REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE REVOCA LA DEL JUICIO NATURAL Y ORDENA AQUELLA ACTUACIÓN PARA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS LITISCONSORTES PASIVOS, SI EL QUEJOSO OBTUVO RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 106/2004). IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE UNA CAUSAL PUEDE SOBRESEER EN EL JUICIO AL EMITIR UNA NUEVA RESOLUCIÓN CON MOTIVO DEL RECURSO DE REVISIÓN EN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO REVOCÓ LA SENTENCIA QUE AQUÉL PRONUNCIÓ SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO Y ORDENÓ REPONER EL PROCEDIMIENTO.
AMPARO EN REVISIÓN 609/2010. **********.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios en este caso resultan infundados.
La quejosa, ahora recurrente, señaló como acto reclamado en su escrito de demanda, la sentencia de segunda instancia dictada por el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en los autos del recurso de apelación 430/09, mediante la cual, dicho órgano jurisdiccional revocó la de primer grado pronunciada por la Tercera Sala Unitaria del mismo tribunal en el expediente 110/2008 y ordenó la reposición del procedimiento, con el fin de que la Sala Unitaria en comento, subsanara la violación procesal que -según advirtió el tribunal en pleno- consistió en la omisión de llamar a juicio, como demandadas litisconsortes, a diversas autoridades, así como a ciertas personas, bajo el carácter de terceros interesados.
En el fallo que se trae a revisión, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento, que fundó en el artículo 74, fracción III, bajo el toral argumento de que el acto jurisdiccional tildado de inconstitucional no causa una afectación de carácter irreparable a la quejosa, quien -dijo el propio juzgador- tendría oportunidad de alegar las violaciones cometidas durante el procedimiento, una vez que las mismas hubieren trascendido a la sentencia definitiva que deba dictarse. A partir de ahí, el a quo consideró que el acto reclamado no admitía en su contra la procedencia del amparo indirecto y que, por ende, se encontraba justificada la causa de improcedencia que, a su vez, daba sustento al sobreseimiento en el juicio, en concordancia con el artículo 73, fracción XVIII, relacionado con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, y para dar mayor firmeza a su conclusión jurídica, también invocó la jurisprudencia 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 593, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su rubro y en su texto, literalmente dice lo siguiente:
"NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta."
Como antecedente relevante, el fallo que se impugna es el segundo que se dictó en el juicio de amparo 1562/2009, promovido por el recurrente **********, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, pues en una primera ocasión se resolvió el asunto en audiencia constitucional celebrada el veintisiete de noviembre de dos mil nueve (las constancias relativas obran a folios del 135 al 143 del expediente de garantías). En aquella oportunidad, el Juez decidió negar al reclamante la protección constitucional solicitada, previa precisión que hizo en el considerando sexto de su sentencia, en los términos textuales siguientes: "Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, asimismo, este Juez de Distrito, de oficio, no advierte que en la especie se actualice alguna de ellas, por ende lo que procede es abordar el estudio de los conceptos de violación."
Sin embargo, en virtud del recurso de revisión 36/2010 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, interpuesto por la quejosa en contra de la referida resolución, este mismo Tribunal Colegiado Auxiliar, en apoyo de aquél y en su expediente de revisión 148/2010, mediante sentencia de veinticinco de febrero dos mil diez (el testimonio se encuentra agregado al cuaderno de amparo, folios del 170 al 179) determinó revocar la de amparo impugnada y ordenó la reposición del procedimiento a fin de que el juzgador federal de primera instancia recabara algunas constancias necesarias para resolver el asunto.
Lo anterior porque un argumento de la quejosa se sustentaba en la negación de un hecho afirmado en la resolución reclamada, pues el tribunal de alzada responsable sostuvo que si debía llamarse a los litisconsortes pasivos no señalados por la parte actora como demandados, ello obedecía a la violación procesal relativa que alegó la propia quejosa en la apelación, mientras en su escrito de garantías indicó que su agravio en la alzada no fue planteado en ese sentido sino uno distinto.
Siendo que dentro de las constancias que la aludida autoridad responsable adjuntó a su informe justificado ante el Juez de Distrito, las que a su vez se allegaron con el pliego de revisión a este Tribunal Colegiado en términos del artículo 89, primer párrafo, de la Ley de Amparo, no obraban las que formaron el trámite de apelación, entre ellas, el escrito de agravios que dio materia a la alzada, de donde se habría de conocer si el hecho negado por la reclamante era o no cierto.
Pero es el caso que, una vez repuesto el juicio de garantías y recabadas las constancias en comento, el Juez celebró de nueva cuenta la audiencia constitucional y dictó sentencia, en la que no entró al fondo del asunto, sino que determinó decretar el sobreseimiento por la razón y con el fundamento legal y jurisprudencial ya precisados, es decir, consideró que el juicio de amparo resultaba improcedente porque lo reclamado era un acto en juicio que no incide en la esfera jurídica de la quejosa de modo irreparable.
Es ese el primer aspecto que se controvierte en los agravios, pues el recurrente considera que el Juez de Distrito ya no se encontraba en posibilidad jurídica de considerar cualquier causal de improcedencia, habida cuenta que al dictar la primera sentencia, la correspondiente a la audiencia constitucional de veintisiete de noviembre de dos mil nueve, no advirtió alguna y, por el contrario, entró al estudio de fondo del asunto. Sostiene la inconforme, a este respecto, que adicionalmente, si en su ejecutoria de veinticinco de febrero dos mil diez, este Tribunal Colegiado Auxiliar revocó aquella sentencia y ordenó al juzgador de primera instancia que repusiera el procedimiento para el efecto de que recabara ciertas constancias, entonces -afirma el recurrente- dicho juzgador debió limitarse a ello, es decir, a efectuar la reposición y a recabar las constancias, dictando el fallo correspondiente, en el que indefectiblemente se ocupara del fondo del negocio, sin posibilidad de sobreseer bajo ningún argumento, como lo hizo.
El aludido agravio resulta infundado, pues de conformidad con el párrafo final del artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio. De modo que su estudio es de orden público y preferente al del fondo del asunto, por lo cual, ante la ausencia de alguna disposición que permita sostener lo contrario, debe considerarse que los tribunales de garantías, a este respecto, no se encuentran sujetos al principio procesal de preclusión, entendido éste como un fenómeno de extinción de facultades de obrar válidamente en un proceso, en función del tiempo transcurrido o de la etapa procesal en que el mismo se encuentre.
De ahí que si el Juez de Distrito al dictar sentencia en el juicio de amparo se pronuncia sobre el fondo del asunto, negando o concediendo la protección constitucional, evidenciando así que, a su juicio, no se actualiza alguna causal de improcedencia, pero con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte a quien afecta dicha sentencia el Tribunal Colegiado la revoca y ordena reponer el procedimiento para que se recaben constancias a fin de que se cuente con los elementos necesarios para el estudio del negocio, al emitir nueva resolución, una vez celebrada por segunda ocasión la audiencia constitucional, el juzgador de primera instancia válidamente puede sobreseer en el amparo si para ello encuentra una causal de improcedencia. Máxime si se tiene en cuenta que, en ese supuesto, los lineamientos establecidos por el órgano colegiado al revocar el fallo y ordenar la reposición del procedimiento, no incluyeron el sentido en que debiera dictarse el fallo una vez reparada la omisión procesal advertida ni en ellos se indicó que debiera soslayarse el aspecto de orden público atinente a las causales de improcedencia.
En distinto orden de ideas, como se anticipó, también son infundados el resto de los agravios.
Considera el inconforme que, en el caso concreto, el juicio de amparo sí es procedente porque en la resolución reclamada se ordenó reponer el procedimiento a fin de que se llamara a terceros integrantes de la litisconsorcio pasiva necesaria y a terceros interesados, siendo que ese llamamiento puede resultar a la postre innecesario, lo que -dice la quejosa- le privaría indebidamente de una sentencia que le beneficiaba, le satisfacía y con la que se conformó, pues en el nuevo juicio podría ya no contar con los elementos probatorios para acreditar las excepciones y defensas de su parte.
Para sustentar sus manifestaciones, el recurrente invoca, como apoyo principal de sus argumentos, la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, que dice:
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento."
Del mismo texto del anterior criterio jurisprudencial, y sobre todo de la parte que del mismo se subraya o se destaca con subrayado y letra negrita, se obtiene que la sentencia de segunda instancia donde se revoca la de primera y se ordena reponer el procedimiento, sólo es impugnable en amparo indirecto, si satisface el atributo de ser de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes:
1) Que la parte agraviada, es decir, quien solicita el amparo, sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia, y por tanto, esté conforme con ella; y
2) Que por virtud de la resolución de alzada, quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis y que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo, por lo que no debe ser el propio quejoso quien haya pretendido que se reconociera a distinta persona como interesado en el litigio, sino justamente lo contrario, que subsistiera la resolución de primer grado en sus exactos términos.
Esos puntos de exigencia que derivan de la jurisprudencia en comento, encuentran explicación en el hecho de que, por sí misma, la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que causa una mayor o menor molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, no justifica la procedencia del juicio de amparo en contra de la sentencia de segunda instancia que ordena la reposición, como expresamente lo reconoce la aquí recurrente en su pliego de agravios, sino que se necesita una situación concreta capaz de cambiar el sentido de la sentencia que se llegue a dictar en relación con la revocada, como es la nulificación del desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta, como es por el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos, o bien, debido a los nuevos requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora para que cumpla con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento.
Pues bien, a pesar de lo alegado por la ahora recurrente, ninguno de esos supuestos se presenta en este asunto, toda vez que, contra lo que afirma, la sentencia de primera instancia en el juicio natural, donde fue demandada y no actora, no le fue favorable sino contraria a sus intereses y, por lo mismo, no le satisfizo.
En efecto, de autos del juicio de amparo se advierte que la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, derivado de la acción de lesividad ejercitada por la autoridad demandante, declaró la nulidad lisa y llana de una resolución administrativa que beneficiaba a la demandada, de modo que, precisamente por ello, fue la ahora recurrente, en su calidad de perdidosa, quien interpuso el recurso de apelación finalmente resuelto por el Pleno del tribunal responsable, aunado a que, en el primero de sus agravios de alzada, fue ella misma quien hizo valer la litisconsorcio pasiva necesaria, sólo que pretendió que se dejaran a salvo los derechos de las partes y no que se ordenara la reposición del procedimiento.
Por eso, deviene claro que la jurisprudencia de que se trata no resulta aplicable en el presente caso. La que sí aplica por la identidad de razón que surge entre el criterio jurídico que la informa y el que aquí se actualiza, es la invocada por el Juez de Distrito, 2a./J. 23/2008, cuyos datos de localización en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como su contenido, ya fueron señalados líneas antes, pero por su relevancia, se vuelve a traer al texto, destacando ahora en letra negrita y subrayada, lo que más interesa al estudio que se hace:
"NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta."
Sin que sea obstáculo a la conclusión alcanzada, la diversa jurisprudencia 1a./J. 79/2001 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el mismo medio de difusión oficial ya citado, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 179, que cita la inconforme, y que dice:
"LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGA A UN LITISCONSORTE QUE SÍ FUE LLAMADO A JUICIO Y QUE IMPUGNÓ EL HECHO DE QUE OTRO NO HAYA SIDO SEÑALADO EN LA DEMANDA DEL JUICIO NATURAL, DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA RECLAMADA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTE UNA NUEVA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE REVOQUE LA DE PRIMERA INSTANCIA, DEJÁNDOSE A SALVO LOS DERECHOS DE LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por efecto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ante ello, si quien acude al amparo es el litisconsorte que sí fue llamado a juicio e impugna el que otra persona -quien goza de esa calidad- no fue señalado como demandado en el libelo inicial del juicio natural y, por ende, no fue llamado a juicio, los efectos del fallo protector se traducen en que se deje insubsistente la sentencia reclamada y la autoridad responsable dicte una nueva resolución en la que se revoque la de primera instancia, dejándose a salvo los derechos de las partes."
Pues independientemente de que, en primer lugar, la misma fue abandonada, en forma expresa por la Primera Sala del Alto Tribunal, mediante su diversa jurisprudencia 1a./J. 47/2006, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO TODOS LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002).", según publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 125; en segundo lugar, y sobre todo, debe considerarse que los efectos que eventualmente podrían derivar de una sentencia de amparo que concediera la protección constitucional por virtud de que en el juicio natural no se haya integrado debidamente la litis por falta de citación a los litisconsortes pasivos, necesariamente tendrían que ser materia de análisis en la vía de amparo de procedencia correcta, como es la directa o uniinstancial, obviamente instada una vez que se dicte la sentencia definitiva en el juicio natural; sería entonces cuando pudiera ventilarse si, como aduce el inconforme, la consecuencia de una posible concesión de amparo tendría que limitarse a revocar el fallo de primera instancia y dejar a salvo derechos, o bien, ordenar la reposición del procedimiento.
Ante lo infundado de los agravios, procede confirmar la sentencia recurrida que decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, lo que coincide con la pretensión de la agente del Ministerio Público adscrita al tribunal auxiliado así como de la tercera perjudicada que presentó escrito de manifestaciones en segunda instancia, de acuerdo con las consideraciones que informan el presente fallo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías 1562/2009 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, por ********** en contra del acto y autoridad que se precisaron en el resultando primero de la presente ejecutoria.
Envíese esta resolución glosada en los autos, con un disquete que la contenga, a la oficina de correspondencia común que proporcione servicio al Tribunal Colegiado de origen para los efectos que se indican en los incisos 6) y 7) del punto quinto del Acuerdo General 44/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
Así, por mayoría de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, integrado por el Magistrado Miguel Lobato Martínez (presidente y ponente), así como el secretario en funciones de Magistrado Humberto Moreno Martínez, autorizado mediante sesión plenaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil diez, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1532/2010 de la misma fecha, emitido por el secretario técnico de la referida comisión; con voto en contra del Magistrado Juan José Rosales Sánchez.
En términos de lo previsto en los artículos 8 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22404-d40cd299/reposicion-del-procedimiento-es-improcedente-el-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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