FARMACODEPENDENCIA. CONSTITUYE UNA CAUSA EXCLUYENTE DEL DELITO CONDICIONADA A LAS DOSIS MÁXIMAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 479 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.
AMPARO EN REVISIÓN 576/2010. **********.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente juicio de amparo en revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2001, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve del mismo mes y año. Ello porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en juicio de amparo indirecto, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 477 de la Ley General de Salud.
SEGUNDO. Oportunidad del recurso. El recurso de revisión planteado fue interpuesto en tiempo y forma, toda vez que la sentencia recurrida se notificó a la parte quejosa por medio de lista fijada en los estrados del juzgado que resolvió el juicio de amparo el viernes veintidós de enero de dos mil diez.(1)
La notificación surtió sus efectos, de conformidad con el artículo 34, fracción II, de la ley de la materia, al día siguiente de su notificación, esto es, el lunes veinticinco de enero de dos mil diez.
Así, el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, transcurrió del veintiséis de enero al diez de febrero de dos mil diez, debiéndose descontar los días treinta y treinta y uno de enero, seis y siete de febrero del mismo mes y año, por ser todos ellos sábados o domingos y, por tanto, resultar inhábiles en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Del mismo modo, deben descontarse los días 1 y 5 de febrero, pues también resultan inhábiles en términos del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 23 de la Ley de Amparo, respectivamente.
En esas condiciones, si el recurso de revisión fue presentado en la Oficialía de Partes del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California el cinco de febrero de dos mil diez,(2) es inconcuso que el recurso de revisión fue interpuesto oportunamente.
TERCERO. Cuestiones relevantes para resolver el asunto. A continuación se sintetizan los argumentos vertidos en la demanda de amparo, en la sentencia de amparo y en el recurso de revisión.
1. Conceptos de violación. En esencia, la parte quejosa hizo valer los siguientes argumentos:
1.1. Se sometió a proceso penal a una persona que no es delincuente, sino que tiene derecho a la protección de su salud dada su condición de farmacodependiente y que, en consecuencia, está enfermo.
El auto de formal prisión impugnado transgrede lo preceptuado en el artículo 4o. constitucional, porque al quejoso no se le brindó ex ante el derecho y acceso a la protección de su salud.
Si el legislador estableció que el fin de la pena -conforme la orientación actual del derecho- es la readaptación del individuo a la sociedad, un farmacodependiente no puede recibir el trato de un delincuente, sino que tiene un problema de salud que debe ser atendido.
1.2. Con un cariz netamente humanitario, el legislador estableció, en el actual artículo 526 del Código Federal de Procedimientos Penales, que al farmacodependiente que ejerza la posesión de algún estupefaciente para estricto consumo personal, no se le sujetará a proceso penal, salvo que cometa algún otro delito. Esto es acertado si se considera que el derecho penal debe utilizarse como la última instancia.
Se actualiza la excluyente del delito prevista por artículo 15, fracción IX, del Código Penal Federal. La exclusión debe ser analizada aun tratándose del auto de formal prisión, ya que si la finalidad de la excluyente es que el farmacodependiente sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria para tratamiento, no resulta correcto mantenerlo sujeto a un proceso penal o privado de su libertad.
1.3. Si bien la cantidad de narcótico que posea un farmacodependiente, no debe quedar al arbitrio del propio toxicómano, en este caso la cantidad poseída era mínima.
2. Consideraciones del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California.
En síntesis, el Juez de Distrito negó el amparo respecto a la constitucionalidad del artículo impugnado. Para ello, argumentó en los siguientes términos:
2.1. El juzgador hizo referencia a la jurisprudencia de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", sustentada por la Primera Sala y determinó que los preceptos reclamados no vulneraban el principio de igualdad contenido en el artículo 1o., en relación con el artículo 13 constitucional.
Al respecto señaló que los artículos impugnados perseguían una finalidad constitucionalmente admisible, la cual consistía en proteger la salud de los gobernados. Señaló que dichas normas resultaban racionales porque aseguraban valores elementales sobre los cuales descansaba la convivencia humana pacífica.
La misión del derecho penal es proteger a la sociedad y esto se logra a través de medidas que llevan a la separación del delincuente peligroso por el tiempo necesario mientras que se reincorpora al medio social.
El Congreso de la Unión, en términos del artículo 73, fracciones XVI y XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está facultado para dictar leyes sobre salubridad general de la nación, así como para establecer los delitos y las faltas contra la Federación.
Así, queda confirmada la potestad punitiva del Congreso de la Unión para establecer tal ilícito. Con la finalidad de salvaguardar un bien jurídico que estimó vital, como es la salud de los gobernados. Lo anterior, con independencia de que puedan existir otras sustancias que no se han prohibido y que también pudieran envilecer al individuo y degenerar la raza humana. El legislador tiene la facultad exclusiva de decidir cuáles son las conductas antisociales que merecen ser catalogadas como delitos.
2.2. El Juez concluyó que los preceptos reclamados no establecen un trato diferenciado entre un farmacodependiente y una persona con una enfermedad diversa, en atención al bien jurídico que tutelan, sobre el particular, el juzgador se refiere a la exposición de motivos.
Para intentar fundamentar su dicho citó la jurisprudencia de rubro: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL.", sustentada por el Tribunal Pleno.
Señaló, además, que no era viable declarar inconstitucionales los preceptos reclamados, ya que se estaría dando un trato especial y privilegiado respecto del resto de la sociedad, a quien por el hecho de ser drogadicto, se le exima de punibilidad.
Agregó que los preceptos reclamados no contravienen derechos fundamentales, ni existe discriminación.
El Juez proporcionó un concepto de salud e indica que la Ley General de Salud -artículos 5o., 6o. y 7o. establece la obligación de la Secretaría de Salud de proporcionar a los inculpados o procesados, el tratamiento para la farmacodependencia. Añade que con ello se cumple con el objeto de diversos tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los pronunciamientos de su comité.
El farmacodependiente es un enfermo que requiere un tratamiento y la posesión se encuentra permitida con las restricciones de cantidad que el Estado autorice.
3. Agravios. En el recurso de revisión, la parte quejosa formuló los siguientes argumentos:
3.1. El quejoso señaló que no comparte las consideraciones del Juez de amparo en el sentido de que de conformidad con el artículo 73 fracciones XVI y XXI, de la Constitución Federal, el legislador tiene la facultad exclusiva para decidir cuáles son las conductas antisociales que merecen ser catalogadas como delitos. Al respecto, insiste en que el legislador no puede dar al farmacodependiente el trato de un delincuente.
Insistió en que la sentencia del Juez de amparo desconoció la obligación del Estado a garantizar el goce del derecho a la salud, en lugar de criminalizar al enfermo. También puso especial énfasis en la mínima cantidad de droga que portaba el sujeto en comparación con el gramaje que establece la tabla prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud.
3.2. El quejoso señaló, además, que el Juez de amparo omitió abordar y pronunciarse sobre el planteamiento hecho en el sentido de que debe operar la excluyente del delito prevista en la fracción IX del artículo 15 del Código Penal Federal. Advierte que la exclusión debe ser analizada pese a que el acto reclamado sea un auto de formal prisión.
CUARTO. Determinación de la litis. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe revisar si asiste razón al quejoso al impugnar la resolución del Juez de Distrito que negó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el decreto publicado el veinte de agosto de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, específicamente, el artículo 477 del primero de los ordenamientos citados.
Es decir, debemos verificar si asiste razón al recurrente cuando cuestiona que la disposición legal tildada de inconstitucional introduce una diferenciación injustificada entre personas enfermas, ante el trato diferenciado que se da al farmacodependiente que posee un narcótico en cantidad mayor a la dosis máxima permitida para el consumo personal e inmediato, sujetándolo a proceso penal, en comparación con el trato que se le da a otras personas enfermas por causas diversas a quienes se les proporciona atención médica especializada sin sujetarlas a proceso penal.
Para ello, será muy importante tomar en cuenta el cuestionamiento que se desprende de la argumentación planteada por el quejoso:
¿Es correcto considerar delictiva la conducta del farmacodependiente que posee un narcótico en una cantidad que excede el parámetro de dosis máximas comprendidas en el artículo 479 de la Ley General de Salud?
QUINTO. La farmacodependencia en el sistema jurídico. De la lectura integral de la demanda de amparo, sentencia y agravios, es posible advertir lo siguiente:
1. La parte quejosa fue detenida con 200 miligramos del narcótico denominado metanfetamina, motivo por el cual, en el momento procesal oportuno, se dictó en su contra auto de formal prisión por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina, previsto y sancionado en el artículo 477, en relación al 479 de la Ley General de Salud, producto de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de agosto de dos mil nueve.
2. En consecuencia, el quejoso acudió al juicio de amparo indirecto, reclamando la inconstitucionalidad del artículo 477 de la Ley General de Salud, por estimar que viola los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal; sin embargo, el Juez de Distrito negó la protección federal.
Los agravios en torno al problema de inconstitucionalidad pueden expresarse a través del siguiente silogismo:
i) Los farmacodependientes son enfermos y, por tanto, no deben ser sujetos a proceso penal;
ii) El artículo 477 de la Ley General de Salud, en relación con el artículo 479 del mismo ordenamiento legal, establece dosis máximas de consumo personal e inmediato de psicotrópicos, cuyo rebase trae consigo la sujeción a un proceso penal; y,
iii) Por tanto, la norma impugnada impide la aplicación de la causa de exclusión del delito que favorece a los farmacodependientes, lo que es inconstitucional.
Para dar contestación a los agravios, es preciso analizar, en primer lugar, las premisas referidas en los rubros i) y ii) anteriores.
I. La farmacodependencia como una enfermedad.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por mayoría de votos el amparo directo en revisión 1492/2007,(3) concluyó que la farmacodependencia debe considerarse como una enfermedad.
Aserción que deriva de las premisas siguientes:
En primer término, el artículo 74, fracción I, de la Ley General de Salud establece que la atención a las enfermedades mentales comprende la atención de alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o sustancias psicotrópicas.(4)
En segundo lugar, la farmacodependencia es una enfermedad que ha ameritado el establecimiento de programas especiales, como el previsto a partir del artículo 191 de la Ley General de Salud, denominado "Programa contra la farmacodependencia", según el cual la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General se coordinarán para la prevención y tratamiento de la farmacodependencia y, en su caso, la rehabilitación de los farmacodependientes.(5) Incluso, entre los programas de acción de la Secretaría de Salud se encuentra el de "Adicciones: Farmacodependencia".
En tercer lugar, y sólo como mera referencia teórica, distintos organismos internacionales, como la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de la oficina de drogas y crimen, se ha pronunciado en el sentido de que la farmacodependencia es una enfermedad que debe ser atendida y valorada por los distintos Estados.
Además que, en diversos criterios de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha determinado que la toxicomanía o farmacodependencia es considerada como una enfermedad y, precisamente por ello, no debe ser castigada. Algunos de esos criterios son los siguientes:
"ENERVANTES, POSESIÓN DE. Aunque el uso de enervantes no se considera delictuoso, en razón de que la toxicomanía es una enfermedad, ello no excluye la posibilidad de que el vicioso incurra en el delito de posesión de enervantes, en cuanto la cantidad que de las drogas tenga resulte notoriamente desproporcionada o exagerada para la satisfacción individual del toxicómano."(6)
"ENERVANTES, POSESIÓN Y USO DE. Cabe observar que la posesión de un enervante sin los permisos especiales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia agota el tipo delictivo previsto y sancionado por el artículo 194 del Código Penal Federal. Es cierto que esta Suprema Corte de Justicia ha considerado que el uso de enervantes no es delictuoso en virtud de que la toxicomanía es una enfermedad; mas esta tesis sólo puede tener aplicación cuando existe un dictamen médico legal que diagnostique la toxicomanía del inculpado."(7)
"TOXICÓMANOS, NO ES PUNIBLE LA TENENCIA DE DROGA ESTRICTAMENTE NECESARIA PARA LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS. Si bien es cierto que esta Suprema Corte ha sostenido que la posesión de la droga por los toxicómanos no es punible y que deben, en vez de ser penados, ser sometidos a un tratamiento médico para su curación, ello está subordinado a que la posesión de la droga sea la estrictamente necesaria para la satisfacción de su enfermedad o vicio."(8)
El Tribunal Pleno hizo hincapié en el sentido de que incluso el Código Federal de Procedimientos Penales, en sus artículos 523 y 524, antes de la reforma que tuvo lugar el veinte de agosto de dos mil nueve, consideraba a los farmacodependientes como personas enfermas,(9) pues de otra manera no se explicaría por qué el Ministerio Público no debía proceder penalmente contra este grupo de personas cuando se les encuentra en posesión de la droga necesaria para su consumo y debe hacer del conocimiento de la autoridad sanitaria esa situación para que dicte las medidas necesarias para su rehabilitación.
Actualmente, el artículo 523 del mismo ordenamiento legal continúa refrendando la obligación del Ministerio Público consistente en que al iniciar la averiguación previa, dará aviso a la autoridad sanitaria correspondiente, cuando un farmacodependiente cometa un delito, a fin de que dicha autoridad intervenga en los términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 199, segundo párrafo, del Código Penal Federal, también producto de la reforma de veinte de agosto de dos mil nueve:
"Artículo 199. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto conozca que una persona relacionada con algún procedimiento por los delitos previstos en los artículos 195 o 195 Bis, es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.
"En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente.
"Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a la farmacodependencia, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora."
El artículo 481 de la Ley General de Salud, actualmente en vigor, establece en similares términos lo siguiente:
"Artículo 481. El Ministerio Público o la autoridad judicial del conocimiento, tan pronto identifique que una persona relacionada con un procedimiento es farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las autoridades sanitarias competentes, para los efectos del tratamiento que corresponda.
"En todo centro de reclusión se prestarán servicios de rehabilitación al farmacodependiente.
"Para el otorgamiento de la condena condicional o del beneficio de la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como antecedente de mala conducta el relativo a que se le haya considerado farmacodependiente, pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora."
Y finalmente, la Ley General de Salud en su artículo 478 reconoce que la farmacodependencia amerita tratamiento médico:
"Artículo 478. El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.
"El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria de la entidad federativa donde se adopte la resolución con el propósito de que ésta promueva la correspondiente orientación médica o de prevención. La información recibida por la autoridad sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar identidades, para fines estadísticos."
De las consideraciones expuestas, el Tribunal Pleno concluyó que nuestro sistema jurídico reconoce a la farmacodependencia como una enfermedad que requiere tratamiento médico, y que el Estado prestará los servicios de rehabilitación u orientará al afectado sobre este tema.
II. La farmacodependencia como causa de exclusión del delito.
En el mismo recurso de revisión, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la posesión de un narcótico para consumo personal deriva de una necesidad fisiológica que obliga a un sujeto a consumir la droga: es un adicto, no un criminal, es una persona que en lugar de ser considerada delincuente, debe ser tratado como un enfermo, por lo que no debe sujetársele a proceso penal.
Esta afirmación judicial merece, por un lado, explicar a qué se refirió la Suprema Corte cuando sostuvo que el farmacodependiente no debe ser sujeto a proceso penal y, por otra, determinar si deben reunirse ciertas condiciones para que el enfermo pueda prevalerse de este beneficio.
A. Causa de exclusión del delito vs. excusa absolutoria.
La materia de la litis a resolver en el citado amparo directo en revisión 1492/2007, consistió en determinar si era constitucional el artículo 199 del Código Penal Federal, antes de la multicitada reforma de veinte de agosto de dos mil nueve, que disponía que la farmacodependencia era una excusa absolutoria y no una causa de exclusión del delito.(10) Los efectos del referido artículo 199 eran particularmente graves, pues el farmacodependiente sí podía ser sujeto a juicio para finalmente no aplicársele pena alguna. En cambio, si el sistema jurídico sólo previera que se actualizaba una causa de exclusión del delito, entonces no podría ser sujeto a proceso y sólo sería objeto de las medidas sanitarias correspondientes.
El Tribunal Pleno declaró inconstitucional el artículo 199 referido, pues sujetar a proceso a un farmacodependiente revelaba una franca violación a las garantías de igualdad, no discriminación y el derecho a la salud.
Las consideraciones torales de la ejecutoria son las siguientes:
"4. Con base en lo anterior, se determina que el artículo 199, primer párrafo, del Código Penal Federal genera una violación al principio de igualdad, al establecer una excusa absolutoria para los farmacodependientes que posean cierto tipo de narcóticos para su consumo personal, cuando existe un artículo como el 195 que implementa una auténtica excluyente del delito para consumidores que no son farmacodependientes. Los argumentos concretos para esta inconstitucionalidad son que: a) la diferencia de tratamiento no es congruente con el respeto a la dignidad de todos los seres humanos; b) existen supuestos de hecho sustancialmente idénticos y que son abordados de diferente manera; c) la diferenciación carece de justificación objetiva y razonable, al no existir una relación de proporcionalidad ni de instrumentalidad entre los medios y fines de la norma; d) la distinción parte de la condición y estado de salud de la persona -enfermo farmacodependiente-; y, e) muestra una política pública deliberada de trato desigual.
"4.1. La Primera Sala de este Alto Tribunal ha determinado que los planteamientos sobre las violaciones a la garantía de igualdad exigen someter la distinción a un análisis en que se evalúe lo siguiente: 1) si obedece objetivamente a una finalidad constitucional válida; 2) si existe una adecuación entre los medios que se establecen con la diferencia y la finalidad constitucionalmente válida que se pretende garantizar, es decir, que haya una relación de instrumentalidad o de aptitud para lograr el fin pretendido; y 3) debe verificarse que la diferencia sea proporcional, pues a pesar de tratarse de un bien constitucionalmente protegido y de que haya una adecuación entre los fines y los medios, debe evitarse la afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Esto encuentra sustento en la jurisprudencia 55/2006 de la Primera Sala, cuyo texto señala:
"‘IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe).
"4.2. Asimismo, como criterios adicionales y no vinculantes, es pertinente mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la problemática de la igualdad y la discriminación en su Opinión Consultiva OC-4/84, en donde señaló que:
"‘La noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.(11)
"‘Sin embargo, por lo mismo que la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. ...’.(12)
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó lo siguiente (énfasis añadido):
"‘No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas.
"‘De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.’(13)
"Al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas pueden dar a sus destinatarios, es importante hacer referencia a lo señalado por la propia Corte Interamericana en el sentido de que ‘no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana’.(14) En ese tenor, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, basándose en ‘los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos’, advirtió que sólo es discriminatoria una distinción cuando ‘carece de justificación objetiva y razonable’.(15)
"Pueden establecerse distinciones basadas en desigualdades de hecho, que constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en que se encuentran.(16) Por ejemplo, una desigualdad sancionada por la ley se refleja en el hecho de que los menores de edad que se encuentran detenidos en un centro carcelario no pueden ser recluidos conjuntamente con las personas mayores de edad que se encuentran también detenidas. Otro ejemplo de estas desigualdades es la limitación en el ejercicio de determinados derechos políticos en atención a la nacionalidad o ciudadanía.
"Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado también que:
"‘Es importante, entonces, buscar los criterios que permitan determinar si una diferencia de trato, relacionada, por supuesto, con el ejercicio de uno de los derechos y libertades establecidos, contraviene el artículo 14 (del Convenio Europeo de Derechos Humanos).
"‘Al respecto, la Corte, siguiendo los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de Estados democráticos, ha sostenido que el principio de igualdad de trato se viola si la distinción carece de justificación objetiva y razonable. La existencia de tal justificación debe evaluarse en relación con el propósito y los efectos de la medida en consideración, tomando en cuenta los principios que normalmente prevalecen en las sociedades democráticas. Una diferencia de trato en el ejercicio de un derecho establecido en la convención no sólo debe buscar un fin legítimo: el artículo 14 se viola igualmente cuando se establece de manera clara que no hay una relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el fin que se busca llevar a cabo.’(17)
"Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que:
"‘No habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas. De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana.’(18)
"Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al analizar el aspecto que nos interesa, entre otras cosas, ha señalado que ‘el derecho a la igualdad ante la ley no puede asimilarse al derecho a un igual resultado de los procedimientos judiciales referentes a la misma materia’.(19) En el caso ‘Marín Ramírez’ la comisión consideró que una limitación al derecho a recurrir decisiones del consejo de Estado no era discriminatoria porque los objetivos -garantizar los principios de intangibilidad de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y de jerarquía dentro del poder judicial- eran legítimos y no era irrazonable permitir la revisión de sentencias de cierta instancia y, al mismo tiempo, negar la revisión de las emanadas de las máximas autoridades del Poder Judicial.(20)
"Por otra parte, la comisión aplicó la Opinión Consultiva OC-4/84 a los derechos políticos en el caso Aylwin, resumiendo la doctrina con las palabras siguientes: ‘... los Estados pueden diferenciar situaciones y establecer categorías para determinados grupos de individuos, siempre que se persiga un fin legítimo y que la clasificación guarde una razonable y justa relación con la finalidad perseguida por el ordenamiento jurídico’.(21)
"La Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos ha establec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22677-6562cb4f/farmacodependencia-constituye-una-causa-excluyente-del-delito-condicionada · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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