PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO, INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE. VALOR AGREGADO. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LA REFORMA CONSISTENTE EN EL INCREMENTO DE LA TASA GENERAL Y FRONTERIZA DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIEZ, NO VULNERA LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 72 CONSTITUCIONALES (DECRETO PUBLICADO EL SIETE DE DICIEMBRE DE 2009).
AMPARO EN REVISIÓN 552/2010. **********.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 47, en relación con los artículos 14 a 17 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de abril de dos mil ocho; y conforme al punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado en el órgano oficial de difusión aludido el veintinueve de junio del citado año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo en el que se cuestionó la constitucionalidad de un ordenamiento federal, como lo es la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diez, subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado.
Cabe señalar que en el caso no se justifica la competencia del Tribunal Pleno para conocer del presente asunto, en términos del punto tercero, fracción III del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que la resolución del mismo no implica la fijación de un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional ni reviste un interés excepcional.
SEGUNDO. Oportunidad del recurso. El recurso de revisión planteado por la quejosa fue interpuesto en tiempo y forma, pues de las constancias de autos se advierte que la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, le fue notificada personalmente a la parte quejosa el veinte de mayo de dos mil diez(7) y surtió efectos el día veintiuno siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, fracción II, de la Ley de Amparo.
Así, el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, empezó a correr el día veinticuatro de mayo de dos mil diez y concluyó el día cuatro de junio siguiente, descontando los días veintinueve y treinta de mayo por haber sido sábado y domingo, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En tales condiciones, dado que de autos se desprende que el recurso de revisión fue presentado ante la Oficialía de Partes del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el veintiocho de mayo último, resulta evidente que se interpuso oportunamente.
TERCERO. Cuestiones que deben quedar firmes. El punto resolutivo único de la sentencia recurrida, en virtud del cual se niega el amparo a la quejosa, es dependiente de lo expuesto en el punto considerativo quinto de dicha decisión, mismo que se refiere a dos cuestiones, ambas planteadas en la demanda de garantías, a saber:
- La supuesta violación a los artículos 71 y 72 constitucionales, que se desprendería de la supuesta omisión, por parte de los órganos autorizados constitucionalmente para tal efecto, de presentar la iniciativa de ley en virtud de la cual se propondría el aumento de un punto porcentual a la tasa del impuesto al valor agregado, modificación ésta que habría sido introducida indebidamente -según sostiene la quejosa- por la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados; y,
- La supuesta violación al artículo 92 constitucional, en virtud de que el secretario de Hacienda y Crédito Público no habría refrendado el decreto legislativo señalado como acto reclamado, a pesar de tratarse de normatividad propia de la materia fiscal.
En este contexto, debe destacarse que el concepto de agravio planteado se refiere sólo al primero de dichos argumentos, lo que pone de manifiesto que la recurrente decidió no exponer razonamiento alguno en contra de las consideraciones del Juez de Distrito, a través de las cuales negó el amparo en relación con la falta de refrendo por parte del secretario de Hacienda y Crédito Público, en lo que se refiere al decreto legislativo que destacó como acto reclamado.
Consecuentemente, debe quedar firme la parte final del considerando quinto de la sentencia impugnada, que se ocupa de la supuesta falta de refrendo por parte del mencionado secretario, declaratoria ésta que desde luego no abarca a las diversas consideraciones por las cuales se negó el amparo en relación con la supuesta falta de iniciativa al proyecto de ley que dio lugar a la modificación de la tasa del impuesto al valor agregado.
CUARTO. Problemática jurídica a resolver. En el presente asunto deberá dilucidarse si los argumentos vertidos en el único agravio planteado por la ahora recurrente, resultan suficientes para desvirtuar las consideraciones que sustentan la negativa del amparo y que pudieran dar lugar al otorgamiento de la protección constitucional en la revisión.
En particular, deberá analizarse si se transgreden los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, al haber sido reformado el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a través del "Decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado", publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de diciembre de dos mil nueve.
QUINTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. A continuación se sintetizan los argumentos que serán estudiados en esta instancia:
1. En relación con la demanda de garantías, deben tomarse en cuenta los planteamientos formulados por la parte quejosa en el único concepto de violación que hizo valer.
1.1. En el único concepto de violación, la sociedad impetrante sostiene que el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en dos mil diez, contenido en el "Decreto que reforma diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado", vulnera las formalidades esenciales del proceso legislativo que se encuentran reguladas en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, dado que no contiene la iniciativa de reforma que propusiera el aumento de un punto porcentual a la tasa del quince por ciento del aludido gravamen, que estuvo vigente en dos mil nueve.
Afirma que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se arrogó la facultad de incrementar el referido punto porcentual a la tasa del impuesto al valor agregado, vulnerando de esa forma los artículos 71 y 72 constitucionales.
Señala que entre las iniciativas de reformas de ley correspondientes al programa económico para el año dos mil diez, presentadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, no figura la relativa a la Ley del Impuesto al Valor Agregado en la que se hubiese propuesto la reforma de su artículo 1o. para aumentar un punto porcentual a la tasa del impuesto relativo vigente en dos mil nueve; ni que tampoco se observa iniciativa por parte de algún integrante de la Cámara de Diputados o la de Senadores.
2. En relación con dichos planteamientos, el Juez de Distrito formuló la respuesta que a continuación se sintetiza:
2.1. El juzgador de primera instancia fijó los actos reclamados, precisando que la quejosa reclamó la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de diciembre de dos mil nueve, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que hace a su artículo 1o.
2.2. En cuanto a la certeza de los actos reclamados, el Juez de Distrito señaló que resultaban ciertos los atribuidos a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como integrantes del Congreso de la Unión, del presidente de la República, del secretario de Gobernación y del director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la aprobación, promulgación, refrendo y publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, el siete de diciembre de dos mil nueve, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por lo que hace a su artículo 1o., vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diez.
2.3. Posteriormente, el juzgador de primera instancia declaró infundadas las causales de improcedencia hechas valer por la Cámara de Senadores y el presidente de la República, previstas en el artículo 73, fracciones V y XVIII, esta última en relación con los numerales 22, fracción I, 114, fracción I y 80, todos de la Ley de Amparo; la primera de ellas, relativa a la supuesta falta de interés jurídico de la quejosa para acudir al amparo; mientras que la segunda se planteó en relación con el acto de aplicación de la norma reclamada, la temporalidad que la quejosa tendría para interponer el juicio de garantías y la ausencia de beneficio alguno que, de concederse el amparo, obtendría la quejosa.
2.4. En lo que se refiere al análisis del concepto de violación planteado por la parte quejosa, el Juez de Distrito negó el amparo, al estimar infundado e inoperante los argumentos hechos valer en el mismo, de conformidad con las siguientes consideraciones:
2.4.1. Sostiene que en el presente caso, la iniciativa relativa al incremento de un punto porcentual en la tasa del impuesto al valor agregado fue presentada por la Cámara de Diputados, lo que se advertiría del dictamen de la comisión respectiva, apreciable en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de fecha veinte de octubre de dos mil nueve, número 2870-BI y B-II.
Señala que la Cámara de Diputados sí está facultada para realizar las modificaciones y/o observaciones necesarias para reformar los artículos relativos, siendo que los integrantes de la comisión dictaminadora de dicha Cámara, al considerar el conjunto de medidas propuestas por el Ejecutivo Federal en materia de imposición indirecta, propusieron efectuar una modificación y, de esa forma, enriquecer los proyectos para su discusión y aprobación, cumpliendo con sus atribuciones constitucionales.
En virtud de ello -sostiene el Juez de Distrito- el incremento del punto porcentual del que se duele la quejosa se encuentra apegado al proceso legislativo, puesto que existió una iniciativa formulada por el Poder Ejecutivo que buscaba la creación de la contribución contra la pobreza, misma que, una vez analizada y discutida, no fue avalada en sus términos por la comisión respectiva, proponiéndose entonces el incremento señalado en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Asimismo, el Juez de Distrito afirma que debe distinguirse de entre las violaciones de carácter formal en el proceso legislativo las que trasciendan de manera fundamental a la norma, y las que no tengan tal consecuencia; precisando que los proyectos de ley aprobados por el Congreso de la Unión, cumplen con las formalidades trascendentes para ello, por lo que su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario, como en el caso lo pretendería hacer valer la quejosa.
2.4.2. Por otro lado, el juzgador se pronuncia en torno a lo planteado por la quejosa a través del capítulo de actos reclamados, en el que acusó la violación al artículo 92 de la Constitución Federal, en virtud de que el decreto impugnado carecería de la firma del secretario de Hacienda y Crédito Público.
El Juez a quo considera que lo anterior es infundado, en razón de que la materia del decreto está constituida, en rigor, por la orden de publicación del presidente de la República para su debida observancia, pero no por la materia de la ley o decreto oportunamente aprobados por el Congreso de la Unión, razón por la que el decreto respectivo única y exclusivamente requiere para su validez constitucional de la firma del secretario de Gobernación, cuyo ramo administrativo resulta afectado por dicha orden de publicación, toda vez que es el acto que emana de la voluntad del titular del Ejecutivo Federal.
En ese contexto -señala el juzgador de amparo- no es necesaria la exigencia de la firma del secretario o secretarios de Estado a quienes corresponda la materia de la ley o decreto que se promulgue o publique, pues sería tanto como refrendar un acto que ya no proviene del presidente de la República, sino del órgano legislativo.
Finalmente, el Juez de Distrito advierte que la interpretación planteada por la parte quejosa no tiene fundamento en el artículo 92 constitucional, o en ningún otro del mismo ordenamiento, razón por la que si "... la Ley del Impuesto al Activo forma parte de un decreto del Congreso de la Unión, cuya promulgación le corresponde al presidente de la República, el decreto que expida no necesita el refrendo del secretario de Hacienda y Crédito Público, sino únicamente del secretario de Gobernación ...".
3. Los razonamientos de la recurrente, encaminados a combatir la negativa del amparo, son los que se resumen a continuación:
3.1. Por conducto de su único agravio, la recurrente insiste en los argumentos esgrimidos en la demanda de garantías, en torno a la supuesta violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, en el proceso legislativo a través del cual se reformó la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en particular, por lo que respecta al incremento en el punto porcentual que llevó a la tasa al dieciséis por ciento; igualmente reitera que no existió iniciativa de ley, y que fue la comisión dictaminadora la que "se arrogó" el derecho respectivo, sin estar facultada para ello.
Posteriormente, sostiene que no le asiste la razón al Juez de Distrito en torno a la calificativa otorgada a los argumentos esgrimidos en la demanda de garantías, dado que, en contravención al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, no atiende de manera clara y precisa al acto reclamado, en el que se habría probado que el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, violenta las formalidades esenciales que para el proceso legislativo se encuentran reguladas en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal.
Al respecto, la recurrente agrega que el contenido de la sentencia que impugna acreditaría lo dicho en la demanda inicial, en el sentido de que, entre el paquete económico para dos mil diez presentado por el Ejecutivo, no figura la iniciativa que daría lugar a la modificación de la tasa del tributo aludido, insistiendo en que tampoco algún diputado o senador habría formulado tal iniciativa. Finalmente, la inconforme de nueva cuenta reitera los argumentos plasmados en su escrito inicial de demanda, a fin de corroborar que se violentarían en su perjuicio los artículos 71 y 72 constitucionales.
SEXTO. Estudio de fondo. Tal y como ha sido detallado, a través del agravio único, la quejosa recurrente insiste en la inconstitucionalidad del decreto legislativo que aumentó la tasa del gravamen de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, aduciendo que el mismo se encontraría viciado, al no haber contado con una iniciativa de ley específicamente propuesta por el órgano competente para ello, toda vez que habría sido la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados la que incorporó tal propuesta en el dictamen.
Dichos argumentos se enderezan en contra de la decisión de primera instancia que negó el amparo, manifestando esencialmente que se trataría de un vicio formal que no trasciende de manera fundamental a la norma, y que de cualquier manera debía tomarse en cuenta que sí existió una iniciativa del Ejecutivo, que buscaba la creación de la contribución contra la pobreza, misma que, habiendo sido discutida, no habría sido avalada por la comisión respectiva, proponiéndose entonces el incremento señalado a la tasa del impuesto al valor agregado.
Pues bien, esta Primera Sala estima que los planteamientos expresados en vía de agravio resultan infundados, de conformidad con las consideraciones que se exponen a continuación, con base en precedentes del Tribunal Pleno, los cuales dieron lugar, al analizar la constitucionalidad de diversos procesos legislativos, a la jurisprudencia número P./J. 43/2006, de rubro: "RENTA. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, CUMPLE CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."(8)
Para estar en aptitud de resolver el problema planteado, es conveniente tomar en cuenta lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, mismos que respectivamente establecen lo siguiente:
"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
"I. Al presidente de la República;
"II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y
"III. A las Legislaturas de los Estados.
"Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las Legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates."
"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
"A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.
"B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.
"C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara Revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
"Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.
"D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara Revisora, volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.
"E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara Revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
"F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.
"G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.
"H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.
"I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra Cámara.
"I (sic). El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.
"Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente."
Del análisis de los preceptos transcritos, así como de otras disposiciones constitucionales que resultan aplicables, se desprende, en lo que interesa a este estudio, lo siguiente:
A. El Poder Legislativo Federal es ejercido por el Congreso de la Unión, que se divide en dos Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores;
B. En el artículo 73 se establecen las facultades que corresponde ejercer a ambas Cámaras del Congreso, entre otras, la de legislar en materia de contribuciones en términos de sus fracciones VII, XXIX-A y XXX; por tanto, no es una facultad exclusiva de alguna de ellas, al no ubicarse esa atribución en alguno de los supuestos previstos en los artículos 74 o 76 constitucionales;
C. Además, en los artículos 74 y 76 se establecen las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y del Senado, siendo las de la primera, entre otras, examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior;
D. El artículo 71 autoriza iniciar el procedimiento legislativo al presidente de la República, a los diputados y a los senadores que componen el Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de los Estados;
E. El artículo 72 señala que todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, como es el caso del presupuesto de egresos de la Federación que corresponde a la de diputados, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones; y
F. Salvo en las materias de: 1) empréstitos; 2) contribuciones o impuestos; y, 3) sobre reclutamiento de tropas, la Cámara de Diputados fungirá como Cámara de Origen; en los demás casos (de la competencia concurrente de ambas Cámaras) la formación de leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de ellas, en los términos del punto precedente.
Como puede apreciarse, el indicado precepto constitucional establece un requisito de orden para la validez del proceso legislativo consistente en que en la formación de leyes o de decretos que versaren, entre otras materias, sobre contribuciones o impuestos, deben discutirse en primer lugar en la Cámara de Diputados.
En ese tenor, si el proyecto de ley o decreto se vincula o versa sobre contribuciones o impuestos, sea en su aspecto material, accesorio o formal, debe cumplirse invariablemente con ese requisito, en virtud de que no se evidencia del texto o de los antecedentes legislativos del señalado artículo 72, inciso H, que sólo deba colmarse cuando se trate de un impuesto o tributo nuevo, o de modificaciones a sus elementos esenciales.
En este sentido, debe observarse que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga las mismas facultades legislativas tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, cuando éstas actúan de manera bicameral.
Es importante dejar en claro que la iniciativa de ley o decreto, como causa eficiente que pone en marcha el mecanismo de creación de la norma general para satisfacer y atender las necesidades que requieran cierta forma de regulación, fija de alguna manera el debate parlamentario en la propuesta contenida en la misma, sin que ello signifique que la discusión no pueda abordar otros temas que por razón de su íntima vinculación con la del proyecto deban regularse también para ajustarlos a la nueva normatividad.
Así, por virtud de la potestad legislativa que tienen los asambleístas para modificar y adicionar el proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden cambiar la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de que se trate, se insiste, la Constitución no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o motivos que dieron origen al proyecto de ley o decreto, antes bien, lo permite.
Estas consideraciones del Tribunal Pleno, expuestas -entre otros- en la ejecutoria correspondiente al amparo en revisión 820/2005, resuelto el treinta de enero de dos mil seis por unanimidad de diez votos (ausente el señor Ministro Gudiño Pelayo), aportan elementos valiosos para resolver el presente caso.
En efecto, en aquella ocasión, el Tribunal Pleno resolvió sobre la constitucionalidad de un proceso legislativo en el que la Cámara de Senadores -al recibir un proyecto presentado por el Ejecutivo y discutido originalmente en la Cámara de Diputados, que lo aprobó parcialmente- habría formulado modificaciones a preceptos que no habían sido materia de debate en la Cámara de Origen, mismas que fueron posteriormente aprobadas por la Cámara de Diputados.
Al analizar dichas circunstancias, se determinó que el hecho de que los proyectos de ley o decreto que versen sobre contribuciones o impuestos deban discutirse primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en la de Senadores, sólo constituye una excepción a la regla general de que las iniciativas de ley o decreto pueden presentarse indistintamente en cualquiera de las Cámaras, pero no implica restricción o limitación al ejercicio de las facultades legislativas que la Norma Fundamental otorga también a la Cámara de Senadores, ya que a ambas compete legislar sobre esa materia en términos de los artículos 73, fracciones VII, XXIX-A y XXX, 74 y 76 de la Constitución Federal. Es decir, el orden que debe seguirse para la discusión de las iniciativas de leyes que versen sobre aquellas materias -primero, en la Cámara de Diputados y, luego, en la de Senadores- no convierte a estos últimos en simples sancionadores de los actos de los primeros, pues al no existir prescripción constitucional alguna en ese sentido, debe concluirse que la Cámara Senadores, aun en esos supuestos, se encuentra, al igual que su colegisladora, en plena aptitud de realizar todos aquellos actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley dictaminado por aquélla.
De la misma manera, puede ahora concluirse que las facultades que se desprenden de los artículos 71 y 72 constitucionales y, en especial, la de presentar iniciativas de leyes, no implica que por cada modificación legislativa que se busque establecer, deba existir una específica iniciativa de ley, sino que las atribuciones que de manera general señalan dichas disposiciones, permiten apreciar que no existe una limitante al respecto, quedando a juicio de los órganos participantes en el proceso legislativo, el modificar una propuesta determinada, lo cual abarca la posibilidad de proponer una alteración a la legislación vigente -diversa a la iniciativa formulada por cualquiera de los facultados a través del artículo 71 constitucional-. Igualmente, puede afirmarse que las Cámaras que integran el Congreso de la Unión se encuentran en plena aptitud de realizar todos aquellos actos que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del sentido en el que hubiere sido originalmente presentado.
Así, bastará con que se haya presentado una iniciativa en términos del artículo 71 constitucional que -por utilizar una expresión específica- abra la discusión sobre la posibilidad de modificar, reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al Congreso de la Unión para limitar su debate a la materia como originalmente fue propuesta y sólo para las disposiciones en ella incluidas, por lo que claramente existe la posibilidad de realizar nuevas modificaciones al proyecto.
De esta forma, si la propuesta del Ejecutivo contemplaba la posibilidad de reformar -entre otros- el texto de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el que la Cámara de Diputados no haya aprobado un aspecto, perfectamente puede permitirle analizar otras disposiciones del mismo ordenamiento -como podría ser la tasa del tributo- a fin de realizar las reformas o adiciones correspondientes, sin que ello requiriera de una nueva iniciativa de ley.
Y si se considera que el Tribunal Pleno determinó que lo dispuesto por el inciso "H" del artículo 72 de la Constitución Federal no implica "... que las atribuciones legislativas de la Cámara de Senadores, de modificar, adicionar o desechar en parte un proyecto de ley o dictamen enviado por la Cámara de Origen, queden anuladas ... limitándose
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22823-22916d49/proceso-legislativo-las-camaras-que-integran-el-congreso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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