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Modo: Corpus Pro

DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE. LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 QUE PREVÉN Y SANCIONAN EL DELITO CONTRA LA REGULACIÓN URBANA, SON NORMAS HETEROAPLICATIVAS, POR LO QUE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA HACE NECESARIA LA EXISTENCIA DE UN ACTO DE APLICACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 69/2011. · Registro digital (IUS): 22907
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 969.

AMPARO EN REVISIÓN 69/2011. **********.

CONSIDERANDO:

NOVENO. Son inoperantes en parte e infundados en lo restante, los agravios que hace valer el recurrente.

Es inoperante el agravio relacionado con la letra A, en el que se alegan cuestiones sobre las cuales la juzgadora de distrito de amparo no hizo pronunciamiento alguno, de ahí que sean inoperantes, ya que no combaten los fundamentos y las consideraciones en que se basó la citada Jueza para emitir su sentencia en la forma en que lo hizo.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada bajo el número 32, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 26, que a la letra dice:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES CUANDO SE DIRIGEN A COMBATIR CONSIDERACIONES LEGALES QUE NO SE FORMULARON EN LA SENTENCIA RECURRIDA. Cuando lo que se ataca, mediante los agravios expresados, constituyen aspectos que no fueron abordados en la sentencia recurrida para sobreseer en el juicio, otorgar o negar la protección constitucional, deben desestimarse tales agravios por inoperantes, puesto que no se desvirtúa la legalidad del fallo a revisión; a menos de que sea el quejoso quien recurre la sentencia y se esté en alguna de las hipótesis del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, en cuyo caso deberá suplirse la deficiencia de la queja."

Así como en la jurisprudencia 28 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA. Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes."

Por otra parte, son infundados los agravios marcados con las letras B y C, por lo siguiente:

La demanda de amparo se promovió respecto de la inconstitucionalidad de los artículos 107 y 108 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, que establecen:

"Artículo 107. Comete el delito en contra de la regulación urbana, quien ejecute, prepare, instale o modifique un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla sin contar con la licencia que exija la ley de la materia.

"Se entiende que prepara la instalación el propietario, poseedor o administrador del inmueble o quien celebre convenio con persona física o moral cuya actividad preponderante constituya la colocación y venta de espacios publicitarios, para la colocación o modificación de un anuncio, sin contar con los permisos necesarios para ello.

"Se entiende que ejecuta, instala o modifica, la persona física o moral cuya actividad preponderante constituya la colocación y venta de espacios publicitarios, y coloque o introduzca el anuncio, equipo o materiales necesarios para su instalación en la vía pública o al interior del inmueble donde se pretenda colocar.

"Los delitos contra la regulación urbana, serán perseguibles sólo por querella que formule la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, asimismo, la reparación del daño será a favor del Gobierno del Distrito Federal, y consistirá en el pago del costo correspondiente por desmontar o retirar el anuncio instalado ilegalmente, según lo resuelva el Juez competente. Al pago de la reparación del daño procederá el perdón de la secretaría."

"Artículo 108. A quien ejecute, instale o modifique un anuncio sin contar con las licencias y permisos necesarios para ello conforme lo exija la ley de la materia, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, y de 500 a 4000 días multa."

La Jueza de garantías sobreseyó en el juicio, por estimar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI (no la III que erróneamente se menciona en los agravios), de la Ley de Amparo, al estimar que los numerales tildados de inconstitucionales son de naturaleza heteroaplicativa, debido a que, con su sola entrada en vigor, no causan perjuicio a la quejosa.

Ahora bien, contrario a lo alegado, no se infringen los principios de "congruencia y exhaustividad", mucho menos los de las reglas de procedencia del juicio de garantías, respecto de lo que se entiende por ley autoaplicativa, puesto que no se "colocó" a la solicitante del amparo en los supuestos de esos numerales, por lo cual fue correcto que se estimara actualizada la causa de improcedencia invocada, además, no es necesario tomar en consideración que la justiciable tiene anuncios ya instalados, como dice, dado que no se le impide que continúe con su objeto social y no puede ser sujeta a las sanciones previstas en dichos numerales por su sola emisión.

Previo a justificar tal aserto, es menester puntualizar que, en todo sistema democrático de derecho, imperan los principios de legalidad y de acto, en el caso, previstos en los artículos 1 y 15 del Código Penal para el Distrito Federal, que prevén:

"Artículo 1 (Principio de legalidad). A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta."

"Artículo 15 (Principio de acto). El delito sólo puede ser realizado por acción o por omisión."

Adicionalmente, el numeral 12 del ordenamiento sustantivo invocado dispone:

"Artículo 12 (Validez personal y edad penal). Las disposiciones de este código se aplicarán a todas las personas a partir de los dieciocho años de edad."

De la interpretación sistemática de los dispositivos transcritos, se colige, en principio, que las sanciones previstas en una norma de carácter penal, como lo son las combatidas, sólo deben imponerse a quien realice la acción u omisión tipificada como delito, sin soslayar que también deben satisfacerse los demás supuestos a que aluda la ley de que se trate.

Asimismo, se desprende que el activo del delito debe ser persona física mayor de dieciocho años para estar en aptitud de aplicarle las disposiciones penales correspondientes; conclusión a partir de la cual, válidamente puede afirmarse que las leyes penales se constriñen a punir con base en la determinación de responsabilidad de la conducta desplegada por las personas físicas, con la salvedad de que el ordinal 27 del código aludido establece que cuando un miembro o representante de una persona moral, con excepción de las instituciones públicas del Distrito Federal, cometa algún delito con los medios que para tal objeto la misma persona moral le proporcione, de modo que el delito resulte cometido a su nombre, bajo el amparo o en beneficio de aquélla, el juzgador impondrá en la sentencia, previo al procedimiento correspondiente y con la intervención del representante legal, las consecuencias jurídicas accesorias previstas en los artículos 68 y 69 de este código para dichas personas jurídico colectivas (suspensión, disolución, prohibición de realizar determinadas operaciones, remoción o intervención), independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por los delitos cometidos.

En esa virtud, toda norma penal es de carácter heteroaplicativa, en tanto requiere un acto de aplicación de la misma respecto de la conducta (acción u omisión) que despliegue alguna persona -física- y que esté tipificada como delito, con la precisión anotada.

Como corolario, una ley es de individualización incondicionada (autoaplicativa), si desde el momento de su promulgación surge la eminencia del perjuicio, por ende, es evidente la procedencia del juicio de garantías. Pero si no reviste esa calidad, los perjuicios o la afectación de derechos que de ella puedan derivarse, son simplemente probables.

Así, una ley es de individualización condicionada (heteroaplicativa), cuando no puede afirmarse que un particular queda comprendido en la esfera de sus disposiciones, esto es, en la situación jurídica general derivada de la misma, sino hasta que un acto ulterior o hecho de autoridad o del propio particular, colocan a este último dentro del campo de aplicación de la norma.

Entonces, el problema relativo al amparo contra leyes tiene relación directa con la existencia de la afectación de los intereses jurídicos; ello es así, pues la acción de amparo requiere de una parte agraviada y la existencia de un perjuicio que afecte sus intereses jurídicos legalmente protegidos.

Por tanto, la procedencia del amparo contra una ley autoaplicativa se constriñe a la existencia de una parte agraviada, en otras palabras, a la evidente afectación de los intereses jurídicos de uno o varios particulares, toda vez que la ley, por su propia naturaleza, en sí misma representa exclusivamente una situación jurídica abstracta, aun cuando desde el momento en que se expide puede, por medio de un acto jurídico previsto en ella, engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de alguna o algunas personas, quienes, tocante a lo último, están legitimadas para hacer valer la acción de amparo; por el contrario, si no existe esa afectación, la situación del gobernado será de mera indiferencia ante la ley y, por tanto, no estará legitimado para promover el juicio constitucional, sino hasta que surja el acto concreto de aplicación.

Es aplicable a lo expuesto en último término, la jurisprudencia 328 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la recurrente citó, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, página 383, de rubro y texto:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."

Así como la tesis II.3o.C.3 K que se comparte, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 1205, que establece:

"LEY HETEROAPLICATIVA. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS ANTE JUEZ DE DISTRITO, SI NO EXISTE EL ACTO DE APLICACIÓN. En el juicio de amparo existen dos vertientes para establecer el momento oportuno para reclamar la inconstitucionalidad de una ley; primero, cuando se trata de una ley autoaplicativa y segundo, cuando se refiere a una ley heteroaplicativa. Para distinguir el instante en que una u otra pueden ser impugnadas se debe atender al concepto de individualización incondicionada, esto es, determinar si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada. La condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización. De esta forma, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualiza condición alguna, se está en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones que impone la ley no surgen en forma automática (con su sola entrada en vigor), sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se está frente a una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada. Consecuentemente, si no existe el hecho que actualice la condición para que una ley heteroaplicativa sea reclamable mediante el juicio de amparo indirecto, es evidente su improcedencia."

En tales condiciones, contrario a lo sostenido por la recurrente y como acertadamente lo estableció la Jueza de garantías, los artículos 107 y 108 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, son de naturaleza heteroaplicativa, primero porque constituyen en sí mismas normas de carácter penal; además, su sola vigencia no causa perjuicio alguno a los "gobernados" (en el caso, a los apoderados o representantes, en tanto personas físicas, de la empresa moral en comento), por ende, se torna necesaria la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca el agravio personal y directo; lo anterior es así, ya que el primer artículo define la conducta constitutiva del delito "contra la regulación urbana", que se configura cuando se ejecuta, prepara, instala o modifica un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla, sin contar con la licencia o permisos que exija la ley de la materia; mientras que el restante numeral (como complemento) prevé las sanciones (prisión y pecuniaria) con las cuales se punirá a la persona -física- que despliegue cualquiera de esas hipótesis delictivas.

Además, conforme a los principios de legalidad y de acto supraindicados, no se advierte que las conductas indicadas se desplegaran por las personas físicas representantes de la persona moral quejosa, lo que hubiere incidido a que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal presentara querella, en tanto requisito de procedibilidad, para la investigación ministerial correspondiente (situación esta última que tampoco quedó demostrada) y enseguida tramitada la averiguación previa correspondiente, se consigne a la autoridad judicial, momento a partir del cual podrían surgir actos en los que se aplicaran tales normas y entonces, podrían combatirse.

En esa virtud, al contemplarse en dichos numerales el tipo penal aludido, es inconcuso que para combatirse a través del juicio de amparo, no sólo basta acreditar los sujetos a quienes se dirige la norma, sino además, como conditio sine qua non, se precisa la individualización de la norma penal al caso concreto en un procedimiento de esa naturaleza.

Así lo ha sostenido este Tribunal Colegiado en la tesis aislada I.2o.P.194 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 2293, que a la letra dice:

" Las citadas disposiciones legales son de índole penal, ya que la primera define la conducta constitutiva del delito ‘contra la regulación urbana’, que se configura cuando se ejecuta, prepara, instala o modifica un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla, sin contar con la licencia o permisos que exija la ley de la materia; mientras que en la segunda, como complemento, se prevén las sanciones (prisión y pecuniaria) con las cuales se punirá a la persona -física- que despliegue cualquiera de esas hipótesis delictivas; por ende, dada su naturaleza, su sola vigencia no causa perjuicio alguno a los gobernados, tornándose necesaria la existencia de un acto posterior de aplicación que produzca el agravio personal y directo que haga factible la procedencia del juicio de amparo en su contra; consecuentemente, cuando los citados preceptos se combaten como ‘autoaplicativos’, desprendiéndose de las propias manifestaciones del promovente la inexistencia del referido acto de aplicación al momento de la presentación de la demanda, es correcto su desechamiento, ya que la improcedencia del juicio constitucional en las relatadas circunstancias es manifiesta e indudable, siendo irrelevante alegar que se tienen anuncios previamente colocados y las aludidas disposiciones impiden a la accionante continuar sus actividades relacionadas con éstos, pues se itera, las leyes penales únicamente sancionan conductas catalogadas como delictivas, mediante actos concretos de aplicación, sobre lo cual es innecesario realizar un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, pues es notoria su naturaleza heteroaplicativa."

Por lo hasta aquí expuesto, es claro que la sentencia impugnada se ajusta a la jurisprudencia intitulada "LEY AUTOAPLICATIVA.", invocada en los agravios y en la citada resolución.

Por ello, es inconcuso que no asiste razón a la parte quejosa en cuanto afirma que los dispositivos en análisis son de carácter autoaplicativo, se insiste, al no establecer un imperativo que la vincule a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en tanto no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, pues es claro que las leyes penales únicamente sancionan conductas desde su vigencia y tampoco se le impide continuar con la actividad profesional y económica que ha venido desarrollando, la cual deberá ajustar a la nueva normatividad aplicable.

En tal virtud, no es aplicable la tesis aislada intitulada "REGLAMENTO DE ASEO, LIMPIA, DESECHOS PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. SU ARTÍCULO 77 ES AUTOAPLICATIVO.", porque el perjuicio no surge con la entrada en vigor de los dispositivos en cuestión, como se alega, dado que el legislador no crea en los citados numerales, ex profeso, infracciones penales dirigidas a sancionar la conducta de alguna persona física o moral, sino que se emite el supuesto jurídico, cuyas sanciones no se aplican automáticamente, sino hasta en tanto exista un acto posterior de aplicación que vincule el supuesto jurídico en el hecho hipotético.

Y si bien de la demanda se advierte que dichos artículos se combatieron como normas autoaplicativas, ello no es motivo suficiente para otorgarles ese carácter, pues el juzgador debe atender a su texto para analizar si, en realidad, tienen o no esa naturaleza.

En tales condiciones, se aprecia que la sentencia recurrida sí se ajustó al contenido de la jurisprudencia de rubro: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL." y la jurisprudencia intitulada: "SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS.", ya que se fijaron en forma clara y precisa los actos reclamados; mediante una argumentación jurídica se explicó racionalmente el porqué del fallo, citándose los fundamentos legales en que la Jueza de garantías se apoyó para declarar la actualización de la causal de improcedencia, además, la determinación referida culminó con los puntos resolutivos en los que se concretaron con claridad y precisión los actos por los que se sobreseyó en el juicio.

En consecuencia, al resultar inoperantes en parte e infundados en lo restante los agravios esgrimidos, en la materia de la revisión se confirma la sentencia impugnada y se sobresee en el juicio de garantías.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 76, 77, 78, 90, 91, fracción III, de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías promovido por **********, por conducto de su apoderado, respecto de los actos reclamados de la Asamblea Legislativa, jefe de Gobierno, secretarios de Gobierno, del Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda y directora general Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, todos del Distrito Federal, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de la presente, vuelvan los autos al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, envíese copia certificada de esta ejecutoria a la asamblea responsable; solicítese acuse de recibo; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Humberto Venancio Pineda (presidente), Irma Rivero Ortiz de Alcántara (ponente) y Enrique Escobar Ángeles.

En términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de rubros: "REGLAMENTO DE ASEO, LIMPIA, DESECHOS PELIGROSOS Y POTENCIALMENTE PELIGROSOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. SU ARTÍCULO 77 ES AUTOAPLICATIVO", "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL." y "SENTENCIAS DE AMPARO, PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS." citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas con las claves VI.2o. J/113, I.1o.A. J/9 y 1a. X/2000, en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 119 y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos VIII, agosto de 1998 y XII, agosto de 2000, páginas 764 y 191, respectivamente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22907-aace96ac/desarrollo-urbano-del-distrito-federal-ley-de-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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