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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO. ES ILEGAL PRACTICARLO CON EL ABOGADO DEL DEMANDADO, POR NO TRATARSE DE SU PARIENTE, DOMÉSTICO O EMPLEADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 90/2011. · Registro digital (IUS): 23026
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, , Pág. 1338.

AMPARO EN REVISIÓN 90/2011. **********.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El primer agravio que se hace valer es fundado, pero inoperante, mientras que el segundo es fundado.

En el presente asunto, el quejoso **********, reclama de las diversas autoridades que señala como responsables, la orden de embargo y emplazamiento derivados del expediente **********, y sus consecuencias. Por su parte en la resolución recurrida, el Juez Primero de Distrito en el Estado determina conceder la protección constitucional, al estimar que el emplazamiento reclamado viola garantías del quejoso.

a) En su primer agravio, el recurrente **********, a través de su apoderado licenciado **********, señala que el Juez de Distrito valoró indebidamente las constancias agregadas con el informe justificado, pues omite valorar la glosada a foja 50 vuelta de las mismas, que consiste precisamente en el citatorio que le fue dejado al demandado, aquí quejoso, **********, el quince de agosto de dos mil cinco; que precisamente la falta de esa citación motiva el argumento del Juez para emitir su sentencia, mientras que al amparo de las constancias señaladas, sí existe el citatorio mencionado. Que con el contenido del citatorio, en concatenación con el acta de emplazamiento, se desvirtúa la apreciación del Juez de Distrito sobre la irregularidad que adujo.

Menciona también, que del citatorio se advierte que en la primera búsqueda del demandado, se entendió esa diligencia con **********, quien manifestó que esa era la oficina y principal asiento de negocios del demandado físico, y dijo laborar para dicha persona con el carácter de auxiliar administrativo, y que en virtud de tal cercioramiento, se le dejó el citatorio de mérito; que al día siguiente se entendió la diligencia con **********, quien ratificó la identidad del domicilio del demandado, y manifestó la razón por la que se encontraba ahí, y que hizo consistir en que prestaba sus servicios al demandado; que dada la fe del actuario, y ante la presencia de las personas que lo atendieron, es suficiente para acreditar la legalidad del emplazamiento.

El Juez Federal determinó en su resolución que el emplazamiento reclamado resultaba ilegal por dos razones fundamentales:

La primera radica en la circunstancia de que el actor y ejecutor no le dejó el citatorio a que se refiere al artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, previamente al emplazamiento.

La segunda la hizo consistir en que el actuario no se cercioró de que el licenciado ********** era el abogado del demandado **********, lo que debió constatar en la diligencia de emplazamiento y no darlo por hecho con el solo dicho del profesional, pues es requisito indispensable que el funcionario practique la diligencia con el demandado o su representante o procurador, lo que hace que exista incertidumbre respecto del debido llamamiento a juicio del aquí impetrante.

Pues bien, como lo destaca el recurrente, contrario a lo afirmado por el Juez de Distrito, del análisis que se efectúa de la copia certificada del expediente de origen, se obtiene que a la diligencia de emplazamiento combatida sí precedió citatorio.

En efecto, en la foja cincuenta vuelta y cincuenta y dos, de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil **********, se advierte la razón actuarial de quince de agosto de dos mil cinco, en la que se hace constar que dicho funcionario se constituyó en el domicilio del diverso demandado ********** y que, al no haberlo encontrado, le dejó citatorio para que lo esperara al día siguiente con **********, quien dijo ser auxiliar administrativo del demandado; además se encuentra glosada la constancia correspondiente del citatorio de referencia.

Por tanto, es inexacto que el actuario responsable no dejara citatorio al demandado previo a su emplazamiento al juicio natural.

También se acoge a lo restante la inconformidad del tercero perjudicado relacionada con la diligencia de emplazamiento reclamada.

Efectivamente, el segundo argumento del Juez Federal se hizo consistir en que el actuario responsable no se cercioró de que ********** tuviera el carácter de abogado del demandado **********. Bajo esta base, atendiendo a los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en que se apoya el resolutor en su sentencia, el emplazamiento solamente es posible practicarlo personalmente con el interesado, con su representante o con su procurador o, en su defecto, precedido el citatorio correspondiente, con un pariente, doméstico o cualquier otra persona que viva en el domicilio.

Partiendo de tal premisa, es inconcuso que para el caso de que la diligencia de emplazamiento se entienda con el representante o procurador del demandado, es necesario que en la propia diligencia se demuestre que la persona con la que se entiende la misma, efectivamente cuenta con tal carácter pues, de no ser así, con cualquier persona que asevere tener esa representación, sin acreditarlo en ese momento al ministro ejecutor, se podría entender esa diligencia, la que por su trascendencia procesal debe observar todos los requisitos formales que legalmente tiene establecidos.

Sin embargo, en la especie, como había precedido citatorio, la diligencia pudo haberse entendido con un pariente, doméstico o cualquiera otra persona que viviera en ese domicilio; esto sin necesidad de exigirse al diligenciario que se cerciorara de la identidad o carácter de la persona con la que entendiera la diligencia. Por lo cual, contrario a la apreciación del Juez de Distrito, en el caso concreto era innecesario que la persona con la que entendió la diligencia, de nombre **********, tuviera que demostrar al actuario que efectivamente era el abogado del demandado **********, pues no lo exige así el marco legal que estimó aplicable el Juez de Distrito.

Es aplicable al caso la tesis con registro de compilación 216,642, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, abril de 1993, página 249, que se transcribe:

"EMPLAZAMIENTO A JUICIO, NO ES NECESARIO QUE EL ACTUARIO SE CERCIORE DE QUE LA PERSONA CON LA QUE ENTIENDE LA DILIGENCIA ES EFECTIVAMENTE QUIEN DICE SER. La citación a juicio no es incongruente o contraria a las reglas de la lógica, si el funcionario actuante se cercioró debidamente de haberse constituido en el domicilio del demandado, requirió su presencia y como no se encontraba entregó citatorio previamente a la realización del embargo, a la misma persona con quien entendió tal diligencia, sin que tuviera que cerciorarse también que ciertamente esta persona era la encargada de cuidar el inmueble donde reside el quejoso y que era su empleado bastando al efecto que así se lo haya manifestado; por cuya virtud el emplazamiento hecho de esa manera reúne los requisitos legales atendiendo a la fe pública con la que se encuentra investido el diligenciario."

Sin embargo, no obstante todo lo anterior, el agravio se estima inoperante, pues de cualquier manera se advierte una inconsistencia en la diligencia reclamada que pone de manifiesto su ilegalidad.

En efecto, como se expreso previamente, en el caso de que a la diligencia de emplazamiento preceda citatorio, ésta, para el caso de que el demandado no aguarde al actuario, únicamente deberá entenderse con un pariente, doméstico o cualquier otra persona que viva en ese domicilio; sin embargo, en el caso presente este último requisito no se advierte colmado.

Cierto, del análisis de la diligencia de emplazamiento reclamada se obtiene que la misma se entendió, como se precisó en párrafos previos, con **********, quien dijo ser el abogado del demandado **********, sin embargo, en ningún momento hizo constar el actuario responsable que esta persona fuera un pariente del demandado, o su doméstico, o bien, que viviera en ese domicilio, requisito ineludible a fin de establecer la legalidad de la diligencia impugnada.

Cabe mencionar que el dispositivo legal no debe interpretarse textualmente, sino que, como la finalidad de la diligencia es que ésta se practique con una persona cercana al demandado que con seguridad le entregue los documentos respectivos, puede practicarse también con quien labore en el domicilio, aunque no se trate precisamente de un doméstico, sino de algún otro empleado pero que, en cualquier caso, preste sus servicios en ese lugar.

Comulga con lo anterior la tesis con registro de compilación 214,932, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, septiembre de 1993, página 222, de la sinopsis siguiente:

"EMPLAZAMIENTO. PERSONAS A QUIENES PUEDEN ENTREGARSE EL CITATORIO Y EL INSTRUCTIVO CORRESPONDIENTES AL. Como el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán establece que la primera notificación se hará en la casa designada al efecto, es lógico suponer que ésta puede ser una casa habitación propiamente dicha, una oficina o un negocio, y por ende, la disposición del párrafo segundo de dicho precepto, de que ‘el instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a la esposa, hijos, parientes, domésticos del notificado o a cualquier otra persona que viva en la casa ...’, no debe entenderse al pie de la letra, sino que ha de interpretarse en el sentido de que tales documentos pueden entregarse también a cualquiera persona que labore en el domicilio donde vaya a practicarse la primera notificación, aunque no se trate precisamente de domésticos, sino de algún oficinista o de un empleado que preste sus servicios en ese lugar."

Determinado el alcance que debe darse al dispositivo legal invocado, en lo relacionado a la persona o personas con las cuales pueda entenderse el emplazamiento, cuando preceda un citatorio, también es necesario establecer qué debemos entender por empleado. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, por "empleado" debe entenderse: "Persona que desempeña un destino o empleo."; y "Persona que por un salario o sueldo desempeña los trabajos domésticos o ayuda en ellos."

Por su parte, en la obra Diccionario para Juristas, Tomo I, de Juan Palomar de Miguel, Tercera Edición, página 580, señala que empleado es la persona destinada por el gobierno al o por un particular o corporación a despachar los negocios de su interés o competencia. Trabajador.

Luego, por más que el profesional con el que se practicó el emplazamiento haya asegurado que era el abogado del demandado, aquí quejoso, y que no se le pudiera exigir al ministro ejecutor que comprobara que ciertamente tuviera ese carácter; sobresale la necesidad de que dicho funcionario debió asentar en el acta, que entendía la diligencia con una persona que cubría alguno de los perfiles exigidos por el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, particularmente, al no poderse encuadrar por simple lógica, en la posibilidad de que se trate de un pariente del demandado, pues ninguna evidencia existe al respecto; ni tampoco de una persona que viva en el domicilio pues, de acuerdo con lo asentado en el acta del diligenciario responsable, se obtiene que se constituyó en una oficina, más aún que la persona con la que entendió la diligencia nunca manifestó que viviera en ese lugar; sólo restaría entonces analizar la opción de que se le pudiera identificar como un empleado del demandado, empero, tal hipótesis tampoco se cumple.

Esto es así, pues si por empleado debe entenderse aquella persona que presta servicios a otro por un sueldo o salario, la sola circunstancia de que se haya identificado ante el actuario responsable como el abogado del demandado, no lleva imbíbito que fuera su empleado, es decir, que existiera entre el demandado y ********** una relación laboral, con motivo de la celebración de un contrato de trabajo; porque la sola manifestación de que es el abogado del demandado tiene acepciones diversas, pues se advierte la posibilidad de tratarse simplemente de un profesional del derecho contratado por el demandado para prestar servicios profesionales, pero no necesariamente como su empleado o trabajador, porque si fuera éste el caso, evidentemente no estaría autorizado para entender la diligencia de emplazamiento que ahora se reclama, al no tratarse del doméstico o empleado del demandado o, al menos, por el momento, de las constancias de autos, tal extremo no se encuentra comprobado.

Por tanto, como esta razón es suficiente para sostener el sentido del fallo recurrido, debe reiterarse la concesión de la protección constitucional otorgada a favor de **********.

Sólo resta decir que el Juez Primero de Distrito en el Estado no tenía la obligación procesal de dar contestación a las manifestaciones que en vía de alegatos expresó la tercera perjudicada **********, en el sentido de que los conceptos de violación expuestos por el quejoso son infundados, por los motivos que expresó en el ocurso respectivo; lo anterior, toda vez que los alegatos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus pretensiones, las cuales no forman parte de la litis constitucional, ya que ésta se conforma con lo expresado en la demanda en los conceptos de violación, con el acto reclamado y los informes justificados, al tenor de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo; tanto más que ahora las hace valer vía agravios, y le son analizadas en ésta segunda instancia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, consultable en la página 399 del Tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el tenor literal:

"LITIS CONSTITUCIONAL. NO FORMAN PARTE DE ELLA LAS ALEGACIONES DE LA TERCERA PERJUDICADA PARA DESVIRTUAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Las manifestaciones de la tercera perjudicada formuladas para refutar los conceptos de violación no forman parte de la litis constitucional, pues de acuerdo con el artículo 147 de la Ley de Amparo, en el auto admisorio de la demanda de garantías se ordena pedir a las autoridades responsables sus informes justificados, corriéndoles traslado con las copias de la demanda y, en su caso, notificar a la parte tercera perjudicada sobre el día y la hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional, entregándole también una copia de la demanda, pero en ningún momento se le requiere para que dé contestación a los conceptos de violación, debido obviamente, a que corresponde a las autoridades responsables desvirtuarlos en sus respectivos informes justificados y, por tanto, demostrar que los actos reclamados no son inconstitucionales. Se llama a la tercera perjudicada porque puede afectarle el sentido de la resolución de amparo si en ella se concede a la quejosa la protección de la Justicia Federal solicitada, pero no porque deba dar contestación a los conceptos de violación, de tal manera que las manifestaciones que expone al comparecer al juicio de garantías únicamente tienen el carácter de alegatos, que no constituyen una parte integrante de la litis, y sólo cuando invoque alguna causa de improcedencia el tribunal de amparo está obligado a ocuparse de su examen, por tratarse de una cuestión de orden público."

b) En su segundo agravio el recurrente señala que se lo causa que el Juez de Distrito haga extensivo el otorgamiento del amparo al diverso codemandado **********, en razón de que, contrario a lo que afirma el juzgador, en el caso, no se surte el litisconsorcio pasivo necesario entre los dos demandados, pues pasa por alto que el documento fundatorio de la acción se trata de un título de crédito en el que ambos demandados asumieron una obligación solidaria para su pago, lo que hace posible exigir el total de la obligación a cualquiera de ellos, por lo que no existe un litisconsorcio pasivo necesario.

Cabe señalar, que al precisar los efectos de la concesión del amparo, el Juez de Distrito señaló, luego de ordenar que se dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio natural a partir del emplazamiento practicado al quejoso el dieciséis de agosto de dos mil cinco, que como de las constancias remitidas relativas al juicio ejecutivo mercantil ********** incoado en contra de **********, y de **********, al formarse con esto un litisconsorcio pasivo necesario, esto hace indispensable que el juicio no se inicie sino con la condición de que uniformemente se oigan a los litisconsortes, por encontrarse en un estado de comunidad jurídica respecto al objeto litigioso, encontrándose obligados por una misma causa, de manera que la sentencia que se dicte no puede pronunciarse sin oír a ambos; entonces, la reposición del procedimiento decretado a favor del quejoso, obviamente, debe comprender también al litisconsorte codemandado.

Pues bien, la disidencia que se plantea es fundada, habida cuenta que, tal como lo señala la sociedad mercantil quejosa, en el caso a estudio no se actualiza la citada figura procesal del litisconsorcio pasivo necesario y, en ese tenor, resulta evidente que el alcance que se establece en la resolución que se revisa, es incorrecta.

Cabe señalar también que en el caso justiciable el actor **********, por conducto de su apoderado legal licenciado **********, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a la sociedad denominada **********, con el carácter de deudor principal, y a **********, con el carácter de aval; para ello, se acompañó como documento basal, el pagaré datado el veintitrés de octubre de dos mil uno, por la cantidad de quinientos mil pesos, suscrito por **********, y como aval, **********.

En efecto, los artículos 154 y 159 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que son aplicables al título de crédito fundatorio de la acción (pagaré), por disposición expresa del diverso 174 de la misma legislación, establecen:

"Artículo 154. El aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas responden solidariamente por las prestaciones a que se refieren los dos artículos anteriores.

"El último tenedor de la letra puede ejercitar la acción cambiaria contra todos los obligados a la vez, o contra alguno o algunos de ellos, sin perder en ese caso la acción contra los otros, y sin obligación de seguir el orden que guardan sus firmas en la letra. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado la letra, en contra de los signatarios anteriores, y del aceptante y sus avalistas."

"Artículo 159. Todos los que aparezcan en una letra de cambio suscribiendo el mismo acto, responden solidariamente por las obligaciones nacidas de éste. El pago de la letra por uno de los signatarios en el caso a que este artículo se refiere, no confiere al que lo hace, respecto de los demás que firmaron en el mismo acto, sino los derechos y acciones que competen al deudor solidario contra los demás coobligados; pero deja expeditas las acciones cambiarias que puedan corresponder a aquél contra el aceptante y los obligados en vía de regreso precedentes, y las que le incumban, en los términos de los artículos 168 y 169, contra el endosante inmediato anterior o contra el girador."

De los preceptos legales transcritos se colige, tomando en consideración la responsabilidad que corresponde a los avalistas, que cualquier otra persona que firme como obligado, independientemente de la denominación con que la ley lo designe de acuerdo al título de crédito de que se trate, responde solidariamente de su pago junto con los demás signatarios, de manera que contrae esa obligación como si se tratara de uno solo, sin que exista restricción ni orden para reclamar aquél de cualquiera de ellos o de todos a la vez, pues el acreedor puede ejercer su acción contra uno o parte de ellos sin perderla contra los otros.

La razón de la ley en el sentido apuntado, obedece a que la firma de un documento que satisface los requisitos legales para ser considerado título de crédito, obliga a quien lo hace para responder de su pago a favor del último tenedor, sin que obste que existan dos o más signatarios, como acontece en el caso, en el que tanto el quejoso **********, como **********, según se advierte de la demanda natural, suscribieron el pagaré base de la acción, aquél en calidad de deudor solidario o aval, y esta última como deudora principal; de lo que resulta que ambos contrajeron solidariamente la obligación de pago y, por ende, puede reclamárseles su pago indistinta o conjuntamente, por lo que, tal como lo esgrime el impetrante, no existe respecto de ellos la figura del litisconsorcio pasivo necesario.

Por consiguiente, no existe litisconsorcio pasivo necesario entre los codemandados en el juicio natural, de manera que no debe, el amparo concedido a **********, alcanzar aquellas actuaciones vinculadas con el diverso demandado **********.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/285, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que este órgano comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1800, que establece:

"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES INEXISTENTE TRATÁNDOSE DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS.-El litisconsorcio necesario presupone la afectación a una pluralidad de sujetos con motivo del derecho litigioso que se deduce en juicio, ya sea en forma activa o pasiva, de tal forma que la decisión que se dicte, de manera ineludible les afecte a todos, de ahí que cuando dos o más personas ejercen la misma acción u oponen la misma excepción se actualiza esta figura jurídica. Ahora bien, debe distinguirse entre el litisconsorcio voluntario y aquel de carácter necesario; el primero se da cuando la acción se insta o dirige indistintamente por o contra cada uno de los que están ligados por una misma obligación y deciden litigar en forma conjunta; el segundo acontece cuando es indispensable dar intervención a todos los interesados en el juicio para que puedan quedar vinculadas con lo resuelto en la sentencia que llegue a dictarse, esto es, que el proceso no puede iniciarse válidamente sino con la pluralidad de partes que intervienen en el acto objeto del litigio, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas ellas; así, en tratándose del de naturaleza pasiva no sería posible condenar a uno de los demandados sin que ésta alcance al otro u otros. Sin embargo, en el caso de obligados solidarios, no se actualiza el supuesto del litisconsorcio pasivo necesario, habida cuenta que el artículo 1987 del Código Civil Federal, y sus correlativos de similar contenido en las entidades federativas, definen a la solidaridad pasiva como la obligación de dos o más deudores de prestar, cada uno por sí, en su totalidad, la prestación debida; de manera que si cada deudor responde por la totalidad de la obligación, no es requisito indispensable para su procedencia en juicio, que indefectiblemente se exija a todos los obligados solidarios, pues válidamente se puede pedir a uno de ellos la satisfacción de la totalidad de lo adeudado."

Así como la tesis I.3o.C.420 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 1020, que establece:

"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO MERCANTIL, NO SE ACTUALIZA ENTRE EL DEUDOR PRINCIPAL Y LOS AVALISTAS, POR EXISTIR ENTRE ELLOS UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA.-La institución jurídica del litisconsorcio pasivo tiene como objetivo principal el que exista una sola sentencia para todos los litisconsortes, por no poder pronunciarse una decisión judicial válida sin oír a todos ellos, dado el vínculo existente en la relación jurídica de que se trata, de ahí que no es posible condenar a una parte sin que la condena alcance a la otra; de donde se sigue que es indispensable dar intervención a todas las partes interesadas en el juicio para que puedan quedar obligadas legalmente por la sentencia que llegue a dictarse; sin embargo, tal figura no tiene aplicación cuando la acción respectiva puede ejercitarse indistintamente respecto de cada uno de los obligados, pues en esta hipótesis se estará en presencia de un litisconsorcio voluntario. En efecto, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando la sentencia únicamente puede dictarse en relación con varias partes, debiendo en este caso ser demandadas en el mismo juicio, esto es, que el proceso no puede iniciarse válidamente sino con la pluralidad de partes que intervienen en el acto objeto del litigio, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas ellas; empero, la mencionada figura no se actualiza cuando cada uno de los deudores puede dar cumplimiento por sí mismo a la obligación garantizada, es decir, pueden cumplir indistintamente dicha obligación, en cuyo caso puede demandarse a cualquiera de las personas obligadas, sin que sea necesario demandar simultáneamente a éstas para que la sentencia que se pronuncie tenga validez y eficacia jurídica. Por consiguiente, como a través de la figura del aval se garantiza en todo o en parte el pago del importe de un título de crédito, existiendo una obligación solidaria entre el avalista y el suscriptor del título de crédito en términos de los artículos 109 al 114 y 154 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es patente que puede demandarse indistintamente al deudor principal como a los avalistas, pues éstos se encuentran obligados solidariamente al pago de la cantidad garantizada con esos documentos, por lo que en ese supuesto no se actualiza la figura del litis consorcio pasivo necesario, sino la del voluntario, ya que el juicio bien podría enderezarse sólo respecto de uno de los obligados a cumplir solidariamente (deudor principal o avalistas)."

Consecuentemente, el ilegal emplazamiento reclamado no puede constituir mayor transgresión a sus garantías individuales que aquella que amerite la concesión del amparo en forma lisa y llana respecto de la diligencia reclamada y sus consecuencias; lo cual tiene como efecto que en el juicio de origen no deba afectarse en forma alguna, al no darse el litisconsorcio pasivo necesario, al restante emplazamiento practicado respecto del codemandado, **********; ello conduce a modificar la sentencia en la parte que fue recurrida y conceder la protección federal a **********, para los siguientes efectos, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Amparo:

1. Para que las autoridades señaladas como responsables, Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad, y actuario de su adscripción, dejen insubsistente la diligencia de emplazamiento reclamada, datada el dieciséis de agosto de dos mil cinco, derivada del juicio ejecutivo mercantil ********** del índice oficial de ese juzgado.

2. Consecuentemente, para que las autoridades señaladas como responsables, Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad, y Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dejen insubsistentes también todas las consecuencias jurídicas de tal diligencia, bajo los siguientes lineamientos:

2.1. Deberá quedar intocado el emplazamiento practicado a la codemandada **********; así como todas la demás consecuencias legales de tal emplazamiento, resoluciones y procedimientos, en relación con dicha codemandada.

2.2. Ergo, la insubsistencia de las consecuencias del emplazamiento reclamado, únicamente deberá decretarse en relación al quejoso **********.

3. Sin perjuicio de lo anterior, el Juez responsable queda en plenitud de jurisdicción para proveer lo que en derecho proceda en relación con la solicitud de la parte actora de ordenar el emplazamiento del quejoso **********.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 184 y demás relativos de la Ley de Amparo; y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se modifica la sentencia recurrida, en la parte que fue materia del recurso.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión, ampara y protege a **********, contra los actos que reclamó del Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad de San Luis Potosí, actuario adscrito a dicho Juzgado y Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, puntualizados y para los efectos que se establecen en la parte final del último considerando de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos del juicio motivo de este amparo a la autoridad de su origen y, en su oportunidad, archívese este expediente.

Así, por mayoría de votos de los señores Magistrados Enrique Alberto Durán Martínez y Juana María Meza López, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en contra del emitido por el señor Magistrado Pedro Elías Soto Lara, quien formuló voto particular que se inserta a esta ejecutoria, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23026-b1aa61d6/emplazamiento-es-ilegal-practicarlo-con-el-abogado-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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