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IGUALDAD Y DERECHO A LA SALUD. EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, NO ES VIOLATORIO DE LOS CITADOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES AL LIMITAR LA CANTIDAD DE NARCÓTICOS QUE DEBE CONSIDERARSE PARA SU ESTRICTO E INMEDIATO CONSUMO PERSONAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 563/2010. · Registro digital (IUS): 22680
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, , Pág. 472.

AMPARO EN REVISIÓN 563/2010. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, reformado por el diverso Acuerdo General Número 3/2008 emitido el diez de marzo de dos mil ocho, por el Pleno de este Alto Tribunal; toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 477 y 479 del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte de agosto de dos mil nueve, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

SEGUNDO. Resulta innecesario analizar la oportunidad en la interposición del recurso de revisión formulado, toda vez que dicha cuestión ya fue analizada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al admitir el recurso hecho valer mediante auto de veintiocho de abril de dos mil diez.

TERCERO. En este apartado se hará una síntesis de los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías, las consideraciones del Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Baja California, emitidas en el juicio de amparo indirecto ********** y los agravios hechos valer por el recurrente.

Conceptos de violación. Que los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud, modificados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte agosto de dos mil nueve, devienen inconstitucionales toda vez que contravienen las garantías de igualdad y de salud, previstas en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, respectivamente.

Que resulta inconstitucional lo previsto en la norma, puesto que genera una discriminación entre las personas que son adictas a las drogas (farmacodependientes), y aquellas que padecen alguna otra enfermedad, ya que estas últimas reciben atención médica sin que sean privadas de su libertad, con motivo de un proceso penal.

Así -advierte el quejoso-, no puede sostenerse que debe tratarse de forma desigual a aquellas personas que adquieren una enfermedad por un acto volitivo, como en el caso es la farmacodependencia, pues ello implicaría que el derecho a la salud resultare negado a aquellas personas que se encuentran en un ambiente que puede generar una enfermedad aun cuando ésta derive de actos voluntarios.

Que la Ley General de Salud le da carácter de enferma a toda persona que sea farmacodependiente y que derivado de ello, se actualiza la obligación del Estado de brindar asistencia a las personas en esta condición para que superen la enfermedad, y no otorgar un trato desigual que a cualquier otro enfermo, pues en el caso de las personas farmacodependientes si bien se les suministra el tratamiento necesario, éste se realiza como delincuente.

Considera que resulta inadmisible que un ordenamiento jurídico como la Ley General de Salud considere delito el hecho de que una persona tenga una enfermedad, siendo que por el tipo de ordenamiento de que se trata, debería de velar, en todo momento, por la salud de las personas, amén de que el Estado tiene la obligación de vigilar, en todo momento, la salud de la sociedad cumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional.

Como soporte a estos argumentos, el quejoso transcribe las tesis cuyos rubros son los siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, SI NO SE HACE EL ESTUDIO DEL CONJUNTO DE HECHOS QUE INTEGRARON LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO CON PRUEBAS EVIDENTES.", "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN PRECISARSE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL DEL DELITO QUE SE IMPUTE AL DETENIDO CONFORME A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL QUE ENTRÓ EN VIGOR EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.", "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE FONDO Y FORMA EN EL AMPARO.", "AUTO DE FORMAL PRISIÓN INFUNDADO E INMOTIVADO. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGUE DEBE SER LISA Y LLANA.", "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO." y "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EL."

En un segundo concepto de violación, el quejoso reclamó la orden prevista en el auto de término constitucional referente a su identificación administrativa, cuestión de legalidad cuyo conocimiento no compete a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. Consideraciones del Juez de Distrito: Que los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, en relación con la inconstitucionalidad propuesta, son infundados.

Que de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 55/2006, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", y después de un escrutinio ordinario se concluye que los artículos reclamados no violan el principio de igualdad contenido en el artículo 1o., en relación con el 13 de la Constitución; que ello es así, porque en primer lugar, persiguen una finalidad constitucionalmente admisible consistente en proteger la salud de los gobernados, lo cual resulta acorde con el mandato de tutelar la garantía individual de protección a la salud de los gobernados.

En segundo lugar, que dichas normas resultan racionales, ya que de acuerdo con la potestad punitiva del Estado, asocian hechos estrictamente determinados por la ley, con el objetivo de asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica.

Señaló además, que el Congreso de la Unión está facultado en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracciones XVI y XXI, de la Constitución, para dictar leyes sobre salubridad general, así como para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse y si bien la creación de ilícitos responde a la necesidad de que éstos sean un instrumento para la defensa de los valores fundamentales de la comunidad, que sólo debe emplearse contra ataques graves a estos valores, y en una forma controlada y limitada por el imperio de la ley, de los aludidos preceptos se desprende que se estableció el delito de que se trata para proteger el bien jurídico de la salud de la población en general; luego, como la posesión clandestina de narcóticos es catalogada como una conducta que pone en peligro ese bien jurídico, debe considerarse que los motivos, finalidades y espíritu son los de proteger a la sociedad contra su infracción.

Que contrario a lo aducido por el quejoso, la adición de que fue objeto la Ley General de Salud, respecto de los artículos 477 y 479 no establecen un trato diferenciado entre un farmacodependiente y una persona con una enfermedad diversa, puesto que lo que garantizan esos numerales es el derecho a la protección de la salud de los gobernados y de la exposición de motivos se aprecia que, en materia de prevención, se obliga a la Secretaría de Salud a ofrecer a la población un modelo de intervención temprana, en la que se considere desde la prevención y promoción de una vida saludable hasta el tratamiento ambulatorio de la farmacodependencia, lo cual se concatena con el objetivo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que establece la necesidad de brindar servicios de salud eficientes, con calidad y seguridad para el paciente, como estrategia para promover la igualdad de oportunidades; asimismo, establece la necesidad de implementar una política integral que permita contar con instrumentos y centros de atención adecuados, tanto para personas que padecen alguna enfermedad, como aquellos catalogados como farmacodependientes, de ahí que no se configure un trato diferenciado.

Consideró que no es viable declarar inconstitucionales los artículos reclamados, pues implicaría dar un trato especial y privilegiado al quejoso respecto al resto de la sociedad, por el hecho de quien posea la droga sea un adicto con la finalidad de evitar, así, su procesamiento.

Que por lo que hace a la discriminación que alega el quejoso, respecto a las personas que son adictas a las drogas (farmacodependientes), de aquellos que padecen alguna otra enfermedad, quienes reciben atención médica sin que sean privadas de su libertad con motivo de un proceso penal, debe decirse que es infundado, puesto que la farmacodependencia consiste en el uso, abuso y dependencia a drogas, de empleo lícito o ilícito; que constituye un grave problema de salud pública y tiene, además, importantes consecuencias negativas que trascienden en el ámbito de la salud individual, empero la conducta punible en el caso de los numerales impugnados se trata sólo de aquella que exceda las cantidades previstas en el numeral 479 de la Ley General de Salud, por una acción voluntaria, que supone una infracción al derecho, y que es penada por la ley.

El farmacodependiente es un enfermo que requiere tratamiento y la posesión para su consumo se encuentra permitida, con las restricciones de cantidad que el Estado, a través de la Ley General de Salud, prevé la autorización respectiva así como el acceso a todos los gobernados a los órganos del sistema de salud, salvaguardando con ello la garantía que consagra el artículo 4o. constitucional.

Finalmente, en relación con el tema de constitucionalidad propuesto, el Juez consideró que el artículo 481 de la Ley General de Salud prevé la obligación para los funcionarios (bien sea el Ministerio Público o la autoridad judicial) para que tan pronto identifiquen que una persona relacionada con un procedimiento es farmacodependiente, deberán informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.

En atención a las consideraciones anteriores, el Juez Federal declaró infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso en relación con la inconstitucionalidad de los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud.

3. Agravios formulados por el recurrente. Que el Juez de amparo señaló medularmente que los artículos impugnados no son inconstitucionales por no resultar violatorios del principio de igualdad contenido en el artículo 1o., en relación con el 13 de la Constitución, así como también de que protege la salud de los gobernados, tal como lo señala el artículo 4o. de la propia Constitución y finalmente que el legislador está facultado para decir cuáles conductas merecen ser catalogadas como delitos, sin que exista un trato diferenciado entre un farmacodependiente y una persona que tiene una enfermedad diversa.

Que no se comparte lo argumentado por el Juez de Distrito, ya que los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud resultan violatorios de los artículos 1o. y 4o. constitucionales.

Que los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud, modificados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinte agosto de dos mil nueve, devienen inconstitucionales toda vez que contravienen las garantías de igualdad y de salud, previstas en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, respectivamente.

Que resulta inconstitucional lo previsto en la norma, puesto que genera una discriminación entre las personas que son adictas a las drogas (farmacodependientes), de aquellas personas que padecen alguna otra enfermedad, ya que estas últimas reciben atención médica sin que sean privadas de su libertad, con motivo de un proceso penal.

Así, advierte el recurrente, no puede sostenerse que debe tratarse de forma desigual a aquellas personas que adquieren una enfermedad por un acto volitivo, como en el caso es la farmacodependencia, pues ello implicaría que el derecho a la salud resultare negado a aquellas personas que se encuentran en un ambiente que puede generar una enfermedad por un acto volitivo.

Que la Ley General de Salud le da carácter de enferma a toda persona que sea farmacodependiente y que derivado de ello, se actualiza la obligación del Estado de brindar asistencia a las personas enfermas (farmacodependencia) para que superen dicha enfermedad, y no otorgar un trato desigual que a cualquier otro enfermo, pues en el caso de las personas farmacodependientes si bien se les suministra el tratamiento necesario, éste se realiza como delincuente.

Considera que resulta inadmisible que un ordenamiento jurídico como la Ley General de Salud considere delito el hecho de que una persona tenga una enfermedad (farmacodependencia), siendo que por el tipo de ordenamiento de que se trata, debería de velar, en todo momento, por la salud de las personas, amén de que el Estado tiene la obligación de vigilar en todo momento por la salud de la sociedad, cumpliendo con ello con lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional.

Como soporte a estos argumentos, transcribe las tesis cuyos rubros son los siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, SI NO SE HACE EL ESTUDIO DEL CONJUNTO DE HECHOS QUE INTEGRARON LA PRESUNTA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO CON PRUEBAS EVIDENTES.", "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN PRECISARSE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL DEL DELITO QUE SE IMPUTE AL DETENIDO CONFORME A LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL QUE ENTRÓ EN VIGOR EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.", "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EXAMEN DE LOS REQUISITOS DE FONDO Y FORMA EN EL AMPARO.", "AUTO DE FORMAL PRISIÓN INFUNDADO E INMOTIVADO. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE SE OTORGUE DEBE SER LISA Y LLANA.", "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO." y "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EL."

En relación con temas de legalidad que no son materia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurrente advirtió que lo señalado por el Juez Décimo de Distrito es inexacto, ya que con las pruebas que obran en la causa penal 317/2009-B no se acredita el cuerpo del delito del ilícito en comento y por el cual se decretó el auto de formal prisión, ya que lo único que se demostró es que se trata de una persona enferma adicta a las drogas. Así, advierte que el auto de término constitucional no cumple con lo exigido en los artículos 4o., 14, 16 y 19 de la Constitución.

Que el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California violó flagrantemente el artículo 4o. de la Constitución, toda vez que no se proporcionó la atención médica adecuada para la enfermedad que padece el quejoso y sí, en cambio, se le dio trato de delincuente, al haber ejercido acción penal el agente del Ministerio Público de la Federación.

En un segundo agravio, el quejoso revisionista reiteró el reclamo relacionado con la orden de identificación administrativa, tal y como lo realizó en su segundo concepto de violación al que ya se ha hecho referencia.

De la lectura integral de la demanda de amparo, sentencia y agravios, es posible advertir lo siguiente:

La parte quejosa fue detenida en posesión de dos envoltorios de plástico que contenía marihuana, con un peso neto de doce gramos, motivo por el cual, en el momento procesal oportuno, se dictó en su contra auto de formal prisión por el delito de posesión de marihuana previsto y sancionado por el artículo 477 de la Ley General de Salud, producto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veinte de agosto de dos mil nueve.

En consecuencia, el quejoso acudió al juicio de amparo indirecto, reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 477 y 479 de la Ley General de Salud, por estimar que violan los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal; sin embargo, el Juez de Distrito negó la protección federal.

CUARTO. Los motivos de inconformidad planteados en torno al problema de inconstitucionalidad, pueden expresarse a través del siguiente silogismo:

(i) Los farmacodependientes son enfermos y, por tanto, no deben ser sujetos a proceso penal;

(ii) El artículo 477 de la Ley General de Salud, en relación con el artículo 479 del mismo ordenamiento legal, establece dosis máximas de consumo personal e inmediato de psicotrópicos, cuyo rebase trae consigo la sujeción a un proceso penal; y

(iii) Por tanto, la norma impugnada impide la aplicación de la causa de exclusión del delito que favorece a los farmacodependientes, lo que es inconstitucional.

Para dar contestación a lo antes expuesto, es preciso analizar, en primer lugar, las premisas referidas en los rubros i) y ii) anteriores.

I. La farmacodependencia como una enfermedad.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por mayoría de votos el amparo directo en revisión 1492/2007,(1) concluyó que la farmacodependencia debe considerarse como una enfermedad.

Aserción que deriva de las premisas siguientes:

En primer término, el artículo 74 de la Ley General de Salud establece que la atención a las enfermedades mentales comprende la atención de alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o sustancias psicotrópicas.(2)

En segundo lugar, la farmacodependencia es una enfermedad que ha ameritado el establecimiento de programas especiales, como el previsto a partir del artículo 191 de la Ley General de Salud, denominado: "Programa contra la farmacodependencia", según el cual la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General se coordinarán para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia y, en su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes.(3) Incluso, entre los programas de acción de la Secretaría de Salud se encuentra el de "Adicciones: Farmacodependencia".

En tercer lugar, y sólo como mera referencia teórica, distintos organismos internacionales, como la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de la Oficina de Drogas y Crimen, se ha pronunciado en el sentido de que la farmacodependencia es una enfermedad que debe ser atendida y valorada por los distintos Estados.

Además, en diversos criterios de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha determinado que la toxicomanía o farmacodependencia es considerada como una enfermedad y, precisamente por ello, no debe ser castigada. Algunos de esos criterios son los siguientes:

"ENERVANTES, POSESIÓN DE. Aunque el uso de enervantes no se considera delictuoso, en razón de que la toxicomanía es una enfermedad, ello no excluye la posibilidad de que el vicioso incurra en el delito de posesión de enervantes, en cuanto la cantidad que de las drogas tenga resulte notoriamente desproporcionada o exagerada para la satisfacción individual del toxicómano."(4)

"ENERVANTES, POSESIÓN Y USO DE. Cabe observar que la posesión de un enervante sin los permisos especiales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia agota el tipo delictivo previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal Federal. Es cierto que esta Suprema Corte de Justicia ha considerado que el uso de enervantes no es delictuoso en virtud de que la toxicomanía es una enfermedad; mas esta tesis sólo puede tener aplicación cuando existe un dictamen médico legal que diagnostique la toxicomanía del inculpado."(5)

"TOXICÓMANOS, NO ES PUNIBLE LA TENENCIA DE DROGA ESTRICTAMENTE NECESARIA PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS. Si bien es cierto que esta Suprema Corte ha sostenido que la posesión de la droga por los toxicómanos no es punible y que deben, en vez de ser penados, ser sometidos a un tratamiento médico para su curación, ello está subordinado a que la posesión de la droga sea la estrictamente necesaria para la satisfacción de su enfermedad o vicio."(6)

El Tribunal Pleno hizo hincapié en el sentido de que incluso el Código Federal de Procedimientos Penales en sus artículos 523 y 524, este último antes de la reforma que tuvo lugar el día veinte de agosto de dos mil nueve, consideraba a los farmacodependientes como personas enfermas,(7) pues de otra manera no se explicaría por qué el Ministerio Público no debía proceder penalmente contra este grupo de personas cuando se les encuentra en posesión de la droga necesaria para su consumo y debe hacer del conocimiento de la autoridad sanitaria esa situación para que dicte las medidas necesarias para su rehabilitación.

Además, que actualmente el artículo 523 del mismo ordenamiento legal continua refrendando la obligación del Ministerio Público consistente en que al iniciar la averiguación previa, dará aviso a la autoridad sanitaria correspondiente, cuando un farmacodependiente cometa un delito, a fin de que dicha autoridad intervenga en los términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 199, segundo párrafo, del Código Penal Federal, también producto de la reforma de veinte de agosto de dos mil nueve:

"Artículo 199. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto conozca que una persona relacionada con algún procedimiento por los delitos previstos en los artículos 195 o 195 bis, es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.

"En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente.

"Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora."

Y el artículo 481 de la Ley General de Salud, actualmente en vigor, establece en similares términos lo siguiente:

"Artículo 481. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto identifique que una persona relacionada con un procedimiento es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.

"En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente.

"Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora."

Y finalmente, la Ley General de Salud en su artículo 478, reconoce que la farmacodependencia amerita tratamiento médico:

"Artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.

"El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar identidades, para fines estadísticos."

De las consideraciones expuestas, el Tribunal Pleno concluyó que nuestro sistema jurídico reconoce a la farmacodependencia como una enfermedad que requiere tratamiento médico, y que el Estado prestará los servicios de rehabilitación u orientará al afectado sobre este tema.

II. La farmacodependencia como causa de exclusión del delito.

En el mismo recurso de revisión, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la posesión de un narcótico para consumo personal deriva de una necesidad fisiológica que obliga a un sujeto a consumir la droga: es un adicto, no un criminal, es una persona que en lugar de ser considerada delincuente, debe ser tratado como un enfermo, por lo que no debe sujetársele a proceso penal.

Esta afirmación judicial merece, por un lado, explicar a qué se refirió la Suprema Corte cuando sostuvo que el farmacodependiente no debe ser sujeto a proceso penal y, por otra, determinar si deben reunirse ciertas condiciones para que el enfermo pueda prevalerse de este beneficio.

A. Causa de exclusión del delito vs. excusa absolutoria.

La materia de la litis a resolver en el citado amparo directo en revisión 1492/2007, consistió en determinar si era constitucional el artículo 199 del Código Penal Federal, antes de la multicitada reforma de veinte de agosto de dos mil nueve, que disponía que la farmacodependencia era una excusa absolutoria y no una causa de exclusión del delito.(8) Los efectos del referido artículo 199 eran particularmente graves, pues el farmacodependiente sí podía ser sujeto a juicio para finalmente no aplicársele pena alguna. En cambio, si el sistema jurídico sólo previera que se actualizaba una causa de exclusión del delito, entonces no podría ser sujeto a proceso y sólo sería objeto de las medidas sanitarias correspondientes.

El Tribunal Pleno declaró inconstitucional el artículo 199 referido, pues sujetar a proceso a un farmacodependiente revelaba una franca violación a las garantías de igualdad, no discriminación y el derecho a la salud. Las consideraciones torales de la ejecutoria son las siguientes:

"... 4. Con base en lo anterior, se determina que el artículo 199, primer párrafo, del Código Penal Federal genera una violación al principio de igualdad, al establecer una excusa absolutoria para los farmacodependientes que posean cierto tipo de narcóticos para su consumo personal, cuando existe un artículo como el 195 que implementa una auténtica excluyente del delito para consumidores que no son farmacodependientes. Los argumentos concretos para esta inconstitucionalidad son que: a) la diferencia de tratamiento no es congruente con el respeto a la dignidad de todos los seres humanos; b) existen supuestos de hecho sustancialmente idénticos y que son abordados de diferente manera; c) la diferenciación carece de justificación objetiva y razonable, al no existir una relación de proporcionalidad ni de instrumentalidad entre los medios y fines de la norma; d) la distinción parte de la condición y estado de salud de la persona -enfermo farmacodependiente-, y e) muestra una política pública deliberada de trato desigual.

"4.1. La Primera Sala de este Alto Tribunal ha determinado que los planteamientos sobre las violaciones a la garantía de igualdad exigen someter la distinción a un análisis en que se evalúe lo siguiente: 1) si obedece objetivamente a una finalidad constitucional válida; 2) si existe una adecuación entre los medios que se establecen con la diferencia y la finalidad constitucionalmente válida que se pretende garantizar, es decir, que haya una relación de instrumentalidad o de aptitud para lograr el fin pretendido; y 3) debe verificarse que la diferencia sea proporcional, pues a pesar de tratarse de un bien constitucionalmente protegido y de que haya una adecuación entre los fines y los medios, debe evitarse la afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Esto encuentra sustento en la jurisprudencia 55/2006 de la Primera Sala, cuyo texto señala:

"‘IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).

"4.2. Asimismo, como criterios adicionales y no vinculantes, es pertinente mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la problemática de la igualdad y la discriminación en su Opinión Consultiva OC-4/84, en donde señaló que:

"‘La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.(9)

"‘Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. ...’(10)

"La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó lo siguiente (énfasis añadido):

"‘No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas.

"‘De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la ju

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22680-3ab58a0e/igualdad-y-derecho-a-la-salud-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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