RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. EL AUTO CON EL QUE INICIA EL PROCEDIMIENTO RELATIVO DEBE CONTENER, ADEMÁS DE LOS HECHOS QUE SE IMPUTAN A AQUÉLLOS Y LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDAN, LA CAUSA QUE SE LES ATRIBUYE.
AMPARO EN REVISIÓN 406/2009. **********.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Previamente a examinar los agravios, es pertinente señalar que el acto reclamado en el juicio de garantías es la resolución dictada el diecisiete de junio de dos mil nueve, por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado al resolver el recurso administrativo de revisión interpuesto por el ahora recurrente, a través de la cual confirmó la sanción impuesta en el procedimiento disciplinario iniciado de oficio por el Consejo del Poder Judicial del Estado.
Ahora, el Juez Federal concedió la protección constitucional para el efecto de que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con el fin de restituir a la quejosa en el goce de sus garantías violadas, realizara lo siguiente:
Dejara insubsistente la resolución reclamada y dictara una nueva, en la cual, en forma congruente y exhaustiva diera contestación a los agravios precisados en la ejecutoria de amparo y con plenitud de jurisdicción se pronunciara sobre el fondo de la controversia.
Los "agravios precisados" son en síntesis los siguientes:
a) Para que el retraso en el dictado de una resolución pueda constituir falta administrativa es necesario que ello ocurra de manera generalizada e injustificada.
b) Que existió una violación al procedimiento, ya que no se acompañaron las constancias a que se refiere el artículo 154, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato y que tal violación no se subsanaba exponiendo solamente, para excusar el cumplimiento, con el hecho de que aceptó el "retraso de las resoluciones".
Ahora, en los agravios que en esta instancia hace valer el recurrente, expone que fue incorrecta la consideración del Juez de Distrito al calificar el primer concepto de violación de la demanda y su ampliación, como infundado en una parte y fundado pero inoperante en otra; inoperante el séptimo y añade que el Juez Federal dejó de analizar la parte del primer concepto de violación de la ampliación de demanda en el que planteó: "De ahí que siendo imperativo para las autoridades constituidas, como resulta ser el Consejo del Poder Judicial del Estado, cumplir con el postulado de la garantía de audiencia, aun cuando la ley ordinaria que apliquen no prevea dicha garantía o la prevea deficientemente, el aludido consejo está obligado a cumplir con la citada garantía, por lo que con independencia de que la tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro se acaba de transcribir, no sea jurisprudencia sino un criterio aislado, lo cierto es que, por las razones expuestas, el órgano disciplinario debió hacer saber al suscrito la descripción legal típica de las conductas que me atribuyó, máxime que el trámite del procedimiento fue ordenado en forma oficiosa por el propio consejo."
SÉPTIMO. El tercero de los agravios es fundado y suficiente para modificar la sentencia recurrida.
Para demostrar su eficacia deben destacarse los antecedentes del caso que son útiles para la solución del presente asunto y que son los siguientes:
A fin de poner de manifiesto la existencia de la violación alegada, es menester realizar una reseña de los antecedentes de la resolución reclamada.
Como se desprende del contenido de las constancias que las autoridades responsables remitieron junto con su informe justificado, las que tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o., en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil siete, el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado aprobó el dictamen relativo al expediente 49/2007, formado con motivo de la visita ordinaria realizada el veintisiete y veintiocho de agosto de dos mil siete, al Juzgado Civil del Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, en el que se propuso instruir procedimiento disciplinario en contra del titular de dicho juzgado, en razón de que de la citada visita se desprendieron hechos que pudieran configurar la existencia de infracciones administrativas consistentes en la omisión de dictar, dentro del plazo legal, diversas resoluciones (fojas 1 a 9 del tomo XVII del cuaderno de pruebas).
Mediante acuerdo de veinte de noviembre de dos mil siete, se inició procedimiento administrativo disciplinario en contra del ahora recurrente **********, en su carácter de Juez Civil de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato. En dicho proveído se ordenó requerir al citado funcionario el informe correspondiente respecto a los hechos materia de la denuncia precisados en el propio acuerdo.
Una vez concluida la secuela procesal del procedimiento administrativo, se emitió resolución el dos de septiembre de dos mil ocho, la que culminó, en lo que interesa, con los puntos resolutivos siguientes:
"TERCERO. Resultó procedente el procedimiento disciplinario instaurado en contra del licenciado **********, Juez Civil de Partido en Valle de Santiago, Guanajuato, por los hechos a que se refiere el considerando quinto incisos I), II), III) y IV), a excepción de las resoluciones en los expedientes 174/06, 730/06 y 31/00.
"Luego se impone al licenciado **********, como sanción la de amonestación por cada ocasión que la falta implicó deficiencia en el servicio, esto es, 11 once veces, y la de suspensión de dieciséis días en el ejercicio del cargo, monto que se fija en proporción al número de faltas que representó la suspensión del servicio. Reproche que se hará efectivo una vez que cause estado la presente resolución." (lo destacado es de origen).
Inconforme con lo resuelto, el ahora recurrente interpuso el recurso administrativo de revisión que se radicó bajo el toca 58/2008-REV y fue resuelto el diecisiete de junio de dos mil nueve en el sentido de modificar la resolución recurrida, para el único efecto de imponerle como sanción diez días de amonestación, y dejó intocado lo resuelto en cuanto a dieciséis días de suspensión en el cargo; determinación la anterior, que constituye el acto reclamado en el presente juicio.
En el tercer motivo de desacuerdo aduce el recurrente que el argumento vertido en la demanda de garantías referente a la necesidad de que desde el inicio del procedimiento se ubique la descripción legal de la conducta que se atribuye al servidor público sujeto al procedimiento, para que esté en aptitud de controvertir no sólo la materialidad de los hechos que se le atribuyen, sino la fundamentación legal y típica de tales hechos, se sustentó no sólo en la aplicación de la tesis tantas veces mencionada, sino en el cumplimiento de la garantía de audiencia que prevé el artículo 14 constitucional, pues en el primer concepto de violación del escrito de ampliación de demanda manifestó que: "De ahí que siendo imperativo para las autoridades constituidas, como resulta ser el Consejo del Poder Judicial del Estado, cumplir con el postulado de la garantía de audiencia, aun cuando la ley ordinaria que apliquen no prevea dicha garantía o la prevea deficientemente, el aludido consejo está obligado a cumplir con la citada garantía, por lo que con independencia de que la tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro se acaba de transcribir, no sea jurisprudencia sino un criterio aislado, lo cierto es que, por las razones expuestas, el órgano disciplinario debió hacer saber al suscrito la descripción legal típica de las conductas que me atribuyó, máxime que el trámite del procedimiento fue ordenado en forma oficiosa por el propio consejo."
Al respecto alega que el Juez de Distrito omitió realizar el análisis de esa inconformidad, por lo cual procede que en reparación a ese agravio, el Tribunal Colegiado aborde su estudio.
Ese argumento es fundado.
De la sentencia dictada por el Juez Federal se advierte que no analizó el transcrito concepto de violación, ya que no dio respuesta al argumento relativo a que el órgano disciplinario debe cumplir con el principio de la garantía de audiencia, aun cuando la ley ordinaria no prevea dicha garantía o la prevea deficientemente; razón por la cual el consejo responsable debió hacerle saber la descripción legal típica de las conductas que le atribuyó.
En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procederá al estudio del citado motivo de inconformidad.
Lo anterior se apoya en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes:
"ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR. De acuerdo con los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, los que se apreciarán tal como aparezcan probados, ante la autoridad responsable, por lo que si el Juez de Distrito, en su sentencia, contraviene esos ordenamientos, y no resuelve sobre alguno de tales actos, o no los aprecia correctamente, los agraviados al interponer la revisión están en aptitud de invocar el agravio correspondiente y si, además, no se aprecia que alguna de las partes que debió intervenir en el juicio de garantías haya quedado inaudita, no procede ordenar la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; pues tal falta de análisis no constituye una violación procedimental porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni a alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva; sino que lo que es susceptible es que la autoridad revisora se sustituya al Juez de Amparo y efectúe el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación, según lo previsto en la fracción I, del artículo invocado, conforme al cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión."
OCTAVO. El concepto de violación es fundado.
Los artículos 149 a 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en los que se prevé la instauración y trámite del procedimiento disciplinario disponen lo siguiente:
"Artículo 149. Los servidores públicos del Poder Judicial estarán sujetos a responsabilidad administrativa en los casos establecidos en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que se hagan acreedores."
"Artículo 150. La responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial, incluidos los Magistrados, se determinará por el Consejo del Poder Judicial, y la de los consejeros por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, mediante el procedimiento establecido por esta ley."
"Artículo 151. Todo servidor público del Poder Judicial tendrá las siguientes obligaciones:
"I. Cumplir con la máxima diligencia y probidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause deficiencia en dicho servicio;
"II. Abstenerse de realizar cualquier acto que cause la suspensión del servicio o implique abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión que tiene encomendada;
"III. Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;
"IV. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquéllas;
"V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;
"VI. Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas del trato y abstenerse de agraviarlos;
"VII. Guardar respeto y subordinación legítimas con respecto a sus superiores jerárquicos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones;
"VIII. Abstenerse de revelar los hechos o noticias de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones;
"IX. Abstenerse de autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores;
"X. Abstenerse de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo;
"XI. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la ley le prohíba;
"XII. Abstenerse de autorizar el nombramiento o designación de quien se encuentre inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, cuando el funcionario conozca previamente del hecho que da lugar al impedimento jurídico;
"XIII. Excusarse de intervenir en los asuntos en los que tenga impedimento legal;
"XIV. Informar por escrito al superior jerárquico y al Consejo del Poder Judicial sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior;
"XV. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí o para su cónyuge o concubino o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas con las funciones del servidor público de que se trate, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que impliquen intereses en conflicto;
"XVI. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de su situación patrimonial; y
"XVII. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la Procuraduría de los Derechos Humanos, a efecto de que aquélla pueda cumplir con las facultades y atribuciones que le correspondan."
"Artículo 152. Son faltas de los servidores públicos del Poder Judicial, las siguientes:
"I. Incumplir las obligaciones que establece el artículo 151 de esta ley;
"II. Dictar dolosamente resolución contra el texto expreso de la ley o contra la existencia de constancias procesales que hagan prueba plena en el negocio de que se trate;
"III. Impedir material e intencionalmente que las partes ejerzan en los procedimientos judiciales, los derechos que les correspondan;
"IV. Ejercer cualquiera de las actividades incompatibles con el cargo de Magistrado, Juez, secretario o actuario;
"V. Desatender o retrasar injustificada y generalizadamente la iniciación, tramitación o resolución de los asuntos a su cargo;
"VI. Faltar injustificadamente a sus labores por cuatro días hábiles consecutivos;
"VII. Faltar intencionalmente a la verdad, en las solicitudes que presenten para la obtención de permisos o autorizaciones;
"VIII. Faltar a la verdad en los informes que rindan o en los datos que proporcionen o asienten en constancias, certificaciones y diligencias;
"IX. Valerse de la condición de servidor público del Poder Judicial, para obtener un beneficio injustificado de autoridades, funcionarios, profesionales o de cualquier otra persona;
"X. Destruir, mutilar, ocultar o alterar expedientes o documentos que se conserven en el secreto del juzgado;
"XI. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto concreto de su conocimiento;
"XII. Faltar al respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad;
"XIII. Inasistir injustificada y reiteradamente a los actos procesales o audiencias que estuvieren señalados;
"XIV. Incumplir o desatender reiteradamente los requerimientos que en el ejercicio de sus respectivas competencias, les formulen el Consejo del Poder Judicial, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia o los Magistrados; y
"XV. Obstaculizar la práctica de auditorías."
"Artículo 153. El procedimiento para determinar las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado a que se refiere este título, se iniciará de oficio, por queja o denuncia presentada por parte interesada o por el servidor público que tenga conocimiento de los hechos. No se dará trámite a las denuncias anónimas.
"Las quejas y denuncias que se formulen, deberán estar apoyadas en pruebas suficientes para establecer la existencia de la infracción, y presumir la responsabilidad del servidor público denunciado."
"Artículo 154. El procedimiento para establecer la responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial será el siguiente:
"I. Presentada la queja o denuncia para instaurar de oficio el procedimiento, el Consejo del Poder Judicial deberá emitir auto para iniciarlo o para desechar aquellas, el que deberá notificarse al servidor público y al quejoso o denunciante. La notificación al servidor público se practicará mediante oficio con acuse de recibo, haciéndole saber con precisión los hechos que se le imputan y las pruebas en que se fundan, mismas que se anexarán en copia certificada al oficio, si obran por escrito. En el mismo oficio se hará saber al servidor público que cuenta con un término de cinco días hábiles, que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la notificación, para que formule un informe sobre los hechos materia del procedimiento y ofrezca en su defensa las pruebas que estime convenientes;
"II. Al rendir el informe el servidor público deberá referirse a todos y cada uno de los hechos que se le atribuyan, afirmándolos o negándolos, señalando aquellos que no le sean propios o que ignore; y refiriéndose a los mismos como considere que tuvieron lugar. Si el servidor público no rindiera el informe se presumirá la existencia de los hechos, salvo prueba en contrario;
"III. Con el informe al que se refieren las fracciones anteriores, el servidor público ofrecerá las pruebas que estime convenientes para su defensa, las que se admitirán y desahogarán por el Consejo del Poder Judicial siempre que se justifique la necesidad e idoneidad de las mismas. Cuando se ofrezca la testimonial de cualquier servidor público, ésta se rendirá por oficio a requerimiento del Consejo del Poder Judicial debidamente notificado. En este procedimiento no se admitirá la prueba de absolución de posiciones;
"IV. El Consejo del Poder Judicial podrá, de oficio o a petición del consejero Magistrado encargado de realizar el proyecto de resolución, solicitar cualquier aclaración a los servidores públicos, o a quienes presenten la queja o denuncia o agregar al procedimiento las documentales que a su juicio tengan por objeto dilucidar los hechos o calificar la gravedad de la falta. En este caso, se deberá notificar al servidor público sobre la recepción de los nuevos elementos de prueba agregados al expediente, para que alegue lo que a su interés convenga, pueda objetarlos u ofrecer nuevas probanzas para su defensa. Si el servidor público en términos de lo dispuesto en esta fracción ofrece nuevas pruebas, habiéndose desahogado la audiencia a que se refiere la fracción V de este artículo, el Consejo del Poder Judicial deberá fijar fecha y hora para la recepción de aquéllas en diligencia especial;
"V. Recibido el informe del servidor público o vencido el plazo para su rendición, el Consejo del Poder Judicial acordará sobre su recepción o sobre la no presentación del mismo. En el primer supuesto acordará la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por el servidor público, citando a una audiencia para el desahogo de las que fueren admitidas, la cual deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles que sigan al acuerdo. A la audiencia deberá ser citado el servidor público, pero su ausencia no será motivo para diferir la celebración de la misma, si obra constancia de la citación. Cuando no se rinda el informe, el Consejo del Poder Judicial acordará que no existen pruebas por desahogar, procediendo en términos de la fracción siguiente;
"VI. Celebrada la audiencia y recibidas las pruebas ofrecidas o no existiendo otras que desahogar, se enviará el expediente al consejero Magistrado que por turno le corresponda, para que realice el proyecto correspondiente; lo que hará dentro de los diez días hábiles siguientes. Elaborado el proyecto, se someterá al Pleno del Consejo del Poder Judicial para su aprobación, resolviendo sobre la existencia de responsabilidad e imponiendo en su caso la sanción correspondiente o determinando la ausencia de aquélla; y
"VII. La resolución se notificará personalmente o por correo certificado con acuse de recibo al servidor público y al promovente de la queja o denuncia.
"El procedimiento a que se refiere este artículo, se tramitará en todas sus etapas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, cuando se siga contra un consejero.
"El Consejo del Poder Judicial, o en su caso, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, en el mismo auto a que se refiere la fracción I de este artículo, podrá acordar en cada caso, la delegación en cualquiera de sus integrantes, de la facultad para presidir las audiencias de desahogo de pruebas."
"Artículo 154-A. En la sustanciación del procedimiento disciplinario será aplicable supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato."
"Artículo 155. Las sanciones consistirán en:
"I. Amonestación;
"II. Suspensión hasta por sesenta días; y
"III. Destitución."
"Artículo 156. De conformidad con el artículo anterior procederá la aplicación de:
"I. Amonestación: por incumplimiento de las obligaciones a que se refieren las fracciones I, III, V, VI, VII, IX, XIV, XVI y XVII del artículo 151, o por incurrir en la falta que se consigna en la fracción XII del artículo 152 de esta ley;
"II. Suspensión hasta por sesenta días: por violación al contenido de las fracciones II, IV, VIII, X, XI, XII y XIII del artículo 151 o por incurrir en las faltas previstas en las fracciones II, III, VIII, IX, XI, XIII, XIV y XV del artículo 152 de esta ley o por haber sido amonestado por tres ocasiones en el plazo de un año; y
"III. Destitución: por incumplimiento de las obligaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 151 o por incurrir en las faltas a que se refieren las fracciones IV, V, VI, VII y X del artículo 152 de esta ley o por haber sido suspendido en dos ocasiones en el término de un año."
"Artículo 157. La prescripción impide el ejercicio de la facultad de fincar responsabilidad administrativa a los servidores públicos del Poder Judicial.
"Las faltas que ameriten destitución prescribirán al año, las que ameriten suspensión a los seis meses y las que se sancionen con amonestación a los tres meses de cometida la falta.
"Los términos para la prescripción serán continuos y comenzarán a contar a partir del día siguiente a aquel en que se haya cometido la falta administrativa, o del momento en que ésta haya cesado, si fue de carácter continuo.
"La prescripción se interrumpirá con el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que regula la presente ley. La prescripción deberá decretarse de oficio o a petición de parte."
"Artículo 158. Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:
"I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella;
"II. Las circunstancias personales del servidor público;
"III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;
"IV. La naturaleza del hecho y los medios empleados en su ejecución;
"V. La antigüedad en el servicio;
"VI. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones; y
"VII. Las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional de adscripción."
De los numerales transcritos se advierte que el procedimiento para establecer la responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, inicia con motivo de la queja o denuncia presentada en contra del servidor público de que se trate y que el auto inicial del procedimiento debe hacerse del conocimiento del servidor público a quien se instruya el procedimiento.
De conformidad con lo previsto en la fracción I del artículo 154, al notificarle al servidor público el inicio del procedimiento instaurado en su contra, se le deberán hacer saber con precisión los hechos que se le imputan y las pruebas en que se fundan, mismas que se anexarán en copia certificada al oficio, si obran por escrito; además, se hará de su conocimiento el término que tiene para que formule un informe sobre los hechos materia del procedimiento y ofrezca en su defensa las pruebas que estime convenientes.
Rendido el informe y, en su caso, desahogadas las pruebas que el servidor público ofrezca, se enviará el expediente al consejero Magistrado que corresponda para que realice el proyecto correspondiente; lo que hará dentro de los diez días hábiles siguientes.
Elaborado el proyecto, se someterá al Pleno del Consejo del Poder Judicial para su aprobación.
Se debe destacar que al inicio de cualquier procedimiento de responsabilidad, es necesario que al servidor público al que se le instruya, se le hagan saber no sólo los hechos materia del procedimiento que se le inicia, así como las pruebas que los sustentan, sino además, el señalamiento de la causa de responsabilidad o responsabilidades que se le imputen.
Lo anterior, a fin de respetar la garantía de audiencia prevista en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, pues es inconcuso que para desvirtuar los hechos correspondientes y expresar sus defensas, necesitará conocer, indefectiblemente, cuál es la o las causas de responsabilidad que se le atribuyen.
En efecto, la obligación de dar a conocer al sujeto imputado las causas de responsabilidad y, por ende, otorgarle la posibilidad de controvertir el marco jurídico que de los hechos acontecidos realice el órgano sancionador, es connatural a la garantía de defensa prevista en el artículo 14 constitucional, pues es evidente que la garantía de defensa del imputado no sólo comprende la posibilidad de debatir los hechos materia del procedimiento que se le instruya, sino también la de controvertir la legalidad de la ubicación que de su conducta pretenda realizar el órgano verificador, actuar que únicamente puede realizar si al darle vista de la denuncia y sus anexos, se hacen de su conocimiento, además de los hechos materia del procedimiento, las causas de responsabilidad en que se estima ha incurrido.
Máxime que la sanción que en su caso llegara a imponérsele, depende evidentemente, de la causa de responsabilidad que se estime comprobada, acorde a lo previsto en el artículo 156 de la ley en cita.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de vigilante para lograr los objetivos en ellas trazados.
En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. Consecuentemente, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos.
Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, es que nuestro Máximo Tribunal ha concluido que en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando su traslación en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza; sin embargo, sí es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.
Tales principios se encuentran plasmados en la jurisprudencia P./J. 99/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1565, Tomo XXIV, agosto de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada:
"DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22406-42bc0e2d/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-poder-judicial · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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