VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO VIOLA EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
AMPARO EN REVISIÓN 671/2010. **********.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del recurso de revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en los puntos segundo, tercero, fracción II, en relación con el cuarto, del Acuerdo 5/2001, ya que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 1o., segundo párrafo; 1o. C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo; 2o., primero, segundo y tercer párrafos, 5o., último párrafo y 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para el ejercicio de dos mil diez, y es innecesario que intervenga el Pleno, al existir precedentes que orientan el sentido de esta resolución.
SEGUNDO. El fallo recurrido se notificó a la quejosa por lista del cuatro de mayo de dos mil diez; así, el plazo que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para su impugnación, transcurrió del siete al veinte siguientes, sin contar los días cinco, ocho, nueve, quince y dieciséis, por ser inhábiles. Luego, si el recurso se presentó el dieciocho de mayo de dos mil diez, es claro que su interposición es oportuna.
Ver calendario
TERCERO. Los agravios que invoca la quejosa son:
"Único. Un motivo más que suficiente para conceder a mi representada la pretensión buscada en el presente recurso, lo constituye la circunstancia de que al emitir el a quo la resolución recurrida desatendió e interpretó deficientemente lo establecido por el artículo 72, inciso H), de la Constitución al considerar que las modificaciones a los artículos 1o., segundo párrafo; 1o. C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo; 2o., primero, segundo y tercer párrafos; 2o. A, fracción I, último párrafo; 5o., último párrafo y 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigentes a partir del 1o. de enero de 2010, ya que contravinieron en su proceso legislativo o creación a lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de nuestra Constitución Federal y por ende, no pueden ser legalmente aplicados en perjuicio del gobernado. Por su parte, el Juez a quo sostiene que el concepto de violación expuesto en la demanda de amparo es infundado ya que en la especie sí se cumplió con el proceso legislativo derivado del artículo 72, inciso H), de la Constitución; manifestando expresamente lo siguiente a lo largo de la sentencia recurrida: (se transcribe). Como se puede observar, los motivos fundamentales por los cuales el Juez de Distrito negó a mi representada la pretensión buscada, bien pueden sintetizarse en las siguientes premisas: 1. Que el proceso legislativo establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal establece que cuando se trate de leyes que versen sobre contribuciones o impuestos sin excepción alguna deben iniciarse en la Cámara de Diputados. 2. Que no le asiste la razón a la parte quejosa cuando argumenta que no existió una iniciativa, pues el Ejecutivo Federal la presentó y la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados fungió como auxiliar de dicho órgano colegiado quien fue el que finalmente junto con la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente, es decir, la citada comisión no es la que determina el sentido del dictamen, sino que únicamente lo analiza para someterlo a consideración del Pleno que es el que finalmente decide, por lo que la participación de dicha comisión resulta intrascendente en cuanto al resultado final, ya que puede ser adverso al que propuso, pues la relevancia surge de su aprobación por el Pleno. 3. Que fue el Congreso de la Unión quien aprobó la iniciativa que dio origen a las normas tildadas de inconstitucionales y no la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, ya que ésta únicamente dictaminó lo que finalmente aprobó el Pleno que está facultado para iniciar leyes e imponer contribuciones. No obstante lo anterior, las consideraciones sostenidas por el Juez de Distrito son insostenibles por infundadas, tal y como se demuestra a continuación. No se encuentra a discusión que en términos del artículo 72, inciso H), de la Constitución Federal toda iniciativa de ley que verse sobre contribuciones o impuestos necesaria e ineludiblemente debe discutirse inicialmente en la Cámara de Diputados; sin embargo, y contrario a lo sostenido por el a quo, en el caso de las modificaciones realizadas al (sic) a los artículos 1o., segundo párrafo; 1o. C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo; 2o., primero, segundo y tercer párrafos; 2o. A, fracción I, último párrafo; 5o., último párrafo y 15, fracción I, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigentes a partir del 1o. de enero de 2010, tal proceso no fue acatado a cabalidad ya que, desafortunadamente las Cámaras que integran al Congreso de la Unión pasaron por alto lo dispuesto por los citados artículos 71 y 72 de la Constitución; toda vez que de origen indebidamente no se presentó una iniciativa de modificación o adición por parte de alguno de los entes jurídicos con competencia para ello. De la sola lectura que esa Suprema Corte realice de la iniciativa presidencial del día 9 de septiembre de 2009, consideró tener a bien únicamente enviar una iniciativa de modificación a la Ley del Impuesto al Valor Agregado por cuanto hace a ‘intereses’ y a ‘comprobantes fiscales’ en la cual se asentó literalmente lo siguiente: (se transcribe). De la transcripción anterior se puede observar claramente que, el presidente de la República no sometió a consideración de la Cámara de Diputados alguna reforma de ley que involucrara a las normas tildadas de inconstitucionales que tuviera que ver con un incremento a las tasas del impuesto al valor agregado, limitándose su iniciativa en materia del citado impuesto a aspectos vinculados con los ‘intereses’ y con los ‘comprobantes fiscales’; por lo que al enviarse tal iniciativa a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ésta la dictaminó el día 20 de octubre de 2009, para someterla a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados en los siguientes términos: (se transcribe). De la inserción textual anterior para (sic) Órgano Revisor será evidente que si bien la Comisión de Hacienda dictaminó favorablemente con algunas modificaciones la iniciativa presidencial en materia del impuesto al valor agregado por cuanto hace a ‘intereses’ y ‘comprobantes fiscales’; en el rubro de ‘otras medidas’ la citada comisión se extralimitó en sus atribuciones pues indebidamente inició la modificación a la citada legislación precisamente adicionando los que se tildan de inconstitucionales que incrementaron las tasas del impuesto al valor agregado; alterando con ello el proceso legislativo establecido por la Constitución, pues a fin de cuentas las citadas modificaciones fueron aprobadas, tanto por la Cámara de Diputados como por la de Senadores. En efecto, contrario a lo sostenido en la sentencia reclamada la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en términos de lo dispuesto por el artículo 45, numeral 6, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos tiene facultades para: (se transcribe). De la inserción textual anterior, dentro de las tareas que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados no se encuentra la posibilidad de presentar iniciativas propiamente dichas, ya que esta atribución (la de presentar iniciativas) constitucional y legalmente asignada limitativamente al presidente de la República, a los miembros del Congreso de la Unión (únicamente Diputados y Senadores pero no a las comisiones que ellos integran) y a las Legislaturas de los Estados. Como se puede observar y contrario a lo resuelto en la sentencia recurrida, para esa Suprema Corte será evidente que sin la existencia previa de una iniciativa propiamente dicha proveniente de alguno de los entes jurídicos facultados para tales efectos que hubiere sometido a consideración de la Cámara de Diputados la modificación a los artículos 1o., segundo párrafo; 1o. C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo; 2o., primero, segundo y tercer párrafos; 2o. A, fracción I, último párrafo, 5o., último párrafo; y 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigentes a partir del 1o. de enero de 2010, por lo que es claro que el citado proceso legislativo contravino lo dispuesto por la Constitución y por ende, las citadas modificaciones no pueden resultar obligatorias para los particulares; ya que en caso contrario y de aceptar el criterio del Juzgado de Distrito sería tanto como permitir a las Cámaras del Congreso de la Unión pasar por alto el texto constitucional, así como la aplicación y validez de leyes que desde su mismo origen están viciadas de inconstitucionalidad, lo que implicaría un quebranto inadmisible a nuestro Estado de derecho. No sería contrario a lo afirmado por mi representada el hecho de que el Juez original (sic) sostenga que en la especie se respetó el proceso legislativo, toda vez que de la lectura de sus argumentos se observa que tal afirmación la realiza considerando única y exclusivamente el orden cronológico en el vaivén de los dictámenes camarales sin detenerse un instante en analizar el contenido de los mismos; es decir, si se aceptare el criterio del a quo sería tanto como permitir indiscriminadamente que cualquier modificación legal relacionada con las contribuciones o impuestos se pudiera originar por la Cámara de Diputados, la cual por ese solo hecho, podría realizar todas las adiciones y modificaciones de manera totalmente libre y sin medida; siendo que a todas luces ese no es el objetivo o finalidad que persigue el artículo 72, inciso H), de la Constitución. Adicionalmente, tampoco sería contrario a lo afirmado por mi representada el hecho de que el Juez a quo sostenga que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados sí puede proponer modificaciones a la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo Federal, citando una tesis jurisprudencial para soportar su dicho; toda vez que si bien es verdad tal afirmación, no menos cierto es que proponer modificaciones implica necesariamente intentar cambiar o transformar algo existe (sic); pues de lo contrario y si no existe ese algo, estaríamos ante la presencia de una creación. Consecuentemente, es claro que si los artículos reclamados ante el Juez de la causa no existían en la iniciativa presidencial, es claro que la Cámara de Diputados los creó y adicionó, por ende, atentó contra la Constitución. Distinto hubiera sido si diputados y senadores (pero no a las comisiones que ellos integran) y a las (sic) Legislaturas de los Estados hubieran modificado la redacción de cualquiera de los artículos propuestos por el Ejecutivo Federal: ‘... artículos 1o., segundo párrafo; 1o. C, fracciones IV, V, primer párrafo y VI, primer párrafo; 2o., primero, segundo y tercer párrafos; 2o. A, fracción I, último párrafo, 5o., último párrafo; y 15, fracción X, inciso b), segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigentes a partir del 1o. de enero de 2010 ...’. En cuyo caso la iniciativa de los mismos sí sería atribuida a los diputados y/o senadores su modificación (que no su creación) pero no a las comisiones que estos integran. Siendo lo procedente desestimar el criterio del Juez. Por todo lo anterior, se considera que no debe dejarse confundir esa Suprema Corte revisor (sic) con el texto de la tesis que cita el Juez para soportar su criterio, ya que ésta se refiere a que las violaciones de carácter formal en el proceso legislativo que no trascienden a la norma reclamada, sin embargo, contrariamente a lo resuelto por el Juzgado de Distrito en el presente caso nos encontramos ante violación de fondo al adicionarse artículos y redacciones no propuestas por el Ejecutivo Federal. Sirve de apoyo ... la tesis que sobre el mismo tema sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que por adicionarse artículos y redacciones no propuestas por los diputados, se contravino el proceso legislativo ... texto ... ‘PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE EN DOS MIL DOS, INFRINGIÓ EL ARTÍCULO 72, INCISO E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe.). Como se puede observar, en el caso particular y en el caso referido en la tesis transcrita, si bien los senadores hicieron modificaciones al dictamen de diputados, no menos es cierto que éstos últimos no se reservaron los mismos y al aprobarlos directamente contravinieron lo dispuesto por el artículo 72 inciso H) (sic), de la Constitución. Ahora bien, en el caso concreto distinto hubiera sido si las modificaciones y adiciones realizadas por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados (referentes a las normas originalmente reclamadas) a la iniciativa del Ejecutivo Federal, se hubieran reservado por los diputados y posteriormente, éstos (los diputados) hubieran presentado una iniciativa igual al contenido de las modificaciones y adiciones, en cuyo caso si se hubiera respetado el proceso legislativo establecido en la Constitución y al no haberlo hecho, contrario al contenido de la sentencia recurrida, debe concederse el amparo solicitado. En suma, con lo anterior se espera haber generado convicción en esa superioridad en cuanto a lo indebido del contenido de la sentencia recurrida; restando solamente que así lo considere y conceda a mi representada el amparo solicitado para los efectos que en derecho procedan."
CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, es menester precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en diversas tesis de jurisprudencia y aisladas sobre el proceso legislativo en materia de contribuciones establecido en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; como se advierte de los criterios que enseguida se transcriben:
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY QUE LO ESTABLECE NO ES INCONSTITUCIONAL PORQUE COMPRENDE COMO CONTRIBUYENTES A SUJETOS NO CONTEMPLADOS EN LA INICIATIVA PRESIDENCIAL QUE LE DIO ORIGEN. Los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales no protegen a los gobernados en contra de la decisión del legislador de apartarse de las consideraciones que inspiren los proyectos o iniciativas de ley que sirvan de antecedentes a sus leyes. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 41 párrafo primero y 50 constitucionales, la potestad de legislar se deposita en el Congreso de la Unión, de modo que sólo a él concierne determinar los contenidos normativos que regirán la conducta de los gobernados, sin que al hacerlo deba subordinar su voluntad a las iniciativas que con arreglo al artículo 71 de la misma Constitución le propongan el presidente de la República -como sucedió en la especie-, sus diputados o senadores, o las Legislaturas de los Estados, ni mucho menos limitar el ejercicio de su atribución a los motivos o fines considerados por el autor de la iniciativa que haya excitado su pronunciamiento; por lo contrario, el ejercicio de la función legislativa entraña como condición substancial la discusión de las iniciativas presentadas para decidir si merecen su aprobación o rechazo, según se desprende del procedimiento previsto en el artículo 72 de la misma Carta Fundamental. La Ley del Impuesto al Activo de las Empresas no resulta inconstitucional aunque contemple a sujetos y objetos no considerados en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial."(1)
"RENTA. EL PROCESO LEGISLATIVO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2005, SE AJUSTÓ A LO PRESCRITO POR EL ARTÍCULO 72, INCISO H, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al citado precepto constitucional, los proyectos de ley o de decreto que versen sobre contribuciones o impuestos deben discutirse primero en la Cámara de Diputados, la que de aprobarlos, en todo o en parte, los turnará a la de senadores para su discusión. En ese tenor, si las iniciativas respectivas que fueron presentadas por diversos grupos parlamentarios se discutieron primero en la Cámara de Diputados, donde se aprobaron con las modificaciones y adiciones propuestas en el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Trabajo y Previsión Social de ese órgano legislativo, entre ellas, la inclusión del artículo segundo de las disposiciones de vigencia anual de la Ley del Impuesto sobre la Renta; luego la minuta se turnó para dictamen a la Cámara de Senadores que la aprobó sin modificación alguna, y finalmente se pasó el proyecto al Ejecutivo Federal, quien ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual se llevó a cabo el 26 de diciembre de 2005, es evidente que el mencionado proceso legislativo cumplió con lo prescrito por el artículo 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto al orden que debe seguirse para la discusión de los proyectos de ley o de decreto."(2)
"VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los proyectos de Ley o decreto que versen sobre contribuciones o impuestos deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados (inciso H), la que de aprobarlos -en todo o en parte- los turnará a la Cámara de Senadores para su discusión (incisos A y H); si ésta los desecha parcialmente, los adiciona o modifica, los regresará a aquélla para la nueva discusión que versará sobre lo desechado, adicionado o modificado, sin poder alterar los artículos aprobados, y si la Cámara de Diputados aprueba tales adiciones o modificaciones por mayoría absoluta de los votos presentes, remitirá todo el proyecto de ley o decreto al Ejecutivo para sus observaciones y, en su caso, para su publicación (inciso E). En congruencia con lo antes expuesto, se concluye que el proceso legislativo que culminó con el decreto por el que se reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de diciembre de 2004, cumplió con lo ordenado en el indicado artículo 72 constitucional, ya que del referido proceso legislativo se advierte que el proyecto presentado por el presidente de la República se discutió primero en la Cámara de Diputados, la que lo aprobó parcialmente y lo envió a la Cámara de Senadores, en la que se retomó el tema de la reforma y se decidió, además, adicionar otros preceptos que no habían sido materia de debate en la Cámara de Origen; con estas modificaciones y adiciones el proyecto se devolvió a la Cámara de Diputados, la que lo aprobó por mayoría absoluta y lo envió al Ejecutivo Federal para su promulgación."(3)
De la lectura de la publicación de la ejecutoria que dio origen a esta última jurisprudencia, destaca el estudio que realizó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo que aquí interesa, dice:
"QUINTO. ... En primer término, para estar en aptitud de resolver el problema planteado, es conveniente tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 50, 71, 72, 73, fracciones VII, XXIX-A y XXX, 74 y 76 de la Constitución Federal, que respectivamente, dicen:
"‘Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.’
"‘Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
"‘I. Al presidente de la República;
"‘II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y
"‘III. A las Legislaturas de los Estados.
"‘Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de debates.’
"‘Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
"‘A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
"‘B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.
"‘C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
"‘Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.
"‘D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de Revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.
"‘E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
"‘F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
"‘G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.
"‘H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.
"‘I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra cámara.
"‘I (sic). El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.
"‘Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.’
"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"‘...
"‘VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
"‘...
"‘XXIX. Para establecer contribuciones:
"‘1o. Sobre el comercio exterior;
"‘2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. y 5o. del artículo 27;
"‘3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
"‘4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
"‘5o. Especiales sobre:
"‘a) Energía eléctrica;
"‘b) Producción y consumo de tabacos labrados;
"‘c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
"‘d) Cerillos y fósforos;
"‘e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
"‘f) Explotación forestal.
"‘g) Producción y consumo de cerveza.
"‘Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las Legislaturas Locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica.
"‘XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.’
"‘Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
"‘I. Expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
"‘II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga la ley;
"‘III. (Derogada, D.O.F. 30 de julio de 1999)
"‘IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior.
"‘...
"‘V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.
"‘Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren.
"‘VI. (Derogada, D.O.F. 10 de agosto de 1987)
"‘VII. (Derogada, D.O.F. 28 de diciembre de 1982)
"‘VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.’
"‘Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
"‘I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.
"‘II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del procurador general de la República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga.
"‘III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas.
"‘IV. Dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la guardia nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria.
"‘V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los Poderes Constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las Constituciones de los Estados no prevean el caso.
"‘VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los Poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22713-b0f3dc14/valor-agregado-el-procedimiento-legislativo-que-culmino-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE RECABAR LAS CONSTANCIAS CONTENIDAS EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN DONDE OBRAN LOS ELEMENTOS DE PR (AMPARO EN REVISIÓN)
- DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, LEY DE. LOS ARTÍCULOS 107 Y 108 QUE PREVÉN Y SANCIONAN EL DELITO CONTRA LA REGULACIÓN URBANA, SON NORMAS HETEROAPLICATIVAS, POR LO QUE LA PR (AMPARO EN REVISIÓN)
- REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE REVOCA LA DEL JUICIO NATURAL Y ORDENA AQUELLA ACTUACIÓN (AMPARO EN REVISIÓN)
- IGUALDAD Y DERECHO A LA SALUD. EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, NO ES VIOLATORIO DE LOS CITADOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES AL LIMITAR LA CANTIDAD DE NARCÓTICOS QUE DEBE (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- PRUEBAS EN EL AMPARO. (s/clave)
- PRUEBAS. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis