FUSIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES. PROCEDE OTORGAR LA SUSPENSIÓN DE SUS EFECTOS, CUANDO DICHA MEDIDA PUDIERA OCASIONAR DAÑOS Y PERJUICIOS A LA SOCIEDAD MERCANTIL, CON INDEPENDENCIA DE QUIÉN SEA LA PARTE OPOSITORA A LA FUSIÓN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE UNA FIANZA.
AMPARO EN REVISIÓN 51/2010. **********.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En la materia de la revisión y competencia de este Tribunal Colegiado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que la parte recurrente aduce, esencialmente, que es infundado que la autoridad de amparo considere que el artículo 224 de la legislación citada no prevé expresamente que para que surta efectos la suspensión de la fusión de sociedades mercantiles derivada de la oposición judicial de sus acreedores, éstos deban garantizar mediante fianza los posibles daños y perjuicios que se les pueda causar en caso de que la oposición resulte infundada.
Ello, pues atiende en forma aislada e individual al artículo 224 citado, sin interpretarlo de forma integral con el resto de las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Señala que, con lo anterior, permite que continúe suspendida la fusión, lo cual ocasiona que deje de obtener beneficios económicos, operativos, administrativos, fiscales, entre otros.
Continúa manifestando que es infundado que la autoridad de amparo considerara que no aplica de manera supletoria o análoga el artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debido a que dicho artículo sólo es aplicable para los accionistas de una sociedad en relación con la oposición de éstos a las determinaciones de la asamblea general de accionistas, aunado a que tal argumento no fue planteado en la demanda de amparo indirecto.
Lo anterior, porque sostiene la quejosa que el artículo 228 del ordenamiento citado señala expresamente que en la transformación de las sociedades, como lo es una fusión, también se aplicará lo previsto por el artículo 202 referido. Además, refiere que de la interpretación integral de los conceptos de impugnación se advierte que sí desvirtuó el supuesto consistente en que el artículo 202 no es aplicable al caso que nos ocupa; por tanto, no es exclusiva su aplicación en la oposición de resoluciones tomadas en asambleas de accionistas.
Por último, la parte recurrente aduce, sustancialmente, que la suspensión de una fusión de sociedades mercantiles tiene la naturaleza de una providencia precautoria, consistente en detener o secuestrar los efectos jurídicos de un acto. Señala que la Ley General de Sociedades Mercantiles no regula en términos claros y precisos el otorgamiento de providencias precautorias.
En ese sentido, manifiesta que es infundado que la autoridad de amparo determinara que no es necesario aplicar supletoriamente a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la regulación de las medidas precautorias previstas en el Código de Comercio, pues el caso concreto está regulado en forma expresa por la ley citada.
Esto es así, según la impetrante, porque si bien es cierto que el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé el otorgamiento de la providencia precautoria consistente en la suspensión de la fusión de sociedades, también lo es que el resto de tal ordenamiento no regula en forma completa, clara y precisa dicha providencia precautoria; en consecuencia, ante tal omisión es necesario acudir al Código de Comercio para determinar las particularidades de su otorgamiento.
Los motivos de inconformidad vertidos en este apartado son esencialmente fundados.
En efecto, contrariamente a lo determinado en la sentencia recurrida, este Tribunal Colegiado estima que, en los casos de oposición a la fusión de una sociedad mercantil por el acreedor de alguna de las sociedades que se fusionan, sí procede como requisito de efectividad en relación con la suspensión a dicha fusión, que se fije fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a las sociedades mercantiles que pretenden fusionarse a cargo del acreedor opositor.
Ciertamente, para dar claridad a lo anterior, en primer lugar, es importante precisar que la acción en el juicio de origen deriva de la fusión de sociedades mercantiles que se encuentra prevista en el capítulo IX de la Ley General de Sociedades Mercantiles, denominado: "De la fusión, transformación y escisión de las sociedades". Los artículos relacionados con la primera figura jurídica son a partir del 222 y hasta el 226 del capítulo en cita. Los preceptos 227 y 228 subsecuentes se refieren a la transformación de las sociedades y el artículo 228 Bis prevé lo relacionado con la escisión de éstas.
En esta tesitura, el capítulo IX citado prevé tres figuras jurídicas diferentes en relación con las sociedades mercantiles: a) la fusión; b) la transformación; y, c) la escisión.
La fusión de sociedades mercantiles consiste en que dos sociedades se integran y pasan a formar una nueva, o bien, una de ellas se extingue y es absorbida por la que va a subsistir, incorporándose ésta a aquélla. Ello significa que para que exista una fusión de sociedades mercantiles es necesaria la intervención de más de una sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de este tribunal, visible en la página 1624, de marzo de 2004, Tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "SOCIEDADES MERCANTILES. LA ADQUISICIÓN DE UNO O VARIOS CRÉDITOS COMO CONSECUENCIA DE LA FUSIÓN, NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA CESIÓN DE ÉSTOS. De conformidad con el artículo 2033 del Código Civil para el Distrito Federal, la cesión de créditos es una figura jurídica autónoma, un contrato integrado por elementos personales como lo son el cesionario, el cedente y el deudor o tercero, que como acuerdo de voluntades requiere de la armonía en el consentimiento por lo menos del cedente y del cesionario, obedece invariablemente a una causa y engloba la transmisión de derechos que se practica a través de un negocio entre dos o más personas, que responde al interés primordial de que circule el crédito, motivado por una causa o fin último; por su parte, de acuerdo con el artículo 222 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la fusión implica que dos sociedades se integren y pasen a formar una nueva, o que una de ellas se extinga y sea absorbida por la que va a subsistir, incorporando ésta a aquélla; en este caso, hablando de la fusión, si una persona moral se extingue y es absorbida por otra que subsiste, esta última es adquirente de la posesión o propiedad de los bienes que pertenecían a la sociedad que dejó de existir por una simple transmisión o traslado, en la inteligencia de que esa transferencia patrimonial es consecuencia de la fusión que se verificó entre las dos empresas, es decir, la causa fue la fusión y el efecto la transmisión de los bienes propiedad de la persona extinguida, a la que subsistió. Siguiendo esa lógica, es dable concluir que en tratándose de una cesión de créditos, la transmisión de una parte del patrimonio de una empresa es consecuencia de un acuerdo entre el cedente y el cesionario, a veces en conjunción con el del deudor, lo que significa que la causa será siempre la intención de transmitir parte del patrimonio, ceder un crédito y el efecto, que las partes vean satisfechos los intereses que los llevaron a consentir esa cesión; por tanto, la adquisición de uno o varios créditos por una sociedad que absorbió a otra por medio de una fusión no debe interpretarse como una cesión que ésta haya hecho a aquélla, porque el traslado patrimonial operó por la sola fusión y no atiende a necesidades accesorias o intereses distintos, como el que la sociedad absorbida haya pretendido financiarse o garantizar un crédito, ni tampoco es la circulación del crédito el interés de las sociedades fusionadas."
Por lo que se refiere a la transformación de las sociedades mercantiles, el artículo 227 de la ley en cita prevé lo siguiente:
"Artículo 227. Las sociedades constituidas en alguna de las formas que establecen las fracciones I a V del artículo 1o., podrán adoptar cualquier otro tipo legal. Asimismo podrán transformarse en sociedad de capital variable."
En ese sentido, el artículo 1o. del ordenamiento en cita, en lo conducente, dispone:
"Artículo 1o. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles:
"I. Sociedad en nombre colectivo;
"II. Sociedad en comandita simple;
"III. Sociedad de responsabilidad limitada;
"IV. Sociedad anónima;
"V. Sociedad en comandita por acciones, y ..."
Es decir, la ley permite que una sociedad mercantil de las previstas en las fracciones I a V del artículo 1o. citado, se transforme, lo que significa que sea la propia sociedad ya creada, la que puede optar por un nuevo tipo legal.
En consecuencia, la transformación de una sociedad mercantil opera cuando el ente jurídico abandona su esquema de origen y decide modificar su estructura para adoptar otro, dentro de los reconocidos por la ley.
Por último, en lo relativo a la escisión de las sociedades mercantiles, de conformidad con el artículo 228 Bis del ordenamiento citado, ésta surge cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o bien, cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación.
En este orden de ideas, es dable concluir que las figuras jurídicas en estudio, si bien es cierto que son distintas, también lo es que guardan una similitud sustancial en su finalidad, pues las tres formas implican la modificación de una sociedad mercantil.
Ahora bien, una vez precisado en qué consiste cada una de las figuras jurídicas citadas, es importante destacar que de conformidad con el artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, las decisiones que tomen las sociedades mercantiles respecto de su fusión, transformación y escisión, deben tomarse en una asamblea extraordinaria. En efecto, el artículo citado en este apartado, dispone:
"Artículo 182. Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos:
"I. Prórroga de la duración de la sociedad;
"II. Disolución anticipada de la sociedad;
"III. Aumento o reducción del capital social;
"IV. Cambio de objeto de la sociedad;
"V. Cambio de nacionalidad de la sociedad;
"VI. Transformación de la sociedad;
"VII. Fusión con otra sociedad;
"VIII. Emisión de acciones privilegiadas;
"IX. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de goce;
"X. Emisión de bonos;
"XI. Cualquiera otra modificación del contrato social, y
"XII. Los demás asuntos para los que la ley o el contrato social exija un quórum especial.
"Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo."
En este apartado, cabe aclarar que por lo que hace a la toma de decisiones en asamblea extraordinaria en relación con el acuerdo de escisión de una sociedad mercantil, ésta encuentra su fundamento en lo previsto en la fracción XI en relación con los artículos 228 Bis, fracción I y 34 del ordenamiento en cita, que disponen:
"Artículo 228 Bis. Se da la escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación.
"La escisión se regirá por lo siguiente:
"I. Sólo podrá acordarse por resolución de la asamblea de accionistas o socios u órgano equivalente, por la mayoría exigida para la modificación del contrato social; ..."
"Artículo 34. El contrato social no podrá modificarse sino por el consentimiento unánime de los socios, a menos que en el mismo se pacte que pueda acordarse la modificación por la mayoría de ellos. En este caso la minoría tendrá el derecho de separarse de la sociedad."
En ese sentido, para que pueda existir un acuerdo en relación con la escisión de una sociedad mercantil, se requiere la mayoría exigida para la modificación del contrato social, la cual será, en primer lugar, por el consentimiento unánime de los socios, a menos que en éste se hubiere convenido que la modificación se realizaría por la mayoría de ellos.
En tal virtud, al existir una remisión del artículo 228 Bis a las reglas generales de la modificación del contrato social, es evidente que la escisión debe considerarse como tal y, por tanto, cualquier determinación en relación con dicha figura jurídica deberá ser acordada en asamblea extraordinaria de conformidad con lo previsto en el artículo 182, fracción XI, citado.
Una vez aclarado lo anterior, tomando en consideración que las determinaciones respecto de la fusión, la transformación y la escisión de las sociedades mercantiles deben ser tomadas en asambleas extraordinarias, la Ley General de Sociedades Mercantiles prevé, en su artículo 201, el derecho de los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social, a oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales entre las que se incluyen las asambleas extraordinarias, de conformidad con el artículo 179 del ordenamiento citado. Los artículos referidos en este apartado disponen:
"Artículo 179. Las asambleas generales de accionistas son ordinarias y extraordinarias. Unas y otras se reunirán en el domicilio social, y sin este requisito serán nulas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor."
"Artículo 201. Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas generales, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos:
"I. Que la demanda se presente dentro de los quince días siguientes a la fecha de la clausura de la asamblea;
"II. Que los reclamantes no hayan concurrido a la asamblea o hayan dado su voto en contra de la resolución, y
"III. Que la demanda señale la cláusula del contrato social o el precepto legal infringido y el concepto de la violación.
"No podrá formularse oposición judicial contra las resoluciones relativas a la responsabilidad de los administradores o de los comisarios."
Asimismo, la ley en cita prevé que la ejecución de la resolución impugnada pueda suspenderse por el Juez, siempre que los actores (accionistas) dieren fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse a la sociedad, por la inejecución de dichas resoluciones; lo anterior como requisito de efectividad de la suspensión. Ello se prevé en el artículo 202 del ordenamiento en cita que establece:
"Artículo 202. La ejecución de las resoluciones impugnadas podrá suspenderse por el Juez, siempre que los actores dieren fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad, por la inejecución de dichas resoluciones, en caso de que la sentencia declare infundada la oposición."
En la especie, de una revisión integral de las constancias de autos, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que, en el juicio de origen, la hoy tercera perjudicada reclamó en la vía ordinaria mercantil de la parte entonces demandada, ahora recurrente, las siguientes prestaciones:
"1. La suspensión de la fusión celebrada entre las sociedades **********, como fusionante, y **********, como fusionada, durante la tramitación del proceso y hasta que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente juicio.
"2. Se declare fundada la oposición hecha valer por mi representada a la fusión celebrada entre **********, como fusionante, y **********, como fusionada y, por tanto, la misma no surta efectos legales frente a terceros, por las razones que se exponen en el capítulo de hechos.
"3. Como consecuencia de la declaración anterior, se deje sin efectos la presente fusión hasta que ********** y **********, paguen de forma inmediata o garanticen mediante depósito los créditos que adeudan a **********, y que ascienden a la cantidad de $142'500,000.00 (ciento cuarenta y dos millones quinientos mil pesos 00/100 moneda nacional); así como los intereses ordinarios y moratorios que, en su caso, se hayan generado o se generen hasta la liquidación de los adeudos.
"4. El pago de los gastos y costas que el presente juicio origine."
De la transcripción anterior se colige que la acción principal en el juicio de origen consiste en la oposición judicial a la fusión de sociedades mercantiles, prevista en el segundo párrafo del artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual dispone:
"Artículo 224. La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior.
"Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, podrá oponerse judicialmente en la vía sumaria, a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada.
"Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión, y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas."
En ese sentido, en el juicio de origen se está en presencia de una oposición a la fusión de sociedades mercantiles, por parte de un acreedor de las sociedades que pretenden fusionarse.
Ahora bien, de una interpretación armónica de los artículos 202 (transcrito con anterioridad) y 224 (que se refiere en este apartado), ambos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se advierte que hacen alusión a la misma figura jurídica consistente en la oposición a la determinación que se ha acordado por una sociedad mercantil, consistente en su fusión. Además, en los dos casos se determina que podrá suspenderse la ejecución de la citada determinación, sin embargo, en el primero se prevé expresamente la obligación de otorgar una fianza como requisito de efectividad, lo que no se establece en el segundo precepto.
De ahí que este tribunal advierta que si bien es cierto que, en principio, el precepto 224 citado pudiera estimarse incompleto en relación con el otorgamiento de una garantía, también lo es que debe entenderse que la intención legislativa es la misma, por lo que es dable aplicar los requisitos que prevé el artículo 202 referido para la efectividad de la suspensión a la prevista en el artículo 224 en cita, máxime que, incluso, el artículo 228 del la ley de la materia relativo a la transformación de las sociedades mercantiles remite al artículo 202 de referencia, al constituir un artículo anterior al capítulo IX que contiene el 228 citado y, si bien es cierto que la transformación de una sociedad mercantil no es la misma figura jurídica que la fusión, también lo es que ambas guardan semejanzas, en virtud de ser una de las formas a que se refiere el capítulo IX de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mediante las cuales se modifican dichas sociedades. En efecto, el artículo 228 en cita, dispone:
"Artículo 228. En la transformación de las sociedades se aplicarán los preceptos contenidos en los artículos anteriores de este capítulo."
Por lo que, en el caso concreto, es aplicable el artículo 202 citado, en el entendido de que el legislador es un ser racional y regula expresamente un supuesto de hecho, queriendo reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes a aquél, máxime que su actividad constituye un sistema y, como tal, requiere que las situaciones similares obtengan igual trato.
De esta manera, puede estimarse que en los casos en que se hace valer la acción de oposición a la ejecución de los acuerdos tomados en la asamblea de accionistas por parte de uno de ellos, prevista en los artículos 201 y 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como en los casos en que se demanda la acción de oposición de la fusión por parte de un acreedor, tercero en la operación respectiva, de conformidad con el artículo 224 del ordenamiento citado, existe la misma ratio legis y, por ello, sí puede aplicarse lo dispuesto en el primer precepto a la figura prevista en el último citado.
Lo anterior, precisamente por la importancia de esas cuestiones y porque la suspensión de la ejecución de los acuerdos de fusión puede ocasionar daños y perjuicios a la sociedad mercantil. En ese sentido, fue que el legislador previó la figura de la fianza como requisito de efectividad para que opere la suspensión de las modificaciones de las sociedades mercantiles acordadas en las asambleas, de conformidad con el artículo 202 del ordenamiento en cita.
Es por ello que este tribunal advierte que debe aplicarse para la eficacia de la suspensión a la fusión de sociedades mercantiles por un acreedor, el supuesto previsto para la suspensión de la oposición de los acuerdos de la asamblea por un accionista, pues en ambos casos existe la misma necesidad de garantizar a la sociedad mercantil los posibles daños y perjuicios que se le ocasionen con la suspensión.
En el entendido de que la finalidad de la suspensión en ambos casos es la misma, la de paralizar los efectos de la ejecución de la determinación, lo que conlleva a que no se puedan verificar actos tendientes a la fusión respectiva. Sin que existan diferencias en las consecuencias de la suspensión, pues siendo por accionista, o bien, por un tercero acreedor, la afectación será la misma y, en consecuencia, la posibilidad de que se generen daños y perjuicios a la sociedad mercantil de resultar infundada la acción será idéntica, con independencia de quién sea la parte opositora.
Insistiendo en que, si bien es cierto que el artículo 202 citado se refiere a los accionistas y el artículo 224 hace alusión a un acreedor de la sociedad que pretende fusionarse, también lo es que no hace que varíen las consecuencias de la suspensión, más aún porque cuando la ley le concede el derecho al acreedor de oponerse a la fusión, ya lo está legitimando para el ejercicio jurisdiccional de la acción, que también se prevé a favor de los accionistas.
Ante lo anterior, donde existe la misma razón debe haber la misma disposición; por tanto, si se permite la acción de oposición a una fusión por un accionista y por un acreedor, y en ambos casos se prevé la suspensión de la ejecución de la citada determinación, es evidente que los requisitos que se establecen en un caso deben aplicarse al otro.
Máxime que no puede dejarse de observar que, si la ley establece el otorgamiento de una garantía por parte de los accionistas opositores que son los directamente afectados con la determinación de la fusión quienes incluso pudieron haberse opuesto en la asamblea en la que se acordó lo anterior, con mayor razón procede que la otorgue un acreedor que intenta una acción similar y que es una persona extraña a la sociedad.
De ahí lo fundado del agravio de la parte recurrente, pues contrariamente a lo manifestado por la autoridad de amparo, en el caso concreto resulta aplicable lo previsto en el artículo 202 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y, por tanto, si se solicita la suspensión de la ejecución de la determinación que ha acordado la fusión de la sociedad mercantil, debe otorgarse una fianza para que con ésta se garanticen los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad por la inejecución de dicha resolución, con independencia de la parte que intente la acción.
Además, no debe pasar desapercibido lo previsto por los artículos 223 y 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que disponen:
"Artículo 223. Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio y se publicarán en el Periódico Oficial del domicilio de las sociedades que hayan de fusionarse. Cada sociedad deberá publicar su último balance y aquella o aquellas que dejen de existir, deberán publicar, además, el sistema establecido para la extinción de su pasivo."
"Artículo 225. La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas.
"El certificado en que se haga constar el depósito, deberá publicarse conforme al artículo 223."
De los preceptos invocados se advierte que la fusión podrá surtir plenamente sus efectos al momento de su inscripción en el Registro Público de Comercio, si se conviene respecto del pago de las deudas de las sociedades que se fusionen; si se constituye el depósito de su importe en una institución de crédito; o bien, si consta el consentimiento de todos los acreedores.
Es decir, para que la fusión surta sus efectos de manera inmediata se impone una obligación a las sociedades mercantiles en relación con las deudas contraídas por las sociedades mercantiles que están siendo objeto de la operación de fusión.
En consecuencia, si se impone la obligación a las sociedades de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago a su cargo para efecto de que la fusión surta efectos inmediatos, a ello le debe corresponder una obligación a cargo del acreedor que intenta la oposición contra los efectos de la fusión.
Por consiguiente, si la ley otorga el derecho a la suspensión a favor del acreedor opositor, no obstante que deba garantizarse el adeudo en términos del artículo 225 citado; en correspondencia debe considerarse que dicha suspensión conlleva la obligación a cargo de éste de garantizar los posibles daños y perjuicios que pueda ocasionar a las empresas fusionadas la suspensión de resultar infundada su pretensión de oposición.
Más aún, es importante destacar que la suspensión por oposición a la fusión prevista en el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles constituye una medida cautelar y sus efectos consisten en paralizar la ejecución de la fusión, en tanto se resuelve la acción intentada por el acreedor opositor.
En la especie, mediante escrito presentado el dieciocho de febrero de dos mil nueve, la hoy tercera perjudicada solicitó al Juez de origen una medida provisional a fin de salvaguardar sus derechos como acreedor, para que no se le causen daños irreparables.
Ahora bien, la doctrina ha definido a la medida precautoria o providencia cautelar como un instrumento que puede decretar el juzgador para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave e irreparable a las partes o a la sociedad con motivo de la tramitación de un proceso; lo anterior con el objeto de que la sentencia de fondo que llegue a dictarse tenga eficacia práctica.
En relación con las providencias precautorias, el Código de Comercio contempla todo un capítulo y, en particular, en sus artículos 1168, 1179 y 1182 dispone lo siguiente:
"Artículo 1168. Las providencias precautorias podrán dictarse:
"I. Cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda;
"II. Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real;
"III. Cuando la acción sea personal, siempre que el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia y se tema que los oculte o enajene."
"Artículo 1179. Cuando se pida un secuestro provisional sin fundarlo en título ejecutivo, el actor dará fianza de responder por los daños y perjuicios que se sigan, ya porque se revoque la providencia, ya porque, entablada la demanda sea absuelto el reo."
"Artículo 1182. De toda providencia precautoria queda responsable el que la pide; por consiguiente, son de su cargo los daños y perjuicios que se causen."
De los preceptos citados se advierte que el Código de Comercio establece el alcance de la responsabilidad de la parte que solicita una medida cautelar, pues prevé que puedan ocasionarse daños y perjuicios a la persona contra la que ésta se solicita, y dispone que se fije una fianza para garantizar lo anterior.
Asimismo, el código citado en este apartado establece en su artículo primero lo siguiente:
"Artículo 1o. Los actos comerciales sólo se regirán por lo dispuesto en este código y las demás leyes mercantiles aplicables."
En ese sentido, el Código de Comercio y las leyes mercantiles rigen los actos comerciales. En consecuencia, el sistema mercantil en general, prevé las providencias precautorias y dispone que se fije una fianza para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a la persona contra la que se solicita una medida cautelar; por tanto, si una solicitud de medida precautoria puede ocasionar éstos, debe requerirse una fianza respectiva para la eficacia de la garantía solicitada.
Ello, porque nuestro sistema mercantil de manera integral dispone la protección de los derechos de la persona contra la que se pide la garantía. Por tanto, al pertenecer la Ley General de Sociedades Mercantiles a este sistema, no es dable desconocer la intención de éste.
En tal virtud, es evidente la intención del sistema mercantil y, con ello, la procedencia de una fianza para garantizar los daños o perjuicios que pudiera ocasionar la suspensión de la fusión a las sociedades mercantiles objeto de la operación. Lo que de suyo corrobora que, aun de manera supletoria, sí existe la obligación legal del solicitante de la suspensión de la fusión a otorgar una garantía a efecto de que ésta opere.
En las relatadas condiciones, ante lo fundado de los motivos de inconformidad de la parte recurrente, lo procedente en la materia de la revisión es revocar la sentencia impugnada y conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito deje insubsistente la resolución de catorce de octu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22861-0279183a/fusion-de-sociedades-mercantiles-procede-otorgar-la-suspension · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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