporalmente por las causas que prevé el presente ordenamiento y en su lugar ejerza el comercio una persona distinta, lo anterior en aras de que exista continuidad en la prestación del servicio y como consecuencia de ello un adecuado, suficiente y óptimo abastecimiento en los artículos y productos de primera necesidad."
"Artículo 25. La ausencia del comerciante operará en los casos siguientes:
"I. Por el desempeño de una actividad administrativa como dirigente de las asociaciones de comerciantes, legalmente constituidas y reconocidas por la dirección, cuya ausencia implique una representación a favor de sus agremiados y una coadyuvancia con la dirección;
"II. Incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad;
"III. Prescripción médica;
"IV. La prisión preventiva del comerciante seguida de sentencia absolutoria;
"V. Arresto del comerciante;
"VI. Que hayan transcurrido más de quince días de ausencia del titular de la concesión; y,
"VII. Cualquier otra causa que a consideración de la dirección, justifique la ausencia temporal del comerciante."
"Artículo 38. La función principal de las asociaciones de comerciantes es representar a sus agremiados, así como coadyuvar y participar con la dirección para el eficiente funcionamiento del comercio fijo, semi-fijo, tianguistas y ambulantes, participando con la dirección en otorgar su visto bueno en los casos de cambio de giro, ausencia y traspaso.
"El visto bueno será otorgado por las asociaciones de comerciantes a través de sus respectivos representantes, lo cual no implicará que la decisión que tome la dirección, o en su caso, el Ayuntamiento, dependa del mismo. De igual forma el visto bueno que otorguen las asociaciones de comerciantes no generará costo alguno para el comerciante."
"Artículo 81. Una vez que fenezca la vigencia del título concesión y para el caso de que no se haya solicitado su prórroga, o bien, que la misma no se haya autorizado, el concesionario, no deberá de ejercer el comercio.
"Igualmente tienen la obligación de retirar toda la mercancía que haya tenido a la venta, debiendo dejar aseado el local o la pizarra."
De los preceptos transcritos se desprende lo siguiente:
El artículo 8 contiene el listado de artículos y productos no susceptibles de comercialización, que se traducen en prohibiciones para los comerciantes;
El numeral 13, fracción V, contiene, entre otros puntos, la obligación para los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, consistente en realizar el trámite correspondiente ante la dirección municipal, en los casos de ausencia y traspaso en coordinación con las asociaciones de comerciantes legalmente constituidas y reconocidas;
El artículo 16 enuncia las prohibiciones comunes a cargo de los comerciantes fijos, semifijos, tianguistas y ambulantes;
Los numerales 23, 24 y 25 detallan el modo de suplir las ausencias de los comerciantes, sus requisitos, alcances y forma de operar de esa suplencia;
El 38 se refiere a la función principal de las asociaciones de comerciantes, entre las que se encuentran la de representar a sus agremiados, coadyuvar y participar con la dirección para el eficiente funcionamiento del comercio, así como otorgar su visto bueno en los cambios de giro, ausencia y traspaso; y
El precepto 81 reglamentario contempla la imposibilidad del concesionario para ejercer el comercio una vez que fenezca la vigencia de su título concesión.
De lo cual deriva que las disposiciones en análisis contienen una serie de obligaciones que se imponen a los particulares por el solo hecho de ser comerciantes de un mercado municipal.
En ese entendido, las normas impugnadas descritas, por su sola entrada en vigor, generan obligaciones, requisitos y prohibiciones a cumplir por las personas autorizadas para realizar la actividad comercial dentro de un mercado público o vía pública.
Luego, para que los promoventes acrediten que los actos reclamados les pueden causar perjuicio o vulnerar su esfera de derechos, en tanto que esto es una premisa para la procedencia del amparo, basta que demuestren su calidad de comerciantes concesionarios del servicio público de mercado, como en el caso ocurrió.
Corrobora lo anterior lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 del reglamento tildado de inconstitucional, los cuales establecen la obligatoriedad del reglamento impugnado para todos los comerciantes de los mercados del Municipio de León, Guanajuato, sin la necesidad de que exista un primer acto de aplicación por parte de la autoridad municipal en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento en cita les otorga; de ahí que los quejosos estén legitimados para impugnar los artículos descritos por su naturaleza autoaplicativa.
En cambio, es heteroaplicativo el numeral 7 del Reglamento impugnado y para justificarlo se transcribe a continuación:
"Artículo 7. El Ayuntamiento tiene la facultad de negar la concesión del servicio público de mercados y la dirección de negar el permiso para ejercer el comercio en vía pública, cuando exista el número suficiente que satisfaga la demanda de los productos que se venden o existan riesgos de crearse conflictos entre los comerciantes."
En el precepto se consigna la facultad del Ayuntamiento para negar un permiso en los casos en que esté satisfecha la demanda de los productos comercializados; el sólo hecho de que se consigne tal facultad, no causa perjuicio inmediato al comerciante porque para que esto suceda es necesario que sea ejercida esa facultad la que, además, está supeditada a que un particular intente obtener un permiso para ejercer el comercio, por lo cual el citado artículo es heteroaplicativo.
Lo anterior sin desconocer que el numeral en mención, que se considera heteroaplicativo, puede entenderse como causante de alteración o modificación a la concesión de la que gozan los quejosos; sin embargo, ello no le resta esa cualidad ni lo transmuta a la de autoaplicativo, porque para que el particular sea sujeto de ese precepto, es necesario que el comerciante solicite una nueva concesión precisamente con base en esa norma.
Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 73/2000 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del contenido siguiente:
"Registro: 191309
"Novena Época
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, agosto de 2000
"Materia(s): constitucional, administrativa
"Página: 236
"LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE ESTABLECEN O MODIFICAN EL MARCO JURÍDICO QUE REGULA UNA ACTIVIDAD SUJETA A UNA CONCESIÓN, PERMISO O AUTORIZACIÓN, EN CUANTO ESTABLECEN LOS REQUISITOS QUE REGIRÁN EN EL FUTURO EL OTORGAMIENTO DE ACTOS DE ESA NATURALEZA. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’, visible en la página 5, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, son heteroaplicativas las disposiciones de observancia general que establecen obligaciones de hacer o de no hacer que no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condiciona su individualización; al tenor de este criterio jurisprudencial, debe estimarse que son de invidualización condicionada las disposiciones de observancia general que al fijar o modificar el marco jurídico que regula una actividad cuya realización por parte de los gobernados está sujeta a la obtención de una concesión, permiso o autorización, establecen nuevos o diversos requisitos que regirán en el futuro el otorgamiento de los respectivos actos administrativos, pues para que afecten la esfera jurídica de aquéllos se requiere, previamente, que acudan ante la administración a solicitar su emisión; inclusive, tratándose de los sujetos que antes de la entrada en vigor de esas nuevas disposiciones ya se encontraban facultados para realizar la respectiva actividad, la afectación a su esfera jurídica derivada de aquéllas está condicionada a que vuelvan a solicitar la expedición del correspondiente acto administrativo, pues el ejercicio de la actividad relativa constituye un derecho que se incorporó temporalmente en su patrimonio."
En este sentido, es importante resaltar que de acuerdo con el artículo sexto transitorio del reglamento, a la entrada en vigor de ese cuerpo normativo, los comerciantes fijos que cuenten con cédula de empadronamiento que ampara su concesión para el ejercicio del servicio público de mercados, en los inmuebles propiedad del Municipio (como es el caso de los quejosos), seguirán siendo considerados como concesionarios, sin la obligación de iniciar procedimiento alguno para la obtención del título concesión que prevé ese ordenamiento para su reconocimiento como concesionario; de ahí que los quejosos no estén conminados a solicitar del Ayuntamiento la concesión, ni a realizar algún acto para mantener vigentes sus derechos, por lo que su calidad de comerciantes no se ve trastocada por la sola entrada en vigor de la norma precisada.
En resumen, la norma que no causa perjuicio de manera inmediata; es decir, sólo por adquirir vigencia y que necesita de un acto o hecho posterior para generar sus consecuencias jurídicas, sólo es el artículo 7 del Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en el Municipio de León, Guanajuato. En cambio, son autoaplicativos el resto de los numerales impugnados.
Por tanto, respecto del precepto heteroaplicativo, se acredita la causa de improcedencia contenida en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Se cita, por su aplicación al caso, en lo conducente, la tesis 2a. CLIII/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido:
"Registro: 189056
"Novena Época
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, agosto de 2001
"Materia(s): constitucional, administrativa
"Página: 237
"LEYES HETEROAPLICATIVAS. TIENEN ESA NATURALEZA LOS ARTÍCULOS 22 Y 141 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE REGULAN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES Y EL OTORGAMIENTO DE UNA GARANTÍA POR EL MONTO SOLICITADO, VIGENTES A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. De acuerdo con lo dispuesto en los citados preceptos, en los casos en que los contribuyentes soliciten la devolución de impuestos, la autoridad hacendaria queda facultada para exigir una garantía por el importe de los saldos requeridos, cuando aquéllos no hubieren presentado en el mismo ejercicio fiscal o en el anterior, solicitudes de esa naturaleza, o cuando la devolución se pida en un monto superior al veinte por ciento del promedio actualizado de devoluciones obtenidas en los últimos doce meses, previendo, además, la forma y términos en los que se puede constituir la mencionada garantía. En tal virtud, si los referidos numerales contienen disposiciones que por su entrada en vigor no vinculan a los gobernados a cumplir por sí o a través de un tercero, con una obligación de hacer o no hacer, sino que lo previsto en ellos únicamente puede actualizarse en perjuicio de aquéllos hasta el momento en que una vez solicitada la devolución de contribuciones, la autoridad respectiva exija la exhibición de una garantía, resulta evidente que de conformidad con el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 55/97 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 5 del Tomo VI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de 1997, con el rubro: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’, tales preceptos son de naturaleza heteroaplicativa, pues la individualización de las hipótesis que contienen se encuentra condicionada a una actuación específica tanto del contribuyente, ajena a la realización del hecho imponible, como de la autoridad fiscal."
SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Al demostrarse que, con excepción del numeral 7, el resto de los artículos impugnados son autoaplicativos, procede levantar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, por lo cual, con base en el numeral 91, fracción I, de la Ley de Amparo, enseguida se analizarán los conceptos de violación que guardan relación con las citadas normas reglamentarias, cuyo estudio omitió el Juez federal.
En síntesis, los motivos de inconformidad son los siguientes:
1. Manifiestan los promoventes que el Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en el Municipio de León, Guanajuato, es una norma defectuosa porque se ordenó publicar para que tenga aplicación y ejecución en el Municipio de León, Guanajuato, pero se descuidó y omitió precisar que también debía tener aplicación y vigencia en los mercados públicos de la cabecera municipal o ciudad denominada "León de los Aldama".
2. Que la orden de publicación del Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en el Municipio de León, Guanajuato, emitida por el presidente municipal, es inconstitucional porque a pesar de que se invocan los artículos 84, 85, 86, 91 y 94 del Reglamento Interior del Ayuntamiento Municipal de León, Guanajuato, y 205 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, no expresa las consideraciones de hecho, ni da a conocer las circunstancias o pormenores previstos en esos artículos como son: qué autoridad competente presentó la iniciativa; si su presentación fue hecha por escrito ante el secretario del Ayuntamiento y con la firma del autor del proyecto; si el secretario dio cuenta al Ayuntamiento en la sesión siguiente y entregó copia a cada uno de los regidores; si la iniciativa se turnó a la Comisión de Gobierno y Régimen Interior; si se observó el procedimiento de debate que establece el título cuarto del Reglamento Interior del Ayuntamiento de León, Guanajuato, y si el reglamento fue aprobado por mayoría calificada.
En sustento de su concepto de violación, invoca las tesis de rubros: "MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE." y "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBEN CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO."
3. Que los artículos 7, 8 y 16 del Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en el Municipio de León, Guanajuato, son inconstitucionales porque contravienen lo dispuesto en los numerales 5 y 28 de la Constitución Federal, toda vez que el Ayuntamiento de León, Guanajuato, carece de competencia para regular la libertad de comercio.
Al respecto citan las tesis jurisprudenciales de rubros: "COMERCIO, LIBERTAD DE. INTERÉS JURÍDICO." y "LEYES ESTATALES Y REGLAMENTOS EN MATERIA MUNICIPAL. ESQUEMA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES QUE DERIVAN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
4. Manifiestan los impetrantes de garantías que el Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, está invadiendo una competencia constitucional, al aprobar los artículos 23, 24, 25 y 81 del Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en el Municipio de León, Guanajuato.
Asimismo, invocan la tesis 1039, de rubro: "DISTANCIA, REQUISITO DE. ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO, CUANDO LO FIJA UN REGLAMENTO Y NO UNA LEY EMITIDA POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO."
5. Que el Reglamento de Mercados Públicos y Uso de la Vía Pública para el Ejercicio de la Actividad Comercial en el Municipio de León, Guanajuato, es violatorio del artículo 115 constitucional, fracción II, pues el Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, en los artículos 13, fracción V y 38, delega a las asociaciones de comerciantes facultades que constitucionalmente son exclusivas del Ayuntamiento.
Al respecto citan la tesis P./J. 152/2000, de rubro: "CONSEJOS DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. EL ARTÍCULO 9o, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO PARA SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PUBLICADO EL PRIMERO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, TRANSGREDE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Son infundados los motivos de disenso, los cuales serán analizados en un orden distinto al propuesto.
En el motivo de inconformidad número 3 se afirma, por una parte, que los artículos 7, 8 y 16 del reglamento, son violatorios de garantías, pues la autoridad municipal no tiene la facultad de emitir regulación en materia de libertad de comercio; por otra, se afirma también violación a la garantía de libertad de trabajo contenida en el artículo 5o. constitucional.
El alegato de inconstitucionalidad es de estudio preferente, porque aun cuando se refiera exclusivamente a los indicados numerales, de resultar fundado afectaría el resto de los artículos reclamados. Mientras que el segundo de los argumentos se analizará más adelante.
Cabe aclarar que el pronunciamiento relativo no incide en el análisis de la norma reglamentaria 7, habida cuenta que respecto de ésta se decretó su improcedencia, al acreditarse que para su impugnación se necesita un acto posterior que permita que produzca sus consecuencias jurídicas.
Para demostrar lo infundado de ese postulado, es pertinente señalar que el campo de acción de los Ayuntamientos lo determinan la Constitución General de la República, las Constituciones de los Estados y las leyes, tanto federales como estatales; en la inteligencia de que en el caso de las Constituciones locales y leyes relativas, siempre se deberá tomar en consideración lo señalado en la Constitución Federal.
Los servicios cuya prestación, en principio, le corresponde a los Municipios, están definidos en la fracción III del artículo 115 constitucional.
De acuerdo con el referido artículo constitucional, los Municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y los demás que las Legislaturas Locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los propios Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Adicionalmente, por disposición constitucional, en específico, del comentado precepto 115, pero en su fracción II, segundo párrafo, se observa que los Municipios cuentan con la facultad de expedir bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones admin
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22965-69b347be/mercados-publicos-municipales-al-reglamentar-su-actividad-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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