AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS SI SE DICTA POR HECHOS DELICTIVOS RESPECTO DE LOS CUALES OPERÓ LA PRESCRIPCIÓN, NO OBSTANTE QUE EN AQUELLA DETERMINACIÓN SE HAYA RECLASIFICADO EL DELITO POR EL QUE SE LIBRÓ LA ORDEN DE APREHENSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
AMPARO EN REVISIÓN 59/2010. **********.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El agravio que se analizará es fundado y suficiente para modificar la sentencia recurrida y otorgar al quejoso la protección constitucional solicitada, en los términos que se precisarán en esta ejecutoria.
A efecto de evidenciar el por qué de esa afirmación, es conveniente precisar que de las constancias que integran el duplicado del proceso penal número **********, que remitió el Juez Sexto del ramo penal en esta ciudad, en vía de informe justificado, aparece lo siguiente:
• El quince de septiembre de dos mil tres, compareció ********** ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, a formular denuncia y/o querella en contra de ********** por el delito que resultara en agravio de su menor hija **********.(4)
• En esa misma fecha compareció ante el referido representante social la menor **********, asistida de su padre **********, a denunciar los siguientes hechos:
"... que hace dos domingos, yo me encontraba en la casa de mi abuelita **********, y ahí vivo con mi mamá, y era en la tarde, y yo me encontraba en mi cuarto y estaba acomodando mis juguetes, y entró ********** a mi cuarto y me dijo mira ********** veme, y se bajó el pantalón y me enseñó el pilín (refiriéndose al pene), y estaba grande y me salí corriendo porque me asusté, y me dijo que no le dijera a nadie, porque me iba a pegar, y va todas las noches a platicar con mis tíos y también fuma y toma, y es cuando me pega y me jala los cabellos y me tumbó al suelo, y es cuando mi mamá se queda dormida y a mi mamá también un día le aventó una ficha de tazo, y yo le tengo miedo porque es grande y tengo miedo de que me vaya hacer algo o de que me siga pegando, y ya no quiero regresar a la casa de mi abuelita porque él está ahí ..."(5)
• Posteriormente, el siete de noviembre de dos mil tres compareció nuevamente ante el órgano investigador la menor **********, asistida de su progenitor, a manifestar los siguientes hechos:
"... que ********** cuando yo vivía con mi mamá ********** en la casa de mi abuelita **********, y mi abuelita ********** vende cerveza y ********** le daba cerveza a mi mamá ********** y ella me la daba a mi y me decía que me la tomara, que no pasaba nada, y me dio dos veces cerveza y yo me tomé nomás la mitad de la cerveza y sabía a cigarro feo, y esto lo hacía mi mamá en la noche, y mi abuelita ********** también toma cerveza, y ********** dos veces cuando yo me quedé en el cuarto donde nos dormimos **********, mi mamá y yo, y yo estaba sola y mi mamá se bajaba a la sala, ********** iba y me asustaba y me quitó dos veces mi calzón y mi pantalón y me puso su pene en mi pipí (la menor se señala su vagina), y su pene estaba aguado, y a mi me ardió mi pipí y me dolió, y me metió su dedo en mi pipí y esto fue dos veces, y una vez me agarró mis ‘chiches’ (la menor se señala sus senos, tocándoselos), y fue arriba de mi blusa, y ********** fumaba cigarros y él los hacía con una yerbita verde, y los cigarros eran blancos, y a ********** se le ponían los ojos rojos cuando se fumaba la yerbita y olía feo, y poquitas veces yo vi cuando ********** le ponía su pene a mi mamá en su pipi y ********** le quitaba toda la ropa a mi mamá y mi mamá a él, y ********** le chupaba a mi mamá su cuello y mamá le chupaba el cuello a él, y el pene de ********** estaba parado y se veía duro, y esto lo vi poquitas veces, cuando yo estaba ya viviendo con mi papá ********** y con mi abuelita **********; me habló mi mamá por teléfono y me dijo que me iban a golpear como a mi papá si decía las cosas de ********** y me dijo que me iban a robar ella y **********, y yo tengo miedo salir a la calle y no quiero estar con mi mamá **********, y yo quiero que metan a la cárcel a ********** muchos años y que no salga ..."(6)
• El treinta de enero de dos mil cuatro, el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Especializado en Delitos Sexuales y en Violencia Intrafamiliar, ejercitó acción penal en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación, previsto y sancionado en los artículos 150, 152, fracciones I, II y III y 156 del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de la menor **********, solicitando se librara la correspondiente orden de aprehensión.(7)
• El seis de junio de dos mil cinco, el Juez Sexto del Ramo Penal en esta ciudad, a quien correspondió conocer del asunto, libró orden de aprehensión en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 148, párrafo segundo, del Código Penal vigente en el Estado,(8) en agravio de la menor ********** (sic) "... al haberse reclasificado el delito de violación por el cual el Ministerio Público había ejercitado acción penal ..."(9)
• Dicha orden de captura fue ejecutada el diez de noviembre de dos mil nueve, en que ********** fue puesto a disposición de la autoridad judicial,(10) quien decretó su detención(11) y lo examinó en vía de preparatoria el doce de noviembre siguiente,(12) otorgándole su libertad provisional bajo caución.(13)
• Por escrito de doce de noviembre de dos mil nueve **********, en su carácter de defensor de **********, manifestó lo siguiente:
"De conformidad con el artículo 90 de la ley sustantiva penal del Estado, la prescripción extingue la acción penal y, para ello, basta el transcurso del tiempo señalado en la ley, ésta será declarada de oficio o a petición de parte; en los términos del artículo 91 de la ley en comento, la prescripción se cuenta desde la cesión (sic) de la consumación y desde el día en que se realizó la última conducta, y el término para la prescripción de la acción penal corresponde a un plazo igual al medio aritmético de la pena de prisión que señala la ley para el delito de que se trate. En el presente caso se imputa el delito previsto por el artículo 148 de la ley ya mencionada que le corresponde una pena de 2 a 5 años de prisión, por lo que el término medio aritmético para la prescripción de la acción penal es de 2 años, sin embargo, en los términos del artículo 93 de la tan citada ley, en ningún caso será menor de tres años. En el orden de ideas anteriores desde la fecha que se consumó el delito e incluso de la orden de aprehensión a la fecha de ejecución de la misma, transcurrieron con exceso los tres años que la ley fija como término medio aritmético del delito imputado, por lo cual, a petición de parte y aun de oficio, se debe declarar que ha operado la prescripción de la acción penal. En los términos anteriores solicito: Único. Con base en los razonamientos expuestos, declarar dentro del término constitucional que ha operado a favor del indiciado ********** la prescripción de la acción penal."(14)
• El diecisiete de noviembre de dos mil nueve, dentro de la ampliación del término constitucional solicitado por la defensa, se dictó auto de formal prisión en contra de **********, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual calificado, previsto y sancionado en el artículo 148, párrafo cuarto, del Código Penal vigente en el Estado,(15) en agravio de la menor **********.(16)
En dicha resolución, el Juez responsable expresó, en relación con la solicitud planteada por el defensor del inculpado, lo siguiente:
"... No es impedimento el hecho de que el defensor del procesado mediante escrito recibido en el local de este juzgado el día 12 doce de noviembre del año 2009, dos mil nueve, manifieste que, en el presente caso, ha operado la prescripción de la acción penal, al haber transcurrido más de tres años de que aconteció el delito, no obstante debe decirse que el hoy acusado promovió juicio de garantías número **********, ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado, el cual causó ejecutoria el día 1o. de agosto del año dos mil seis y, si atendemos a que el delito por el cual se le libró orden de aprehensión tiene una pena de 2 a 5 años de prisión, por lo que la pena aritmética es de 3 años y 6 meses, de conformidad con el artículo 93 del Código Penal del Estado, por lo tanto, no ha transcurrido el tiempo necesario para que opere la prescripción, pues ésta se interrumpió con la promoción de la demanda de garantías promovida por el inculpado."(17)
En contra de esta resolución, ********** promovió el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente recurso de revisión.
En sus conceptos de violación el impetrante de garantías adujo, en esencia:
1. Que había operado la prescripción de la acción penal porque "... se están juzgando hechos del 15 de septiembre del 2003, y de esa fecha a la de la captura o ejecución de la orden de aprehensión transcurrió con exceso el término medio aritmético de la pena a imponer que sería en el delito de abuso sexual, de dos a cinco años de prisión y calificada aumentada hasta en una mitad, por lo cual procede la prescripción prevista por los artículos 93 del Código Penal y el plazo cuenta desde el día en que se dice se realizó el delito de que se habla del 15 de septiembre del 2003."
2. Que "... respecto de la prescripción, el juzgador señala que se suspendió con una supuesta promoción de un juicio de garantías, sin embargo, conforme a la tesis que enseguida se transcribe este procedimiento no suspende la prescripción de la acción penal, por lo cual, sin duda, existe un error de apreciación en los hechos y, además, la prescripción debe hacerse valer de oficio. ... Al efecto invoca el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro dice: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO POR EL INCULPADO NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUELLA FIGURA JURÍDICA.’."
3. Que "... en relación con el cuerpo del delito se toma como base la declaración de **********, quien únicamente habla de un ********** que no corresponde al suscrito, pero además, la menor habla de una supuesta violación y el certificado médico dice lo contrario, por lo cual su testimonio está viciado y no puede constituir prueba y, además, la perito médico legista falta a la verdad al decir que por el tiempo se pueden pasar las huellas de violencia, cuando es un hecho evidente que toda penetración deja huellas que no se borran con el tiempo, y respecto del dictamen psicológico, basta leer el mismo para ver que no está debidamente motivado, pero además, una psicóloga no puede determinar sobre esos extremos y basta leer qué fines lleva la carrera de psicología ...";
4. Que "... respecto de la orden de aprehensión se dictó únicamente por el delito de abuso sexual, por lo cual, para la prescripción, debió de tomarse la pena de éste, ya que la calificativa se dictó hasta la formal prisión ..."; y
5. Que, por último, "... los datos que sirvieron de base para la formal prisión y para la presunta responsabilidad penal son insuficientes y no se dio cumplimiento a los requisitos del artículo 19 de la Constitución General de la República, que establece lo que debe de llenar un auto de formal prisión. ..."
La secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargada del despacho, otorgó al quejoso la protección constitucional solicitada, argumentando, en esencia, lo siguiente:
1. Que procedía, en suplencia de la queja, conceder al quejoso el amparo, porque la resolución reclamada no satisfacía los requisitos de fundamentación y motivación exigidos en el artículo 16 constitucional, toda vez que la autoridad responsable "... omite valorar las pruebas conforme a las reglas de apreciación correspondiente, precisar los medios de prueba que integran cada elemento constitutivo del delito, así como expresar el razonamiento jurídico correspondiente que deje de manifiesto cómo se adecuan los hechos a la respectiva hipótesis y, por último, cómo se integra la prueba circunstancial conforme a la cual llega a la conclusión de que se integra la materialidad del delito y la presunta responsabilidad del indiciado en su comisión. ..."; y
2. Que, en tal virtud, lo procedente era otorgar al quejoso la protección constitucional solicitada para el efecto de que el Juez responsable "... deje sin efecto la resolución combatida y dicte la que en derecho proceda con libertad de jurisdicción, la cual puede ser en el mismo sentido, pero purgando los vicios formales y pronunciándose sobre lo omitido y, en su caso, reitere las consideraciones que no fueron motivo de concesión. Esto es: 1o. Para que deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el diecisiete de noviembre de dos mil nueve. 2o. Con libertad de jurisdicción, pero fundando y motivando su resolución, emita otro en el que: a) Valore los medios de prueba que obran en la indagatoria, acorde a las reglas de justipreciación correspondientes, destacando los hechos que de cada uno se desprenden y que hacen que encajen en la respectiva hipótesis legal. b) Precise las pruebas que integran cada uno de los elementos constitutivos del delito de que se trata. c) Exprese el razonamiento jurídico de adecuación. d) Establecer el hecho incriminador a través del cual arriba a la conclusión de que se integra la prueba circunstancial. Ello al establecer la materialidad del delito y esto último, además, en lo que se refiere a la probable responsabilidad del indiciado ..."
Por último, en relación con el concepto de violación en que el quejoso alegó que, en el caso, había operado la prescripción de la acción penal, la a quo expresó lo siguiente:
"... Sin que sea óbice para lo anterior la circunstancia de que el quejoso manifieste que en el caso ha operado la prescripción a su favor, pues si bien la interposición de un juicio de amparo no interrumpe el término para que opere, como lo expuso la responsable, dicho término inicia, no a partir de la fecha en que se dieron los acontecimientos que motivaron el ejercicio de la acción penal, sino a partir de la emisión de la orden de aprehensión, seis de junio de dos mil cinco y, para ello, deberá tomarse en cuenta el término medio aritmético de la pena de prisión que señala la ley para el delito de que se trate conforme al artículo 93 del Código Penal del Estado, por lo que, en el caso, el término no ha transcurrido si se atiende a que para la penalidad se debe tomar en cuenta el párrafo cuarto del citado numeral 148 del ordenamiento legal invocado que dice: ... ‘De igual manera, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará hasta en una mitad si el delito fuese cometido por persona que tenga parentesco por consanguinidad, por afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima aunque no exista parentesco alguno, así como por el tutor o curador, asimismo, perderá la patria potestad respecto a todos sus descendientes, el derecho a alimentos que le correspondiera por su relación con la víctima y el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de ésta ...’."(18)
Ahora bien, esta última afirmación -la cual es combatida expresamente por el recurrente- se estima incorrecta, en razón de que para el cómputo de la prescripción de la acción penal debe atenderse a la penalidad aplicable al delito establecido en cada fase que integra el procedimiento, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 65/2008, cuyos rubro y texto dicen:
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PARA SU CÓMPUTO DEBE ATENDERSE A LA PENALIDAD APLICABLE AL DELITO ESTABLECIDO EN CADA FASE QUE INTEGRA EL PROCEDIMIENTO PENAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tanto al obsequiarse la orden de aprehensión como al dictar el auto de formal prisión, debe fijarse el delito, ya sea en forma simple o con sus respectivas calificativas, modalidades o modificativas; de ahí que en cualquier fase del procedimiento penal, el plazo para que opere la prescripción debe computarse a partir del establecimiento del delito que se le atribuye al probable responsable. Así, la prescripción se actualiza en cada etapa procesal, tomando en cuenta el delito por el cual se emite la determinación respectiva, atendiendo a si existen o no calificativas sobre el ilícito establecido y conforme a la legislación correspondiente. Esto es, debe considerarse la pena del delito configurado atribuido al responsable, ya sea básico o con todas sus modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, lo cual deriva en la obligación constitucional y legal de todo juzgador consistente en que al emitir una orden de aprehensión, auto de formal prisión, apelación o cualquier otro acto durante el proceso determine, según el delito de que se trate, los datos que acrediten los elementos del tipo penal, no sólo para precisar la figura delictiva básica, sino también para que, de ser el caso, se configure su específica referencia a un tipo complementado, subordinado o cualificado, pues no debe perderse de vista que durante el proceso penal pueden actualizarse diferentes fases, por lo que deben determinarse con precisión sus elementos constitutivos, incluyendo las modificativas o calificativas que, en su caso, surjan de los hechos materia de la etapa procesal de que se trate. Por tanto, debe tomarse en cuenta el delito determinado por el cual se sigue el procedimiento, en cualquiera de sus fases, de manera que la prescripción quedará condicionada al transcurso del término establecido para la sanción que corresponda al delito concreto señalado en cada etapa procesal. Lo anterior es así, porque conforme al principio de seguridad jurídica, en cada una de ellas puede modificarse el delito, por lo que si al obsequiar la orden de aprehensión se le atribuye al probable responsable determinado ilícito, el término para que opere la prescripción se computará de acuerdo a los plazos previstos en la legislación correspondiente, y si al dictado del auto de formal prisión se le ubica en uno diverso, ya sea básico o con calificativas, el indicado término se computará de acuerdo a la penalidad aplicable a esta nueva valoración del delito, y de igual forma tendrá que hacerse en cada una de las fases que integran el procedimiento penal." (Primera Sala, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, tesis 1a./J. 65/2008, página 117).
Como se aprecia de la citada tesis de jurisprudencia, para que opere la prescripción de la acción penal debe tomarse en consideración la pena correspondiente al delito de que se trate en la fase procedimental respectiva.
Así, la prescripción se actualiza en cada etapa procesal tomando en cuenta el delito por el cual se emite la determinación respectiva, atendiendo a si existen o no calificativas sobre el ilícito establecido.
Esto es, para el cómputo del plazo prescriptivo debe considerarse la pena del delito configurado atribuido al probable responsable, ya sea básico o con todas sus modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, por el cual se sigue el procedimiento.
Luego entonces, si en la especie, la a quo consideró que no operaba la prescripción a favor del quejoso, aquí recurrente, basándose para ello en que aún no había transcurrido el término medio aritmético de la pena de prisión, prevista en el artículo 148, párrafo cuarto, del Código Penal vigente en el Estado, relativa al delito de abuso sexual calificado, por el que se le decretó el auto de formal prisión, que constituye el acto reclamado, es inconcuso que la a quo desatendió que para el cómputo del plazo prescriptivo alegado por el quejoso debía tomarse en cuenta la penalidad del delito por el cual se emitió el mandamiento de captura, esto es, la correspondiente al delito de abuso sexual (tipo básico), previsto y sancionado en el artículo 148, párrafo segundo, del Código Penal vigente en el Estado.
En efecto, se afirma que la a quo debió atender a la penalidad del delito de abuso sexual, en su configuración básica, pues era ésta la que regía la situación jurídica del quejoso al momento de su aprehensión.
Así es, como se destacó en la reseña efectuada con antelación, los hechos que originaron la causa penal de origen fueron denunciados el quince de septiembre de dos mil tres.
El treinta de enero de dos mil cuatro, el agente del Ministerio Público del fuero común ejercitó acción penal en contra del quejoso, ahora recurrente, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación y solicitó la orden de aprehensión correspondiente -circunstancia que interrumpió la prescripción-.
Posteriormente, el seis de junio de dos mil cinco, el Juez Sexto del ramo penal en esta ciudad libró orden de aprehensión en contra del quejoso, aquí inconforme, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado en el artículo 148, párrafo segundo, del Código Penal vigente en el Estado.
Dicha orden de captura fue ejecutada el diez de noviembre de dos mil nueve, en que el quejoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
Finalmente, el diecisiete de noviembre de dos mil nueve, dentro de la ampliación del término constitucional, se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, ahora recurrente, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso sexual calificado, previsto y sancionado en el artículo 148, párrafo cuarto, del Código Penal vigente en el Estado.
Como se aprecia de lo anterior, la prescripción alegada por el quejoso, aquí recurrente, se refiere al lapso de tiempo que medió entre el libramiento de la orden de aprehensión y la ejecución de la misma.
Por tanto, para efectuar el cómputo de la prescripción de la acción penal la a quo debió atender a la penalidad del delito que se le atribuía al momento del libramiento de la orden de captura, derivada del ejercicio de la acción persecutoria, pues si el Ministerio Público estimó actualizado el ilícito de violación y la orden de aprehensión se obsequió por el diverso delito de abuso sexual (tipo básico), siendo bajo esta conducta que el indiciado quedó sub júdice a la autoridad judicial; por tanto, su situación jurídica, al momento de ser aprehendido, se encontraba regida por la figura de abuso sexual en su configuración básica, con independencia de que, con posterioridad, al resolverse sobre su situación jurídica, se hubiese reclasificado el delito al de abuso sexual calificado.
Por consiguiente, resulta ilegal que la a quo desestimara el concepto de violación formulado por el quejoso en relación con la actualización a su favor de la prescripción de la acción penal, tomando como referencia la penalidad para el delito de abuso sexual calificado, previsto y sancionado en el artículo 148, párrafo cuarto, del Código Penal vigente en el Estado, por el que se le decretó el auto de formal procesamiento que se reclama.
Precisado lo anterior, debe decirse que lo alegado por el quejoso en el sentido de que, en el caso, operó a su favor la prescripción de la acción penal, resulta fundado, por las siguientes razones.
En efecto, en los artículos 90, 91 y 93 del Código Penal vigente en el Estado se establece:
"Artículo 90. La prescripción extingue la acción penal y las sanciones, es personal y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte. Los plazos para la prescripción se duplicarán respecto de quienes se encuentren fuera del territorio nacional, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción."
"Artículo 91. Los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán: I. A partir del momento en que la autoridad tenga conocimiento de la consumación del delito, si éste fuere instantáneo; II. Desde el día en que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado, y III. Desde la cesación de la consumación, en el delito permanente."
"Artículo 93. La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena de prisión que señale la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años."
Ahora bien, el delito de abuso sexual (tipo básico), por el que se libró la orden de aprehensión en contra del quejoso, se encuentra previsto en el artículo 148 del Código Penal vigente en el Estado, en el cual se dispone:
"Artículo 148. Comete el delito de abuso sexual quien, sin el consentimiento de una persona ejecuta en ella o la hace ejecutar un acto erótico sexual, sin el propósito directo de llegar a la cópula.
"Este delito se sancionará con dos a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de diez a cien días de salario mínimo. ..."
Dicho ilícito, en orden a su consumación, es instantáneo, porque el resultado y la lesión al bien jurídico penalmente protegido (la libertad y el normal desarrollo psicosexual) se producen de manera concomitante en que el activo ejecuta sobre la víctima un acto sexual o la obliga a ejecutarlo, es decir, su realización total es inmediata, por lo que el momento a partir del cual inicia el cómputo del plazo prescriptivo es aquel en que la autoridad tiene conocimiento de la consumación del mismo.
En el caso, como se precisó, los hechos fueron denunciados ante la autoridad ministerial el quince de septiembre de dos mil tres, por lo que es a partir de ese momento en que inicia el referido cómputo.
Sin embargo, al haber ejercitado acción penal el agente del Ministerio Público en contra de ********** por su probable responsabilidad en el delito de violación, se interrumpió la prescripción, conforme a lo establecido en la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "ACCIÓN PENAL. LA CONSIGNACIÓN INTERRUMPE SU PRESCRIPCIÓN."(19)
Dicho fenómeno extintivo de la acción penal volvió a iniciar a partir del dictado de la orden de aprehensión, esto es, a partir del seis de junio de dos mil cinco.
Luego entonces, si en el caso se libró orden de aprehensión en contra del quejoso el seis de junio de dos mil cinco por el delito de abuso sexual (tipo base) y dicha orden se ejecutó hasta el diez de noviembre de dos mil nueve, esto es, cuatro años cinco meses y cuatro días después de librado el mandamiento de captura, es inconcuso que operó a favor del quejoso la prescripción de la acción penal.
Se sostiene lo anterior en virtud de que, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 148 del Código Penal vigente en el Estado, el delito de abuso sexual, en su configuración básica, se sancionará con una pena de dos a cinco años de prisión, de donde se sigue que el término medio aritmético exigido para que opere a favor del indiciado la prescripción de la acción penal en dicho ilícito, es el de tres años seis meses.
Por lo que, si entre el libramiento de la orden de aprehensión (seis de junio de dos mil cinco) y su ejecución (diez de noviembre de dos mil nueve) medió un plazo mayor al término medio aritmético de la pena prevista para el delito de abuso sexual (tipo básico), es inconcuso que operó a favor del indiciado, aquí quejoso, esa causa extintiva de la acción persecutoria.
En ese orden de ideas, es evidente que el Juez responsable no podía decretar el auto de formal prisión que se reclama, pues de la interpretación de lo dispuesto en el artículo 187, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se desprende que no podrá dictarse un auto de formal prisión si concurre a favor del indiciado alguna causa que extinga la acción penal.
Por tanto, si en la causa penal de origen se dictó en contra del quejoso auto de formal procesamiento por un delito respecto del cual había operado la prescripción de la acción penal, es inconcuso que tal auto es ilegal y, por consecuencia, violatorio de garantías, pues en esa hipótesis existe un obstáculo legal para dictar el auto de formal prisión.
No pasa desapercibido para este órgano de control constitucional lo aducido por la autoridad responsable en el auto de formal prisión reclamado, en el sentido de que la promoción de un juicio de amparo por el inculpado en contra de la orden de aprehensión interrumpió la prescripción de la acción penal; sin embargo, dicha consideración fue estimada incorrecta por el a quo, al precisar que la interposición de un juicio de garantías no interrumpía el término para que operara la citada causa extintiva, lo cual constituye una manifestación que beneficia al quejoso y que, por ende, no puede ser modificada en esta instancia, en su perjuicio, atento al principio jurídico de non reformatio in peius que rige en el recurso de revisión, que implica la prohibición para el órgano revisor de no agravar la situación de jurídica del quejoso.
Además de que este tribunal revisor comulga con el a quo, en que la sola promoción de un juicio de amparo no es una causa que interrumpa el término para que opere la prescripción de la acción penal.
En efecto, si bien es cierto que de las constancias que integran el duplicado del proceso penal número **********, que remitió el Juez responsable, en vía de informe justificado, se advierte que **********, aquí inconforme, promovió dos juicios de amparo en contra de la orden de aprehensión librada en su contra, de los cuales correspondió conocer, respectivamente, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito en el Estado, bajo los expedientes números ********** y ********** -aunque en este último aparece como quejoso **********-, en los que, por una parte, se decretó el sobreseimiento en el juicio y, por otra, se negó la protección constitucional solicitada;(20) sin embargo, a juicio de este Tribunal Colegiado, la sola circunstancia de que el indiciado, aquí inconforme, hubiese promovido diversos juicios de amparo contra el mandamiento de captura, no interrumpe el plazo para que opere la prescripción.
Así es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 83/2005-PS, que dio or
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22329-cbe61aa4/auto-de-formal-prision-es-violatorio-de-garantias · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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